Pone la SSA en riesgo a pacientes con SIDA

En el Hospital Luis F. Nachón de Xalapa, más de 360 pacientes portadores de VIH Sida sienten en riesgo la continuidad de la atención de su padecimiento por la campaña emprendida por el coordinador del Servicio de Atención Integral (SAI), Salvador Galván Loranca, contra los médicos que los atienden.

Con el consentimiento o desinterés del doctor César Alarcón Castillo, director del nosocomio, García Loranca ha emprendido una desigual batalla contra los facultativos, en especial, contra la doctora Magdalena Piñero Morales, a quien sin posibilidad de réplica acusa de una supuesta negligencia médica.

Y sí, las acusaciones del coordinador del SAI son sumamente serias y tendrá que probarlas no solo ante las instancias del sector Salud sino también ante las autoridades judiciales, porque ha propalado, incluso entre los pacientes y en reuniones con funcionarios de la Secretaría de Salud, que la doctora Piñero ha estado matando a los pacientes.

El 13 de enero, 30 portadores de VIH Sida enviaron un oficio al secretario de Salud, Juan Antonio Nemi Dib, en que le solicitan la permanencia de Piñero pues, durante más de cuatro años, ha mantenido controladas sus cargas virales.

Pero, una de dos, o el secretario de Salud no ha logrado olfatear que hay gato encerrado en este caso de represión laboral, o le está quedando grande el pantalón y no precisamente por su rauda baja de peso.

Apenas el 23 de enero, Nemi Dib pidió una semana (que ya se cumplió) para analizar el caso y pidió a las partes involucradas no enturbiar más las aguas. Galván Loranca, sin embargo, ha seguido el procedimiento y el viernes 7 de febrero entregó, a través de una secretaria, un citatorio a Piñero Morales para presentarse este jueves 13 ante el área jurídica.

Nuevas instalaciones, nuevos problemas

El 14 de enero, el secretario de Salud inauguró en el nosocomio xalapeño el área del SAI para personas con VIH Sida e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), en que el Gobierno del Estado invirtió 12 millones de pesos.

Este nuevo espacio se ha convertido en la joya de la corona para su coordinador, Salvador Galván Loranca, quien ha puesto el pie a los tres médicos que se han hecho cargo de 360 pacientes, para sustituirlos por otros médicos, supuestamente más capacitados, como la doctora Pilar Alarcón Castillo, hermana del director del Hospital Civil, quien trabajaba en el Centro de Especialidades Médicas, pero sin experiencia probada en atención a portadores del VIH Sida.

De ahí la reacción de 30 pacientes que decidieron solicitar por escrito al titular de Salud mantener a la doctora Magdalena Piñero porque, según su propia experiencia, no solamente ha logrado evitar que agraven su padecimiento sino que, motu proprio, se ha costeado cursos y especializaciones como el recibido en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER).

Acusaciones aventuradas y dolosas

Y es que el doctor Salvador Galván Loranca ha llegado al extremo de condicionar la entrega de medicamentos a varios pacientes del área, a cambio de firmar actas en contra de la doctora, movido por causas extraprofesionales, por decirlo de una manera eufemística.

No solo ha acusado a la doctora Piñero de ser negligente y haber causado la muerte de varios portadores, sino también de observar baja productividad, cuando de los 360 pacientes que atiende el SAI, ella se hacía cargo de más de 200.

El 22 de enero, en ausencia de la facultativa, Galván Loranca reiteró las acusaciones; informó que los tres médicos (también están implicados el doctor José Manuel Tejeda Carmona y otro más) serían removidos por esquemas obsoletos, fallas y defunciones (“los están matando”, fue la expresión). Dijo que se habían revisado los expedientes y se habían detectado fallas en diagnósticos y en protocolos (recetas médicas).

A la reunión técnica asistieron la directora de Salud Pública, Irasema Guerrero Lagunes; la jefa del departamento de Control de Enfermedades, Marcelina García López; la coordinadora estatal del Programa de Prevención y Control VIH Sida e ITS, Esmeralda Bernal Aguilera, y Gabriela Rodríguez Briseño, apoyo médico del Programa de VIH Sida, entre otros.

Ninguno de ellos tuvo la ocurrencia de llamar a los acusados para que dijeran lo que a su derecho les conviniera.

