SEP: Un cartucho quemado para una carabina descompuesta

Mientras Alonso Lujambio pasa con premura de la cama de un hospital a la candidatura al Senado por el PAN por la vía plurinominal, en un pago de marcha por los servicios prestados y un blindaje vía fuero constitucional por su desaseado manejo de los recursos públicos, cuyas aristas son el derroche en la conmemoración de los centenarios y las transferencias multimillonarias al SNTE, ha llegado a la Secretaría de Educación Pública un verdadero cartucho quemado: José Ángel Córdova Villalobos.

El exsecretario de Salud que hizo famoso al país y a los mexicanos en todo el orbe y puntos circunvecinos por la famosa epidemia del cólera AH1N1, en septiembre renunció a la dependencia federal para irse a hacer pinitos político-electorales a su natal Guanajuato, donde quería convertirse en candidato del PAN y ser el cuarto gobernador blanquiazul al hilo. No lo logró. Ni el enorme apoyo calderonista logró que venciera a Miguel Márquez Márquez, quien con el 53% le ganó la consulta interna gracias al respaldo del todavía gobernador guanajuatense Juan Manuel Oliva Ramírez.

Todavía se recuerda cómo, a partir de esta derrota, Córdova Villalobos generó un terremoto político cuando se le vinculaba a una posible candidatura bajo los colores del PRI, que le hizo recibir cientos de llamadas desde Los Pinos y desde la dirigencia nacional del PAN. Ya hemos visto en qué ha acabado todo.

La SEP, decimos, es una escopeta descompuesta.

Sin proyecto nacionalista, agobiada por los vaivenes de la corrupción, claudicante frente a una malograda reforma educativa, desatendida por un secretario que en los últimos meses pasó más tiempo en hospitales que en su oficina, señalada por organismos internacionales de ser, junto con el SNTE, la causante de la debacle formativa de los mexicanos, ¿qué podemos esperar de la gestión del oriundo de León?

Prácticamente, nada. Que el funcionario tenga un salario para resarcir los daños infligidos a sus cuentas bancarias con su aventura electoral, pase en buenas condiciones su amarga experiencia política y se le quite de la cabeza ondear una bandera distinta de aquella que pinta tan claramente su ideología ultraconservadora.

¿Y la educación? Bien, gracias. ¿A quién puede interesarle estando tan cercana la elección?

La muerte ronda a Calderón

Es posible que nunca sepamos las causas reales por las que el fatídico viernes 11 se desplomó el helicóptero en que viajaba de la Ciudad de México a Cuernavaca el secretario de Gobernación, José Francisco Blake Mora, causando la muerte de quien ocupó la misma dependencia que Juan Camilo Mouriño Terrazo, también fallecido en el mes de noviembre, pero el día 4, cuando se desplomó en el DF el avión en que regresaba de una gira por San Luis Potosí, en 2008, sin haber cumplido 10 meses en el cargo, luego de sustituir a Francisco Ramírez Acuña.

Blake tuvo la misma suerte que el político campechano, quien hoy se hubiera perfilado como el candidato presidencial panista en lugar de Josefina Vázquez Mota; sin embargo, a diferencia de él, el tijuanense logró estar al frente de la Segob seis meses más.

                

Que las aeronaves del gobierno federal estén tan averiadas que puedan ser recurrentes los accidentes aéreos, da en qué pensar. Independientemente de la opinión que merezcan los funcionarios federales, incluidos el presidente Felipe Calderón, es una desgracia que los mexicanos sintamos la zozobra de que en cualquier momento los desperfectos en esos aparatos puedan poner en riesgo a quienes en ellos viajan, sobre todo cuando se ha informado que el helicóptero caído lo usaría el Presidente de la República.

                

¿Qué está pasando con el mantenimiento de la flota de las fuerzas armadas? Algo deberá explicar el gobierno federal.

Porque no solo han fallecido dos secretarios de Gobernación y sus colaboradores cercanos, lo que de suyo constituye una desgracia para el país y, sobre todo, para sus familias. En el ambiente, estos accidentes frecuentes en que pierden la vida cuadros de primera línea de un Presidente que no ha sido muy favorecido por contar con un equipo grande de colaboradores del cual echar mano, lo que genera es rumores, versiones hasta descabelladas, una de las cuales identifica en todos los casos la mano del crimen organizado.

              

Raúl Benítez Manaut, investigador del Centro de Estudios para América del Norte de la UNAM, según lo publicado en Excélsior, dijo algo que no tiene desperdicio: “El gobierno tendrá que dar un informe técnico muy bien hecho y preciso, con credibilidad, y si fue un atentado, tendría que reconocerlo para evitar rumores”. El accidente “genera una gran incertidumbre política porque genera dudas sobre la capacidad del presidente para dar seguridad a sus funcionarios, genera dudas de una capacidad operativa de algún cártel del narcotráfico que pudiera ser responsable”.

Duda que algo queda

Lo más posible es que el peritaje de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ahora al mando del joven Dionisio Pérez-Jácome Friscione, a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil, señale como causa del accidente la poca visibilidad que había en el Estado de México y que, por supuesto, fue provocado por una falla humana, no del piloto sino de quienes autorizaron la salida de la aeronave pese a supuestamente tener conocimiento de malas condiciones climáticas.

                

Y es que las condiciones meteorológicas siempre son un factor que se considera antes de emprender un vuelo. La duda estriba en que la aeronave se desplomó, no chocó contra algún cerro, como ocurrió el 21 de septiembre de 2005, cuando murió en un percance aéreo el secretario de Seguridad Pública de Vicente Fox Quesada, Ramón Martín Huerta, al estrellarse el helicóptero en que viajaba contra la parte superior del cerro conocido como La Cima, en el estado de México.

