La inseguridad, ni a la Iglesia perdona

(Foto: AVC)

Por los altoparlantes de la Iglesia de San Isidro, en Campo Viejo, todos los días se escucha el Ave María de Schubert, a las 12:00 horas. Con ello, los creyentes de esta comunidad de Coatepec buscan invocar la paz y que disminuya la violencia. No ha servido de mucho.

Ayer jueves por la tarde llegaron los feligreses para orar en la capilla. El domingo realizarán una procesión desde el fraccionamiento La Mata que concluirá con una misa en Campo Viejo.

El inusual evento religioso es un acto de desagravio: apenas en la madrugada del lunes 17 de febrero entraron a robar a la iglesia y se llevaron la Hostia Consagrada del Sagrario, y quieren pedir perdón “por este acto irreverente y sacrílego”.

En Veracruz, curas, pastores y feligreses de todas las Iglesias han sufrido en carne propia la violencia que se ceba con todos los sectores de la población. Los religiosos han sido víctimas lo mismo de extorsión que de secuestros y levantones, y están documentados varios homicidios. Según el Centro Católico Multimedial, en un informe publicado en diciembre pasado, el número de asesinatos ha crecido en el actual gobierno federal.

Veracruz se encuentra entre los primeros lugares en que se han registrado asesinatos y secuestros de párrocos y pastores, además de diversos casos de extorsión para el pago de cuotas al crimen organizado.

A finales de 2013, los obispos de Veracruz, Xalapa, Papantla, Orizaba, Córdoba, San Andrés Tuxtla, Coatzacoalcos y Tuxpan expresaron en un mensaje navideño conjunto su preocupación por la existencia de bandas del narcotráfico cada vez más poderosas y un aumento de los secuestros y levantones en diversas regiones de Veracruz.

Pocos días antes, el 29 de noviembre, en Ixhuatlán de Madero, fueron hallados muertos en la sacristía de la parroquia dos sacerdotes; el entonces procurador Felipe Amadeo Flores Espinoza acudió con el titular de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez, al municipio norteño y, tras una eficaz investigación ministerial, pudieron detener a los asesinos.

En septiembre, en Ciudad Isla, un sacerdote fue atacado y herido a machetazos, mientras que en Coatzacoalcos fueron muy sonados los casos de dos pastores protestantes, uno de los cuales fue asesinado, según denunció Guillermo Trujillo, presidente de la Red Evangélica de la entidad.

Los días 16 y 17 de febrero, en el Puerto de Veracruz, la diócesis convocó a sendas misas por la paz.

En el municipio de Martínez de la Torre, en la congregación María de la Torre, pudo ser rescatado el párroco Juan Cornelio, gracias a una rápida movilización policiaca que obligó a sus secuestradores a liberarlo en la carretera rumbo a El Chote.

Veracruz, entre los estados más peligrosos

No es necesario dar más ejemplos sobre el riesgo que sufren los curas y pastores, similar al que sufre la población en general. Lo cierto es que Veracruz se encuentra en el segundo lugar con mayor número de crímenes contra la Iglesia católica, con tres curas asesinados, mismo número que el registrado en Baja California, y solo por detrás del Distrito Federal, donde se han documentado siete homicidios.

Si a esos tres representantes católicos sumamos el caso del pastor evangélico asesinado en Coatzacoalcos en medio de una dura polémica, podremos imaginarnos el clima de violencia que sufren los autodenominados hombres de Dios.

Según el estudio “Creciente agresión contra sacerdotes en México”, de Gustavo Antonio Rangel, la escala de violencia ha ido creciendo. Sus indagaciones apuntan a que durante el sexenio de Ernesto Zedillo fueron asesinados 3 curas; con Vicente Fox, 4, y con Felipe Calderón, 12. Señala, además, que en 2010 más de mil sacerdotes fueron víctimas de extorsión y cerca de 162 párrocos fueron amenazados de muerte.

Todo ello provocó que, en diciembre pasado, el Vaticano expresara un extrañamiento al gobierno mexicano por la violencia contra curas en los estados de Tamaulipas, Veracruz y Michoacán.

El gobierno de Peña Nieto, preocupante

El Centro Católico Multimedial ha preparado un recuento de los agentes pastorales, sacerdotes, religiosos y laicos que han perdido la vida en México, “tan solo por cumplir su compromiso de anunciar valientemente los valores del Evangelio”.

Señala que en los últimos 23 años han sido perpetrados 36 atentados contra miembros de la Iglesia católica mexicana, de los cuales 34 terminaron en homicidio y dos corresponden a sacerdotes desaparecidos. “La lista de los Agentes Pastorales que pagaron con su vida de 1999 a 2013, la encabeza 1 cardenal, 25 sacerdotes, 2 religiosos, 1 Diácono”. Además, cuatro laicos y una periodista católica.

Tan solo en 2013, señala en su reporte, han sido asesinados tres sacerdotes; dos presbíteros se encuentran en calidad de desaparecidos, y se logró rescatar a tres sacerdotes.

Observan con preocupación que en el primer año del gobierno de Enrique Peña Nieto los atentados contra sacerdotes se incrementaron en 67 por ciento, comparado con el primer año del sexenio de Felipe Calderón, que cerró con un alza del 320 por ciento. “De seguir así, se prevé un sexenio aciago para el sector religioso”, señala el documento.           

Los registros del primer año peñista apuntan al asesinato de cuatro sacerdotes y la desaparición de otros dos.

Es tan grave el asunto que, por sexto año consecutivo, México es primer lugar en crímenes de odio contra sacerdotes, religiosos y laicos en América Latina. En cuanto a la extorsión contra religiosos, señala que creció 39 por ciento respecto a 2010, lo que coloca a nuestro país como el más peligroso en el continente. Y es que de mil 53 reportes de intento de extorsión en 2010 contra agentes de pastoral, obispos y sacerdotes, en 2013 se registraban mil 465 hasta el 15 de diciembre.

Añade que los intentos de extorsión han proliferado en estados con mayor inseguridad como Colima, Michoacán, Durango, Tamaulipas, Veracruz, Baja California, Guerrero, Tabasco, DF y Estado de México.

Así las cosas, el Ave María de Schubert puede replicarse en todas las iglesias veracruzanas, y que los creyentes oren por lograr la paz en México.

El costo presupuestal lo pagarán los estados

Si quedaban dudas sobre la precariedad financiera que sufrirán los estados del país en 2014, bastará observar lo que le costará al gobierno de Enrique Peña Nieto el apoyo incondicional que recibió del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Congreso para aprobar por inmensa mayoría el paquete fiscal (mal llamado reforma hacendaria) y el presupuesto de egresos.

                Porque el PRD no ofrendó la cauda de sus votos y la defensa a ultranza del proyecto peñista a cambio de nada. Su posición deliberadamente pro peñista y su defensa de los beneficios sociales que ofrece una propuesta fiscal y de gasto que los propios empresarios han criticado por evadir la responsabilidad del crecimiento económico y afectar a los factores de la producción, no solo lo fortalece en el ámbito del Pacto por México, también deja sin efecto una verdadera oposición en el Poder Legislativo, abandonando a su suerte al Partido Acción Nacional (PAN) que apenas ha podido vanagloriarse de tirar el IVA en colegiaturas.

