¿Qué decisión tomará la Cofemer?

Han iniciado las vacaciones en todo el sistema educativo nacional y está en un vilo la determinación sobre los Lineamientos generales para el expendio o distribución de alimentos y bebidas en los establecimientos de consumo escolar de los planteles de educación básica, propuestos por las secretarías de Salud y de Educación Pública como una manera para revertir la grave epidemia de obesidad infantil que nos ha colocado en el primer lugar nacional.

Dichos lineamientos se aplicarían desde el ciclo escolar 2010-2011, que inicia el 23 de agosto próximo. Un mes antes, el 22 de julio, la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) emitió un dictamen preliminar sobre la mencionada propuesta, cuyo contenido en nada se acerca a una determinación definitiva. De hecho, se han puesto en el sitio oficial en internet (www.cofemer.gob.mx) todos y cada uno de los 860 comentarios emitidos hasta esa fecha, la mayoría de ellos (687) provenientes de la sociedad civil, mientras que la industria ha enviado 163 y sólo 10 diversas agencias de gobierno.

Como se recordará, estos lineamientos puestos a consideración de la Cofemer de manera conjunta por las dependencias federales, han despertado un interés inusitado no sólo entre la población y diversos organismos ciudadanos del país y el extranjero, sino también entre las empresas cuyos productos impactan severamente la salud de millones de niños y jóvenes, cuya primera manifestación es la obesidad, lo que representa riesgos muy fuertes, presentes y futuros, y no precisamente en su apariencia.

Entre los objetivos de la urgente medida se destaca la necesidad de promover la preparación y el expendio de alimentos en los establecimientos de consumo escolar de los planteles de educación básica, que contribuyan a lograr una alimentación correcta y ayude a impulsar una cultura de hábitos alimentarios saludables.

Pero la cosa es tranquila. Al menos eso se entiende de lo señalado por la dependencia regulatoria, dependiente de la Secretaría de Economía, para quien no importan que los plazos se estén cumpliendo y falten sólo semanas para que inicie el siguiente ciclo escolar. En el comunicado en que anuncia su dictamen preliminar (cuyo contenido no se halla por ninguna parte), establece:

“El dictamen preliminar de Cofemer no contiene su posicionamiento definitivo respecto a la regulación, puesto que los principales objetivos de este dictamen son obtener mayor información respecto a los impactos regulatorios y solicitar algunas precisiones o aclaraciones a la propia regulación. Una vez que la SEP y la SSA den respuesta al dictamen preliminar, la Cofemer tendrá 5 días hábiles para emitir su posicionamiento definitivo, a través del dictamen final”.

Lo que sí señala son los apartados del dictamen preliminar. Luego de las consideraciones generales, en que comenta los principales aspectos de la regulación, se enfoca a los objetivos regulatorios y su problemática, en que se analiza a profundidad la situación que da origen la regulación propuesta, así como sus antecedentes.

El tercer apartado ya empieza a mostrar cómo la Cofemer busca empatar dos posiciones irreconciliables, la del gobierno federal y la de los diferentes sectores industriales involucrados, y presenta alternativas a la regulación: “En esta sección se describen y comparan algunas opciones de política pública que pueden sustituir o complementar la política pública, así como las mejores prácticas internacionales”.

En los siguientes apartados, el documento incluye estimaciones de los costos y beneficios sociales, un análisis de los comentarios vertidos por agencias gubernamentales, entre ellos, aspectos de competencia y libre concurrencia; así como de la respuesta de la SEP en torno a acciones regulatorias específicas identificadas.

¿Qué transformaciones sufrirá el documento original? Eso lo sabremos, seguramente, en los próximos días. De entrada, habrá que recordar cómo el documento puesto en ventanillas de la Cofemer por parte de la SEP y la SSA llegó podada. Otra pasada de podadora la dejaría prácticamente yerma.

