En Hora Libre, hemos comentado con amplitud y seriedad el grave problema que representa para el país el creciente fenómeno de la obesidad infantil. También, que las medidas acordadas por los sectores salud y educación para atenuar las causas estarían en entredicho, por la presión de las grandes trasnacionales.
En estos momentos, en la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer), donde se analiza la propuesta conjunta de las secretarías de Salud y de Educación Pública para este propósito, las presiones de las refresqueras trasnacionales están de miedo, y se están uniendo en la cruzada las más importantes: PepsiCo y Coca Cola.
Sería una verdadera desgracia que este gobierno federal permitiera que el futuro del país se dirimiera en un debate de intereses comerciales, ajenos totalmente a nuestro destino como nación. Sin embargo, esto es posible.
En comunicado oficial del 2 de julio, la propia SEP habría declarado que “analiza cuidadosamente los comentarios vertidos en la Comisión Federal de Mejora Regulatoria [Cofemer] sobre los Lineamientos Generales para el Expendio o Distribución de Alimentos y Bebidas en las escuelas de educación básica”.
Según el mismo comunicado, la SEP sopesa las posiciones de las personas físicas, empresas, cámaras industriales y asociaciones civiles (167 comentarios hasta el 1 de julio) en torno al documento dado a conocer conjuntamente con la SSA el 10 de junio, porque “es de gran utilidad y ofrece información de extraordinaria riqueza para que la Secretaría de Educación Pública esté en aptitud, junto con la Secretaría de Salud, de tomar las mejores decisiones para enriquecer los lineamientos”.
Es muy difícil que los retruécanos empresariales enriquezcan el documento, cuando a todas luces buscan disminuirlo en sus efectos colaterales.
La batalla de las empresas refresqueras
Las dos empresas refresqueras más poderosas del mundo ya han calificado de improcedente el anteproyecto.
Coca Cola ha expresado lo siguiente: “Manifestamos nuestro desacuerdo con afirmaciones, sin sustento, que directa o indirectamente califican a los refrescos como productos no saludables y por tanto no permitidos, como se señala en los lineamientos. Por ello, no aceptamos ningún trato o calificativo que discrimine y/o estigmatice sin sustento científico válido a los productos de esta industria”.
Y es que para esta empresa, México es el segundo mercado más importante en el mundo, luego de Estados Unidos. Tan sólo en 2009, en plena crisis mundial, reportó ingresos cercanos a los 31 mil millones de dólares. Y es que sacarlos de escuelas no sólo le reportaría una disminución en sus ventas sino la imposibilidad de ganar adeptos para toda la vida.
Por eso ha solicitado a ambas secretarías la aceptación de bebidas con contenidos no calóricos para ser vendidos en escuelas de nivel básico e, incluso, su aval, aunque la reformulación de sus productos no les llevará menos de 2 a 5 años.
PepsiCo, por su parte, tiene más intereses en juego, porque además de sus bebidas edulcoradas es el principal productor y distribuidor de comida chatarra, botanas que ostentan marcas derivadas de sus filiales Sabritas y Gamesa-Quaker.
Y lo que ha expresado abiertamente es que con documentos como el que se encuentra en análisis en el seno de la Cofemer, “las autoridades violan los principios que rigen en materia de mejora regulatoria, por lo que no deben de ser publicados ni producir efectos jurídicos so pena de lastimar el espíritu y la necesidad de procedimientos como éste, así como el orden jurídico nacional y los derechos que éste reconoce y confiere a favor de los gobernados”.
¿Cómo les suenan sus argumentaciones? No se irán por el simple torpedeo mediático, sino que se centrarán en combatirlos por la vía jurídica, argumentando además la importancia que tienen en el rubro de generación de empleos.
Y en el proceso de reformulación de productos, ellos piensan en que hasta el 2015 se podrá poner en escuelas productos que no provoquen una mayor obesidad infantil.
Según cálculos de los industriales, las empresas involucradas tendrían que gastar más de 440 millones de pesos por línea de producto, para financiar rediseño de empaque y reformulación de producto, además de los impactos en las ventas, los cuales impactaría por igual a las empresas productoras y toda la cadena de valor.
La Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas (Anprac) señala, además, que se perderían más de 3 mil empleos remunerados y una disminución del orden de los 262.2 millones de pesos por concepto de remuneraciones al personal ocupado.
¿Alguien podría estar seguro de que los lineamientos propuestos por la SSA y la SEP saldrán incólumes de los escritorios de Cofemer?
Darío Celis, columnista de Excélsior, ha comentado lo siguiente:
ResponderEliminarSerá hasta el próximo 22 de julio cuando la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) cierre el proceso de consulta pública y formule su dictamen sobre el tipo de alimentos en las escuelas públicas de educación básica. Al final el equipo de Alfonso Carballo decidió agotar el plazo máximo que confiere la ley. Hasta ayer se habían recibido 557 comentarios, de los cuales 122 eran de la industria, 427 de la sociedad civil y ocho del gobierno. En los últimos días se han intensificado los comentarios, pues de un promedio de 40 diarios sólo el martes y miércoles la Cofemer recibió más de cien. Ayer la industria por sí sola mandó 21 y el gobierno ninguno. La sociedad vía organizaciones no gubernamentales y académicos ha resultado muy copiosa. Vale decir que esta semana la Consumer International, que reúne a las 220 asociaciones de consumidores más importantes del mundo, envió una carta al organismo en el que pide que no se anteponga el interés económico a la salud de la niñez mexicana el tipo de lineamientos que se establezcan a partir del próximo 23 de agosto, cuando inicia el ciclo escolar. El último comentario que hizo una dependencia gubernamental fue el 7 de julio y fue la Profeco, de Antonio Morales.