El propio presidente Felipe Calderón consideró horas después del desplome del helicóptero del Estado Mayor Presidencial, sin esperar la versión de los expertos, que la nubosidad pudo ser la causa, porque los pilotos de la Fuerza Aérea Mexicana tenían probada experiencia, lo que fue corroborado por la Secretaría de la Defensa Nacional.

Lo extraño del asunto es que personal del servicio meteorológico nacional, en especial Javier Albarrán, había declarado a W Radio, pasadas las 12:00 horas, que las condiciones eran propicias para el vuelo (no había nubosidad y las ráfagas de viento eran sumamente débiles en la zona). Pese a contar con esa información, el presidente Calderón dijo dos horas después que la nubosidad habría provocado el accidente.

                

Para nadie es un secreto que, en casi todos los casos, los funcionarios que han fallecido en accidentes aéreos han estado ligados a acciones relacionadas con el combate al crimen organizado. Tan ha causado conmoción el hecho de que el principal impulsor de los operativos conjuntos como el que se aplica en nuestra entidad haya fallecido en similares circunstancias que uno de sus antecesores, que la Bolsa Mexicana de Valores mostró un ajuste al conocerse la desgracia, aunque después volvió a su tendencia alcista.

Juan Marcos Gutiérrez, subsecretario de Gobierno, quedó a cargo de la dependencia. Luego de los días de luto, Felipe Calderón deberá nombrar a su quinto inquilino del Palacio de Cobián en la calle de Bucareli, luego que dos han fallecido en trágicos accidentes. Y lo deberá hacer con mucha calma, primero, porque cualquiera lo pensaría dos veces para aceptar el cargo, y segundo, porque el país necesita a un experto en dos materias: seguridad pública y procesos electorales.

Una estela de desgracias

A la muerte de su cuarto secretario de Gobernación, el gabinete parece estar marcado por la desgracia. A las más de 40 mil personas fallecidas en la guerra emprendida contra el crimen organizado, cuya cifra crece con desmesura con el paso de los días, no solo de delincuentes sino también de ciudadanos pacíficos, Felipe Calderón enfrenta la gravedad de su secretario de Educación Pública y exaspirante a la candidatura presidencial panista, Alonso Lujambio.

En su tránsito por tres hospitales, donde ha estado internado, el mismo viernes la Presidencia de la República tuvo que reconocer que el titular de la SEP padece cáncer de médula ósea, lo que ha agravado un cuadro de insuficiencia renal.

Habría que ver si, además de Gobernación, Calderón no deberá nombrar a un nuevo secretario de Educación, habida cuenta de que Lujambio lleva varias semanas sin operar esa importante dependencia y no se ve que pronto pueda regresar a sus oficinas.

Para colmo, su hermana Cocoa habría perdido las elecciones en Michoacán, con lo que Felipe Calderón podría considerarse como el sepulturero del Partido Acción Nacional.

¿Educación o juego electoral?

Año de muchas precauciones, preocupaciones e imprecaciones, 2011 ha marcado el accionar de las autoridades educativas del país, quienes se han despojado de la imaginaria toga y el birrete para colocarse el inconfundible traje de la grilla política, comenzando por el titular de la SEP, Alonso Lujambio.

El extraviado secretario de Educación no ha perdido oportunidad en la búsqueda de elevar sus bonos políticos con miras a la candidatura panista a la Presidencia de la República, insistiendo en protagonizar un inusual combate de cabelleras relamidas con el gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto, a quien todos ven como el gigante a vencer en 2012 y para el que las autoridades federales ya preparan un coctel de filtraciones judiciales que le disminuyan presencia electoral.

Ya sea presentándose en la pasarela de los siete presidenciables en Guadalajara, en la que según el ocurrente dirigente nacional del PRI Humberto Moreira solo faltó Blanca Nieves, que aprovechando su cargo para ganar repercusión mediática, si algo debe reconocérsele al titular de la SEP es que trabaja horas extra, pero no en la atención de la educación.

Junto a él, la amiga incómoda de todos los regímenes, sea federal o estatal y del partido que sea, la maestra chiapaneca Elba Esther Gordillo engulle a todos los políticos que le coquetean tratando de ganar sus encantos a la hora de postularse a cualquier cargo.

Mientras los maestros disidentes de Oaxaca han emprendido de nueva cuenta su cruzada contra los niños y jóvenes de su estado, y muchos agremiados al SNTE insisten en que ser maestro y tener plaza es un premio por los años de estudiantes normalistas, la poderosa líder sindical se pasea por los pasillos del partido político que sea, mientras piensa en vender caro el respaldo de su Panal y del SNTE a quien ella observe con mayores ventajas.

En Veracruz no estamos muy alejados de estas trivialidades. Todo mundo apuesta a que el secretario de Educación de Veracruz, Adolfo Mota Hernández, labra su porvenir electoral con miras a la candidatura al Senado de la República, aprovechando la cobertura que le ofrece la dependencia a su cargo.

Ya lo hizo cuando fue subsecretario de Educación al inicio del sexenio fidelista, cuando se concentró en llevar beneficios de la SEV a escuelas de comunidades del distrito electoral de Coatepec, y usó el cargo para reunirse no solo con profesores y alumnos beneficiados, sino también con los padres de familia, las autoridades comunitarias, los jóvenes y las mujeres, lo que le permitió ser el mejor colocado a la hora de elegir al candidato priista a la diputación federal.

Con el apoyo de la entonces dirigente priista Beatriz Paredes, Mota logró enderezar la decisión del entonces gobernador Fidel Herrera, orientada hacia otros personajes, conocida como era la cruel indiferencia con que el cuenqueño prodigaba a un esforzado joven que ya había obtenido la gloria de colocar su retrato en la Sala de Presidentes del PRI veracruzano.

