La trompicada reforma educativa

Al secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet Chemor, no le ha ido del todo bien con la reforma educativa, pese a la trascendencia de un cambio estructural en un sistema educativo que no avanza y, en la mayoría de los rubros, incluso retrocede a pasos agigantados.

Primero fue la intensa ola de protestas que llegaron a convertirse en focos de violencia, cuando los profesores de varios estados del país, liderados por el magisterio disidente de los estados de Oaxaca y Guerrero, pusieron a prueba la mesura tanto del Gobierno Federal como, en particular, la del gobierno de Miguel Ángel Mancera, cuando la Ciudad de México se convirtió en una sucursal del infierno. Aquí mismo en Xalapa, la movilización social colapsó por semanas la vida normal de los pobladores de la capital estatal.

Luego fue la crítica enconada de parte de varios investigadores educativos que enfocaron sus baterías contra el enfoque laboral de la reforma constitucional en materia de educación, pues su mayor radicalismo y transformación radicó justamente en recuperar el control sobre los maestros que hace años el propio gobierno federal le había ido cediendo al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Tras múltiples horas de debate parlamentario, realizado bajo la vigilancia y el contante asedio del magisterio disidente y otras organizaciones sociales, se logró que la educativa fuera la primera gran reforma estructural promulgada por el presidente Enrique Peña Nieto el 25 de febrero de 2013, bajo los auspicios de los tres principales partidos (PRI, PAN y PRD) en el marco del Pacto por México.

Los tres ejes fundamentales de esta reforma son lograr que los alumnos sean educados por los mejores maestros (servicio profesional docente), hacer de la evaluación un mecanismo eficiente para mejorar la calidad de la enseñanza (sistema nacional de evaluación educativa) y mejorar las condiciones para la formación integral de los alumnos (escuelas de tiempo completo).

Pero la evaluación de los maestros ha sido el principal motivo de choque con los maestros. En la evaluación obligatoria, el magisterio ha visto el riesgo de ser despedidos por incompetentes, algo que nunca ha sucedido ni cuando se les demuestra la comisión de uno o varios delitos, graves incluso, pues la organización sindical invariablemente los ha mantenido en el puesto contra viento y marea.

El berrinche de Chuayffet

Tal vez por eso, el titular de la SEP, Emilio Chuayffet Chemor puso el grito en el cielo cuando descubrió que, en el caso de la recientemente aprobada Ley de Educación del Estado de Veracruz, con que se buscó armonizar las normas estatales con la reforma educativa nacional, la evaluación no tiene consecuencias laborales más allá de la reubicación de los profesores incompetentes a labores no docentes.

Efectivamente, la ley estatal, que consta de 22 capítulos, 190 artículos y 11 transitorios, y aprobada como de rayo por el Congreso local, señala que el personal que no alcance resultado suficiente incluso en la tercera evaluación no será despedido sino que será readscrito en otras tareas del servicio eductivo, manteniendo a salvo los derechos que hubiere adquirido durante el tiempo de su gestión.

De ahí el berrinche del titular de la SEP que, en entrevista televisiva, anunció que el gobierno federal se iría a controversia constitucional contra la ley veracruzana para que ese punto se armonizara con lo que establece la reforma estructural.

Por eso suena extraño que los maestros disidentes de Veracruz, sin tomar en cuenta este aspecto, en lugar de apoyar al gobierno de Javier Duarte de Ochoa, para defender ese punto, se hayan ido de bruces con actos violentos frente a la Legislatura, cuando lo lógico sería que hicieran alianza para mantener ese punto, independientemente de que Veracruz se convierta en isla.

Una isla, por lo demás, menos alejada que lo que han establecido los estados de Baja California Sur, Sinaloa y, sobre todo, Oaxaca, cuyos gobierno locales no lograron armonizar sus leyes educativas locales a lo que dicta la federal, en el plazo establecido del 13 de marzo de este año. En efecto, solo 28 gobiernos locales lograron una nueva ley educativa estatal.

Es claro que la cosa no ha concluido en este tenor. Habrá que analizar en los siguientes días cómo se maneja en los ámbitos nacional y estatal este tema en que hay, sin duda, una confrontación.

SEP: Un cartucho quemado para una carabina descompuesta

Mientras Alonso Lujambio pasa con premura de la cama de un hospital a la candidatura al Senado por el PAN por la vía plurinominal, en un pago de marcha por los servicios prestados y un blindaje vía fuero constitucional por su desaseado manejo de los recursos públicos, cuyas aristas son el derroche en la conmemoración de los centenarios y las transferencias multimillonarias al SNTE, ha llegado a la Secretaría de Educación Pública un verdadero cartucho quemado: José Ángel Córdova Villalobos.

El exsecretario de Salud que hizo famoso al país y a los mexicanos en todo el orbe y puntos circunvecinos por la famosa epidemia del cólera AH1N1, en septiembre renunció a la dependencia federal para irse a hacer pinitos político-electorales a su natal Guanajuato, donde quería convertirse en candidato del PAN y ser el cuarto gobernador blanquiazul al hilo. No lo logró. Ni el enorme apoyo calderonista logró que venciera a Miguel Márquez Márquez, quien con el 53% le ganó la consulta interna gracias al respaldo del todavía gobernador guanajuatense Juan Manuel Oliva Ramírez.

Todavía se recuerda cómo, a partir de esta derrota, Córdova Villalobos generó un terremoto político cuando se le vinculaba a una posible candidatura bajo los colores del PRI, que le hizo recibir cientos de llamadas desde Los Pinos y desde la dirigencia nacional del PAN. Ya hemos visto en qué ha acabado todo.

La SEP, decimos, es una escopeta descompuesta.

Sin proyecto nacionalista, agobiada por los vaivenes de la corrupción, claudicante frente a una malograda reforma educativa, desatendida por un secretario que en los últimos meses pasó más tiempo en hospitales que en su oficina, señalada por organismos internacionales de ser, junto con el SNTE, la causante de la debacle formativa de los mexicanos, ¿qué podemos esperar de la gestión del oriundo de León?

Prácticamente, nada. Que el funcionario tenga un salario para resarcir los daños infligidos a sus cuentas bancarias con su aventura electoral, pase en buenas condiciones su amarga experiencia política y se le quite de la cabeza ondear una bandera distinta de aquella que pinta tan claramente su ideología ultraconservadora.

¿Y la educación? Bien, gracias. ¿A quién puede interesarle estando tan cercana la elección?

¿Cómo se repondrán clases perdidas por el desastre?

Armando Alejandré Pulido, por si nadie lo conoce, es el delegado en Veracruz de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

¿Hace cuánto llegó al puesto? No lo sé, pero la semana pasada quiso tener su momento de gloria en los medios y, con gesto adusto, giró sus elevadísimas instrucciones: deberán reponerse en el estado las clases perdidas por los fenómenos meteorológicos, así sea en fines de semana.

Con el caballo a medio estero, el funcionario no reparó en quién le ha prestado el cuadrúpedo. No ha sido el gobierno federal el que ha sobresalido por hallar solución a los obligados paros en las actividades docentes, mientras que en Veracruz siempre ha habido más de una estrategia para reparar los daños colaterales que deja en los programas educativos.



Ocurrió cuando se cancelaron actividades escolares por la famosa epidemia de la influenza AH1N1, periodo en que el gobierno federal no pudo reaccionar así fuera con recomendaciones a las dependencias educativas estatales; recientemente, se aplicaron paliativos conforme avanzaban los días en que muchas poblaciones iban quedando bajo el agua, sin que hubiera una recomendación de la estructura federal.

Difícilmente, la SEV adopta actitudes cómodas u omisas frente a problemas que afectan el rendimiento escolar de los estudiantes. Ya la subsecretaria de Educación Básica, Xóchitl Osorio Martínez, había explicado cómo se le iba a hacer para lograr este objetivo.

