Cultura, el patito feo del gobierno federal

De no hacer nada los legisladores federales, en 2011 el subsector de cultura podría pagar los platos rotos por los desmesurados gastos realizados para conmemorar el bicentenario del inicio de la guerra de Independencia y el centenario de la Revolución Mexicana.

Ya lo había dicho en Xalapa el escritor Paco Ignacio Taibo II, en ocasión de la presentación de su libro El retorno de los tigres de la Malasia, en la Feria del Libro Universitario: el próximo año, el gobierno de Felipe Calderón hará que la cultura pague su desmesura.


En la propuesta presentada en septiembre por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se contempla en 2011 para este segmento un presupuesto de 8 mil 920 millones 636 mil 187 pesos, muy lejos de lo aprobado para 2010, que fue de 11 mil 459 millones 498 mil 804 pesos.

La diferencia entre lo gastado este año y lo que pretende Calderón para el próximo es, ¿qué creen?, de poco más de 2 mil 500 millones de pesos, justo lo que se calcula que se ha gastado en la disneylandizada celebración de los centenarios.

Pero hay más. Para la comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, la propuesta calderonista, en términos reales, se ubica 5 mil millones de pesos por debajo del mínimo requerido para cumplir los proyectos del próximo año, cuyo costo rondaría los 14 mil millones de pesos.


La propuesta de nuestro ilustre Presidente es menor incluso al monto ejercido en 2008, cuando el presupuesto total para la cultura fue de 9 mil 423 millones de pesos, y de entonces a la fecha los precios han subido de manera importante.

La tarea para los integrantes de la comisión legislativa y sus demás compañeros diputados de todas las fracciones parlamentarias radicará en entramparse en un análisis profundo para obtener recursos del orden de los 5 mil 100 millones de pesos que permitan enderezar el entuerto que nos colocaría en un escenario de inimaginables penurias, sobre todo si se acepta que incluso la meta es de suyo insuficiente.

Y eso que México es una potencia cultural.

Si consideramos que la cultura es una fuente importante de divisas por la vía del turismo internacional, y dejamos un poco a la deriva la necesidad de los mexicanos de usar y disfrutar nuestros bienes tangibles e intangibles, la desconcertante merma que pretende el gobierno nacional en poco ayudará a incrementar el aporte del turismo a la economía.

Las dependencias que, al menos en el papel, se verán más afectadas son el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CNCA) y el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), cuyos presupuestos resentirían la mayor parte del recorte; pero también lo sufrirían el Instituto Nacional de Antropología e Historia (con casi 300 millones menos) y el Instituto Mexicano de Cinematografía (al que le quitarían unos 50 millones), entre otras dependencias.

Los únicos que se salvarían serían el Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC), al que se incrementaría su presupuesto en un 30.5 por ciento; el Fideicomiso de la Cineteca Nacional, que vería mejorados sus recursos en un 17.9 por ciento, y los Estudios Churubusco Azteca (2.7%), además del Centro Cultural Tijuana.

Pese a su falso optimismo, la presidenta del CNCA Consuelo Sáizar, como la hormiguita, ha empezado a establecer estrategias que le permitan atenuar el golpe que le representaría, como están las cosas, una merma el próximo año de más de mil millones de pesos.

No más obras de infraestructura y equipamiento para bibliotecas, museos y centros culturales en los estados del país, no más adquisición de acervos bibliográficos; más bien, enfocarse en los proyectos en línea como bibliotecas virtuales, paseos arqueológicos o exposiciones en Internet.

Teresa Vicencio, directora del INBA, deberá cancelar proyectos orientados a fortalecer la infraestructura cultural y de educación artística. Si bien este año logró el remozamiento del Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México, cuyo costo fue de unos 400 millones de pesos, para 2011 tendría que desaparecer de sus planes la rehabilitación del Conservatorio Nacional de Música y el Centro Cultural del Bosque.



En este contexto, es realmente deplorable que el gobierno federal siga incrementando el número de plazas para la alta burocracia. Según un estudio del Senado de la República, en 2011 el número de plazas de la alta burocracia no sólo se mantiene sino que se incrementa en algunas secretarías como las de Gobernación (Segob), que pasa de 128 a 144, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), de 101 a 124.

¡Cosas veredes, mi Señor!, diría Sancho Panza.