                ¿Cuál será el costo para el gobierno federal y cómo se dará la consecuente merma en los recursos destinados a los gobiernos estatales, la mayoría de ellos priistas? La respuesta está en el denominado Fondo de Capitalidad, recién creado, que fortalece como nunca las finanzas del gobierno del Distrito Federal, territorio que nuevamente se convierte en el más ganancioso de la república.

                En efecto, los perredistas ven con satisfacción que su entrega a los brazos del poder les permitirá consolidarse en su más fuerte bastión político, el DF, con recursos de un fondo, el de Capitalidad (creado “para compensar los desequilibrios que se tienen como capital del país”), que en el próximo año oscilarán entre los 7 mil y los 9 mil 500 millones de pesos, los que se sumarán a cerca de 700 millones del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) que, por primera vez, incluye a la capital del país.

                Por supuesto, los perredistas han puesto en el tintero político la tendencia de izquierda en la Ley de Ingresos que, en efecto, incorpora gravar las ganancias obtenidas en la Bolsa Mexicana de Valores y una tasa progresiva del impuesto sobre la renta (ISR) para que paguen más impuestos quienes ganen más dinero, además de imponer impuestos a los alimentos chatarra.

                Los crecientes recursos de que dispone el gobierno de la ciudad de México más los del Fondo de Capitalidad y del FAIS no saldrán de alguna chistera; tendrán que tomarse de toda la canasta, lo que significa un sacrificio del resto del país, que ya es histórico, y que significará menores posibilidades de desarrollo, sobre todo si como este año la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) decide mantenerlos en el cajón y no invertirlos en los grandes proyectos que necesita un país que se colapsa en muchas de sus regiones, señaladamente las del sur y sureste.

                La caída dramática de la inversión pública este año ha sido uno de los más importantes factores para la contención del desarrollo, al grado de ser considerado como uno de los puntos que explican el haber llegado a la recesión en el mes de septiembre.

¿BENEFICIA A VERACRUZ UNA PRESIDENCIA PRIISTA?

Hace ya muchos años que Veracruz es perjudicado por los sucesivos gobiernos federales, mediante el bloqueo en el flujo de capital público orientado a obras y acciones. La rencilla entre Felipe Calderón Hinojosa y Fidel Herrera Beltrán, entonces presidente panista y gobernador del PRI, llevó al casi absoluto cierre del flujo de recursos federales orientados a obras de gran calado en materia de infraestructura de comunicaciones, proyectos productivos e, incluso, atención a los desastres naturales.

                La fama del cuenqueño de usar todo tipo de recursos en beneficio de su bolsillo y de la promoción del PRI, aunado al constante choque con el presidente panista, llevaron a los veracruzanos a la situación de rascarse con sus propias uñas porque mientras en el gobierno estatal se llevaban buena parte de los recursos públicos para satisfacer ambiciones personales y políticas, en el federal se bloqueaba la mayoría de los flujos financieros hacia Veracruz para evitar que se alimentara la ambición desmedida del gobernador priista.

                En los pasados comicios locales, el PRI insistió entre los votantes sobre la ventaja de elegir a alcaldes y diputados locales de ese partido con el sambenito que de esa manera se cerraría la pinza y le iría bien a sus comunidades. Pese a que la realidad no era benévola con esa tesis, se señalaba que ya había Presidente de la República y Gobernador priistas y que con un alcalde de ese partido las cosas marcharían de maravilla. Y muchos se la creyeron.

                La realidad es que no podemos tener un Presidente más alejado de Veracruz que Enrique Peña Nieto, incluso más que Felipe Calderón, y que muy difícilmente el Gobierno de Veracruz, con la grave deuda que heredó y no ha logrado superar, al menos en sus efectos más perniciosos, podrá atender las necesidades de los ayuntamientos, incluso aquellos gobernados por el PRI.

La batalla por atraer recursos para obras prioritarios en los ámbitos locales entre los 212 ayuntamientos veracruzanos será igual e, incluso, menos intensa que la que protagonizarán los estados del país por lograr que al menos las obritas comprometidas por el hoy mandatario durante su campaña sean cumplidas lo más pronto posible. 

SEP: Un cartucho quemado para una carabina descompuesta

Mientras Alonso Lujambio pasa con premura de la cama de un hospital a la candidatura al Senado por el PAN por la vía plurinominal, en un pago de marcha por los servicios prestados y un blindaje vía fuero constitucional por su desaseado manejo de los recursos públicos, cuyas aristas son el derroche en la conmemoración de los centenarios y las transferencias multimillonarias al SNTE, ha llegado a la Secretaría de Educación Pública un verdadero cartucho quemado: José Ángel Córdova Villalobos.

El exsecretario de Salud que hizo famoso al país y a los mexicanos en todo el orbe y puntos circunvecinos por la famosa epidemia del cólera AH1N1, en septiembre renunció a la dependencia federal para irse a hacer pinitos político-electorales a su natal Guanajuato, donde quería convertirse en candidato del PAN y ser el cuarto gobernador blanquiazul al hilo. No lo logró. Ni el enorme apoyo calderonista logró que venciera a Miguel Márquez Márquez, quien con el 53% le ganó la consulta interna gracias al respaldo del todavía gobernador guanajuatense Juan Manuel Oliva Ramírez.

Todavía se recuerda cómo, a partir de esta derrota, Córdova Villalobos generó un terremoto político cuando se le vinculaba a una posible candidatura bajo los colores del PRI, que le hizo recibir cientos de llamadas desde Los Pinos y desde la dirigencia nacional del PAN. Ya hemos visto en qué ha acabado todo.

La SEP, decimos, es una escopeta descompuesta.

Sin proyecto nacionalista, agobiada por los vaivenes de la corrupción, claudicante frente a una malograda reforma educativa, desatendida por un secretario que en los últimos meses pasó más tiempo en hospitales que en su oficina, señalada por organismos internacionales de ser, junto con el SNTE, la causante de la debacle formativa de los mexicanos, ¿qué podemos esperar de la gestión del oriundo de León?

Prácticamente, nada. Que el funcionario tenga un salario para resarcir los daños infligidos a sus cuentas bancarias con su aventura electoral, pase en buenas condiciones su amarga experiencia política y se le quite de la cabeza ondear una bandera distinta de aquella que pinta tan claramente su ideología ultraconservadora.

¿Y la educación? Bien, gracias. ¿A quién puede interesarle estando tan cercana la elección?

El PAN se ha quedado solo

Conforme se acerca el inicio de la batalla por la obtención de votos en los comicios federales de 2012, las alianzas políticas se han fraguado; con ello, se han concretado acuerdos y las corrientes han tomado sus respectivos cauces. En medio de todo ese fragor de complicidades y afinidades políticas, ¡oh, calamidad!, el Partido Acción Nacional se ha quedado solo y se ve difícil que refrende su lugar en Los Pinos, luego de 12 años en el poder, sobre todo porque el presidente Felipe Calderón sigue apostando por Ernesto Cordero, cuyos momios están más salados que el calcetín de un pescador en altamar.