De entrada, y gracias a su sistema de información, la SEV no habla en términos generales: tiene claro el panorama de afectación, el mapa de los daños y de los quebrantos en infraestructura educativa; ha definido en qué medida se impactó el calendario escolar y ha creado una estrategia diferenciada de cumplimiento del calendario y del programa escolar por cada una de las regiones afectadas.

Con un poco de humildad y ánimo de colaboración, el funcionario delegado se habría reunido con las autoridades estatales, las operativas propiamente, pero para definir en qué podía apoyar; por ejemplo, en tramitar el envío de libros de texto gratuitos para los miles de niños que se quedaron sin ellos por el paso de los sucesivos meteoros.


La subsecretaria Osorio ha informado cómo se logrará la reposición de las clases perdidas, en planteles de 112 municipios afectados; en 64 de ellos hubo suspensión oficial de clases de manera general, y hay afectaciones diversas en mil 437 espacios educativos. Ello significó afectar a 130 mil 547 alumnos, atendidos por 6 mil 746 docentes.

Y vea cómo enfrentará la SEV el problema, sin necesidad de que el señor delegado (¿o relegado?) haya dispuesto más tiempo del destinado a sus infaustas declaraciones: La estrategia diferenciada de cumplimiento de calendario y programas escolares en primaria y secundaria se ha estructurado y organizado conforme los días de suspensión de clases.

En los lugares en que se suspendieron las clases entre 3 y 10 días, la estrategia académica de recuperación consistirá en un módulo de dos semanas de regularización (del 25 de octubre al 12 de noviembre); donde no hubo clases entre 11 y 20 días, se aplicarán dos módulos por cuatro semanas (25 de octubre al 26 de noviembre); y en aquellos donde la suspensión fue de entre 21 y 34 días hábiles, se aplicarán tres módulos durante seis semanas (25 de octubre al 3 de diciembre).

Y es que de las mil 447 escuelas afectadas por las lluvias en 112 municipios, en algunas la suspensión de clases superó el mes, como en Tlacotalpan, pero en general el promedio de días perdidos fue de dos a tres semanas.

Así lo detalla Xóchitl Osorio, subsecretaria de Educación Básica en Veracruz:

En la región Centro, 17 municipios reportaron escuelas afectadas; el tiempo de clases perdidas oscila entre 3 días en 5 municipios hasta 16 días en 3 municipios. En la región Sur (19 municipios), hubo 3 días sin clases en 7 municipios, pero en Hidalgotitlán las suspendieron durante 23 días. En la Cuenca del Papaloapan, 28 municipios reportaron escuelas con suspensión de clases, desde 3 días algunos municipios, hasta 34 días en el caso de Tlacotalpan; 28 en Cosamaloapan; 26 en Isla; y 24 días en Hueyapan de Ocampo y en Ixmatlahuacan.

Esto puede significar aumento en la jornada de trabajo normal, además del apoyo de Radio Televisión de Veracruz, con las producciones de Canal Educativo. De hecho, todos los proyectos detonadores de la SEV mantendrán el trabajo conjunto para respaldar las acciones de recuperación escolar en los planteles afectados.

Más claridad de la situación no la ha tenido jamás el señor Delegado.

La UV, ¿en bancarrota?

Junto con otras nueve instituciones de su tipo, la Universidad Veracruzana purga la condena de una situación financiera “insostenible”, por no haber atajado a tiempo el problema de las pensiones de su personal académico y administrativo, según un estudio actuarial realizado para la Secretaría de Educación Pública (SEP), cuyos resultados difunde el periódico El Universal.

En efecto, el texto firmado por la periodista Nurit Martínez hace renacer el fantasma de la enorme carga que representa para las universidades públicas el pago a trabajadores jubilados y pensionados que, en la última década, ha puesto a varias de ellas en situación cercana a la bancarrota, por no haber negociado a tiempo con los sindicatos una fórmula para atenuar las circunstancias y sus consecuencias.


Si se habla del sistema universitario nacional, según el estudio la deuda por jubilación asciende a cerca de 450 mil millones de pesos, una cantidad que alcanzaría para financiar a la UNAM durante 16 años.

El actuario Jorge Soto Pérez, quien encabezó la evaluación, señala que la situación que viven 21 de las 33 universidades públicas estatales –la UV incluida– no sólo puede desestabilizar la economía de las instituciones, sino también la de los estados y la del gobierno federal.

El grave problema es que la solución pasa por la imposición de medidas impopulares que contaría de inmediato con el rechazo de las organizaciones gremiales, consideradas las más duras en términos de sus posturas reivindicativas.

¿Qué medidas deberán tomar, más temprano que tarde, las universidades públicas que, como la UV, se encuentran en el sitio más cercano al precipicio?

De entrada, según las autoridades federales, una reforma que amplíe el esquema para el retiro de los trabajadores, y establecer una edad mínima de 65 años y 40 de servicio en la institución.

De preferencia, evitar que los trabajadores opten por la jubilación a edades tempranas, mediante la creación de estímulos a la permanencia; eliminar las dobles pensiones, fomentar que los trabajadores realicen aportaciones a su fondo de retiro y desligar los aumentos a las pensiones de los incrementos contractuales, atándolos al aumento del salario mínimo o al del Índice Nacional de Precios al Consumidor.

Incluso aventuran medidas retroactivas como la de suspender o disminuir las pensiones a quienes, sin razón, les fueron otorgadas, y eliminar prácticas como el derecho a retiro a los 20 ó 25 años de servicio.

La situación es difícil. Las propias sinergias de afianzamiento de la calidad educativa más bien tendrían que pasar por la jubilación de muchos de los docentes universitarios, para quienes la edad les aleja de la necesaria formación continua y actualización tanto de conocimientos como de prácticas docentes.

Muchos profesores sexagenarios que han formado a decenas de generaciones, en lugar de jubilarse se mantienen en activo porque viven la etapa en que más necesitan los servicios médicos que, en el caso de la UV, son mucho mejores que los que les pueden ofrecer las instituciones de seguridad social.

En fin, que la UV –según esta visión– se halla al borde del precipicio junto con las universidades de Zacatecas, Sonora, Morelos, Michoacán, Estado de México, Guerrero, Guanajuato, Chiapas y Ciudad del Carmen.

En situación que va de lo crítico a lo muy crítico, por detrás de la rayita aunque con riesgo inminente, se encuentran las universidades de Oaxaca, Nayarit, Durango, Tabasco, Querétaro, Puebla, Yucatán, Campeche, Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas.

Sólo las universidades de Baja California y Nuevo León y el Instituto Tecnológico de Sonora, tienen la “suficiencia” de financiamiento para enfrentar el número de trabajadores que se retirarán en los próximos 100 años.

Hay dos últimos grupos: el de las que están próximas a hallar la solución del problema (Guadalajara, Ciudad Juárez, Tlaxcala, Baja California Sur y Sinaloa), siempre que no dejen pasar la oportunidad pues de lo contrario las complicaciones aparecerán entre 2023 y 2033; y el de las que tienen la situación medio resuelta (Hidalgo, Aguascalientes, Colima y San Luis Potosí), que tienen una suficiencia económica hasta 2021.

Las demás están fritas.

Para el rector Raúl Arias, no hay tal crisis

Dejo intacto el comunicado de prensa de la UV en que el rector Raúl Arias Lovillo responde a esta nota a la que, incluso, le ve cola, seguramente porque no conoce a la reportera Nurit Martínez, con muchísimos años manejando información sobre educación:

“El rector de la Universidad Veracruzana (UV), Raúl Arias Lovillo, precisó ayer que esta casa de estudios no atraviesa por una crisis financiera derivada del pago de pensiones a jubilados de la institución, como publicó este lunes el diario capitalino El Universal.

“Explicó que el documento a que hizo referencia el medio citado no se trata de uno de carácter oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP), sino un informe que un actuario realizó en agosto de 2009, a solicitud del Consejo de Universidades Públicas e Instituciones Afines (CUPIA) de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), al cual pertenece la UV, y cuyos resultados fueron publicados también en 2009.