Desde delegados regionales hasta funcionarios del más alto nivel, desde dirigentes seccionales hasta nacionales, todos los actores de la educación están enfrascados en el tema electoral del momento: elección presidencial y renovación de las cámaras de diputados y senadores.

Y la educación, ¿cuándo?

A nadie se le puede quitar el gustito por la política. Mal haríamos en sugerir que se olviden de sus instintos. El problema es que la educación en el país, pese a que Elba Esther Gordillo le dijo a Felipe Calderón que era “el presidente de la educación”, se encuentra en grave picada.

Se inventan estrategias, se gasta en políticas que buscan mejorarla con medidas empresariales, se pagan lealtades sindicales, se gasta en onerosas campañas publicitarias, pero poco dinero y menos atención llegan a donde debe llegar para que la educación sea la punta de lanza de un país que, según el secretario de Hacienda Ernesto Cordero, no es pobre sino de mediana estatura.

El ilustre ungido por el dedo de Dios para lograr la candidatura panista en 2012 ha observado con delectación que México se apresta a jugar en las grandes ligas de la economía, pero ni así la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha hecho las asignaciones indispensables para que la educación ocupe lugar privilegiado para contar con el capital humano que el paraíso que él prevé necesitará para administrar nuestra riqueza y engrandecerla.

Y, así, pues ¿cómo?

Universidades públicas, asediadas por el poder

Entre conmemoraciones y confrontaciones, las universidades públicas del país viven un momento difícil que puede significar el inicio de una escalada autoritaria de origen variopinto, cuyos inconfesables objetivos lo mismo se emparentan con la venganza política que con previsiones electorales, recalcitrantes ideologías de derecha o simples forcejeos entre grupos cupulares para definir quién tiene más fuerte el músculo político.

Aunque la SEP puso en letras de oro en su muro de honor el nombre de la UNAM (junto a los Francisco I. Madero, Ricardo Flores Magón y Octavio Paz), en conmemoración del primer centenario de su fundación, lo cierto es que personajes del panismo han hecho hasta lo indecible por sacrificar el presupuesto que se otorga a la máxima casa de estudios del país.


Sea desde el Congreso de la Unión o desde la propia estructura gubernamental federal, sin omitir a la Secretaría de Educación Pública, la Universidad Nacional Autónoma de México ha sido señalada de no ejercer adecuadamente su presupuesto, un paso indispensable para justificar un sacrificio mayor a sus asignaciones presupuestales.

Y sí, el asedio contra universidades públicas es variopinto.

Lo confirman las agresiones que están sufriendo, por un lado, la Universidad de Guadalajara por parte del gobernador panista Emilio González Márquez, el mismo que sufre de “asquitos” cuando le hablan de matrimonios entre personas del mismo sexo, y por otro, la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), cuya autonomía ha sido violentada y puesta en jaque por el gobernador priista Jorge Herrera Caldera, no bien llegó al poder luego de dejar los pelos en el alambre.


Y, así, quienes aquí atacan la autonomía universitaria, más allá la defienden a brazo partido y se vuelven los más avanzados teóricos de lo que debe ser una universidad responsable y coherente.

Lo digo porque el PAN, representado en Jalisco por el gobernador Emilio González Márquez, no sólo ha mermado criminalmente el subsidio estatal a la Universidad de Guadalajara sino que ha bloqueado la entrega de las ministraciones del subsidio federal que, por desgracia, pasan por el filtro de su gobierno antes de aterrizar en la universidad a la que han sido etiquetados.

Su batalla contra la UdeG ha llegado al grado de poner en entredicho la realización de uno de los eventos culturales más importantes no sólo de Jalisco o del país sino de toda Latinoamérica, la Feria Internacional del Libro (FIL), considerada la segunda más importante e influyente del mundo, luego de la de Frankfurt, Alemania.

El panismo recalcitrante, la derecha casposa que sufre de urticaria cuando le hablan de financiar la educación pública, puede en cambio defenderla con extremada claridad cuando es atacada por el PRI retrógrada, como sucede en el caso de Durango, gobierno que estuvo a punto de no tener en sus manos de no ser por los recursos que a favor de Jorge Herrera Caldera dispuso el ex gobernador Ismael Hernández Deras.


El propio titular de la SEP, el panista Alonso Lujambio, que nada ha dicho contra el bloqueo del subsidio federal que sufre la UdeG por parte de su correligionario jalisciense, en cambio fijó postura oficial respecto lo acontecido en la UJED:

“La Secretaría de Educación Pública expresa su preocupación por los riesgos de polarización social derivados de las decisiones de los poderes públicos del Estado de Durango, que han incidido en el proceso de elección del Rector de la Universidad Juárez del Estado de Durango.

“Si bien la definición última respecto de los medios legales hechos valer por una de las partes corresponderá a las instancias judiciales competentes, es preocupación de esta Secretaría procurar que en las relaciones entre las instituciones educativas y los distintos poderes y órdenes de gobierno prevalezca siempre la armonía y una conducción dentro de los cauces institucionales, en especial el relativo a la autonomía de las universidades públicas”.

Los propios panistas duranguenses se han manifestado en torno a la violencia porril asumida por el gobernador Herrera contra la casa de estudios de su estado. Alejandro Zúñiga, dirigente municipal del PAN, culpó al gobernador Herrera Caldera de seguir su “manoseo” en la UJED, al poner a su antojo a rectores afines a sus intereses, lo que vulnera la autonomía con que debiera conducirse esa Máxima Casa de Estudios.