La semana pasada, la izquierda dio el primer paso para lograr que Andrés Manuel López Obrador alcance lo que hace seis años estuvo a punto de lograr pero que se le escamoteó por diversas vías, desde la campaña negra que lo ubicó como un peligro para el país hasta que no fue capaz de echar atrás múltiples operaciones para hacerlo sucumbir en la intimidad de las casillas electorales.

Apenas la semana pasada, luego de que la consulta armada por el colectivo de izquierda para dirimir la candidatura presidencial entre Marcelo Ebrard y AMLO ubicó a este último como el más fuerte postulante y Ebrard aceptó los resultados para evitar divisionismos, las fuerzas de izquierda encarriladas en el Movimiento de Renovación Nacional formalizaron el acuerdo de coalición con las siglas del Partido de la Revolución Democrática, el Partido del Trabajo y el Movimiento Ciudadano.

La gran coalición Movimiento Progresista incluye, por supuesto, organizaciones sociales, redes ciudadanas, organismos comunitarios, agrupaciones civiles y de profesionistas, además de personalidades de las artes, la cultura y el sector empresarial, que ven en AMLO una gran solidez moral, necesaria para acabar con la galopante corrupción que campea en el país. Es posible que Marcelo Ebrard se sume como coordinador de campaña.

Frente a esta corriente de izquierda con candidato, la que encabeza el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha generado su propia dinámica para la coalición electoral y, aunque por artimañas que tienen que ver con el uso de los medios de comunicación y demás espacios públicos, ya prohibidos a AMLO, no ha puesto el nombre del que ya se sabe quién será, es decir, Enrique Peña Nieto, lo cierto es que junto al PRI ya se han subido al tren el Partido Nueva Alianza (Panal), propiedad de Elba Esther Gordillo Morales, y el Partido Verde Ecologista (PVEM).

El jueves pasado, Luis Castro (PVEM), el señor de las deudas Humberto Moreira (PRI) y Arturo Escobar (Panal) formalizaron la coalición Compromiso por México, para enfrentar en unidad la contienda presidencial de 2012. Esta alianza, beneficiada por el exgobernador mexiquense con las mayores preferencias en encuestas electorales, de las que no ha bajado mayor ápice, prácticamente se pavonea de tener el triunfo asegurado en 2012, lo que les ha llevado a decir que esta alianza será oposición solo por 10 meses pues prácticamente tienen asegurado su ingreso a Palacio Nacional.

El llanero solitario en problemas

Frente al optimismo de los verdes y la esperanza que generan los amarillos, los blanquiazules parecen cada vez más desfigurados. No le ha ido bien a los panistas. En primer lugar, las medidas autoritarias para imponer candidaturas a diputados y senadores en todo el país, lo que hubiera fortalecido la opción de Ernesto Cordero, fueron echadas abajo por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Por otra parte, la muerte de su principal operador político, José Francisco Blake Mora, exsecretario de Gobernación, en un accidente cuyas causas han quedado dispersas en el imaginario colectivo como las propias piezas de la aeronave en que viajaba el 11 de noviembre, dejaron muchas dudas en el país sobre la solvencia de la Presidencia de la República para mantener no la paz sino el equilibrio político en medio de la guerra. Por último, la derrota sufrida por la hermana del Presidente en Michoacán profundizó la caída del partido gobernante y, por si fuera poco, su antigua aliada, la dirigente magisterial Elba Esther Gordillo, ha alquilado su partido a Enrique peña Nieto.

Solo y sin definición sobre quién puede sacar la elección, entrampado en el capricho del Presidente, el PAN irá débil y solo a los comicios del año próximo. Así las cosas.

La muerte ronda a Calderón

Es posible que nunca sepamos las causas reales por las que el fatídico viernes 11 se desplomó el helicóptero en que viajaba de la Ciudad de México a Cuernavaca el secretario de Gobernación, José Francisco Blake Mora, causando la muerte de quien ocupó la misma dependencia que Juan Camilo Mouriño Terrazo, también fallecido en el mes de noviembre, pero el día 4, cuando se desplomó en el DF el avión en que regresaba de una gira por San Luis Potosí, en 2008, sin haber cumplido 10 meses en el cargo, luego de sustituir a Francisco Ramírez Acuña.

Blake tuvo la misma suerte que el político campechano, quien hoy se hubiera perfilado como el candidato presidencial panista en lugar de Josefina Vázquez Mota; sin embargo, a diferencia de él, el tijuanense logró estar al frente de la Segob seis meses más.

                

Que las aeronaves del gobierno federal estén tan averiadas que puedan ser recurrentes los accidentes aéreos, da en qué pensar. Independientemente de la opinión que merezcan los funcionarios federales, incluidos el presidente Felipe Calderón, es una desgracia que los mexicanos sintamos la zozobra de que en cualquier momento los desperfectos en esos aparatos puedan poner en riesgo a quienes en ellos viajan, sobre todo cuando se ha informado que el helicóptero caído lo usaría el Presidente de la República.

                

¿Qué está pasando con el mantenimiento de la flota de las fuerzas armadas? Algo deberá explicar el gobierno federal.

Porque no solo han fallecido dos secretarios de Gobernación y sus colaboradores cercanos, lo que de suyo constituye una desgracia para el país y, sobre todo, para sus familias. En el ambiente, estos accidentes frecuentes en que pierden la vida cuadros de primera línea de un Presidente que no ha sido muy favorecido por contar con un equipo grande de colaboradores del cual echar mano, lo que genera es rumores, versiones hasta descabelladas, una de las cuales identifica en todos los casos la mano del crimen organizado.

              

Raúl Benítez Manaut, investigador del Centro de Estudios para América del Norte de la UNAM, según lo publicado en Excélsior, dijo algo que no tiene desperdicio: “El gobierno tendrá que dar un informe técnico muy bien hecho y preciso, con credibilidad, y si fue un atentado, tendría que reconocerlo para evitar rumores”. El accidente “genera una gran incertidumbre política porque genera dudas sobre la capacidad del presidente para dar seguridad a sus funcionarios, genera dudas de una capacidad operativa de algún cártel del narcotráfico que pudiera ser responsable”.

Duda que algo queda

Lo más posible es que el peritaje de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ahora al mando del joven Dionisio Pérez-Jácome Friscione, a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil, señale como causa del accidente la poca visibilidad que había en el Estado de México y que, por supuesto, fue provocado por una falla humana, no del piloto sino de quienes autorizaron la salida de la aeronave pese a supuestamente tener conocimiento de malas condiciones climáticas.

