Al secretario de Educación Pública,
Emilio Chuayffet Chemor, no le ha ido del todo bien con la reforma educativa,
pese a la trascendencia de un cambio estructural en un sistema educativo que no
avanza y, en la mayoría de los rubros, incluso retrocede a pasos agigantados.
Primero fue la intensa ola de protestas
que llegaron a convertirse en focos de violencia, cuando los profesores de
varios estados del país, liderados por el magisterio disidente de los estados
de Oaxaca y Guerrero, pusieron a prueba la mesura tanto del Gobierno Federal
como, en particular, la del gobierno de Miguel Ángel Mancera, cuando la Ciudad
de México se convirtió en una sucursal del infierno. Aquí mismo en Xalapa, la
movilización social colapsó por semanas la vida normal de los pobladores de la
capital estatal.
Luego fue la crítica enconada de parte de
varios investigadores educativos que enfocaron sus baterías contra el enfoque
laboral de la reforma constitucional en materia de educación, pues su mayor
radicalismo y transformación radicó justamente en recuperar el control sobre
los maestros que hace años el propio gobierno federal le había ido cediendo al
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
Tras múltiples horas de debate
parlamentario, realizado bajo la vigilancia y el contante asedio del magisterio
disidente y otras organizaciones sociales, se logró que la educativa fuera la
primera gran reforma estructural promulgada por el presidente Enrique Peña
Nieto el 25 de febrero de 2013, bajo los auspicios de los tres principales
partidos (PRI, PAN y PRD) en el marco del Pacto por México.
Los tres ejes fundamentales de esta
reforma son lograr que los alumnos sean educados por los mejores maestros
(servicio profesional docente), hacer de la evaluación un mecanismo eficiente
para mejorar la calidad de la enseñanza (sistema nacional de evaluación
educativa) y mejorar las condiciones para la formación integral de los alumnos
(escuelas de tiempo completo).
Pero la evaluación de los maestros ha
sido el principal motivo de choque con los maestros. En la evaluación
obligatoria, el magisterio ha visto el riesgo de ser despedidos por
incompetentes, algo que nunca ha sucedido ni cuando se les demuestra la
comisión de uno o varios delitos, graves incluso, pues la organización sindical
invariablemente los ha mantenido en el puesto contra viento y marea.
El
berrinche de Chuayffet
Tal vez por eso, el titular de la SEP,
Emilio Chuayffet Chemor puso el grito en el cielo cuando descubrió que, en el
caso de la recientemente aprobada Ley de Educación del Estado de Veracruz, con
que se buscó armonizar las normas estatales con la reforma educativa nacional,
la evaluación no tiene consecuencias laborales más allá de la reubicación de
los profesores incompetentes a labores no docentes.
Efectivamente, la ley estatal, que consta
de 22 capítulos, 190 artículos y 11 transitorios, y aprobada como de rayo por
el Congreso local, señala que el personal que no alcance resultado suficiente
incluso en la tercera evaluación no será despedido sino que será readscrito en
otras tareas del servicio eductivo, manteniendo a salvo los derechos que
hubiere adquirido durante el tiempo de su gestión.
De ahí el berrinche del titular de la SEP
que, en entrevista televisiva, anunció que el gobierno federal se iría a
controversia constitucional contra la ley veracruzana para que ese punto se
armonizara con lo que establece la reforma estructural.
Por eso suena extraño que los maestros
disidentes de Veracruz, sin tomar en cuenta este aspecto, en lugar de apoyar al
gobierno de Javier Duarte de Ochoa, para defender ese punto, se hayan ido de
bruces con actos violentos frente a la Legislatura, cuando lo lógico sería que
hicieran alianza para mantener ese punto, independientemente de que Veracruz se
convierta en isla.
Una isla, por lo demás, menos alejada que
lo que han establecido los estados de Baja California Sur, Sinaloa y, sobre
todo, Oaxaca, cuyos gobierno locales no lograron armonizar sus leyes educativas
locales a lo que dicta la federal, en el plazo establecido del 13 de marzo de
este año. En efecto, solo 28 gobiernos locales lograron una nueva ley educativa
estatal.
Es claro que la cosa no ha concluido en
este tenor. Habrá que analizar en los siguientes días cómo se maneja en los
ámbitos nacional y estatal este tema en que hay, sin duda, una confrontación.