En fin, que en este mundo matraca, de bandear nadie se escapa; bandea el buey y bandea la vaca, bandea el rey, el obrero y el Papa…

¿Habilidades digitales para todos?

Tras el oneroso fracaso de Enciclomedia, el programa insignia de modernización educativa impuesto en el sexenio de Vicente Fox, el gobierno de Felipe Calderón ha apostado por un esquema creado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (One Laptop Per Children, OLPC) que, al menos en el presente ciclo, buscará equipar a más de 30 mil escuelas secundarias públicas con una laptop para cada estudiante y para cada maestro.

Con presupuesto inicial de 4 mil 500 millones de pesos, el tema parece sobresaliente. En el guión, permitirá encauzar a decenas de miles de jóvenes en el uso de las tecnologías de información, con apoyo de internet, lo que les abrirá camino hacia la sociedad del conocimiento, del que difícilmente podrán salir según continúen su formación en los niveles de educación media superior y superior.

Aunque ya lleva camino recorrido, este programa denominado Habilidades Digitales para Todos (HDT) tendrá para el presente ciclo escolar sus primeras compras masivas, si bien ya han sido equipadas las poblaciones estudiantil y docente de 9 mil secundarias.

Según las ambiciosas metas del gobierno federal, al final de la administración de Felipe Calderón todos los alumnos y profesores de las 155 mil escuelas secundarias públicas del país gozarán de laptops (cuyo costo por unidad es de unos 100 dólares), aunque habrá que esperar a que tengan acceso a una señal que les permita navegar por la red.

Respaldado por la ONU, este esquema ya ha sido puesto en operación en países como Brasil, China, Perú y Uruguay, y en el caso de México está ligado a un proyecto federal de salud, educación y gobierno que coordina la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que ha autorizado a la SEP el uso de una de sus frecuencias para la transmisión de datos.

Fernando González, responsable como subsecretario de Educación Básica de la SEP del programa HDT, ha dicho ya que la licitación habrá de federalizarse, por lo que los gobiernos estatales serán los que decidan qué empresas proveerán tanto el equipamiento como el servicio de conectividad a internet, evitando con ello cuestionamientos relacionados con beneficiar a unas u otras empresas proveedoras.

En el discurso y en el nombre mismo del programa, los beneficios serán para todos, y es posible que ello suceda al final de la administración calderonista, si no hay en el camino algún tropiezo presupuestal.

El problema, sin embargo, se presentará con los plazos que marcan los manejos políticos, presentes en toda asignación de recursos federales.

Según la electoral manera de gobernar, los recursos públicos se prodigan entre los aliados y se escatiman a los desgraciados, y ya sabemos que en estos tiempos uno de los patitos feos es Veracruz.

El castigo político del gobierno federal a la administración de Fidel Herrera ha tenido múltiples episodios. Además de la morosidad (o negativa) en la entrega de recursos del Fondo Nacional para Desastres Naturales (Fonden) para remediar afectaciones en territorio veracruzano, otro sector menoscabado ha sido el de la educación, como ya hemos comentado en este espacio.

Un año sin financiamiento en programas de modernización tecnológica representa un grave atraso en la implantación de programas, sobre todo cuando se pretende beneficiar a escuelas enclavadas en regiones serranas y dispersas en miles de pequeñas comunidades. Y eso ha ocurrido en el electoral año 2010.

De ahí la airada protesta tanto del gobernador Fidel Herrera como del secretario de Educación en Veracruz, Víctor Arredondo, porque justamente para el programa HDT a los prohombres de la SEP se les olvidó Veracruz y no mandaron un quinto para dar continuidad a programas que ya se habían puesto en marcha en 2009.

En efecto, mientras que en 2009 se destinaron a Veracruz recursos etiquetados a HDT por un monto de 120 millones de pesos, este año se le asignaron cero bolitas. Así nomás… ¡pum!, ¡cuas!, ¡caput!

De manera que hasta que entre en funciones el próximo gobierno estatal se retomarán iniciativas como la de la Red Estatal del Conocimiento, que habría permitido –sin el concurso de empresas privadas– la prestación del servicio de internet a miles de escuelas (y centros de salud y gobiernos locales), sólo a la espera de las famosas laptops para conectarse individualmente, en el caso de las secundarias, o para la instalación de aulas digitales en escuelas primarias o de bachillerato.

Este trato inequitativo para Veracruz por parte de la SEP era explicable, que no justificable, en el periodo previo al proceso electoral local del 4 de julio, donde Felipe Calderón tenía sentadas esperanzas de obtener la gubernatura para su partido en la persona de su amigo Miguel Ángel Yunes Linares, pero a estas alturas merece los más airados epítetos.

Por eso, Arredondo ha pedido la presencia del docto secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio, para que precise las razones de esta explicable omisión presupuestal. El problema es que…

Bicentenario, celebración que naufraga

Pobres héroes nacionales: lo que les ha tocado vivir por estas fechas… y lo que les falta.

A pesar de sus años, quienes encabezaron la guerra de Independencia han debido sufrir un tortuoso periplo por la ciudad de México, donde se expusieron con morbo sus osamentas, en medio del trajín inenarrable del solar capitalino.

Siguen moviéndose incómodamente en el imaginario panteón, sólo de pensar cómo Televisa los mostrará “de carne y hueso” en un culebrón de miedo, en que bellas actrices mostrarán deseables a doña Josefa Ortiz y a doña Leona Vicario.

Por todos los rumbos en que la moderna guerra calderonista lo permite, el esplendor conmemorativo sigue presa del retraso constructor, con máquinas y albañiles trabajando bajo la morosidad a que obliga una desaseada gestión presupuestal.

Más nos valdría proponer un receso y festinar nuestras antiguas glorias en 2011.