                

Y es que las condiciones meteorológicas siempre son un factor que se considera antes de emprender un vuelo. La duda estriba en que la aeronave se desplomó, no chocó contra algún cerro, como ocurrió el 21 de septiembre de 2005, cuando murió en un percance aéreo el secretario de Seguridad Pública de Vicente Fox Quesada, Ramón Martín Huerta, al estrellarse el helicóptero en que viajaba contra la parte superior del cerro conocido como La Cima, en el estado de México.

El propio presidente Felipe Calderón consideró horas después del desplome del helicóptero del Estado Mayor Presidencial, sin esperar la versión de los expertos, que la nubosidad pudo ser la causa, porque los pilotos de la Fuerza Aérea Mexicana tenían probada experiencia, lo que fue corroborado por la Secretaría de la Defensa Nacional.

Lo extraño del asunto es que personal del servicio meteorológico nacional, en especial Javier Albarrán, había declarado a W Radio, pasadas las 12:00 horas, que las condiciones eran propicias para el vuelo (no había nubosidad y las ráfagas de viento eran sumamente débiles en la zona). Pese a contar con esa información, el presidente Calderón dijo dos horas después que la nubosidad habría provocado el accidente.

                

Para nadie es un secreto que, en casi todos los casos, los funcionarios que han fallecido en accidentes aéreos han estado ligados a acciones relacionadas con el combate al crimen organizado. Tan ha causado conmoción el hecho de que el principal impulsor de los operativos conjuntos como el que se aplica en nuestra entidad haya fallecido en similares circunstancias que uno de sus antecesores, que la Bolsa Mexicana de Valores mostró un ajuste al conocerse la desgracia, aunque después volvió a su tendencia alcista.

Juan Marcos Gutiérrez, subsecretario de Gobierno, quedó a cargo de la dependencia. Luego de los días de luto, Felipe Calderón deberá nombrar a su quinto inquilino del Palacio de Cobián en la calle de Bucareli, luego que dos han fallecido en trágicos accidentes. Y lo deberá hacer con mucha calma, primero, porque cualquiera lo pensaría dos veces para aceptar el cargo, y segundo, porque el país necesita a un experto en dos materias: seguridad pública y procesos electorales.

Una estela de desgracias

A la muerte de su cuarto secretario de Gobernación, el gabinete parece estar marcado por la desgracia. A las más de 40 mil personas fallecidas en la guerra emprendida contra el crimen organizado, cuya cifra crece con desmesura con el paso de los días, no solo de delincuentes sino también de ciudadanos pacíficos, Felipe Calderón enfrenta la gravedad de su secretario de Educación Pública y exaspirante a la candidatura presidencial panista, Alonso Lujambio.

En su tránsito por tres hospitales, donde ha estado internado, el mismo viernes la Presidencia de la República tuvo que reconocer que el titular de la SEP padece cáncer de médula ósea, lo que ha agravado un cuadro de insuficiencia renal.

Habría que ver si, además de Gobernación, Calderón no deberá nombrar a un nuevo secretario de Educación, habida cuenta de que Lujambio lleva varias semanas sin operar esa importante dependencia y no se ve que pronto pueda regresar a sus oficinas.

Para colmo, su hermana Cocoa habría perdido las elecciones en Michoacán, con lo que Felipe Calderón podría considerarse como el sepulturero del Partido Acción Nacional.

Desprecio por la educación

Con justa razón, las universidades públicas se encuentran molestas con el gobierno federal. Los dos presidentes panistas han puesto coto al crecimiento de las principales instituciones formativas de generaciones de mexicanos, acaso porque en sus gestiones hace ya mucho tiempo que no emplean a egresados de ellas en los principales puestos públicos, copados por egresados del ITAM y posgraduados en el extranjero.

Los rectores de las universidades nacional y estatales, como el propio Raúl Arias Lovillo, de la UV, quien ha mantenido su línea crítica respecto a la asfixia económica a que el gobierno federal las está sometiendo, se han pronunciado en muy diversos foros alertando sobre las consecuencias negativas de esta política presupuestal.

Para 2012, si los congresistas no recomponen el Presupuesto de Egresos presentado por el ahora precandidato panista a la Presidencia, Ernesto Cordero, la situación no solo será grave sino que obligará a las universidades públicas a cancelar proyectos, despedir personal o, incluso, cancelar carreras.

Según la propuesta, la mayor atención se dará a la educación media superior, que experimentaría un incremento presupuestal del 7.7 por ciento.

Sin embargo, no prevé que los egresados de ese nivel buscarán su ingreso a la educación universitaria, a la que por el contrario se le disminuiría en 1.9% los ya de por sí insuficientes recursos con que se le dotó en 2011. Es decir, mil 500 millones de pesos menos.

Por añadidura, a la educación técnica se le recortarían más de 9 mil millones de pesos.

Como una confirmación de cómo se maneja la formación del capital humano que demanda el desarrollo de México, el área de posgrado puede sufrir un grave recorte de 7.5 puntos porcentuales, que agravaría aún más la carencia de especialistas no solo para impulsar la ciencia básica sino también la investigación aplicada y la innovación tecnológica.

Y no solo la superior siente la amenaza del desdén presupuestal federal. La educación básica experimentaría un crecimiento más bien conservador, pues solo se prevé un crecimiento de 1.5%, apenas 4 mil 657 millones de pesos, según un estudio del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP).

En términos generales, el abusivo presupuesto presentado por Felipe Calderón, de 3.5 billones de pesos para 2012, apenas contempla un incremento de 0.3 por ciento al gasto en el sector educativo.

Más represión, menos educación

Desde que emprendió el combate al crimen organizado, el gobierno de Felipe Calderón ha disminuido drásticamente el gasto social y de inversión pública para, en contrapartida, incrementar de manera sustancial el gasto en seguridad. El gobierno federal propone para 2012 un presupuesto al gabinete de seguridad de 155 mil millones de pesos, el más alto en la historia.

Especialistas y analistas han insistido en que la guerra contra las bandas criminales no se podrá ganar solo con mayores recursos a las fuerzas policiacas y militares. En los últimos cinco años se ha destinado la mayor cantidad de dinero público al tema y, sin embargo, lo que hemos visto como sociedad es que los resultados son los más cuestionables. Hoy estamos más inseguros que nunca.

Redes sociales, ¿jugar con fuego?

Las redes sociales han jugado un papel determinante en la comunicación alternativa. Todo ciudadano puede, si se lo propone, emular el trabajo que, con la lentitud de los medios de comunicación tradicionales, realizamos los periodistas.

Gracias a la comunicación horizontal masiva que permiten las nuevas tecnologías, movimientos sociales en todo el mundo se han alimentado y han crecido hasta el punto de tirar gobiernos dictatoriales o, incluso, algunos electos democráticamente que no cumplen su misión.

Ha pasado a la historia la opacidad gubernamental en manejo informativo. No hay vacíos de información. Si alguien falla u omite, otros se aprestan a llenarlos con datos y versiones de toda índole; el cotilleo y el rumor que antes circulaban de boca a boca, se han convertido en el insumo informativo que se esparce en internet a ritmos demoniacos, cuando desde el gobierno no se ofrece una versión oportuna y convincente sobre hechos que afectan a la población.