Plan contra obesidad infantil, en riesgo

En Hora Libre, hemos comentado con amplitud y seriedad el grave problema que representa para el país el creciente fenómeno de la obesidad infantil. También, que las medidas acordadas por los sectores salud y educación para atenuar las causas estarían en entredicho, por la presión de las grandes trasnacionales.

En estos momentos, en la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer), donde se analiza la propuesta conjunta de las secretarías de Salud y de Educación Pública para este propósito, las presiones de las refresqueras trasnacionales están de miedo, y se están uniendo en la cruzada las más importantes: PepsiCo y Coca Cola.

Sería una verdadera desgracia que este gobierno federal permitiera que el futuro del país se dirimiera en un debate de intereses comerciales, ajenos totalmente a nuestro destino como nación. Sin embargo, esto es posible.

En comunicado oficial del 2 de julio, la propia SEP habría declarado que “analiza cuidadosamente los comentarios vertidos en la Comisión Federal de Mejora Regulatoria [Cofemer] sobre los Lineamientos Generales para el Expendio o Distribución de Alimentos y Bebidas en las escuelas de educación básica”.

Según el mismo comunicado, la SEP sopesa las posiciones de las personas físicas, empresas, cámaras industriales y asociaciones civiles (167 comentarios hasta el 1 de julio) en torno al documento dado a conocer conjuntamente con la SSA el 10 de junio, porque “es de gran utilidad y ofrece información de extraordinaria riqueza para que la Secretaría de Educación Pública esté en aptitud, junto con la Secretaría de Salud, de tomar las mejores decisiones para enriquecer los lineamientos”.

Es muy difícil que los retruécanos empresariales enriquezcan el documento, cuando a todas luces buscan disminuirlo en sus efectos colaterales.

La batalla de las empresas refresqueras

Las dos empresas refresqueras más poderosas del mundo ya han calificado de improcedente el anteproyecto.

Coca Cola ha expresado lo siguiente: “Manifestamos nuestro desacuerdo con afirmaciones, sin sustento, que directa o indirectamente califican a los refrescos como productos no saludables y por tanto no permitidos, como se señala en los lineamientos. Por ello, no aceptamos ningún trato o calificativo que discrimine y/o estigmatice sin sustento científico válido a los productos de esta industria”.

Y es que para esta empresa, México es el segundo mercado más importante en el mundo, luego de Estados Unidos. Tan sólo en 2009, en plena crisis mundial, reportó ingresos cercanos a los 31 mil millones de dólares. Y es que sacarlos de escuelas no sólo le reportaría una disminución en sus ventas sino la imposibilidad de ganar adeptos para toda la vida.

Por eso ha solicitado a ambas secretarías la aceptación de bebidas con contenidos no calóricos para ser vendidos en escuelas de nivel básico e, incluso, su aval, aunque la reformulación de sus productos no les llevará menos de 2 a 5 años.

PepsiCo, por su parte, tiene más intereses en juego, porque además de sus bebidas edulcoradas es el principal productor y distribuidor de comida chatarra, botanas que ostentan marcas derivadas de sus filiales Sabritas y Gamesa-Quaker.

Y lo que ha expresado abiertamente es que con documentos como el que se encuentra en análisis en el seno de la Cofemer, “las autoridades violan los principios que rigen en materia de mejora regulatoria, por lo que no deben de ser publicados ni producir efectos jurídicos so pena de lastimar el espíritu y la necesidad de procedimientos como éste, así como el orden jurídico nacional y los derechos que éste reconoce y confiere a favor de los gobernados”.

¿Cómo les suenan sus argumentaciones? No se irán por el simple torpedeo mediático, sino que se centrarán en combatirlos por la vía jurídica, argumentando además la importancia que tienen en el rubro de generación de empleos.

Y en el proceso de reformulación de productos, ellos piensan en que hasta el 2015 se podrá poner en escuelas productos que no provoquen una mayor obesidad infantil.

Según cálculos de los industriales, las empresas involucradas tendrían que gastar más de 440 millones de pesos por línea de producto, para financiar rediseño de empaque y reformulación de producto, además de los impactos en las ventas, los cuales impactaría por igual a las empresas productoras y toda la cadena de valor.

La Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas (Anprac) señala, además, que se perderían más de 3 mil empleos remunerados y una disminución del orden de los 262.2 millones de pesos por concepto de remuneraciones al personal ocupado.

¿Alguien podría estar seguro de que los lineamientos propuestos por la SSA y la SEP saldrán incólumes de los escritorios de Cofemer?

Obesidad: La batalla apenas empieza… mal

Si bien se han dejado pasar décadas decisivas, es de reconocer la iniciativa de las secretarías de Salud y de Educación Pública, en acuerdo con las autoridades estatales de ambos ramos, para poner en la mesa de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer), el anteproyecto de lineamientos generales para el expendio y distribución de alimentos y bebidas en los establecimientos de consumo escolar.

Pero apenas ha comenzado la batalla, y los primeros escarceos parecen indicar que la victoria llegará de manera un poco dilatada.

El anteproyecto establecía la prohibición de la venta de refrescos y de productos que superen el mínimo calórico que contienen yogures, leches enteras y azucaradas, alimentos fritos, tamales, gorditas, tacos dorados, flautas, pizzas, molletes y hotcakes.

Pero organismos no gubernamentales han alertado sobre la desaparición de esta lista en el documento entregado finalmente a la Cofemer.

Entre el 26 de mayo en que se dio a conocer el anteproyecto y el 9 de julio en que fue entregado a la comisión regulatoria, desapareció la lista de alimentos que, según las autoridades, no debían traspasar las aduanas escolares.

“En menos de dos semanas, las empresas alimentarias rasuraron los lineamientos básicos de la propuesta”, según Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor.

Y es que ya se había previsto la rabiosa oposición de los cárteles de la obesidad, que dependen del irracional consumo infantil para obtener ganancias exorbitantes, y veremos a partir de agosto la respuesta de los obesomenudistas, para quienes es un asunto de supervivencia, si no le meten creatividad.

Los fabricantes de alimentos y bebidas chatarra han tenido décadas de gracia muy bonancibles. Desde hace 50 años atacan publicitariamente a una enorme población infantil que ha navegado con mucha rapidez hacia nuevos hábitos de consumo alimenticio, lo que se ha visto con especial contundencia en los últimos 20 años.

Según un estudio pedido por diputados federales, la industria de la comida chatarra genera cerca de 20 mil millones de pesos anuales (unos mil 530 millones de dólares) y mantiene imantados a los niños con cerca de 12 mil anuncios por televisión.

Si a estos se agregan anuncios en cines, periódicos, revistas, plazas comerciales y publicidad impresa que se pega hasta en los más humildes estanquillos de las más remotas comunidades, ya podemos imaginar el efecto nocivo en los niños, quienes adoptan ese fúnebre consumo para toda la vida.

En cientos de miles de escuelas, las cooperativas y concesionarios que aprovechan el mercado cautivo de millones de niños, no les ofrecen otra cosa para saciar el apetito o la sed que comida chatarra y bebidas hipercalóricas (se calcula que un refresco de 600 mililitros contiene el equivalente de 16 cucharadas de azúcar), cuando no platillos elaborados con exceso de grasa y harinas.

Ganancias, aunque la población enferme

En su propio anuncio, las medidas propuestas por educación y salud fueron torpedeadas por las trasnacionales que serían afectadas.

Desde enero, las empresas refresqueras y de alimentos procesados habían sido llamadas para elaborar estrategias corresponsables para disminuir los efectos dañinos de los altos contenidos calóricos de sus productos. Pese a los acuerdos, las cosas no parecían marchar al ritmo que exige la situación.

Ambas partes firmaron ese mes el Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria que buscaba la creación de menús equilibrados y abogaba por el uso de edulcorantes no calóricos.

Al parecer, lo que pesó en las autoridades cinco meses después fue constatar que la situación requería acciones inmediatas. Ahora falta ver si éstas, y la propia comisión regulatoria, no doblan la cerviz ante las presiones de las multinacionales.