Y es que mientras el discurso conmemorativo de las más preciadas efemérides ha tratado de tamizar cualquier obra –sea la colocación de alcantarillas o la construcción de puentes– con los consabidos sobrenombres Centenario o Bicentenario, las obras programadas para el efecto son monumentos a la improvisación y desdén de nuestras autoridades.

Se acerca la fecha en que deberíamos derrochar imaginación, enjundia patriotera, jolgorio y monumentalidad, para disfrutar de una independencia de la que cada día nos queda menos, y todavía hay pleito ranchero para justificar las festividades.

El secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio, ha debido fruncir el seño y engolar la voz para reprender a los muchos mexicanos que cuestionan el festejo, pese a que tenemos mucho que celebrar: “nuestra existencia, nuestro ser, nuestra cultura”.

El exabrupto de marras, dicho con el pecho henchido de patriotismo frente al embajador norteamericano, ha puesto la nota estrujante y pintoresca a los prolegómenos de una fiesta que llenará de luces y pólvora del Zócalo al Paseo de la Reforma, en la antigua capital azteca, en un episodio que parecerá salido de la enfebrecida imaginación de Walt Disney, gracias a los oficios del australiano Richard Birch.

No se sabe si la profunda letra y la música pegajosa del himno creado por Aleks Sintek y Jaime López (con el histórico estribillo “shalalala”) lo escucharemos con tanta insistencia como el Waca-Waca de Shakira, porque el rechazo ha sido tan generalizado que la SEP ya se echó para atrás.

Frente al desdén para la celebración, lo que debía ser una clase de historia nacional, Lujambio la convirtió el 21 de agosto en argumento político: unidad de los mexicanos para enfrentar los problemas colectivos, “subrayando lo que nos une [y] desenfatizando lo que nos divide”.

No sea que nos lo reclamen nuestros hijos y nuestros nietos, como ha presagiado el docto secretario. Así, el próximo 15 de septiembre, parafraseando a Lujambio, quien desenfatice, un buen desenfatizador será, pese a que el verbo desenfatizar no exista en el diccionario.

En resumidas cuentas, en estos meses electorales pocos han reparado en fechas tan importantes para el México actual. Las miles de propuestas para conmemorar centenario y bicentenario han quedado como buenas intenciones, cuando no en inexplicables postergaciones.

De cómo sepultar lo que queríamos celebrar

La lista de ingeniosos modos de celebrar, propuestos por dependencias públicas y gobiernos, rayan, a veces, en el ridículo. Muchas han sido para aprovechar cualquier obra para colgarle el sambenito celebratorio.

En Xalapa, sin ir muy lejos, a un puente en Lázaro Cárdenas –cuya construcción poco faltó para que durara cien años– le fue impuesto nombre y apellido: puente Bicentenario-Antonio Chedraui Caram.

El apellido, muy mexicano por cierto, le fue impuesto contra viento y marea, pese al rechazo popular porque el epónimo empresario, ya fallecido, fue cabeza de una familia que cimentó su enorme riqueza en la ciudad y, salvo empleos mal remunerados, fuertes nudos viales en torno a sus empresas y un alcalde de una notable grisura, poco le ha aportado a sus paisanos.

Ya hemos hablado de obras que no serán concluidas antes de terminar el año. En Xalapa también se cuecen de esas habas.

Un ejemplo notable es la sala de conciertos de la Universidad Veracruzana, frente a la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información.

En varias ocasiones escuchamos al gobernador Fidel Herrera asegurar que su conclusión y apertura sería parte de la celebración veracruzana del bicentenario. Lo que tendremos, ciertamente, es el cascarón, pero no el edificio terminado.

Para el responsable universitario de la obra, Miguel Ángel Ehrenzweig, no importa la fecha en que sea concluida una sala que hará justicia a la Orquesta Sinfónica de Xalapa, que acaba de cumplir 81 años de vida. Y es que faltan nada menos que 80 millones de pesos para concluirla y se ve difícil que esos recursos se obtengan pronto.

Pero las propuestas por todos rumbos del país son realmente descabelladas (y onerosas): desde producir cinco millones de huevos de trucha, liberar una variedad de papa denominada “Corregidora”, y recuperar los sitios en que Miguel Hidalgo y Costilla fue bautizado y confinado, así como representar su fusilamiento, hasta preservar el árbol sembrado por José María Morelos y Pavón en la ciudad de Oaxaca (según lo ha documentado El Universal), los ingeniosos funcionarios se volaron la barda.

Con tan gratificantes formas de recordar, cualquiera olvidará las más elementales clases de historia patria.

¡Y todavía Lujambio se despeina su engominado jopo porque a muchos mexicanos les vale queso participar en estas fiestecitas!

Veracruz, discriminado por la SEP

El caso más patético en materia de omisión presupuestal por parte de la Federación se refiere al sector educativo veracruzano. El monto de lo retenido más lo cancelado para 2010 supera con mucho los 800 millones de pesos (más de 60 millones de dólares).

Las autoridades estatales se han tardado mucho en expresar públicamente las incongruencias y desigualdades en el trato presupuestal otorgado a los veracruzanos por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Es posible que el gobierno local haya esperado a que el proceso electoral del 4 de julio concluyera, tomando en cuenta que el interés de manipularlo tuviera como arma la tan escandalosa demora en la entrega de lo que incluso fue etiquetado por el Congreso de la Unión.

Sobre el tema se han manifestado en estos días (a punto de iniciar otro ciclo escolar), tanto el gobernador Fidel Herrera Beltrán como el titular de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), Víctor Arredondo Álvarez.