La sicosis generada en Veracruz el jueves pasado a partir de versiones distorsionadas y malintencionadas fue efecto de mensajes enviados a través de Twitter y Facebook, que luego fueron comunicados por teléfono y personalmente.

Todo un pueblo temeroso por la magnificación de versiones aterradoras, como la de que se realizarían atentados contra planteles educativos, salió a las calles, generó nudos viales, colapsó la comunicación por telefonía móvil, fue pasto seco en que la chispa de la información malintencionada prendió fuego.

Pero las redes sociales no tienen la culpa, siguen constituyendo un medio en tiempo real que permite innumerables beneficios; los malos son quienes se amparan en el anonimato para generar el terror.

Por desgracia, este experimento que ha derivado en la aprehensión de dos individuos, ha probado a criminales lo que se puede hacer para copar al enemigo. Si en Michoacán y Nuevo León se secuestra e incendia unidades de transporte para obstaculizar la movilización policíaca, en Veracruz se ha movido con el terror a la gente para que bloquee calles y avenidas.

Información y contrainformación

Por fortuna no hubo graves daños que lamentar, más allá de la incertidumbre, el miedo y, si se quiere, ausencias laborales inesperadas y suspensión de clases.

La lección dejada también puede servirle al gobierno estatal y federal. Un aspecto es que no informar oportunamente, en tiempo real, de lo que ocurre en materia del combate al crimen organizado resulta más negativo, porque los testigos lo harán sin el cuidado de una información oficial.

El discurso del ‘no pasa nada’, ‘todo está tranquilo’, ‘lo tenemos bajo control’ ya no se lo tragan ni los niños y jóvenes que ayer se vieron en las calles, celular en mano, porque muchos directores decidieron mandarlos a casa, pese a que estarían más seguro dentro de los planteles.

En grandes empresas y gobiernos desarrollados, la figura del ‘social manager’ ha cobrado una fuerza inusitada: es quien dialoga a través de las redes sociales sobre ofertas y discursos institucionales y es capaz de detectar situaciones anómalas que afectan la imagen de la organización para reaccionar de inmediato.

No lo hay en la estructura del gobierno de Veracruz. Es cierto que la Secretaría de Seguridad Pública cuenta con un área de policía cibernética, pero no se trata de perseguir y penalizar a los usuarios de redes sociales, a no ser que se pruebe dolo o intención delictiva, sino de contrarrestar los efectos de los falsos rumores mediante información precisa, oportuna y verificable. Decir lo contrario descalifica a la fuente informativa y sucede como en el cuento “Ahí viene el lobo”.

Ya hemos visto la infraestructura de comunicaciones de que se vale el crimen organizado: miles de ‘camellos’ trabajan para ellos, y la ola de violencia que aqueja al país (el mismo día atentaron con el Casino Royale en Monterrey con cifras aterradoras de muertos) se recrudecerá conforme vaya languideciendo el periodo sexenal de Felipe Calderón.

Los llamados a la participación ciudadana contra el crimen organizado tendrán efecto con una ciudadanía informada y responsable, y esa es parte de la labor comunicacional de las instancias de gobierno, muchas de las cuales usan las redes sociales solo para promover su imagen pública y sumar seguidores.

La información, como vemos, es otro campo de batalla… y es muy importante.

¡Ah, que la política!

Más de cinco meses después de que hubiera cambio de mando en Veracruz, con la entrada del gobernador Javier Duarte de Ochoa, se dignó venir a visitar a los veracruzanos el presidente Felipe Calderón Hinojosa.

Michoacano como es, seguidor del equipo Monarcas propiedad de Ricardo Salinas Pliego (TV Azteca), uno de sus apuntaladores mediáticos junto con Emilio Azcárraga Jean (Televisa), a Calderón le ha quedado el resabio de su pleito ranchero con Fidel Herrera Beltrán.

Cualquier veracruzano diría: ¿Y a mí por qué me involucra el Presidente en sus fobias político-electorales? Y tendría razón. Demasiado daño ha causado el diferendo prolongado entre el michoacano y el cuenqueño, aunque el primero debe estar enterado de que éste ya se fue, a Dios gracias.

Para muchos afectados por el huracán Karl, uno de los peores episodios de pérdida y desastre por fenómenos naturales vividos en el país, ese pleito sirvió para que el gobierno federal panista pusiera coto a la ayuda que tanto necesitaban (y necesitan) los jarochos.

A ocho meses de esos acontecimientos, todavía hay políticos veracruzanos de sangre azul y blanco que siguen justificando la omisión de ayuda del gobierno federal. ¡Malnacidos!

Si el gobierno local –el que se fue, que ya debía mucho, y el que está, que debe asumir las deudas heredadas– no ha aportado lo que le corresponde por el Fondem, ¿por qué el gobierno federal no ha emprendido unilateralmente acciones que permitieran aliviar la desgracia de nuestros paisanos y, de paso, llevarse los aplausos electorales que, al parecer, es lo único que le interesa?

En los meses anteriores (marzo y abril), muchos veracruzanos seguramente pensaron en lo que yo pensé cuando tuve que cumplir con el Sistema de Administración Tributaria: ¿por qué he de sostener con mis impuestos a un gobierno federal que nos da la espalda? ¿En qué mente perversa del gobierno federal ha quedado como letra muerta justamente el federalismo que lo justifica?

Pues, bien, el miércoles pasado se hizo el aparecido don Felipe por tierras veracruzanas. ¿El tema? Inaugurar dos plantas industriales: la primera, en Boca del Río: un anexo de la empresa Tenaris Tamsa; la segunda: una planta cogeneradora de energía, a través de bagazo, del ingenio Tres Valles.

Vino acompañado de Bruno Ferrari, su secretario de Economía; José Antonio Meade Kuribreña, de Energía, y Francisco Javier Mayorga Castañeda, de Desarrollo Agropecuario.

Salvo con los empresarios y obreros de ambas plantas, el michoacano no tuvo contacto con los mexicanos de acá, y fue prácticamente esquivo en su discurso con un anfitrión que, a diferencia de su antecesor, le brindó públicamente el respaldo de los veracruzanos a su gobierno.

Y es que el gobernador Javier Duarte tiene las facultades para expresar a sus visitantes nuestro respaldo, el colectivo, el de los veracruzanos. Mal haría en hacer un referéndum para saber qué opinamos al respecto. Por mí, parafraseándolo, ¡adelante!

Lo desagradable, sin embargo, fue la descortesía de Felipe Calderón. Es más, incluso en su discurso en Tenaris-Tamsa, solo tomó el tema de la ampliación de la planta industrial de Veracruz (y del país) para justificar su obsesión: la guerra contra el crimen organizado.

En lo personal, votaría porque ya no nos volviera a visitar el Presidente. Mucho ahorraríamos en su seguridad, traslado, atenciones, horas-hombre y horas-mujer… si al fin y al cabo de nada nos sirve su visita.