La primera en levantar la voz ha sido Coca Cola México. Lo que ha sonado extraño es que calificara la política propuesta para normar el consumo en escuelas como “discriminatoria” para sus productos: en efecto, en el documento enviado a Cofemer se establece que las bebidas azucaradas o con edulcorantes artificiales no estarán permitidas, lo que en opinión de Brian Smith, presidente de la trasnacional, “estigmatiza” a sus productos.

Lo cierto es que la empresa había anunciado que dejaría –en un proceso que concluye en 2012– de ofrecer sus productos a las escuelas primarias de todo el mundo.

Otro ramo que se ha sentido afectado por esta medida aún no ha aprobada, es el de envases y embalajes, cuyos productores verán mermados sus pedidos de empaques de plástico, papel y aluminio, utilizados por los fabricantes de alimentos chatarra.

Lo que es cierto es que, independientemente de lo que determine la Cofemer, profesores y padres de familia deberán trabajar unidos para llevar a cabo medidas que impidan mayor daño a la salud de los estudiantes mexicanos.

La dieta de la discordia

Para un mercado cautivo de 25 millones de niños, obligados a consumir lo que las cooperativas escolares y negocios concesionados brindan durante cinco días a la semana, las autoridades han marcado una dieta rigurosa:

Sólo palomitas, papas horneadas, pistaches, habas y garbanzos secos, entre otros, y para tomar, agua potable y jugos en pequeñas proporciones.

Según el titular de la SEP, Alonso Lujambio, en el mercado hay productos de 100 gramos que pueden proporcionar hasta 600 calorías a un niño que sólo necesita 200.

¿Se imagina qué estarán pensando los directivos de las refresqueras, los fabricantes de frituras y los procesadores de jugos, leches y yogures?

El anteproyecto de lineamientos generales para el expendio y distribución de alimentos y bebidas en los establecimientos de consumo escolar establece la prohibición a la venta de refrescos, productos que superen el mínimo calórico que requieren productos como yogures, leches enteras y azucaradas, alimentos fritos, tamales, gorditas, tacos dorados, flautas, pizzas, molletes y hotcakes.

Antes del inicio del próximo ciclo escolar, cada una de las escuelas deberá definir una lista exhaustiva de los productos permitidos en los establecimientos comerciales que funcionan dentro de sus instalaciones. Su cumplimiento estará al cargo de los consejos de Participación Social

Aunque se anunció que habrá graves sanciones para quienes vendan comida chatarra, no se especifica a qué tipo de sanciones se refieren.

Estos lineamientos pasarán por un proceso de análisis y aprobación por parte de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER), para luego ser publicados en el Diario Oficial de la Federación.

Su implementación, según los funcionarios federales, será gradual, para dar tiempo a la industria de alimentos de desarrollar innovaciones tecnológicas que les permita cumplir los requerimientos

En Veracruz, el secretario de Educación, Víctor Arredondo, ha convocado ya, a través del Consejo Veracruzano de Ciencia y Tecnología, a estudiantes, egresados, investigadores y pequeños y medianos empresarios, a hacer alianzas para la producción de productos alimenticios que se apeguen a las normas establecidas en el ámbito nacional.

De haber una respuesta de los emprendedores veracruzanos, estas medidas podrían traer un doble efecto positivo: por un lado, en la salud de los niños veracruzanos; por otro, en las posibilidades de generación de empleos.

Y hay que hacerlo pronto porque los empresarios afectados ya han empezado presiones.

Pedro García, vicepresidente de la Comisión de Alimentos de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), ya respingó y dijo que "con actos de autoridad no se cambian los hábitos de consumo de los mexicanos".

Le reprochó a Lujambio que no los hubiera tomado en cuenta, pese a que le habían pedido colaborar. "Sí tenemos que hacer cambios en la industria, pero para eso se necesita tiempo"

Ya veremos cómo se dirime esta batalla.