El primero en fustigar al titular de la SEP, Alonso Lujambio, fue Arredondo. En Boca del Río, durante las Jornadas Veracruzanas de Historia, el secretario del ramo en Veracruz puso en el tintero un tema que la entidad arrastra desde 2007.

Ese año, en efecto, autoridades y diputados federales crearon una fórmula para calcular la distribución de recursos etiquetados al Fondo de Aportaciones a la Educación Básica (FAEB) que redujo drásticamente los alcances y montos de lo que venía otorgándose a Veracruz.

Hace ya varios años que la SEV tramita un esquema de compensación para amortiguar los efectos de ese drástico ajuste, pero el gobierno federal ha postergado indefinidamente la entrega de dichos recursos.

Veamos cómo se ha dado el trato discriminatorio del que se quejan tanto el Ejecutivo estatal como el titular de la SEV:

1. El gobierno federal mantiene una deuda con Veracruz por el orden de los 700 millones de pesos, derivados de recortes en el Fondo de Aportaciones a la Educación Básica (FAEB).
2. De 2009 a 2010, Veracruz pasó de recibir el 7 por ciento de los recursos etiquetados en el Fondo para la Infraestructura Escolar, a participar con apenas el 4 por ciento.
3. La SEP pasó de otorgarle 120 millones de pesos por parte del Fondo de Habilidades Digitales en 2009, a cero recursos este año.
4. El aporte derivado del Programa de Superación de Maestros en Formación (PSMF) pasó de 24 millones de pesos en 2009, a sólo 9 millones este año.

De ahí que el gobernador Fidel Herrera, en el marco de una reunión con dirigentes del SNTE, haya hecho una dura crítica a los recortes presupuestales del gobierno federal en materia de educación, a pesar de que Veracruz es una de las entidades con una de las matrículas más grandes del país y que enfrenta enormes retos para brindar servicios educativos de calidad a una gran capa de población localizada en zonas rurales e indígenas.

Arredondo fue muy enfático en el reclamo a Alonso Lujambio:

“Necesitamos la atención del Secretario de Educación, que voltee la mirada hacia Veracruz. Es urgente que el titular de la SEP analice el caso de Veracruz, que nos visite, que conozca cuáles son nuestras necesidades, que nos diga qué estamos haciendo mal para recibir ese trato discriminatorio”.

-¿Habrán escuchado estos reclamos en Los Pinos y en el edificio histórico de la SEP?
-No se oye, no se oye…

La mala educación: calidad educativa, entrampada

Mientras cerca de 146 mil aspirantes se entrampaban en la resolución del Examen Nacional de Conocimientos y Habilidades Docentes, aplicado por la SEP en 314 sedes del territorio nacional, un reportaje publicado por el periódico El Universal tendió un ominoso velo de duda sobre los efectos que este proceso selectivo acordado con el SNTE puede tener en la mejora de la calidad de la educación que se imparte en las escuelas públicas de educación básica.

Sí, el marginado aspirante a la presidencia de la República por el PAN en 2012, Alonso Lujambio, dijo esta misma semana frente a su reticente jefe Felipe Calderón que “los nuevos maestros tienen que demostrar, en un examen, que tienen los méritos para sumarse al magisterio”.

Lo que no dijo es cómo va a enfrentar la negociación con el sindicato para que casi un cuarto de millón de maestros y directores de primaria y secundaria, en servicio, logren los estándares académicos de rigor para desempeñar sus labores.

Y es que seguramente ni se lo ha propuesto él ni el gobierno federal, pese a la excitativa calderonista de que “hoy se requiere más calidad en la educación, pero también mayor corresponsabilidad”.

A estos discursos, el reportaje publicado por la periodista Nurit Martínez, de El Universal, los ha despojado del más mínimo beneficio de credibilidad:

“Del millón 46 mil 347 mentores registrados en esos niveles [primaria y secundaria], 23.3% son pasantes de licenciatura, de la normal, tienen apenas estudios de bachillerato o nivel técnico e incluso están en situación de rezago educativo al no haber terminado la educación básica”.

Y va más allá: 191 profesores que ejercen cargos, incluso de directores (30), no concluyeron la primaria. Entre los estados con mayor número de casos, por desgracia, se encuentra Veracruz, además de México, Guanajuato y Sonora.

Una larga historia de corrupción y componendas políticas con el SNTE y otros sindicatos menores, que se vieron suspendidas en Veracruz hace ya cinco años, cuando se instauró la modalidad del examen como único medio para obtener una plaza magisterial, ha permitido que niños y jóvenes que cursan su educación básica estén en manos de personal sin preparación para realizar tareas docentes.

¿Cómo exorcizar al sistema educativo nacional de esos espíritus chocarreros, insuflados por inescrupulosos líderes magisteriales? ¿Cómo hacerlo en un escenario de concupiscencia política en que se han trabado el PAN y el partido creado por la lideresa nacional del SNTE, Elba Esther Gordillo, y que tantos dividendos le redituó al partido gobernante en los comicios del 4 de julio pasado?

Ha sido importante la aplicación del examen nacional como vía para obtener una plaza magisterial. El problema es que también hay que barrer para atrás, lo que difícilmente hará un gobierno que tiene tan medida su capacidad de maniobra, cuando se acerca una elección presidencial en la que puede perder su posición en Los Pinos.

La dieta de la discordia

Para un mercado cautivo de 25 millones de niños, obligados a consumir lo que las cooperativas escolares y negocios concesionados brindan durante cinco días a la semana, las autoridades han marcado una dieta rigurosa:

Sólo palomitas, papas horneadas, pistaches, habas y garbanzos secos, entre otros, y para tomar, agua potable y jugos en pequeñas proporciones.

