El 15 de mayo próximo se cumplirán dos años de haber sido suscrita la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE), entre la SEP y el SNTE.
La presión del organismo sindical por lograr el cumplimiento de muchos de sus postergados contenidos ha provocado que el titular de la SEP, Alonso Lujambio, esté en el ojo del huracán.
En efecto, este personaje que tiene la certeza de que la democracia mexicana es tonta ha sido blanco de innumerables críticas.
Los dirigentes del SNTE le han sonado duro por sus declaraciones en torno a hipotéticos avances en la negociación contractual, mientras que sectores del PRI en la Cámara de Diputados han cuestionado las formas en la adquisición de equipo de cómputo para profesores.
Es claro que la presión mediática del SNTE forma parte de una estrategia para ablandar a las autoridades federales y lograr que por fin se pague la firma estampada por Rafael Ochoa Guzmán en el documento de la ACE.
Y Lujambio ha estado cayendo redondito.
Primero, anunció la liberación de recursos para la operación del programa de estímulos a la calidad docente; ahora, ha trastabillado al toparse con una piedra fiscal cuando intempestivamente salió de compras, para obtener las 300 mil laptops comprometidas con el SNTE para los maestros.
En el apartado de modernización de los centros escolares, su antecesora Josefina Vázquez Mota se había comprometido a equipar con computadoras a los maestros que lograran su certificación de competencias digitales, a partir del mismo 2008.
Al parecer éste y otros compromisos habían sido puestos por las autoridades en el cajón, para lograr a cambio, antes de soltar todas las zanahorias, que el SNTE se comprometiera a involucrar a sus agremiados en los nuevos esquemas de acceso tanto a plazas magisteriales como a puestos de dirección de escuelas, además de participar en los procesos de actualización.
Y el tiempo les ha llegado. De alguna manera se han de cobrar el apoyo al PAN por parte del partido sentista, el Panal.
¿Megacompra sin transparencia?
Algo está fallando en la estrategia oficial, porque todo se hace a toda prisa para lograr un acuerdo satisfactorio con el mayor sindicato de América Latina, y en ese apresuramiento se ha caído en acciones que se prestan a la maledicencia.
El diputado federal priista, Ramiro Hernández, integrante de la comisión de educación de la Cámara de Diputados, ha cuestionado la adquisición de más de un cuarto de millón de computadoras, que serán repartidas entre profesores seleccionados por el SNTE, mediante un mecanismo no considerado en la ley de adquisiciones del sector público.
Con ello, la SEP contribuye a una mayor desconfianza en el manejo de los recursos públicos por parte del gobierno federal.
Según el diputado jalisciense, la megacompra resulta muy sospechosa pues se evade la ley de adquisiciones para hacer una asignación directa, lo que implicaría un interés muy particular de por medio.
¿Qué ha respondido a este respecto la parte aludida?
La SEP ha negado que esté violando la ley de adquisiciones del gobierno federal al tratar de comprar 300 mil computadoras destinadas a igual número de docentes del SNTE, que comanda Elba Esther Gordillo.
Y es que, según su decir, no hay necesidad de licitación puesto que los recursos no son públicos, sino provenientes de un fondo particular de los trabajadores. Por ello, la SEP seleccionará cuatro compañías proveedoras sin lanzar convocatoria para que concursen abiertamente las compañías que se crean con la oferta más conveniente.
“Aunque en todo momento se ha buscado que el proceso de adquisición de 300 mil computadoras sea absolutamente transparente y apegado, en la medida de lo posible, a las prácticas que establece la Ley de Adquisiciones, lo cierto es que la naturaleza de los recursos, que son patrimonio de los trabajadores, no permite que las instancias que la Ley define actúen como si fuera una licitación pública, porque no tienen competencia para ello. La eventual participación del Comité de Adquisiciones de la SEP hubiera, simple y llanamente, violado la Ley”, puntualiza la SEP en un comunicado.
De todas maneras, suena del todo extraño que el SNTE le haya hecho el encarguito a la SEP de ir al mercado a comprar computadoras con dinero de sus agremiados.
A todas luces, ese fondo fue constituido con dinero de los trabajadores y de la dependencia federal y, en ese sentido, los recursos de él provenientes debieran ser tratados como públicos, con todas las consecuencias jurídicas que ello implica.
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