“El Rector, además, explicó que en Veracruz los jubilados del sector educativo, incluida la UV, son derechohabientes del Instituto de Pensiones del Estado (IPE) y no de la propia institución. No obstante, dijo, los jubilados y pensionados del país requieren del apoyo del gobierno para resolver el problema de las pensiones que data de algunos años atrás.

“Cuestionó, además, que los medios hayan publicado información imprecisa sin revisar siquiera el documento referido ni hacer otro tipo de investigación y añadió:

“-No es casual que esta información haya salido a la luz pública justamente ahora. Mañana (hoy, miércoles) más de 80 sindicatos protestarán públicamente la propuesta de recorte del presupuesto a la educación superior que el Ejecutivo turnó al Congreso. Es evidente que se trata de desprestigiar al sindicalismo universitario que se encuentra luchando junto a los rectores de todo el país por un mayor presupuesto para las universidades públicas”, explicó.

“Sin embargo, el Rector añadió que lo anterior no significa que no haya carencia de recursos en la Universidad. Muy al contrario, dijo, seguimos luchando, junto al resto de las universidades públicas del país, para que se otorgue un financiamiento multianual que permita a las instituciones planear su crecimiento y para que se destine a la educación superior e investigación científica el uno por ciento del PIB, a lo que el actual gobierno federal se comprometió en el 2000. “Con este financiamiento –dijo– las universidades podríamos incrementar nuestra competitividad latinoamericana e internacional”.

“Arias Lovillo también destacó que la información difundida llega a la UV al mismo tiempo que el reconocimiento que el director general del Conacyt, Juan Carlos Romero Hicks, hizo a la institución en León, Guanajuato, y justo a unos días de que en el Congreso de las Américas (celebrado en Calgary, Canadá, la semana pasada) 750 representantes de universidades de 40 países de América dieron el primer paso para la conformación de un Espacio Común de Educación Superior para las Américas, iniciativa que la UV lanzó en Costa Rica, en 2005, y cuya gestión lidera hasta el día de hoy.”

Universidades públicas, asediadas por el poder

Entre conmemoraciones y confrontaciones, las universidades públicas del país viven un momento difícil que puede significar el inicio de una escalada autoritaria de origen variopinto, cuyos inconfesables objetivos lo mismo se emparentan con la venganza política que con previsiones electorales, recalcitrantes ideologías de derecha o simples forcejeos entre grupos cupulares para definir quién tiene más fuerte el músculo político.

Aunque la SEP puso en letras de oro en su muro de honor el nombre de la UNAM (junto a los Francisco I. Madero, Ricardo Flores Magón y Octavio Paz), en conmemoración del primer centenario de su fundación, lo cierto es que personajes del panismo han hecho hasta lo indecible por sacrificar el presupuesto que se otorga a la máxima casa de estudios del país.


Sea desde el Congreso de la Unión o desde la propia estructura gubernamental federal, sin omitir a la Secretaría de Educación Pública, la Universidad Nacional Autónoma de México ha sido señalada de no ejercer adecuadamente su presupuesto, un paso indispensable para justificar un sacrificio mayor a sus asignaciones presupuestales.

Y sí, el asedio contra universidades públicas es variopinto.

Lo confirman las agresiones que están sufriendo, por un lado, la Universidad de Guadalajara por parte del gobernador panista Emilio González Márquez, el mismo que sufre de “asquitos” cuando le hablan de matrimonios entre personas del mismo sexo, y por otro, la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), cuya autonomía ha sido violentada y puesta en jaque por el gobernador priista Jorge Herrera Caldera, no bien llegó al poder luego de dejar los pelos en el alambre.


Y, así, quienes aquí atacan la autonomía universitaria, más allá la defienden a brazo partido y se vuelven los más avanzados teóricos de lo que debe ser una universidad responsable y coherente.

Lo digo porque el PAN, representado en Jalisco por el gobernador Emilio González Márquez, no sólo ha mermado criminalmente el subsidio estatal a la Universidad de Guadalajara sino que ha bloqueado la entrega de las ministraciones del subsidio federal que, por desgracia, pasan por el filtro de su gobierno antes de aterrizar en la universidad a la que han sido etiquetados.

Su batalla contra la UdeG ha llegado al grado de poner en entredicho la realización de uno de los eventos culturales más importantes no sólo de Jalisco o del país sino de toda Latinoamérica, la Feria Internacional del Libro (FIL), considerada la segunda más importante e influyente del mundo, luego de la de Frankfurt, Alemania.

El panismo recalcitrante, la derecha casposa que sufre de urticaria cuando le hablan de financiar la educación pública, puede en cambio defenderla con extremada claridad cuando es atacada por el PRI retrógrada, como sucede en el caso de Durango, gobierno que estuvo a punto de no tener en sus manos de no ser por los recursos que a favor de Jorge Herrera Caldera dispuso el ex gobernador Ismael Hernández Deras.


El propio titular de la SEP, el panista Alonso Lujambio, que nada ha dicho contra el bloqueo del subsidio federal que sufre la UdeG por parte de su correligionario jalisciense, en cambio fijó postura oficial respecto lo acontecido en la UJED:

“La Secretaría de Educación Pública expresa su preocupación por los riesgos de polarización social derivados de las decisiones de los poderes públicos del Estado de Durango, que han incidido en el proceso de elección del Rector de la Universidad Juárez del Estado de Durango.

“Si bien la definición última respecto de los medios legales hechos valer por una de las partes corresponderá a las instancias judiciales competentes, es preocupación de esta Secretaría procurar que en las relaciones entre las instituciones educativas y los distintos poderes y órdenes de gobierno prevalezca siempre la armonía y una conducción dentro de los cauces institucionales, en especial el relativo a la autonomía de las universidades públicas”.

Los propios panistas duranguenses se han manifestado en torno a la violencia porril asumida por el gobernador Herrera contra la casa de estudios de su estado. Alejandro Zúñiga, dirigente municipal del PAN, culpó al gobernador Herrera Caldera de seguir su “manoseo” en la UJED, al poner a su antojo a rectores afines a sus intereses, lo que vulnera la autonomía con que debiera conducirse esa Máxima Casa de Estudios.

En fin, que en este mundo matraca, de bandear nadie se escapa; bandea el buey y bandea la vaca, bandea el rey, el obrero y el Papa…

Veracruz, discriminado por la SEP

El caso más patético en materia de omisión presupuestal por parte de la Federación se refiere al sector educativo veracruzano. El monto de lo retenido más lo cancelado para 2010 supera con mucho los 800 millones de pesos (más de 60 millones de dólares).

Las autoridades estatales se han tardado mucho en expresar públicamente las incongruencias y desigualdades en el trato presupuestal otorgado a los veracruzanos por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Es posible que el gobierno local haya esperado a que el proceso electoral del 4 de julio concluyera, tomando en cuenta que el interés de manipularlo tuviera como arma la tan escandalosa demora en la entrega de lo que incluso fue etiquetado por el Congreso de la Unión.

Sobre el tema se han manifestado en estos días (a punto de iniciar otro ciclo escolar), tanto el gobernador Fidel Herrera Beltrán como el titular de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), Víctor Arredondo Álvarez.

El primero en fustigar al titular de la SEP, Alonso Lujambio, fue Arredondo. En Boca del Río, durante las Jornadas Veracruzanas de Historia, el secretario del ramo en Veracruz puso en el tintero un tema que la entidad arrastra desde 2007.

Ese año, en efecto, autoridades y diputados federales crearon una fórmula para calcular la distribución de recursos etiquetados al Fondo de Aportaciones a la Educación Básica (FAEB) que redujo drásticamente los alcances y montos de lo que venía otorgándose a Veracruz.

Hace ya varios años que la SEV tramita un esquema de compensación para amortiguar los efectos de ese drástico ajuste, pero el gobierno federal ha postergado indefinidamente la entrega de dichos recursos.