Ni con sal ni con azúcar

Casi como los españoles, que se están expresando contra sus políticos, a quienes ni les ven el polvo cuando son ungidos y se olvidan de sus promesas de beneficio colectivo, yo también expreso mi hartazgo con los políticos de por acá.

Hace poco vino a Xalapa Dolores Padierna, secretaria general del PRD. Apenas llegó a Xalapa debió pedir los periódicos para ver de qué árbol hacer leña. La esposa del “señor de las ligas”, René Bejarano, no tuvo empacho en criticar lo que aparecía en los matutinos: la presentación un día antes del Programa Adelante, hecha por el gobernador Javier Duarte.

Sin conocer a fondo el documento que le da fundamento, Padierna despotricó contra el programa, lo mismo que han hecho líderes panistas, quienes buscan desafinar el programa argumentando que su contenido aprovecha programas federales.

¿Cuándo adoptarán nuestros políticos posturas de colaboración con programas de sus opositores o, al menos, de vigilancia para que sus propósitos se cumplan?

Financiar educación privada, ¿solución?

Lo que no han logrado los empresarios del sector de alimentos, el presidente Felipe Calderón lo ha otorgado como concesión gratuita a los empresarios de la educación, gracias al decreto que permite deducir impuestos por gastos realizados en planteles escolares privados.

Para nadie es un misterio que desde el gobierno del también panista Vicente Fox, las escuelas privadas han hallado campo fértil para reproducirse como plaga por todo el territorio nacional, con propuestas que, en su mayoría, carecen de los estándares mínimos de calidad exigidos para lograr que México supere su lamentable atraso en materia formativa.

En cocheras o edificios inadecuados, con personal académico mal formado y peor pagado, con cuotas arancelarias que superan con mucho el costo del deplorable servicio que otorgan, miles de escuelas ‘patito’ se han asentado hasta en las más pequeñas ciudades del país para hacer el negocio de sus vidas.

Con la medida calderonista, a la que muchos ven el sello electoral, miles de causantes que tienen hijos, cónyuge o padres cursando desde preescolar hasta bachillerato, tendrán el incentivo de pagar en planteles privados porque podrán deducirlos de impuestos, lo que significa ni más ni menos un financiamiento indirecto del gobierno federal a los empresarios educativos, mientras la educación pública atraviesa una de sus más serias crisis y la más escandalosa indiferencia.

Calderón ha defendido esta medida aduciendo que el monto de lo que puede deducirse es equiparable a lo que su gobierno gastaría en educación pública. Menudo argumento.

En efecto, la reforma y adición el artículo 176 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) permitirá a las personas físicas deducir el pago de la educación pre-escolar (14 mil 200 pesos), primaria (12 mil 900), secundaria (19 mil 900), profesional técnico (17 mil 100) y bachillerato (24 mil 500 pesos), en su declaración fiscal del 2011, con retroactividad al primero de enero de 2010.

Según Calderón, con ello se apoyará la economía de las familias y se facilitará la formalización de causantes, tomando en consideración que “es un incentivo muy poderoso para hacerlo".

Los recursos que se deduzcan no llegarán a las arcas federales sino que harán florecer negocios a los que, en contrapartida, el gobierno nacional no está en posibilidades (o en el interés) de evaluar en cuanto a la calidad de la educación que ofrecen.

Buena parte de los planteles privados evaden la vigilancia y certificación de las autoridades educativas estatales, pese a que tampoco cuentan con personal suficiente para hacerlo, tramitando sus registros de validez oficial de estudios (RVOE) en la instancia federal cuando no logran cumplir con los requerimientos locales.

La SEP, con inusitada benevolencia, reparte estos documentos como si otorgara patentes de corso que permiten a los particulares lucrar con los servicios educativos, sin que la dependencia esté en la posibilidad de vigilar que éstos se ofrezcan con los mínimos exigidos.

¿Cuál será el monto que, por esta vía, se transferirá a la educación privada? El propio secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, lo ha calculado entre 11 mil y 13 mil millones de pesos, para beneficiar –según sus cálculos– a 3.5 millones de niños y jóvenes (y adultos, por supuesto).

¿Habilidades digitales para todos?

Tras el oneroso fracaso de Enciclomedia, el programa insignia de modernización educativa impuesto en el sexenio de Vicente Fox, el gobierno de Felipe Calderón ha apostado por un esquema creado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (One Laptop Per Children, OLPC) que, al menos en el presente ciclo, buscará equipar a más de 30 mil escuelas secundarias públicas con una laptop para cada estudiante y para cada maestro.

Con presupuesto inicial de 4 mil 500 millones de pesos, el tema parece sobresaliente. En el guión, permitirá encauzar a decenas de miles de jóvenes en el uso de las tecnologías de información, con apoyo de internet, lo que les abrirá camino hacia la sociedad del conocimiento, del que difícilmente podrán salir según continúen su formación en los niveles de educación media superior y superior.

Aunque ya lleva camino recorrido, este programa denominado Habilidades Digitales para Todos (HDT) tendrá para el presente ciclo escolar sus primeras compras masivas, si bien ya han sido equipadas las poblaciones estudiantil y docente de 9 mil secundarias.

Según las ambiciosas metas del gobierno federal, al final de la administración de Felipe Calderón todos los alumnos y profesores de las 155 mil escuelas secundarias públicas del país gozarán de laptops (cuyo costo por unidad es de unos 100 dólares), aunque habrá que esperar a que tengan acceso a una señal que les permita navegar por la red.

Respaldado por la ONU, este esquema ya ha sido puesto en operación en países como Brasil, China, Perú y Uruguay, y en el caso de México está ligado a un proyecto federal de salud, educación y gobierno que coordina la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que ha autorizado a la SEP el uso de una de sus frecuencias para la transmisión de datos.

Fernando González, responsable como subsecretario de Educación Básica de la SEP del programa HDT, ha dicho ya que la licitación habrá de federalizarse, por lo que los gobiernos estatales serán los que decidan qué empresas proveerán tanto el equipamiento como el servicio de conectividad a internet, evitando con ello cuestionamientos relacionados con beneficiar a unas u otras empresas proveedoras.

En el discurso y en el nombre mismo del programa, los beneficios serán para todos, y es posible que ello suceda al final de la administración calderonista, si no hay en el camino algún tropiezo presupuestal.

El problema, sin embargo, se presentará con los plazos que marcan los manejos políticos, presentes en toda asignación de recursos federales.

Según la electoral manera de gobernar, los recursos públicos se prodigan entre los aliados y se escatiman a los desgraciados, y ya sabemos que en estos tiempos uno de los patitos feos es Veracruz.

El castigo político del gobierno federal a la administración de Fidel Herrera ha tenido múltiples episodios. Además de la morosidad (o negativa) en la entrega de recursos del Fondo Nacional para Desastres Naturales (Fonden) para remediar afectaciones en territorio veracruzano, otro sector menoscabado ha sido el de la educación, como ya hemos comentado en este espacio.