Lujambio, las piedras en el camino

El 15 de mayo próximo se cumplirán dos años de haber sido suscrita la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE), entre la SEP y el SNTE.

La presión del organismo sindical por lograr el cumplimiento de muchos de sus postergados contenidos ha provocado que el titular de la SEP, Alonso Lujambio, esté en el ojo del huracán.

En efecto, este personaje que tiene la certeza de que la democracia mexicana es tonta ha sido blanco de innumerables críticas.

Los dirigentes del SNTE le han sonado duro por sus declaraciones en torno a hipotéticos avances en la negociación contractual, mientras que sectores del PRI en la Cámara de Diputados han cuestionado las formas en la adquisición de equipo de cómputo para profesores.

Es claro que la presión mediática del SNTE forma parte de una estrategia para ablandar a las autoridades federales y lograr que por fin se pague la firma estampada por Rafael Ochoa Guzmán en el documento de la ACE.

Y Lujambio ha estado cayendo redondito.

Primero, anunció la liberación de recursos para la operación del programa de estímulos a la calidad docente; ahora, ha trastabillado al toparse con una piedra fiscal cuando intempestivamente salió de compras, para obtener las 300 mil laptops comprometidas con el SNTE para los maestros.

En el apartado de modernización de los centros escolares, su antecesora Josefina Vázquez Mota se había comprometido a equipar con computadoras a los maestros que lograran su certificación de competencias digitales, a partir del mismo 2008.

Al parecer éste y otros compromisos habían sido puestos por las autoridades en el cajón, para lograr a cambio, antes de soltar todas las zanahorias, que el SNTE se comprometiera a involucrar a sus agremiados en los nuevos esquemas de acceso tanto a plazas magisteriales como a puestos de dirección de escuelas, además de participar en los procesos de actualización.

Y el tiempo les ha llegado. De alguna manera se han de cobrar el apoyo al PAN por parte del partido sentista, el Panal.

¿Megacompra sin transparencia?

Algo está fallando en la estrategia oficial, porque todo se hace a toda prisa para lograr un acuerdo satisfactorio con el mayor sindicato de América Latina, y en ese apresuramiento se ha caído en acciones que se prestan a la maledicencia.

El diputado federal priista, Ramiro Hernández, integrante de la comisión de educación de la Cámara de Diputados, ha cuestionado la adquisición de más de un cuarto de millón de computadoras, que serán repartidas entre profesores seleccionados por el SNTE, mediante un mecanismo no considerado en la ley de adquisiciones del sector público.

Con ello, la SEP contribuye a una mayor desconfianza en el manejo de los recursos públicos por parte del gobierno federal.

Según el diputado jalisciense, la megacompra resulta muy sospechosa pues se evade la ley de adquisiciones para hacer una asignación directa, lo que implicaría un interés muy particular de por medio.

¿Qué ha respondido a este respecto la parte aludida?

La SEP ha negado que esté violando la ley de adquisiciones del gobierno federal al tratar de comprar 300 mil computadoras destinadas a igual número de docentes del SNTE, que comanda Elba Esther Gordillo.

Y es que, según su decir, no hay necesidad de licitación puesto que los recursos no son públicos, sino provenientes de un fondo particular de los trabajadores. Por ello, la SEP seleccionará cuatro compañías proveedoras sin lanzar convocatoria para que concursen abiertamente las compañías que se crean con la oferta más conveniente.

“Aunque en todo momento se ha buscado que el proceso de adquisición de 300 mil computadoras sea absolutamente transparente y apegado, en la medida de lo posible, a las prácticas que establece la Ley de Adquisiciones, lo cierto es que la naturaleza de los recursos, que son patrimonio de los trabajadores, no permite que las instancias que la Ley define actúen como si fuera una licitación pública, porque no tienen competencia para ello. La eventual participación del Comité de Adquisiciones de la SEP hubiera, simple y llanamente, violado la Ley”, puntualiza la SEP en un comunicado.

De todas maneras, suena del todo extraño que el SNTE le haya hecho el encarguito a la SEP de ir al mercado a comprar computadoras con dinero de sus agremiados.

A todas luces, ese fondo fue constituido con dinero de los trabajadores y de la dependencia federal y, en ese sentido, los recursos de él provenientes debieran ser tratados como públicos, con todas las consecuencias jurídicas que ello implica.