Veamos cómo se ha dado el trato discriminatorio del que se quejan tanto el Ejecutivo estatal como el titular de la SEV:

1. El gobierno federal mantiene una deuda con Veracruz por el orden de los 700 millones de pesos, derivados de recortes en el Fondo de Aportaciones a la Educación Básica (FAEB).
2. De 2009 a 2010, Veracruz pasó de recibir el 7 por ciento de los recursos etiquetados en el Fondo para la Infraestructura Escolar, a participar con apenas el 4 por ciento.
3. La SEP pasó de otorgarle 120 millones de pesos por parte del Fondo de Habilidades Digitales en 2009, a cero recursos este año.
4. El aporte derivado del Programa de Superación de Maestros en Formación (PSMF) pasó de 24 millones de pesos en 2009, a sólo 9 millones este año.

De ahí que el gobernador Fidel Herrera, en el marco de una reunión con dirigentes del SNTE, haya hecho una dura crítica a los recortes presupuestales del gobierno federal en materia de educación, a pesar de que Veracruz es una de las entidades con una de las matrículas más grandes del país y que enfrenta enormes retos para brindar servicios educativos de calidad a una gran capa de población localizada en zonas rurales e indígenas.

Arredondo fue muy enfático en el reclamo a Alonso Lujambio:

“Necesitamos la atención del Secretario de Educación, que voltee la mirada hacia Veracruz. Es urgente que el titular de la SEP analice el caso de Veracruz, que nos visite, que conozca cuáles son nuestras necesidades, que nos diga qué estamos haciendo mal para recibir ese trato discriminatorio”.

-¿Habrán escuchado estos reclamos en Los Pinos y en el edificio histórico de la SEP?
-No se oye, no se oye…

La mala educación: calidad educativa, entrampada

Mientras cerca de 146 mil aspirantes se entrampaban en la resolución del Examen Nacional de Conocimientos y Habilidades Docentes, aplicado por la SEP en 314 sedes del territorio nacional, un reportaje publicado por el periódico El Universal tendió un ominoso velo de duda sobre los efectos que este proceso selectivo acordado con el SNTE puede tener en la mejora de la calidad de la educación que se imparte en las escuelas públicas de educación básica.

Sí, el marginado aspirante a la presidencia de la República por el PAN en 2012, Alonso Lujambio, dijo esta misma semana frente a su reticente jefe Felipe Calderón que “los nuevos maestros tienen que demostrar, en un examen, que tienen los méritos para sumarse al magisterio”.

Lo que no dijo es cómo va a enfrentar la negociación con el sindicato para que casi un cuarto de millón de maestros y directores de primaria y secundaria, en servicio, logren los estándares académicos de rigor para desempeñar sus labores.

Y es que seguramente ni se lo ha propuesto él ni el gobierno federal, pese a la excitativa calderonista de que “hoy se requiere más calidad en la educación, pero también mayor corresponsabilidad”.

A estos discursos, el reportaje publicado por la periodista Nurit Martínez, de El Universal, los ha despojado del más mínimo beneficio de credibilidad:

“Del millón 46 mil 347 mentores registrados en esos niveles [primaria y secundaria], 23.3% son pasantes de licenciatura, de la normal, tienen apenas estudios de bachillerato o nivel técnico e incluso están en situación de rezago educativo al no haber terminado la educación básica”.

Y va más allá: 191 profesores que ejercen cargos, incluso de directores (30), no concluyeron la primaria. Entre los estados con mayor número de casos, por desgracia, se encuentra Veracruz, además de México, Guanajuato y Sonora.

Una larga historia de corrupción y componendas políticas con el SNTE y otros sindicatos menores, que se vieron suspendidas en Veracruz hace ya cinco años, cuando se instauró la modalidad del examen como único medio para obtener una plaza magisterial, ha permitido que niños y jóvenes que cursan su educación básica estén en manos de personal sin preparación para realizar tareas docentes.

¿Cómo exorcizar al sistema educativo nacional de esos espíritus chocarreros, insuflados por inescrupulosos líderes magisteriales? ¿Cómo hacerlo en un escenario de concupiscencia política en que se han trabado el PAN y el partido creado por la lideresa nacional del SNTE, Elba Esther Gordillo, y que tantos dividendos le redituó al partido gobernante en los comicios del 4 de julio pasado?

Ha sido importante la aplicación del examen nacional como vía para obtener una plaza magisterial. El problema es que también hay que barrer para atrás, lo que difícilmente hará un gobierno que tiene tan medida su capacidad de maniobra, cuando se acerca una elección presidencial en la que puede perder su posición en Los Pinos.

Plan contra obesidad infantil, en riesgo

En Hora Libre, hemos comentado con amplitud y seriedad el grave problema que representa para el país el creciente fenómeno de la obesidad infantil. También, que las medidas acordadas por los sectores salud y educación para atenuar las causas estarían en entredicho, por la presión de las grandes trasnacionales.

En estos momentos, en la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer), donde se analiza la propuesta conjunta de las secretarías de Salud y de Educación Pública para este propósito, las presiones de las refresqueras trasnacionales están de miedo, y se están uniendo en la cruzada las más importantes: PepsiCo y Coca Cola.

Sería una verdadera desgracia que este gobierno federal permitiera que el futuro del país se dirimiera en un debate de intereses comerciales, ajenos totalmente a nuestro destino como nación. Sin embargo, esto es posible.

En comunicado oficial del 2 de julio, la propia SEP habría declarado que “analiza cuidadosamente los comentarios vertidos en la Comisión Federal de Mejora Regulatoria [Cofemer] sobre los Lineamientos Generales para el Expendio o Distribución de Alimentos y Bebidas en las escuelas de educación básica”.

Según el mismo comunicado, la SEP sopesa las posiciones de las personas físicas, empresas, cámaras industriales y asociaciones civiles (167 comentarios hasta el 1 de julio) en torno al documento dado a conocer conjuntamente con la SSA el 10 de junio, porque “es de gran utilidad y ofrece información de extraordinaria riqueza para que la Secretaría de Educación Pública esté en aptitud, junto con la Secretaría de Salud, de tomar las mejores decisiones para enriquecer los lineamientos”.

Es muy difícil que los retruécanos empresariales enriquezcan el documento, cuando a todas luces buscan disminuirlo en sus efectos colaterales.

La batalla de las empresas refresqueras

Las dos empresas refresqueras más poderosas del mundo ya han calificado de improcedente el anteproyecto.

Coca Cola ha expresado lo siguiente: “Manifestamos nuestro desacuerdo con afirmaciones, sin sustento, que directa o indirectamente califican a los refrescos como productos no saludables y por tanto no permitidos, como se señala en los lineamientos. Por ello, no aceptamos ningún trato o calificativo que discrimine y/o estigmatice sin sustento científico válido a los productos de esta industria”.

Y es que para esta empresa, México es el segundo mercado más importante en el mundo, luego de Estados Unidos. Tan sólo en 2009, en plena crisis mundial, reportó ingresos cercanos a los 31 mil millones de dólares. Y es que sacarlos de escuelas no sólo le reportaría una disminución en sus ventas sino la imposibilidad de ganar adeptos para toda la vida.

Por eso ha solicitado a ambas secretarías la aceptación de bebidas con contenidos no calóricos para ser vendidos en escuelas de nivel básico e, incluso, su aval, aunque la reformulación de sus productos no les llevará menos de 2 a 5 años.

PepsiCo, por su parte, tiene más intereses en juego, porque además de sus bebidas edulcoradas es el principal productor y distribuidor de comida chatarra, botanas que ostentan marcas derivadas de sus filiales Sabritas y Gamesa-Quaker.

Y lo que ha expresado abiertamente es que con documentos como el que se encuentra en análisis en el seno de la Cofemer, “las autoridades violan los principios que rigen en materia de mejora regulatoria, por lo que no deben de ser publicados ni producir efectos jurídicos so pena de lastimar el espíritu y la necesidad de procedimientos como éste, así como el orden jurídico nacional y los derechos que éste reconoce y confiere a favor de los gobernados”.

