La trompicada reforma educativa

Al secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet Chemor, no le ha ido del todo bien con la reforma educativa, pese a la trascendencia de un cambio estructural en un sistema educativo que no avanza y, en la mayoría de los rubros, incluso retrocede a pasos agigantados.

Primero fue la intensa ola de protestas que llegaron a convertirse en focos de violencia, cuando los profesores de varios estados del país, liderados por el magisterio disidente de los estados de Oaxaca y Guerrero, pusieron a prueba la mesura tanto del Gobierno Federal como, en particular, la del gobierno de Miguel Ángel Mancera, cuando la Ciudad de México se convirtió en una sucursal del infierno. Aquí mismo en Xalapa, la movilización social colapsó por semanas la vida normal de los pobladores de la capital estatal.

Luego fue la crítica enconada de parte de varios investigadores educativos que enfocaron sus baterías contra el enfoque laboral de la reforma constitucional en materia de educación, pues su mayor radicalismo y transformación radicó justamente en recuperar el control sobre los maestros que hace años el propio gobierno federal le había ido cediendo al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Tras múltiples horas de debate parlamentario, realizado bajo la vigilancia y el contante asedio del magisterio disidente y otras organizaciones sociales, se logró que la educativa fuera la primera gran reforma estructural promulgada por el presidente Enrique Peña Nieto el 25 de febrero de 2013, bajo los auspicios de los tres principales partidos (PRI, PAN y PRD) en el marco del Pacto por México.

Los tres ejes fundamentales de esta reforma son lograr que los alumnos sean educados por los mejores maestros (servicio profesional docente), hacer de la evaluación un mecanismo eficiente para mejorar la calidad de la enseñanza (sistema nacional de evaluación educativa) y mejorar las condiciones para la formación integral de los alumnos (escuelas de tiempo completo).

Pero la evaluación de los maestros ha sido el principal motivo de choque con los maestros. En la evaluación obligatoria, el magisterio ha visto el riesgo de ser despedidos por incompetentes, algo que nunca ha sucedido ni cuando se les demuestra la comisión de uno o varios delitos, graves incluso, pues la organización sindical invariablemente los ha mantenido en el puesto contra viento y marea.

El berrinche de Chuayffet

Tal vez por eso, el titular de la SEP, Emilio Chuayffet Chemor puso el grito en el cielo cuando descubrió que, en el caso de la recientemente aprobada Ley de Educación del Estado de Veracruz, con que se buscó armonizar las normas estatales con la reforma educativa nacional, la evaluación no tiene consecuencias laborales más allá de la reubicación de los profesores incompetentes a labores no docentes.

Efectivamente, la ley estatal, que consta de 22 capítulos, 190 artículos y 11 transitorios, y aprobada como de rayo por el Congreso local, señala que el personal que no alcance resultado suficiente incluso en la tercera evaluación no será despedido sino que será readscrito en otras tareas del servicio eductivo, manteniendo a salvo los derechos que hubiere adquirido durante el tiempo de su gestión.

De ahí el berrinche del titular de la SEP que, en entrevista televisiva, anunció que el gobierno federal se iría a controversia constitucional contra la ley veracruzana para que ese punto se armonizara con lo que establece la reforma estructural.

Por eso suena extraño que los maestros disidentes de Veracruz, sin tomar en cuenta este aspecto, en lugar de apoyar al gobierno de Javier Duarte de Ochoa, para defender ese punto, se hayan ido de bruces con actos violentos frente a la Legislatura, cuando lo lógico sería que hicieran alianza para mantener ese punto, independientemente de que Veracruz se convierta en isla.

Una isla, por lo demás, menos alejada que lo que han establecido los estados de Baja California Sur, Sinaloa y, sobre todo, Oaxaca, cuyos gobierno locales no lograron armonizar sus leyes educativas locales a lo que dicta la federal, en el plazo establecido del 13 de marzo de este año. En efecto, solo 28 gobiernos locales lograron una nueva ley educativa estatal.

Es claro que la cosa no ha concluido en este tenor. Habrá que analizar en los siguientes días cómo se maneja en los ámbitos nacional y estatal este tema en que hay, sin duda, una confrontación.