En efecto, el texto firmado por la periodista Nurit Martínez hace renacer el fantasma de la enorme carga que representa para las universidades públicas el pago a trabajadores jubilados y pensionados que, en la última década, ha puesto a varias de ellas en situación cercana a la bancarrota, por no haber negociado a tiempo con los sindicatos una fórmula para atenuar las circunstancias y sus consecuencias.
Si se habla del sistema universitario nacional, según el estudio la deuda por jubilación asciende a cerca de 450 mil millones de pesos, una cantidad que alcanzaría para financiar a la UNAM durante 16 años.
El actuario Jorge Soto Pérez, quien encabezó la evaluación, señala que la situación que viven 21 de las 33 universidades públicas estatales –la UV incluida– no sólo puede desestabilizar la economía de las instituciones, sino también la de los estados y la del gobierno federal.
El grave problema es que la solución pasa por la imposición de medidas impopulares que contaría de inmediato con el rechazo de las organizaciones gremiales, consideradas las más duras en términos de sus posturas reivindicativas.
¿Qué medidas deberán tomar, más temprano que tarde, las universidades públicas que, como la UV, se encuentran en el sitio más cercano al precipicio?
De entrada, según las autoridades federales, una reforma que amplíe el esquema para el retiro de los trabajadores, y establecer una edad mínima de 65 años y 40 de servicio en la institución.
De preferencia, evitar que los trabajadores opten por la jubilación a edades tempranas, mediante la creación de estímulos a la permanencia; eliminar las dobles pensiones, fomentar que los trabajadores realicen aportaciones a su fondo de retiro y desligar los aumentos a las pensiones de los incrementos contractuales, atándolos al aumento del salario mínimo o al del Índice Nacional de Precios al Consumidor.
Incluso aventuran medidas retroactivas como la de suspender o disminuir las pensiones a quienes, sin razón, les fueron otorgadas, y eliminar prácticas como el derecho a retiro a los 20 ó 25 años de servicio.
La situación es difícil. Las propias sinergias de afianzamiento de la calidad educativa más bien tendrían que pasar por la jubilación de muchos de los docentes universitarios, para quienes la edad les aleja de la necesaria formación continua y actualización tanto de conocimientos como de prácticas docentes.
Muchos profesores sexagenarios que han formado a decenas de generaciones, en lugar de jubilarse se mantienen en activo porque viven la etapa en que más necesitan los servicios médicos que, en el caso de la UV, son mucho mejores que los que les pueden ofrecer las instituciones de seguridad social.
En fin, que la UV –según esta visión– se halla al borde del precipicio junto con las universidades de Zacatecas, Sonora, Morelos, Michoacán, Estado de México, Guerrero, Guanajuato, Chiapas y Ciudad del Carmen.
En situación que va de lo crítico a lo muy crítico, por detrás de la rayita aunque con riesgo inminente, se encuentran las universidades de Oaxaca, Nayarit, Durango, Tabasco, Querétaro, Puebla, Yucatán, Campeche, Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas.
Sólo las universidades de Baja California y Nuevo León y el Instituto Tecnológico de Sonora, tienen la “suficiencia” de financiamiento para enfrentar el número de trabajadores que se retirarán en los próximos 100 años.
Hay dos últimos grupos: el de las que están próximas a hallar la solución del problema (Guadalajara, Ciudad Juárez, Tlaxcala, Baja California Sur y Sinaloa), siempre que no dejen pasar la oportunidad pues de lo contrario las complicaciones aparecerán entre 2023 y 2033; y el de las que tienen la situación medio resuelta (Hidalgo, Aguascalientes, Colima y San Luis Potosí), que tienen una suficiencia económica hasta 2021.
Las demás están fritas.
Para el rector Raúl Arias, no hay tal crisis
Dejo intacto el comunicado de prensa de la UV en que el rector Raúl Arias Lovillo responde a esta nota a la que, incluso, le ve cola, seguramente porque no conoce a la reportera Nurit Martínez, con muchísimos años manejando información sobre educación:
“El rector de la Universidad Veracruzana (UV), Raúl Arias Lovillo, precisó ayer que esta casa de estudios no atraviesa por una crisis financiera derivada del pago de pensiones a jubilados de la institución, como publicó este lunes el diario capitalino El Universal.
“Explicó que el documento a que hizo referencia el medio citado no se trata de uno de carácter oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP), sino un informe que un actuario realizó en agosto de 2009, a solicitud del Consejo de Universidades Públicas e Instituciones Afines (CUPIA) de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), al cual pertenece la UV, y cuyos resultados fueron publicados también en 2009.
“El Rector, además, explicó que en Veracruz los jubilados del sector educativo, incluida la UV, son derechohabientes del Instituto de Pensiones del Estado (IPE) y no de la propia institución. No obstante, dijo, los jubilados y pensionados del país requieren del apoyo del gobierno para resolver el problema de las pensiones que data de algunos años atrás.
“Cuestionó, además, que los medios hayan publicado información imprecisa sin revisar siquiera el documento referido ni hacer otro tipo de investigación y añadió:
“-No es casual que esta información haya salido a la luz pública justamente ahora. Mañana (hoy, miércoles) más de 80 sindicatos protestarán públicamente la propuesta de recorte del presupuesto a la educación superior que el Ejecutivo turnó al Congreso. Es evidente que se trata de desprestigiar al sindicalismo universitario que se encuentra luchando junto a los rectores de todo el país por un mayor presupuesto para las universidades públicas”, explicó.
“Sin embargo, el Rector añadió que lo anterior no significa que no haya carencia de recursos en la Universidad. Muy al contrario, dijo, seguimos luchando, junto al resto de las universidades públicas del país, para que se otorgue un financiamiento multianual que permita a las instituciones planear su crecimiento y para que se destine a la educación superior e investigación científica el uno por ciento del PIB, a lo que el actual gobierno federal se comprometió en el 2000. “Con este financiamiento –dijo– las universidades podríamos incrementar nuestra competitividad latinoamericana e internacional”.
“Arias Lovillo también destacó que la información difundida llega a la UV al mismo tiempo que el reconocimiento que el director general del Conacyt, Juan Carlos Romero Hicks, hizo a la institución en León, Guanajuato, y justo a unos días de que en el Congreso de las Américas (celebrado en Calgary, Canadá, la semana pasada) 750 representantes de universidades de 40 países de América dieron el primer paso para la conformación de un Espacio Común de Educación Superior para las Américas, iniciativa que la UV lanzó en Costa Rica, en 2005, y cuya gestión lidera hasta el día de hoy.”
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