¿Cómo les suenan sus argumentaciones? No se irán por el simple torpedeo mediático, sino que se centrarán en combatirlos por la vía jurídica, argumentando además la importancia que tienen en el rubro de generación de empleos.

Y en el proceso de reformulación de productos, ellos piensan en que hasta el 2015 se podrá poner en escuelas productos que no provoquen una mayor obesidad infantil.

Según cálculos de los industriales, las empresas involucradas tendrían que gastar más de 440 millones de pesos por línea de producto, para financiar rediseño de empaque y reformulación de producto, además de los impactos en las ventas, los cuales impactaría por igual a las empresas productoras y toda la cadena de valor.

La Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas (Anprac) señala, además, que se perderían más de 3 mil empleos remunerados y una disminución del orden de los 262.2 millones de pesos por concepto de remuneraciones al personal ocupado.

¿Alguien podría estar seguro de que los lineamientos propuestos por la SSA y la SEP saldrán incólumes de los escritorios de Cofemer?

Ciclos escolares, afectados por agenda social

El calendario escolar 2010-2011, aprobado y anunciado por la Secretaría de Educación Pública, prevé actividades escolares del 23 de agosto de este año al 8 de julio del próximo.

Otras agendas han impuesto sus ritmos al calendario escolar. Pese a la seriedad con que es anunciado cada año, lo cierto es que crece el número de fenómenos que afectan su cabal cumplimiento y pocas son las entidades que implantan medidas para corregir los tiempos perdidos.

El presente ciclo, por ejemplo, ha sufrido severas afectaciones. O lo cortan a la mitad o lo cercenan antes de cumplirse los periodos establecidos. Lo mismo se le clausura con mucha antelación por la exacerbación de la violencia (como en Nayarit) o por desastres naturales (como en Nuevo León), que se le abren grietas a medio camino por emergencias sanitarias, como la epidemia de piojos en DF y Estado de México.

Ya no hablemos del pasado ciclo, afectado profundamente por la epidemia de influenza AH1N1, cuando pocos estados pudieron reaccionar con estrategias de acompañamiento a distancia de los miles de niños que tuvieron un impasse en su formación académica.

Veracruz lo hizo mediante clases por televisión que se pusieron también al alcance de los estudiantes por internet.

No han fructificado proyectos como las escuelas de tiempo completo, aquellas que tanto defiende el SNTE más porque abre la llave a dobles plazas para miles de sus agremiados que por sus bondades en la ampliación del horario para actividades escolares, recreativas y culturales.

Tampoco, la limitación de los periodos vacacionales o la eliminación de tantos puentes, cortos y largos, que mancillan y tuercen la senda educativa, por emplear un anómalo recurso literario.

El calendario acordado por la SEP y publicado en el Diario Oficial de la Federación, regirá a todo el sistema educativo básico, desde preescolar hasta secundaria, además de las instituciones formadoras de maestros.

El periodo vacacional más próximo será el de fin de año: del 22 de diciembre de 2010 al 7 de enero de 2011. Las vacaciones de Semana Santa serán del 17 al 30 de abril. En tanto, habrá suspensión de labores docentes los días 15 y 16 de septiembre, 2 y 15 de noviembre, 7 de febrero, 21 de marzo y 5 de mayo.

El ciclo escolar 2009-2010 concluirá el viernes 9 de julio, y el hecho de que el titular de la secretaría de Educación de Veracruz (SEV), Víctor Arredondo, exhorte a maestros y alumnos a cumplir al cien por ciento, es síntoma de que muchos querrían adelantar su finiquito, asediados posiblemente por la acuciante comezón postelectoral.

En efecto, ese día concluyen actividades escolares más de un millón 680 mil estudiantes del nivel básico; les seguirán cerca de medio millón de alumnos de los niveles medio superior y superior.

A partir de la próxima semana estarán regresando al hogar, a tiempo completo, dos millones 324 mil 350 estudiantes de todos los niveles educativos, en el estado de Veracruz. Junto con ellos, más de 131 mil profesores. La economía en el sector turístico empezará a sentir un alivio en sus operaciones comerciales, aunque difícilmente habrá derramas económicas históricas.

En México, educación en corrupción

Han caído como bomba las conclusiones de un dilatado estudio sobre educación, realizado por la UNESCO en 25 países, en las que México aparece como la meca de la corrupción... desde las aulas.

Revelado por El Universal, en nota de Nurit Martínez, el organismo para la educación, la ciencia y la cultura de la ONU revela que cinco tipos de corrupción son comunes en el sistema educativo mexicano, desde la más humilde escuela hasta los altos cargos directivos de educación, pasando por los organismos sindicales.

Tales tipos de corrupción son malversación, soborno, fraude, extorsión y favoritismo que, dada su gravedad, han convertido a la educación en un “recurso en peligro”, por lo que recomienda un compromiso profundo y firme, mayor transparencia y una adecuada rendición de cuentas.

La periodista mexicana, experta en el tema educativo, enumera en la nota –aparecida este martes 22 en la edición en línea del periódico– las cinco plagas cuasi bíblicas que están lastrando la educación en nuestro país.

Según la UNESCO, en escuelas y universidades de México se ha institucionalizado el desvío de fondos escolares para la financiación de causas políticas, la realización de pagos por parte de los profesores para conseguir empleo, la compra de títulos falsos, la inclusión de maestros fantasmas en las nóminas, el pago de cantidades ilegales para conseguir que los hijos sea admitidos en escuelas y la contratación de personal con base en su afiliación a un partido político o sindicato.

Los más graves son el pago de sobornos y favoritismo, y observa: “El SNTE ha establecido un sistema gremial que incluye la venta de plazas de profesor”.

La publicación de este grave diagnóstico, producto de una investigación de 10 años, se da justo en el momento en que el SNTE y la Secretaría de Educación Pública han lanzado las convocatorias para el Concurso Nacional de Plazas Docentes 2010-2011, que considera 32 mil 536 nuevas plazas en 30 estados del país, más de 7 mil 300 que el año pasado.

En un tiro de volea casi automático, el PAN ha mandado la pelota a los gobiernos estatales, sin parar en sugerir el evidente contubernio que opera entre el gobierno federal, a través de la SEP, y la dirigente nacional del SNTE Elba Esther Gordillo, madre de las mayores corruptelas.

En efecto, la presidenta de la comisión de educación en el Senado, la panista María Teresa Ortuño, ha reaccionado con suavidad hacia el gobierno que encabeza su partido, y ha repartido la responsabilidad a los gobiernos estatales.

Según su punto de vista, debe ponerse atención en la forma en que se fiscaliza el gasto público de educación en los estados, involucrando a los congresos locales en esa tarea, apoyados por los medios de comunicación y los padres de familia.

En otras palabras, que ninguna de las cámaras del Congreso de la Unión tendrían responsabilidad en la solución del problema puesto en el tapete por la UNESCO.

Con un lenguaje cantinflesco, la coahuilense asentada en Chihuahua parece desconocer la situación de corrupción política que impera en el sistema educativo y que se derrama en cascada desde el gobierno federal hasta la más lejana instalación escolar. La otra es que simplemente se hace tonta queriendo pasar por lista.

En franca complicidad, no ha querido tocar a Elba Esther Gordillo, cuyas huestes magisteriales, a través de su personal partido, el PANAL, han hecho alianzas con el PAN en varios comicios locales. Por eso, sólo dijo que el SNTE puede pasar a la historia como el gran transformador de la educación.

Haga usted de cuenta que encargamos el penal a los más peligrosos delincuentes en él recluidos, para que lo transformen. ¡Hágame el favor!

Obesidad infantil: ¿salud por decreto?

En adelante, los niños mexicanos deberán abjurar de la fe dietética que, cual corderos, los ha llevado irremediablemente a una juventud enfermiza cuando no al borde de la muerte.

Por primera vez en muchas décadas, se observa en México una política de Estado para atender un grave problema que, siendo tangible, pudo haberse dejado al libre (aunque ignorante) albedrío de la población: la obesidad infantil.

