Impuesto predial, ¿manzana de la discordia?

Este fin de semana de carnestolendas estuvo impregnado por la polémica en torno a una hipotética iniciativa de ley por parte del gobernador Javier Duarte de Ochoa para que el poder ejecutivo estatal fuera la vía para la recaudación y administración de la principal fuente de ingresos fiscales de los 212 ayuntamientos de la entidad, el impuesto predial.

En este mismo espacio, el viernes pasado, alertamos sobre el riesgo que esa medida causaría en las de por sí afectadas haciendas municipales, a raíz de la declaración –según hizo constar una nota de la revista Proceso– del presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso, el diputado de Alternativa Veracruzana (AVE), Francisco Garrido Sánchez, a la que respondieron de inmediato los alcaldes de Veracruz, el priista Ramón Poo (de extrañamiento y necesidad de mayor información), y de Boca del Río, el panista Miguel Ángel Yunes Márquez, de abierto rechazo y confrontación.

El 28 de febrero, el mismo Congreso envió a medios (y las mantiene en su página en internet) las declaraciones del diputado de AVE, en que señala que “los ayuntamientos que convengan con el Estado la administración del impuesto predial continuarán recibiendo el monto correspondiente y además podrán aumentar hasta 30 por ciento sus participaciones federales del Fondo de Fomento Municipal”.

Con el señuelo de incrementar sus participaciones federales, según se desprende de las declaraciones oficiales del diputado, los ayuntamientos estarían en posibilidad de acordar en sus cabildos transferir, mediante un convenio voluntario, la recaudación de este impuesto, con lo que se verían beneficiados con una cantidad adicional, equivalente al 30 por ciento de lo recaudado. Caso contrario, no tendrán ese beneficio.

Tras el alud de declaraciones en torno al tema, la reacción del Gobierno del Estado, a través de Alberto Silva Ramos, nuevo coordinador general de Comunicación Social, a través de su cuenta en Twitter, para desmentir categóricamente la interpretación de esa información, fue inmediata: “No hay ni habrá ninguna iniciativa del Ejecutivo para que el Gobierno del Estado administre el impuesto predial”.

Nos fuimos con la finta

En efecto, lo que el presidente de la comisión de Vigilancia señaló se refiere a modificaciones aprobadas por el Congreso de la Unión en las leyes de coordinación fiscal y, por tanto, es vigente para todo el país. De ninguna manera, como lo asevera el reportero de Proceso, dicha medida se implantaría en la entidad a partir de una iniciativa del Ejecutivo estatal.

Estos convenios serían actos voluntarios y autónomos, con la ventaja de incrementar sus recursos en un tercio. A partir del 1 de enero de 2015, quienes así lo acuerden mediante convenio, verán cómo sus recaudaciones del impuesto predial las realizará la Sefiplan.

Si hiciéramos un esfuerzo para explicarnos la razón de fondo de las modificaciones acordadas por la Cámara de Diputados en el ámbito federal, podríamos señalar que miles de ayuntamientos en el país tienen serias dificultades para recaudar ese impuesto, lo que debilita sus finanzas, y los hace enteramente dependientes de las participaciones estatales y federales.

En esos casos, podría ser útil el auxilio del Gobierno del Estado, siempre y cuando este sea totalmente responsable para acreditárselos conforme a los programas municipales de obra, con los alicientes de recibir una mayor recaudación y sumar un 30 por ciento sobre el monto recaudado.

Tanto el gobernador Javier Duarte de Ochoa como su secretario de Finanzas y Planeación, Fernando Charleston, salieron al paso de inmediato a esas interpretaciones. Si bien lo declarado por el titular de la Sefiplan debe matizarse, porque con la reforma hecha por el Congreso de la Unión esta facultad ya no es exclusiva de los ayuntamientos sino que puede compartirse, Javier Duarte confirmó su respeto a la autonomía municipal y, zas, asunto zanjado.