Según el titular de la SEP, Alonso Lujambio, en el mercado hay productos de 100 gramos que pueden proporcionar hasta 600 calorías a un niño que sólo necesita 200.

¿Se imagina qué estarán pensando los directivos de las refresqueras, los fabricantes de frituras y los procesadores de jugos, leches y yogures?

El anteproyecto de lineamientos generales para el expendio y distribución de alimentos y bebidas en los establecimientos de consumo escolar establece la prohibición a la venta de refrescos, productos que superen el mínimo calórico que requieren productos como yogures, leches enteras y azucaradas, alimentos fritos, tamales, gorditas, tacos dorados, flautas, pizzas, molletes y hotcakes.

Antes del inicio del próximo ciclo escolar, cada una de las escuelas deberá definir una lista exhaustiva de los productos permitidos en los establecimientos comerciales que funcionan dentro de sus instalaciones. Su cumplimiento estará al cargo de los consejos de Participación Social

Aunque se anunció que habrá graves sanciones para quienes vendan comida chatarra, no se especifica a qué tipo de sanciones se refieren.

Estos lineamientos pasarán por un proceso de análisis y aprobación por parte de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER), para luego ser publicados en el Diario Oficial de la Federación.

Su implementación, según los funcionarios federales, será gradual, para dar tiempo a la industria de alimentos de desarrollar innovaciones tecnológicas que les permita cumplir los requerimientos

En Veracruz, el secretario de Educación, Víctor Arredondo, ha convocado ya, a través del Consejo Veracruzano de Ciencia y Tecnología, a estudiantes, egresados, investigadores y pequeños y medianos empresarios, a hacer alianzas para la producción de productos alimenticios que se apeguen a las normas establecidas en el ámbito nacional.

De haber una respuesta de los emprendedores veracruzanos, estas medidas podrían traer un doble efecto positivo: por un lado, en la salud de los niños veracruzanos; por otro, en las posibilidades de generación de empleos.

Y hay que hacerlo pronto porque los empresarios afectados ya han empezado presiones.

Pedro García, vicepresidente de la Comisión de Alimentos de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), ya respingó y dijo que "con actos de autoridad no se cambian los hábitos de consumo de los mexicanos".

Le reprochó a Lujambio que no los hubiera tomado en cuenta, pese a que le habían pedido colaborar. "Sí tenemos que hacer cambios en la industria, pero para eso se necesita tiempo"

Ya veremos cómo se dirime esta batalla.

Lujambio, las piedras en el camino

El 15 de mayo próximo se cumplirán dos años de haber sido suscrita la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE), entre la SEP y el SNTE.

La presión del organismo sindical por lograr el cumplimiento de muchos de sus postergados contenidos ha provocado que el titular de la SEP, Alonso Lujambio, esté en el ojo del huracán.

En efecto, este personaje que tiene la certeza de que la democracia mexicana es tonta ha sido blanco de innumerables críticas.

Los dirigentes del SNTE le han sonado duro por sus declaraciones en torno a hipotéticos avances en la negociación contractual, mientras que sectores del PRI en la Cámara de Diputados han cuestionado las formas en la adquisición de equipo de cómputo para profesores.

Es claro que la presión mediática del SNTE forma parte de una estrategia para ablandar a las autoridades federales y lograr que por fin se pague la firma estampada por Rafael Ochoa Guzmán en el documento de la ACE.

Y Lujambio ha estado cayendo redondito.

Primero, anunció la liberación de recursos para la operación del programa de estímulos a la calidad docente; ahora, ha trastabillado al toparse con una piedra fiscal cuando intempestivamente salió de compras, para obtener las 300 mil laptops comprometidas con el SNTE para los maestros.

En el apartado de modernización de los centros escolares, su antecesora Josefina Vázquez Mota se había comprometido a equipar con computadoras a los maestros que lograran su certificación de competencias digitales, a partir del mismo 2008.

Al parecer éste y otros compromisos habían sido puestos por las autoridades en el cajón, para lograr a cambio, antes de soltar todas las zanahorias, que el SNTE se comprometiera a involucrar a sus agremiados en los nuevos esquemas de acceso tanto a plazas magisteriales como a puestos de dirección de escuelas, además de participar en los procesos de actualización.

Y el tiempo les ha llegado. De alguna manera se han de cobrar el apoyo al PAN por parte del partido sentista, el Panal.

¿Megacompra sin transparencia?

Algo está fallando en la estrategia oficial, porque todo se hace a toda prisa para lograr un acuerdo satisfactorio con el mayor sindicato de América Latina, y en ese apresuramiento se ha caído en acciones que se prestan a la maledicencia.

El diputado federal priista, Ramiro Hernández, integrante de la comisión de educación de la Cámara de Diputados, ha cuestionado la adquisición de más de un cuarto de millón de computadoras, que serán repartidas entre profesores seleccionados por el SNTE, mediante un mecanismo no considerado en la ley de adquisiciones del sector público.

Con ello, la SEP contribuye a una mayor desconfianza en el manejo de los recursos públicos por parte del gobierno federal.

Según el diputado jalisciense, la megacompra resulta muy sospechosa pues se evade la ley de adquisiciones para hacer una asignación directa, lo que implicaría un interés muy particular de por medio.

¿Qué ha respondido a este respecto la parte aludida?

La SEP ha negado que esté violando la ley de adquisiciones del gobierno federal al tratar de comprar 300 mil computadoras destinadas a igual número de docentes del SNTE, que comanda Elba Esther Gordillo.

Y es que, según su decir, no hay necesidad de licitación puesto que los recursos no son públicos, sino provenientes de un fondo particular de los trabajadores. Por ello, la SEP seleccionará cuatro compañías proveedoras sin lanzar convocatoria para que concursen abiertamente las compañías que se crean con la oferta más conveniente.