No se trata de un problema de índole estética o cosmetológica: México ha desbancado (o está en un tris de realizar la malhadada proeza) a nuestro vecino del norte, los Estados Unidos, en esa materia.

Veracruz, por otra parte, sí ocupa el primer lugar nacional, porque a las apetitosas viandas de carne de cerdo, frituras de masa con manteca y pan dulce, en las últimas décadas se ha agregado pródigamente la chatarra industrial y los usos comestibles de Norteamérica.

Hace ya varios meses que las secretarías federales de Salud y Educación Pública trabajaban en la definición de un remedio que rompiera de tajo la cadena causal de éste que se ha convertido en problema de salud pública.

Según José Ángel Córdova, secretario de Salud, uno de cada cuatro niños en educación básica tiene problemas de obesidad y sobrepeso.

Ha llegado el problema a tales extremos que, en 2008, se invirtió hasta una cuarta parte del presupuesto total del sector, es decir unos 68 mil millones de pesos, en la atención de enfermedades derivadas de la obesidad.

De seguir la tendencia actual, se estima que en 2017 ascienda a 167 mil millones de pesos.

Paralelamente, diputados y senadores pergeñaron propuestas orientadas a detener el fenómeno, si bien de orden curativo (ejercicio físico) y no preventivo.

De ambos poderes (ejecutivo y legislativo) han surgido medidas que deberán aplicarse de inmediato en todo el sistema educativo nacional, aunque la de dedicar 30 minutos al ejercicio físico durante la jornada escolar tendrá que ser repensada o aplicada según las características de cada escuela.

Y la medida no ha sido tomada exclusivamente por las dependencias federales. En su elaboración y acuerdo han participado los representantes de todos los estados del país, representados en los consejos nacionales de Autoridades Educativas (Conaedu) y de Salud.

Pero la cruzada apenas comienza y los infieles opondrán una resistencia virulenta para evitar la caída de sus más redituables territorios.

Y es que la fórmula del Estado mexicano está preparada con base en productos de limitadísimas dosis de calorías y grasas.

Por ello se espera que, desde empresas trasnacionales hasta obesomenudistas den una ruda pelea para evitar la caída de su imperio.

Universidades apoyarán a educación básica

En los años recientes, la participación de las instituciones de educación superior en programas de actualización de los docentes en servicio en el nivel de educación básica ha crecido como la espuma.

De los cursos elaborados por la Secretaría de Educación Pública (SEP) en las áreas de actualización magisterial, cuyos alcances en cuanto al número de participantes y a la calidad de sus contenidos eran reducidos, se ha abierto el abanico de opciones y temas y se han incorporado modalidades que no se podían considerar apenas hace un lustro, como la educación en línea.

La convocatoria pública para que instituciones de educación superior (IES) del país concursaran con propuestas orientadas a fortalecer las habilidades pedagógicas de los maestros, considerada como parte de la Alianza por la Calidad de la Educación, ha hallado una respuesta realmente formidable.

La conformación del Catálogo Nacional de Formación Continua y Superación Profesional para Maestros de Educación Básica en Servicio 2009-2010, presentado por el secretario Alonso Lujambio el 6 de mayo pasado, muestra un crecimiento asombroso en programas e instituciones participantes respecto al anterior.

Mientras que en el catálogo 2008-2009 se incluyeron 142 programas especializados, en el actual la cifra ha crecido a 713 programas académicos que han sido puestos a elección de los docentes, directivos y personas involucradas en la educación básica del país.

En el caso específico de la formación continua en temas nodales como español, matemáticas y ciencias, el actual catálogo ofrece 227 programas académicos, mientras que el anterior sólo ofreció 53.

Esta multiplicación de las opciones de formación continua sólo ha sido posible con la incorporación de universidades públicas y privadas, centros de investigación, institutos tecnológicos, escuelas normalistas y organismos educativos estatales.

Según el secretario Lujambio, las IES que participan en el catálogo vigente suman 163, diez veces más que en el anterior, cuando participaron 16.

Con esta vertiente de la alianza por la calidad educativa, la SEP pretende cerrar la pinza abierta con la instrumentación del examen nacional para asignación de plazas docentes, acordada con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Lo que se busca, dijo el titular de la SEP, es perfeccionar la manera en que ingresan los maestros al magisterio y el modo en que los maestros continuamente se forman.

Los procedimientos para cerrar las dos puntas de la pinza no han estado exentos de diferencias y confrontaciones entre la SEP y el SNTE.

Todavía en abril, mientras las partes negociaban las condiciones laborales y el monto de incremento salarial que se otorgaría a los maestros, el SNTE puso en tela de juicio los procedimientos mediante los cuales las autoridades federales estaban aplicando el filtro para la contratación de maestros mejor capacitados.

En breve saldrá la convocatoria para el examen de asignación de plazas y se abrirán las inscripciones para que los maestros en servicio se involucren en alguno de los 713 programas que ofrece el catálogo.

Lujambio, las piedras en el camino

El 15 de mayo próximo se cumplirán dos años de haber sido suscrita la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE), entre la SEP y el SNTE.

La presión del organismo sindical por lograr el cumplimiento de muchos de sus postergados contenidos ha provocado que el titular de la SEP, Alonso Lujambio, esté en el ojo del huracán.

En efecto, este personaje que tiene la certeza de que la democracia mexicana es tonta ha sido blanco de innumerables críticas.

Los dirigentes del SNTE le han sonado duro por sus declaraciones en torno a hipotéticos avances en la negociación contractual, mientras que sectores del PRI en la Cámara de Diputados han cuestionado las formas en la adquisición de equipo de cómputo para profesores.

Es claro que la presión mediática del SNTE forma parte de una estrategia para ablandar a las autoridades federales y lograr que por fin se pague la firma estampada por Rafael Ochoa Guzmán en el documento de la ACE.

Y Lujambio ha estado cayendo redondito.

Primero, anunció la liberación de recursos para la operación del programa de estímulos a la calidad docente; ahora, ha trastabillado al toparse con una piedra fiscal cuando intempestivamente salió de compras, para obtener las 300 mil laptops comprometidas con el SNTE para los maestros.

En el apartado de modernización de los centros escolares, su antecesora Josefina Vázquez Mota se había comprometido a equipar con computadoras a los maestros que lograran su certificación de competencias digitales, a partir del mismo 2008.

Al parecer éste y otros compromisos habían sido puestos por las autoridades en el cajón, para lograr a cambio, antes de soltar todas las zanahorias, que el SNTE se comprometiera a involucrar a sus agremiados en los nuevos esquemas de acceso tanto a plazas magisteriales como a puestos de dirección de escuelas, además de participar en los procesos de actualización.

Y el tiempo les ha llegado. De alguna manera se han de cobrar el apoyo al PAN por parte del partido sentista, el Panal.

¿Megacompra sin transparencia?

Algo está fallando en la estrategia oficial, porque todo se hace a toda prisa para lograr un acuerdo satisfactorio con el mayor sindicato de América Latina, y en ese apresuramiento se ha caído en acciones que se prestan a la maledicencia.

El diputado federal priista, Ramiro Hernández, integrante de la comisión de educación de la Cámara de Diputados, ha cuestionado la adquisición de más de un cuarto de millón de computadoras, que serán repartidas entre profesores seleccionados por el SNTE, mediante un mecanismo no considerado en la ley de adquisiciones del sector público.

Con ello, la SEP contribuye a una mayor desconfianza en el manejo de los recursos públicos por parte del gobierno federal.

Según el diputado jalisciense, la megacompra resulta muy sospechosa pues se evade la ley de adquisiciones para hacer una asignación directa, lo que implicaría un interés muy particular de por medio.

¿Qué ha respondido a este respecto la parte aludida?

La SEP ha negado que esté violando la ley de adquisiciones del gobierno federal al tratar de comprar 300 mil computadoras destinadas a igual número de docentes del SNTE, que comanda Elba Esther Gordillo.