Un año sin financiamiento en programas de modernización tecnológica representa un grave atraso en la implantación de programas, sobre todo cuando se pretende beneficiar a escuelas enclavadas en regiones serranas y dispersas en miles de pequeñas comunidades. Y eso ha ocurrido en el electoral año 2010.

De ahí la airada protesta tanto del gobernador Fidel Herrera como del secretario de Educación en Veracruz, Víctor Arredondo, porque justamente para el programa HDT a los prohombres de la SEP se les olvidó Veracruz y no mandaron un quinto para dar continuidad a programas que ya se habían puesto en marcha en 2009.

En efecto, mientras que en 2009 se destinaron a Veracruz recursos etiquetados a HDT por un monto de 120 millones de pesos, este año se le asignaron cero bolitas. Así nomás… ¡pum!, ¡cuas!, ¡caput!

De manera que hasta que entre en funciones el próximo gobierno estatal se retomarán iniciativas como la de la Red Estatal del Conocimiento, que habría permitido –sin el concurso de empresas privadas– la prestación del servicio de internet a miles de escuelas (y centros de salud y gobiernos locales), sólo a la espera de las famosas laptops para conectarse individualmente, en el caso de las secundarias, o para la instalación de aulas digitales en escuelas primarias o de bachillerato.

Este trato inequitativo para Veracruz por parte de la SEP era explicable, que no justificable, en el periodo previo al proceso electoral local del 4 de julio, donde Felipe Calderón tenía sentadas esperanzas de obtener la gubernatura para su partido en la persona de su amigo Miguel Ángel Yunes Linares, pero a estas alturas merece los más airados epítetos.

Por eso, Arredondo ha pedido la presencia del docto secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio, para que precise las razones de esta explicable omisión presupuestal. El problema es que…

Inédito interés por la educación

Que yo recuerde, en años anteriores no se había dado tanto énfasis al inicio de un ciclo escolar como ahora, al menos en el ámbito federal.

Y tal cosa puede ser buena o mala, o ambas cosas a la vez. Buena, porque se da una especial importancia a la educación, de la que ha carecido en los 10 años de gobierno panista, y mala, porque puede estar pegada con alfileres a una estrategia mediática para contrastar con el tema de la violencia: una estrategia que pone luz en un tema mientras le resta visibilidad al otro.

Es posible que los funcionarios federales por fin se hayan dado cuenta de que el tema de la educación involucra a un tercio de la población del país, con la que está relacionada cerca de otro tercio (los padres de familia, profesores, etc.). Además de su expresión estadística, este hecho reviste una importancia nodal para el desarrollo del país. Nada menos.

En efecto, junto a los 27 millones de niños y jóvenes que regresan a las aulas del nivel básico (primaria y secundaria) y a 1.3 millones de sus profesores, en breve se incorporarán plenamente los estudiantes del nivel de educación media superior y superior, lo que volcará a las aulas a 35 millones de mexicanos, una cifra que sólo obtendrían sumando sus respectivas poblaciones Paraguay, Bolivia, Haití, Honduras, El Salvador y Nicaragua.

De entrada, el presidente Felipe Calderón ha anunciado cinco acciones para la mejora educativa, directas e indirectas: entre las primeras, un programa de fomento a la lectura y un plan para reforzar el conocimiento de matemáticas y aplicar la ciencia en la vida cotidiana.

En cuanto a las indirectas: mil becas de preescolar a universidad, establecer los consejos escolares y regular los expendios escolares con base en el delgado acuerdo que salió de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer), luego de atender las presiones que la industria de alimentos y bebidas ejerció sobre la original propuesta hecha por la SEP y la SSA.

Junto con todo ello, ya veremos en el presente ciclo un mayor gasto federal en programas específicos, particularmente en lo que se refiere al uso de las tecnologías de información y comunicación, en un programa que sustituye la Enciclomedia foxista.

Ya veremos en qué acaba la desaseada producción de los libros de texto gratuito, criticados acremente por investigadores y profesores, por fallas incluso en el aspecto ortográfico, ya no digamos en cuando a la secuencia y calidad de los propios contenidos.

El mito federalista de Calderón

Con sentido patrimonialista y faccioso, el presidente Felipe Calderón ha manejado a placer el presupuesto federal para otorgar premios y castigos a los gobiernos locales.

Nunca como ahora, esa facultad del Ejecutivo federal se ha visto tan marcada por la manipulación política, a capricho de quien ha actuado más como presidente de su partido, el PAN, que como mandatario de una nación plural y diversa como México.

Y 2010 ha sido el año de la desvergüenza.

Con procesos electorales en 14 estados del país (en 12 de los cuales se eligió Gobernador), su estrategia se centró este año en el gasto desmedido en programas sociales en estados y municipios, manejados directamente por las dependencias federales, con auxilio de operadores políticos, frente a un bloqueo hostil del flujo de recursos a gobiernos emanados de partidos distintos al suyo.

Si agregamos que el presupuesto para seguridad se ha incrementado sustanciosamente y se ha reservado a la guerra contra la delincuencia organizada, considerado delito federal, ya podemos imaginar quiénes salen perdiendo: nuevamente, los gobiernos locales, algunos de los cuales (los últimos ejemplos, Durango y Nayarit) han debido enfrentar el avispero provocado por la guerrita, sin presencia de las fuerzas federales.

Calderón está decidido a evitar, a toda costa, entregar en 2012 la presidencia a un personaje que no sea postulado por su partido. A la guerra contra el narcotráfico, ha agregado una tarea más: ganar para el PAN la elección federal dentro de dos años, aún si esto significa romper el ya de por sí desvalido e injusto pacto federal.

Lo demás es lo de menos.

En ese escenario, uno de los sectores más castigados ha sido el de la educación, si consideramos que a la cultura el Presidente le ha tirado migajas presupuestales cuando se ha ligado a proyectos del sector turístico o al derroche torpe destinado a conmemorar el bicentenario de la Independencia y el centenario de la Revolución.

Mientras su gobierno se jacta de haber logrado un incremento importante en el índice de atención a la demanda de educación superior, las estadísticas apuntan más a que ese logro se ha compuesto en buena parte por la creación de más espacios en formación profesional por universidades privadas, cuya cepa ha extendido como hongos la cantidad de planteles aún en los lugares más inhóspitos e insospechados.

Ya sabemos que la cantidad no necesariamente está relacionada con la calidad, y menos en el caso de la educación privada. De ahí que la estadística es poco menos que inservible para saber en qué medida nuestro país está formando al capital humano que requiere para su desarrollo.

No tiene caso hablar de la inversión pública en investigación y desarrollo, que es casi inexistente, sobre todo si consideramos que es menor a medio punto porcentual del Producto Interno Bruto (PIB).

Con esos antecedentes, nunca como ahora se ha hecho indispensable postular un nuevo federalismo, que incluya elementos autonómicos, para justipreciar aportes y beneficios de cado uno de los estados y regiones del país.

