Ayuntamientos, empobrecidos y abandonados

De la tendencia a que los ayuntamientos se fortalecieran política, económica y fiscalmente, poco está quedando.

Al creciente endeudamiento disparado por la ambición crediticia de Fidel Herrera Beltrán, quien obligó a buena parte de los cabildos a colocar sus ingresos en documentos bursátiles, se agrega que los ayuntamientos deben administrar pobreza y lidiar con leyes federales que los tratan como menores de edad.

Aunque siguen teniendo la atribución de recaudar recursos propios por impuestos, derechos, productos y aprovechamientos, por desgracia muchos montos provenientes de participaciones federales se quedarán en el camino para el pago de obligaciones crediticias y, para colmo, el gobierno federal está buscando determinar cuánto y en qué se gasta lo que destine a este nivel de gobierno.

La tendencia que buscaba consolidar a los ayuntamientos para que realizaran cada vez obras de mayor magnitud, con base en las necesidades de sus pobladores, puede ser parada de tajo por el propio gobierno federal que, en el discurso, sigue hablando de la autonomía de los 2 mil 240 ayuntamientos del país pero que en la realidad la está socavando.

Recientemente fueron objeto de análisis y crítica las reformas a la Ley de Coordinación Fiscal, aprobadas por el Congreso de la Unión en el marco de la reforma hacendaria, pues abrieron la posibilidad de que los ayuntamientos, con acuerdo de cabildo, trasladen las funciones de recaudación del impuesto predial a las autoridades estatales, lo que en algunos casos puede ser favorable, siempre y cuando los resultados de la actividad recaudatoria regresen en beneficio de los municipios.

Pero las letras chiquitas de las reformas ya empiezan a causar estragos, sobre todo en el caso de Veracruz, con ayuntamientos que no llevan ni un trimestre en el poder y que ven con preocupación que deberán hacer mucho más trabajo de gestión ante los niveles estatal y federal de gobierno para que estos lleven la obra pública indispensable en sus congregaciones.

La terrible sequía de recursos en las haciendas municipales, provocada por el endeudamiento y el saqueo de gobiernos anteriores, los pasivos laborales millonarios por juicios perdidos y una nómina que ha ido engordando con cada alcalde, se puede recrudecer si el gobierno federal, como establece la ley de coordinación fiscal, les quita atribuciones para programar obra pública.

¿Crecerán los giros negros?

Aunque no es sino una simple broma, lo cierto es que puede darse el caso de que ayuntamientos ahorcados financieramente abran al mejor postor la posibilidad de abrir negocios considerados como giros negros (cantinas, bares, prostíbulos), porque generan buenos recursos y pueden paliar necesidades de pronta resolución. Realmente esperamos que no sea una predicción.

Como sea, una de las consecuencias que sufrirán todos los municipios del país con las ideas avanzadas de nuestro secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, la ha puesto en el tapete el diputado federal panista Humberto Alonso Morelli pues, según su interpretación, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) tendrá facultad para definir qué obras pueden financiar los ayuntamientos con recursos del Ramo 33 Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).

Gracias a ello, señaló el legislador veracruzano, desde el gobierno federal establecerá los criterios de cómo aplicar esos recursos, y uno de los rubros que no podrán financiarse son obras como pavimentación de calles, alumbrado, drenaje, agua potable, sino solamente aquellas acciones que ayuden a disminuir la pobreza y el hambre, con proyectos que solo sirven para gastar dinero pero que generalmente no tienen impacto en la población, sobre todo si se utilizan para fines partidistas.

Apretados por endeudamiento y limitados en el uso y destino de los recursos del ramo 33, los alcaldes deberán escenificar una dura batalla con sus colegas para que la obra pública que tenían contemplada con las participaciones federales se pueda realizar con otros fondos, concursando para que sean considerados en los programas de obra de varias dependencias, y esperar a que los recursos del impuesto predial contribuyan a realizar obras de evidente urgencia.

 ¿Qué han hecho los alcaldes más audaces en este primer trimestre? Todos ellos han trabajado en tapar hoyos en las calles, han tratado de convencer a los sindicatos para que no presenten demandas exorbitantes, organizado a los que prestan servicios públicos de manera racional para que no se vean las miserias, tratando de armonizar sus proyectos de desarrollo con los programas estatales y federales que puedan otorgar recursos, han buscado convenios de colaboración con dependencias e instituciones de educación superior.

En fin, han hecho lo que un jefe de familia mal empleado y peor remunerado hace para llevar el alimento a su casa, con la salvedad de que en el caso municipal muchos hijos están quedando con hambre

Para colmo, el Gobierno del Estado está endeudado igual o peor que el conjunto de ayuntamientos, lo que impide que vean en la caja fuerte de la Secretaría de Finanzas y Planeación recursos que pueden fluir en su auxilio.

Como diría un político de la vieja guardia: los ayuntamientos solo disponen de lo que sale por cobro en los baños públicos del mercado municipal.

Ramo 33: ¿simple dinero político?

Que la Sedesol federal determine el catálogo de lo que pueden hacer los ayuntamientos con los recursos del FISM Ramo 33 puede ayudar a que Rosario Robles Berlanga, titular de esa dependencia, cumpla con las estadísticas embargadas en su programa Sin Hambre, pero eso no quiere decir que el hambre y la pobreza vayan a desaparecer.

Por desgracia, con el modelo del programa salinista Solidaridad, las acciones emprendidas por la Sedesol difícilmente abatirán los índices de pobreza en el país. Es posible que ayuden a colocar en la mente de los beneficiarios al partido que les lleva la ayuda, pero difícilmente se logrará que superen su situación de enorme marginación si, colateralmente, los tres niveles de gobierno no realizan obras de comunicación terrestre (carreteras, caminos, puentes, vados, etc.) que les ayude a llegar a los centros urbanos donde comercializan sus productos y donde pueden recibir atención médica; si no se logra dotar a las comunidades donde viven en situación precaria con sistemas de drenaje y agua potable, si no se mejoran las condiciones de los planteles educativos.

De ahí la molestia de muchos alcaldes veracruzanos y del país porque el único fondo federal de que disponían para obra pública se encuentra condicionado y bajo duros candados.