Y es que, según su decir, no hay necesidad de licitación puesto que los recursos no son públicos, sino provenientes de un fondo particular de los trabajadores. Por ello, la SEP seleccionará cuatro compañías proveedoras sin lanzar convocatoria para que concursen abiertamente las compañías que se crean con la oferta más conveniente.

“Aunque en todo momento se ha buscado que el proceso de adquisición de 300 mil computadoras sea absolutamente transparente y apegado, en la medida de lo posible, a las prácticas que establece la Ley de Adquisiciones, lo cierto es que la naturaleza de los recursos, que son patrimonio de los trabajadores, no permite que las instancias que la Ley define actúen como si fuera una licitación pública, porque no tienen competencia para ello. La eventual participación del Comité de Adquisiciones de la SEP hubiera, simple y llanamente, violado la Ley”, puntualiza la SEP en un comunicado.

De todas maneras, suena del todo extraño que el SNTE le haya hecho el encarguito a la SEP de ir al mercado a comprar computadoras con dinero de sus agremiados.

A todas luces, ese fondo fue constituido con dinero de los trabajadores y de la dependencia federal y, en ese sentido, los recursos de él provenientes debieran ser tratados como públicos, con todas las consecuencias jurídicas que ello implica.

¿Elba Esther impulsa calidad docente en Veracruz?

Cuando hablo de que la dama chiapaneca se ha convertido en la manzana de la discordia entre el PAN y el PRI, me refiero también a las declaraciones del gobernador Fidel Herrera Beltrán, según las cuales Elba Esther Gordillo habría sido artífice de la mejora de la enseñanza en el estado de Veracruz.

Nada más lejano de la realidad.

Con esas apreciaciones, por lo menos, se quita todo el crédito al sistema educativo estatal y, sobre todo, a los miles de maestros veracruzanos que se han involucrado en procesos de actualización y mejora profesional, que han incorporado esquemas docentes innovadores y que están utilizando las nuevas tecnologías de información en su tarea cotidiana.

Ellos son, y no la dirigente (in)moral del SNTE, quienes han hecho posible que, por encima de estados como el de México, Chiapas, Jalisco y Guanajuato, Veracruz se haya colocado en el primer lugar nacional en la obtención de fondos del Programa de Estímulos a la Calidad Docente.

Para Fidel Herrera, la suscripción por la SEP y el SNTE de la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE), “que defiende la maestra Gordillo Morales”, ha fortalecido el sistema educativo y la profesionalización y búsqueda de la excelencia por parte de los educadores, según nota publicada en el periódico capitalino “La Crónica de Hoy”.

Este programa está inscrito, en efecto, en el contenido de la ACE, pero habría que calibrar de mejor manera la parte que corresponde a las autoridades educativas y a los maestros veracruzanos.

Ha sido su gobierno el que, a través de la Secretaría de Educación (SEV), ha proporcionado las herramientas, metodologías y programas para mejorar las habilidades y competencias de los docentes veracruzanos, y han sido los maestros –interesados en mejorar su ministerio– quienes han sabido apreciar esa oferta.

Por ello, 2 mil 894 educadores que imparten clases en 3 mil 144 planteles de nuestro estado, han logrado el reconocimiento a su calidad docente, la que será premiada con recursos por un monto de 78 millones de pesos como estímulo a su esfuerzo individual y colectivo, en mayo próximo.

Con ello, Veracruz se ubica en el primer lugar, superando al segundo estado en población escolar, el Estado de México, donde serán estimulados 2 mil 597 docentes.

Chiapas también ha tenido un extraordinario avance, con 2 mil 477 maestros, frente a Jalisco, una entidad con una mayor población estudiantil, donde sólo serán reconocidos mil 784, mientras que en Guanajuato serán beneficiados mil 519 mentores.

¡No le quite el mérito a Veracruz, señor gobernador!

Elba Esther, ¿manzana de la discordia?

Lo que ocurre entre el PRI y el PAN por granjearse la simpatía de la dirigente nacional del SNTE, Elba Esther Gordillo Morales, pareciera la guerra de dos calvos por un peine.

La profesora chiapaneca se ha convertido en la dama más codiciada (y codiciosa) de la actual política nacional.

Y es que el músculo político de la astuta lideresa parece haberse fortalecido en los años de Felipe Calderón que, con mucha enjundia y no pocos pesos, ha hecho que la balanza se incline a favor de su partido… y de sus candidatos.

Los veracruzanos la tenemos en la sopa. El activismo político a favor del candidato del PAN y de su personal partido, Nueva Alianza, a la gubernatura, se manifiesta en los más recónditos lugares y en alianzas singulares.

La salida de Josefina Vázquez Mota de la Secretaría de Educación Pública y el ingreso de Alonso Lujambio a ese puesto, sin ir más lejos, está antecedido por la ruptura que la ahora diputada federal protagonizó con la dirigente magisterial, pese a que durante su gestión el gobierno federal, a través de la SEP, hizo llegar recursos de enorme cuantía al SNTE para apoyar a profesores comisionados en puestos sindicales.

Esta semana, Lujambio cumplió un año al frente de la SEP y, en opinión de no pocos analistas políticos, su gestión se ha desarrollado a la sombra de Elba Esther Gordillo.

Luego del periodo vacacional de Semana Santa, la dependencia federal y el SNTE se trabarán en un verdadero juego de manos por la negociación del pliego petitorio presentado por Gordillo Morales el pasado 21 de enero.

Previniendo las duras negociaciones, este lunes Lujambio anunció que en breve (es posible que esta brevedad se cumpla el 15 de mayo), los maestros de educación básica con mejor desempeño del país obtendrán un estímulo económico de entre dos mil y 20 mil pesos, para lo que dispone de un presupuesto de 900 millones de pesos.

Se trata de reactivar temas que Lujambio ha dejado en carpetas, como los programas de carrera magisterial, estímulo docente y participación social.

Todo ello se juega en las mesas del gobierno federal, pese a que el relator especial sobre Derecho a la Educación de la ONU, Vernor Muñoz, criticó la relación SEP-SNTE porque ha obstaculizado las tareas para asegurar la mejora de la calidad de la educación en México

¿Las dádivas, a cambio de qué?

Mientras Lujambio anuncia el programa de estímulos al desempeño de los maestros mexicanos, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha abierto un escabroso expediente sobre la enorme inversión realizada por el gobierno federal para beneficiar a la dirigencia del SNTE.

Lo ha hecho luego de revisar la Cuenta Pública de 2008, cuando la actual coordinadora de la diputación federal panista fungía como titular de la SEP, en la que se detectó que el gobierno federal había destinado al menos 150 millones de pesos para pagos y apoyos indebidos a integrantes del SNTE.

Y es que los miles de maestros mexicanos que en cada cheque reciben descuentos por concepto de cuotas sindicales no pueden imaginarse el enorme festín que sus dirigentes engullen, adicionalmente, por concepto de dádivas gubernamentales.

Según la información proporcionada por la ASF a los medios de comunicación, la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal realizó 30 mil 834 pagos a 670 trabajadores comisionados en tareas sindicales con goce de sueldo, a pesar de que esas labores se deben realizar sin remuneración.

Añade que entre los beneficiados se hallan 542 maestros y 128 empleados administrativos, cuyos pagos ascienden en conjunto a más de 134 millones de pesos (más de 11 millones mensuales), 85 por ciento de los cuales (113.4 millones) fueron destinados al Comité Ejecutivo Nacional del SNTE.

Las cantidades sobrantes fueron repartidas entre la Comisión Mixta de Escalafón (9.3 millones) y la Sociedad Mutualista (11.3 millones).

A este escandaloso dispendio se agregan 13 mil 544 becas por un monto de 17 millones 325 mil pesos a hijos de trabajadores que pertenecen al SNTE, a pesar de que las autoridades educativas aceptaron durante la investigación que no existe convenio con el gremio para sustentar la entrega de becas.

Todas estas fugas, concluye la ASF, “promueven la desigualdad de oportunidades, son excluyentes y propician el favoritismo, limitando el derecho a la educación de estudiantes que por tener condición vulnerable no seguirán estudiando”.