Como veracruzano, me opongo que el presidente Felipe Calderón le niegue a Veracruz los recursos que son necesarios para obras y programas que requerimos como ciudadanos, sobre todo si consideramos el enorme flujo fiscal que este estado le representa a las arcas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

¿Qué derecho tiene el gobierno federal para poner sus intereses partidarios por encima del interés colectivo de cerca de ocho millones de mexicanos que vivimos en esta entidad?

La mala educación: calidad educativa, entrampada

Mientras cerca de 146 mil aspirantes se entrampaban en la resolución del Examen Nacional de Conocimientos y Habilidades Docentes, aplicado por la SEP en 314 sedes del territorio nacional, un reportaje publicado por el periódico El Universal tendió un ominoso velo de duda sobre los efectos que este proceso selectivo acordado con el SNTE puede tener en la mejora de la calidad de la educación que se imparte en las escuelas públicas de educación básica.

Sí, el marginado aspirante a la presidencia de la República por el PAN en 2012, Alonso Lujambio, dijo esta misma semana frente a su reticente jefe Felipe Calderón que “los nuevos maestros tienen que demostrar, en un examen, que tienen los méritos para sumarse al magisterio”.

Lo que no dijo es cómo va a enfrentar la negociación con el sindicato para que casi un cuarto de millón de maestros y directores de primaria y secundaria, en servicio, logren los estándares académicos de rigor para desempeñar sus labores.

Y es que seguramente ni se lo ha propuesto él ni el gobierno federal, pese a la excitativa calderonista de que “hoy se requiere más calidad en la educación, pero también mayor corresponsabilidad”.

A estos discursos, el reportaje publicado por la periodista Nurit Martínez, de El Universal, los ha despojado del más mínimo beneficio de credibilidad:

“Del millón 46 mil 347 mentores registrados en esos niveles [primaria y secundaria], 23.3% son pasantes de licenciatura, de la normal, tienen apenas estudios de bachillerato o nivel técnico e incluso están en situación de rezago educativo al no haber terminado la educación básica”.

Y va más allá: 191 profesores que ejercen cargos, incluso de directores (30), no concluyeron la primaria. Entre los estados con mayor número de casos, por desgracia, se encuentra Veracruz, además de México, Guanajuato y Sonora.

Una larga historia de corrupción y componendas políticas con el SNTE y otros sindicatos menores, que se vieron suspendidas en Veracruz hace ya cinco años, cuando se instauró la modalidad del examen como único medio para obtener una plaza magisterial, ha permitido que niños y jóvenes que cursan su educación básica estén en manos de personal sin preparación para realizar tareas docentes.

¿Cómo exorcizar al sistema educativo nacional de esos espíritus chocarreros, insuflados por inescrupulosos líderes magisteriales? ¿Cómo hacerlo en un escenario de concupiscencia política en que se han trabado el PAN y el partido creado por la lideresa nacional del SNTE, Elba Esther Gordillo, y que tantos dividendos le redituó al partido gobernante en los comicios del 4 de julio pasado?

Ha sido importante la aplicación del examen nacional como vía para obtener una plaza magisterial. El problema es que también hay que barrer para atrás, lo que difícilmente hará un gobierno que tiene tan medida su capacidad de maniobra, cuando se acerca una elección presidencial en la que puede perder su posición en Los Pinos.

Enlace, el dedo puesto en educación

Esta semana, unos 16 millones de niños y jóvenes que estudian del tercero de primaria al tercero de secundaria en 135 mil planteles del país han estado involucrados en ese gigantesco laboratorio de la evaluación del desempeño escolar que es la prueba Enlace.

A ellos se suman 750 mil profesores, 130 mil coordinadores externos y, como observadores, 3 millones de padres de familia y dos mil 500 representantes de la sociedad civil.

En total, unos 20 millones de personas, a los que se suman muchas personas más, desde aquellas que están encargadas de vigilar la logística de aplicación como los expertos que están analizando cómo pueden impactar los resultados en la definición de nuevas políticas públicas.

En el caso del estado de Veracruz, la cifra de estudiantes de educación básica que participan en este examen es de 1 millón 57 mil estudiantes de 11 mil escuelas primarias y 7 mil secundarias.

El propio presidente Felipe Calderón fue a una primaria en el DF a dar el banderazo de inicio. En Xalapa, el gobernador Fidel Herrera lo hizo en el marco de la inauguración de un aula de medios del Instituto Consorcio Clavijero en el Cobaev xalapeño, que forma parte del programa “La universidad en tu prepa”, instrumentado por la SEV para beneficiar a jóvenes que por situación de marginación no pueden salir a estudiar a las principales ciudades del estado.

Para Calderón, es imprescindible garantizar calidad y equidad en la educación. Ante Elba Esther Gordillo dijo que, “mientras mejores sean nuestros alumnos, mejor México tendremos y para ello necesitamos también mejores maestros y mejores padres de familia".

Anunció, también, estímulos para los mil niños con los mejores puntajes en materia de Historia de México, recién incorporada a la prueba Enlace, y se refirió a los 900 millones de pesos que se repartirán entre 260 mil docentes de 28 mil escuelas que han mostrado un avance en los resultados de la prueba.

Ya sabemos que, en ese programa, los maestros veracruzanos han colocado al estado en primer lugar por número de maestros reconocidos y, por ende, por el monto económico que se les destinará.

Gordillo, de malas con Enlace

Pero mientras para Calderón la evaluación es imperativa para ubicar aquellas áreas y personas que no están cumpliendo bien su función educativa, lo que significa una visión sumamente restringida de los efectos del examen nacional, para la dirigente del SNTE, Elba Esther Gordillo, Enlace se agotó: “se requiere otro mecanismo para evaluar lo que ocurre dentro del sistema educativo para mejorar la calidad de la educación”.

Entrevistada por Nurit Martínez, de El Universal, horas antes de iniciar la prueba, la profesora chiapaneca se puso difícil.

En primera, criticó el hecho de que se evalúe en la prueba Enlace, por primera vez, el área de historia de México cuando 2.5 millones de niños de sexto grado de primaria no tienen un libro sobre la materia, pero lo más fuerte fue cuando se refirió a las críticas, provenientes del ámbito internacional, que acusan al SNTE de ser un obstáculo para la mejora educativa de México.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación –le dijo a nuestra amiga Nurit– “no acepta que el gobierno o algún grupo externo de la sociedad, que la propia ONU o [la Universidad de] Harvard diga que es el SNTE el obstáculo para la calidad de la educación. A la hora que quieran podemos establecer un debate”.

De paso, acusó que la SEP no ha presentado un programa que permita evaluar a cada maestro.

Mientras que para Calderón sin evaluación no hay calidad, porque cuando falta la calidad avanza la desigualdad y la injusticia, sobre todo en las zonas más pobres, para la profe la calidad no se puede adquirir por receta, ya que es resultado de un esfuerzo de la sociedad.

Distantes como no se les había visto, incluso luego de que el gobierno federal autorizó un aumento salarial cercano al 5 por ciento para 850 mil maestros del país, los factores políticos de la educación en México parecen en proceso de reacomodo. Gordillo viene por las ganancias…