“Aunque en todo momento se ha buscado que el proceso de adquisición de 300 mil computadoras sea absolutamente transparente y apegado, en la medida de lo posible, a las prácticas que establece la Ley de Adquisiciones, lo cierto es que la naturaleza de los recursos, que son patrimonio de los trabajadores, no permite que las instancias que la Ley define actúen como si fuera una licitación pública, porque no tienen competencia para ello. La eventual participación del Comité de Adquisiciones de la SEP hubiera, simple y llanamente, violado la Ley”, puntualiza la SEP en un comunicado.

De todas maneras, suena del todo extraño que el SNTE le haya hecho el encarguito a la SEP de ir al mercado a comprar computadoras con dinero de sus agremiados.

A todas luces, ese fondo fue constituido con dinero de los trabajadores y de la dependencia federal y, en ese sentido, los recursos de él provenientes debieran ser tratados como públicos, con todas las consecuencias jurídicas que ello implica.

Elba Esther, ¿manzana de la discordia?

Lo que ocurre entre el PRI y el PAN por granjearse la simpatía de la dirigente nacional del SNTE, Elba Esther Gordillo Morales, pareciera la guerra de dos calvos por un peine.

La profesora chiapaneca se ha convertido en la dama más codiciada (y codiciosa) de la actual política nacional.

Y es que el músculo político de la astuta lideresa parece haberse fortalecido en los años de Felipe Calderón que, con mucha enjundia y no pocos pesos, ha hecho que la balanza se incline a favor de su partido… y de sus candidatos.

Los veracruzanos la tenemos en la sopa. El activismo político a favor del candidato del PAN y de su personal partido, Nueva Alianza, a la gubernatura, se manifiesta en los más recónditos lugares y en alianzas singulares.

La salida de Josefina Vázquez Mota de la Secretaría de Educación Pública y el ingreso de Alonso Lujambio a ese puesto, sin ir más lejos, está antecedido por la ruptura que la ahora diputada federal protagonizó con la dirigente magisterial, pese a que durante su gestión el gobierno federal, a través de la SEP, hizo llegar recursos de enorme cuantía al SNTE para apoyar a profesores comisionados en puestos sindicales.

Esta semana, Lujambio cumplió un año al frente de la SEP y, en opinión de no pocos analistas políticos, su gestión se ha desarrollado a la sombra de Elba Esther Gordillo.

Luego del periodo vacacional de Semana Santa, la dependencia federal y el SNTE se trabarán en un verdadero juego de manos por la negociación del pliego petitorio presentado por Gordillo Morales el pasado 21 de enero.

Previniendo las duras negociaciones, este lunes Lujambio anunció que en breve (es posible que esta brevedad se cumpla el 15 de mayo), los maestros de educación básica con mejor desempeño del país obtendrán un estímulo económico de entre dos mil y 20 mil pesos, para lo que dispone de un presupuesto de 900 millones de pesos.

Se trata de reactivar temas que Lujambio ha dejado en carpetas, como los programas de carrera magisterial, estímulo docente y participación social.

Todo ello se juega en las mesas del gobierno federal, pese a que el relator especial sobre Derecho a la Educación de la ONU, Vernor Muñoz, criticó la relación SEP-SNTE porque ha obstaculizado las tareas para asegurar la mejora de la calidad de la educación en México

¿Las dádivas, a cambio de qué?

Mientras Lujambio anuncia el programa de estímulos al desempeño de los maestros mexicanos, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha abierto un escabroso expediente sobre la enorme inversión realizada por el gobierno federal para beneficiar a la dirigencia del SNTE.

Lo ha hecho luego de revisar la Cuenta Pública de 2008, cuando la actual coordinadora de la diputación federal panista fungía como titular de la SEP, en la que se detectó que el gobierno federal había destinado al menos 150 millones de pesos para pagos y apoyos indebidos a integrantes del SNTE.

Y es que los miles de maestros mexicanos que en cada cheque reciben descuentos por concepto de cuotas sindicales no pueden imaginarse el enorme festín que sus dirigentes engullen, adicionalmente, por concepto de dádivas gubernamentales.

Según la información proporcionada por la ASF a los medios de comunicación, la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal realizó 30 mil 834 pagos a 670 trabajadores comisionados en tareas sindicales con goce de sueldo, a pesar de que esas labores se deben realizar sin remuneración.

Añade que entre los beneficiados se hallan 542 maestros y 128 empleados administrativos, cuyos pagos ascienden en conjunto a más de 134 millones de pesos (más de 11 millones mensuales), 85 por ciento de los cuales (113.4 millones) fueron destinados al Comité Ejecutivo Nacional del SNTE.

Las cantidades sobrantes fueron repartidas entre la Comisión Mixta de Escalafón (9.3 millones) y la Sociedad Mutualista (11.3 millones).

A este escandaloso dispendio se agregan 13 mil 544 becas por un monto de 17 millones 325 mil pesos a hijos de trabajadores que pertenecen al SNTE, a pesar de que las autoridades educativas aceptaron durante la investigación que no existe convenio con el gremio para sustentar la entrega de becas.

Todas estas fugas, concluye la ASF, “promueven la desigualdad de oportunidades, son excluyentes y propician el favoritismo, limitando el derecho a la educación de estudiantes que por tener condición vulnerable no seguirán estudiando”.

No imaginamos con qué nos saldrá la SEP que, en los primeros 10 días de este mes, tiene la obligación de solventar las observaciones del órgano fiscalizador del gobierno federal, pero lo que nos queda claro es que esas observaciones pueden ser solamente el descubrimiento de la punta de un iceberg.