No imaginamos con qué nos saldrá la SEP que, en los primeros 10 días de este mes, tiene la obligación de solventar las observaciones del órgano fiscalizador del gobierno federal, pero lo que nos queda claro es que esas observaciones pueden ser solamente el descubrimiento de la punta de un iceberg.

Un fantasma recorre Veracruz

Parafraseando a Carlos Marx y Federico Engels, con las recientes declaraciones electorales del precandidato panista Miguel Ángel Yunes Linares en torno a la educación, se antoja advertir: “un fantasma recorre Veracruz”.

Y ese fantasma tiene nombre y apellidos: Elba Esther Gordillo Morales.

No de otra manera puede calibrarse la promesa hecha por el ex secretario general de Gobierno del priista Patricio Chirinos ante maestros de la sección 56 del SNTE, en el acto en que fue ungido como candidato del Partido Nueva Alianza (Panal), creado por la profesora chiapaneca, que irá en coalición con el PAN: poner a un maestro al frente de la Secretaría de Educación (SEV).

Y es que la dirigente moral del mayor sindicato de América Latina no da paso sin guarache. Quiere venir a Veracruz por todas las canicas, y por ello está apostando todo por el triunfo del neopanista.

Tiene controlada la SEP, pero quiere extender sus dominios a una de las entidades del país (la tercera, para ser más exactos) con mayor número de profesores, estudiantes, escuelas y presupuesto para educación.

Aunque al acto no vinieron ni Elba Esther ni el dirigente nacional del Panal, el ex boxeador e improvisado actor Jorge Kawaghi Macari, en cambio recibió la bendición gordillista por la vía del secretario general del SNTE, Rafael Ochoa Guzmán, ante quien se comprometió a poner en la SEV –en caso de su hipotético triunfo– al mejor maestro o maestra.

O lo que es lo mismo, a un dirigente magisterial de polendas, afiliado a la corriente de su amiga y aliada Elba Esther, pese a que, siempre según su dicho, “no se vale que teniendo Veracruz 150 mil maestros, la educación esté en manos de grillos”.

Tan fuerte es el tema educativo en Veracruz, que su inaugural decálogo de promesas ha sido en torno a la educación.

El primer punto de sus compromisos ha sido que mejorará las condiciones laborales y la calidad de vida de los profesores.

Alguien debió comentarle, para evitar el desaguisado, que tanto salarios como prestaciones laborales son establecidos por el gobierno federal, a través de Hacienda y Educación Pública, con nulas posibilidades de que el gobierno local influya en el tema, a no ser que endeude las finanzas públicas estatales.

Pese a que las huestes del dirigente de la sección 56 del SNTE, Enrique Callejas Briones, en un claro arrebato de bucólica nostalgia le gritaron que querían sillas para los alumnos y gises para poder dar sus clases, no computadoras, Yunes Linares expresó que dotaría a todas las escuelas de las nuevas tecnologías de la información y conectividad para que los profesores trabajen en mejores condiciones.

Otras cosas ofreció, al fin que es hora de prometer, pero lo que quedó en el ambiente fue la preclara figura de la poderosa madrina: Elba Esther Gordillo.

Y, nuevamente, la educación naufraga en las procelosas aguas de la política electoral.

¿Educación en la compu?

Mientras en Hermosillo, el subsecretario de Educación Básica de la SEP, Fernando González Sánchez, anunciaba hace unas semanas que el objetivo del gobierno federal (suponemos que no se refirió al periodo de Felipe Calderón) es conectar al 75 por ciento de la matrícula de ese nivel educativo a la Internet (es decir, alrededor de 19 millones de estudiantes), en la Ciudad de México daban inicio las actividades de la nueva oferta de Educación Superior Abierta y a Distancia (ESAD), operada por la misma secretaría.

En ambos mensajes, el gobierno federal pone en el centro de atención de los procesos de enseñanza-aprendizaje a las nuevas tecnologías, principalmente Internet. Pero el impulso ha sido relativamente reciente, sobre todo pensando en el avance que en el tema le lleva Veracruz.

La oferta de 13 carreras en la modalidad de educación abierta y a distancia que ofrece ESAD (entre ellas seis ingenierías) está probándose en la práctica; la primera vez que se abrió la matrícula fue en octubre pasado y se decidió abrir un segundo periodo que inició con un curso propedéutico en enero pasado.

Según las autoridades de la SEP, la convocatoria ha tenido una buena recepción. Hablan de más de 33 mil estudiantes en sus dos primeras promociones, si bien la máxima concentración de ellos se localiza en el Distrito Federal, seguido de lejos por los estados de México, Yucatán, Jalisco, Morelos y Chihuahua.

Suena mística la cifra. Nunca hubo promoción en medios de comunicación. Pregunte a quien quiera si sabe que la SEP ofrece educación superior a distancia y le aseguro que nadie le responderá de manera afirmativa. Por eso la cifra suena a las que acostumbra dar el profesor Guillermo Zúñiga Martínez cuando se refiere al “masivo ejército” de sus estudiantes en el IVE.

¿Compus en la educación?

Lo cierto es que, contra muchas voces que abjuran de las nuevas tecnologías como vehículo para democratizar la educación, el gobierno federal está reforzando la idea de que es la mejor vía para ampliar la cobertura educativa en el mejor tiempo, asegurando la calidad de sus contenidos.

Según Fernando González, el yerno incómodo, Calderón y Lujambio quieren, mediante el programa Habilidades Digitales para Todos, conectar al 75 por ciento de la matrícula a banda ancha y dotar de computadoras a por lo menos 150 mil aulas adicionales a las que ya existen en todo el país: traducir la educación a comunicación y convergencia.

Esto, en educación básica.

Para educación superior, la SEP le apuesta a las nuevas tecnologías para lograr que el índice de mexicanos con acceso a ese nivel llegue al 20 por ciento. Y la bolita da vueltas alrededor de un proyecto originalmente encargado a la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), de España, y que ya empieza a generar cifras estrambóticas.

Casi con el mismo modelo que el que hace cuatro años aplica en Veracruz el ahora Instituto Consorcio Clavijero, la ESAD ofrece primero un curso propedéutico de 400 horas, en que los estudiantes desarrollan sus competencias básicas, aprenden sobre el uso de herramientas tecnológicas y se desarrollan en la comunicación escrita, el conocimiento de matemáticas básicas y el estudio independiente.

Aulas Clavijero vs. CAU

La SEP ha logrado el apoyo de varias universidades del país para instalar, en total, 131 Centros de Acceso Universitario (CAU), con infraestructura básica de cómputo e internet y equipo para videoconferencias, en que sus estudiantes puedan disponer de los medios para estudiar en línea.

Ese fue el primer modelo usado por Clavijero durante su etapa como asociación civil: pedir a las instituciones universitarias que lo integraban, espacios en sus instalaciones donde equipar o disponer de aulas de medios (aulas Clavijero).

Por supuesto, es una iniciativa de nuevo cuño y no se puede comparar, tanto por sus diferentes ámbitos geográficos como por sus diversos poderes y dimensiones.

Lo que sí es cierto es que en Veracruz la instalación de estas aulas remotas ha contado con el apoyo del gobierno estatal, a través de la secretaría de Educación (SEV); de los ayuntamientos, diversas organizaciones sociales, agrupaciones culturales, grupos de padres de familia, entre otros.

Ya funcionaban más de 140 aulas Clavijero, pero a ellas se están uniendo las 200 aulas contempladas dentro del programa “La universidad en tu prepa” y otras 100 para que operen en las bibliotecas públicas municipales. De esa manera, a finales de este año, se espera que funcionen cerca de 500 aulas de este organismo público descentralizado.

Al paso que van, si no voltean los ojos hacia Veracruz es porque los funcionarios de la SEP quieren justificar viáticos para la realización de sus viajes de turismo educativo a países como España, donde la experiencia en el tema específico de los respaldos tecnológicos a la población de bajos recursos no le llega a la de Veracruz.