Financiar educación privada, ¿solución?

Lo que no han logrado los empresarios del sector de alimentos, el presidente Felipe Calderón lo ha otorgado como concesión gratuita a los empresarios de la educación, gracias al decreto que permite deducir impuestos por gastos realizados en planteles escolares privados.

Para nadie es un misterio que desde el gobierno del también panista Vicente Fox, las escuelas privadas han hallado campo fértil para reproducirse como plaga por todo el territorio nacional, con propuestas que, en su mayoría, carecen de los estándares mínimos de calidad exigidos para lograr que México supere su lamentable atraso en materia formativa.

En cocheras o edificios inadecuados, con personal académico mal formado y peor pagado, con cuotas arancelarias que superan con mucho el costo del deplorable servicio que otorgan, miles de escuelas ‘patito’ se han asentado hasta en las más pequeñas ciudades del país para hacer el negocio de sus vidas.

Con la medida calderonista, a la que muchos ven el sello electoral, miles de causantes que tienen hijos, cónyuge o padres cursando desde preescolar hasta bachillerato, tendrán el incentivo de pagar en planteles privados porque podrán deducirlos de impuestos, lo que significa ni más ni menos un financiamiento indirecto del gobierno federal a los empresarios educativos, mientras la educación pública atraviesa una de sus más serias crisis y la más escandalosa indiferencia.

Calderón ha defendido esta medida aduciendo que el monto de lo que puede deducirse es equiparable a lo que su gobierno gastaría en educación pública. Menudo argumento.

En efecto, la reforma y adición el artículo 176 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) permitirá a las personas físicas deducir el pago de la educación pre-escolar (14 mil 200 pesos), primaria (12 mil 900), secundaria (19 mil 900), profesional técnico (17 mil 100) y bachillerato (24 mil 500 pesos), en su declaración fiscal del 2011, con retroactividad al primero de enero de 2010.

Según Calderón, con ello se apoyará la economía de las familias y se facilitará la formalización de causantes, tomando en consideración que “es un incentivo muy poderoso para hacerlo".

Los recursos que se deduzcan no llegarán a las arcas federales sino que harán florecer negocios a los que, en contrapartida, el gobierno nacional no está en posibilidades (o en el interés) de evaluar en cuanto a la calidad de la educación que ofrecen.

Buena parte de los planteles privados evaden la vigilancia y certificación de las autoridades educativas estatales, pese a que tampoco cuentan con personal suficiente para hacerlo, tramitando sus registros de validez oficial de estudios (RVOE) en la instancia federal cuando no logran cumplir con los requerimientos locales.

La SEP, con inusitada benevolencia, reparte estos documentos como si otorgara patentes de corso que permiten a los particulares lucrar con los servicios educativos, sin que la dependencia esté en la posibilidad de vigilar que éstos se ofrezcan con los mínimos exigidos.

¿Cuál será el monto que, por esta vía, se transferirá a la educación privada? El propio secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, lo ha calculado entre 11 mil y 13 mil millones de pesos, para beneficiar –según sus cálculos– a 3.5 millones de niños y jóvenes (y adultos, por supuesto).

El mito federalista de Calderón

Con sentido patrimonialista y faccioso, el presidente Felipe Calderón ha manejado a placer el presupuesto federal para otorgar premios y castigos a los gobiernos locales.

Nunca como ahora, esa facultad del Ejecutivo federal se ha visto tan marcada por la manipulación política, a capricho de quien ha actuado más como presidente de su partido, el PAN, que como mandatario de una nación plural y diversa como México.

Y 2010 ha sido el año de la desvergüenza.

Con procesos electorales en 14 estados del país (en 12 de los cuales se eligió Gobernador), su estrategia se centró este año en el gasto desmedido en programas sociales en estados y municipios, manejados directamente por las dependencias federales, con auxilio de operadores políticos, frente a un bloqueo hostil del flujo de recursos a gobiernos emanados de partidos distintos al suyo.

Si agregamos que el presupuesto para seguridad se ha incrementado sustanciosamente y se ha reservado a la guerra contra la delincuencia organizada, considerado delito federal, ya podemos imaginar quiénes salen perdiendo: nuevamente, los gobiernos locales, algunos de los cuales (los últimos ejemplos, Durango y Nayarit) han debido enfrentar el avispero provocado por la guerrita, sin presencia de las fuerzas federales.

Calderón está decidido a evitar, a toda costa, entregar en 2012 la presidencia a un personaje que no sea postulado por su partido. A la guerra contra el narcotráfico, ha agregado una tarea más: ganar para el PAN la elección federal dentro de dos años, aún si esto significa romper el ya de por sí desvalido e injusto pacto federal.

Lo demás es lo de menos.

En ese escenario, uno de los sectores más castigados ha sido el de la educación, si consideramos que a la cultura el Presidente le ha tirado migajas presupuestales cuando se ha ligado a proyectos del sector turístico o al derroche torpe destinado a conmemorar el bicentenario de la Independencia y el centenario de la Revolución.

Mientras su gobierno se jacta de haber logrado un incremento importante en el índice de atención a la demanda de educación superior, las estadísticas apuntan más a que ese logro se ha compuesto en buena parte por la creación de más espacios en formación profesional por universidades privadas, cuya cepa ha extendido como hongos la cantidad de planteles aún en los lugares más inhóspitos e insospechados.

Ya sabemos que la cantidad no necesariamente está relacionada con la calidad, y menos en el caso de la educación privada. De ahí que la estadística es poco menos que inservible para saber en qué medida nuestro país está formando al capital humano que requiere para su desarrollo.

No tiene caso hablar de la inversión pública en investigación y desarrollo, que es casi inexistente, sobre todo si consideramos que es menor a medio punto porcentual del Producto Interno Bruto (PIB).

Con esos antecedentes, nunca como ahora se ha hecho indispensable postular un nuevo federalismo, que incluya elementos autonómicos, para justipreciar aportes y beneficios de cado uno de los estados y regiones del país.

Como veracruzano, me opongo que el presidente Felipe Calderón le niegue a Veracruz los recursos que son necesarios para obras y programas que requerimos como ciudadanos, sobre todo si consideramos el enorme flujo fiscal que este estado le representa a las arcas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

¿Qué derecho tiene el gobierno federal para poner sus intereses partidarios por encima del interés colectivo de cerca de ocho millones de mexicanos que vivimos en esta entidad?