En cambio, violando el Acuerdo 6/DSP.02/2013, de “respetar la confidencialidad de los pacientes con VIH Sida, cuando asisten a las pruebas de control virológico”, el improvisado personal del SAI ha permitido que personal no autorizado revise los expedientes médicos y han pegado cartelones en pasillos de asistencia masiva con los nombres de los pacientes a quienes les corresponde pasar a estudios de carga viral y CD4.

Muy pronto, por este problema de acoso y represión laboral, la Secretaría de Salud podría estar implicada en una demanda por difamación derivada de acusaciones sobre supuesta negligencia médica.

Lo peor es que los pacientes, a quienes con el nuevo espacio del SAI se les aseguraba una mejor atención médica, tendrán graves problemas en sus tratamientos, en caso de que prospere el despido de los médicos que los han atendido por más de tres años y la improvisación de nuevos e inexpertos responsables de su delicada sintomatología.

El difícil compromiso en Salud

Algo debe estar aconteciendo dentro de la Secretaría de Salud, que dirige el doctor Pedro Anaya Rivera, que está generando mucho ruido y levantamientos sindicales que han pasado de la diatriba a la descalificación del titular e, incluso, al insulto.

Nada justifica atacar de manera tan altisonante a un funcionario, sobre todo si apenas ha entrado al servicio de una dependencia que, de lejos, ha venido arrastrando pendientes, tanto en materia de atención de la población a la que debe servir como de los trabajadores que de ella se sirven

Pero, haciendo a un lado epítetos como el de ignorante, que le endilgó José Antonio Medina Fernández, dirigente del sindicato en Orizaba, lo cierto es que las cosas no están funcionando adecuadamente.

Esta disfunción administrativa puede pasar por alto en dependencias de otra naturaleza, y no pasa nada, pero en la que tiene a su cargo el cuidado de la salud de los veracruzanos, puede tener consecuencias fatales.

¿Qué está pasando en materia de Salud en Veracruz? De entrada le ha pegado todo el tema de la obligada austeridad que debió obligar a recortar gastos que, a la luz de los nuevos funcionarios, pudieron parecer prescindibles.

Trabajadores de varias jurisdicciones sanitarias, como las de Veracruz, Orizaba y Xalapa, por ejemplo, han realizado paros de brazos caídos.

Ellos son los que tienen relación directa con un número creciente de beneficiarios, a los que deben atender con prisa y sin las condiciones en infraestructura e impedimenta sanitaria.

No sólo deben atender con abulia y premura a los pacientes, cuya cuota por médico y personal de enfermería se ha elevado en razón de la cancelación de plazas y la incorporación de derechohabientes que provienen del Seguro Popular, sino que además deben lidiar con la falta de medicamentos, instrumental, espacios, vehículos y combustibles.

En efecto, en las instalaciones de sanidad no se cuenta ni con lo más indispensable para prestar atención; los trabajadores de salud se quejan de que no cuentan ni con alcohol, gasas, mejoralitos, mucho menos ambulancias, personal suficiente, papelería, consultorios equipados.

Si hubiera una real certificación de los servicios de salud en Veracruz, saldríamos muy raspados, y entonces, el difícil tránsito de recursos federales al estado para esa materia se haría prácticamente un calvario.

Sería torpe echarle la culpa al primer funcionario que anunció el gobernador Javier Duarte en su gabinete. Se lidia con carencias que se han traslapado en medio de la verborrea frenética e ineficaz de quien nos dejó en la calle en el sexenio pasado.

Sin embargo, así como incrusta en el discurso gubernamental la promesa de mejorar la calidad de vida de los veracruzanos, algo se debe hacer a nivel de piso para hacerlo posible en el tema de la salud.

Plan contra obesidad infantil, en riesgo

En Hora Libre, hemos comentado con amplitud y seriedad el grave problema que representa para el país el creciente fenómeno de la obesidad infantil. También, que las medidas acordadas por los sectores salud y educación para atenuar las causas estarían en entredicho, por la presión de las grandes trasnacionales.

En estos momentos, en la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer), donde se analiza la propuesta conjunta de las secretarías de Salud y de Educación Pública para este propósito, las presiones de las refresqueras trasnacionales están de miedo, y se están uniendo en la cruzada las más importantes: PepsiCo y Coca Cola.

Sería una verdadera desgracia que este gobierno federal permitiera que el futuro del país se dirimiera en un debate de intereses comerciales, ajenos totalmente a nuestro destino como nación. Sin embargo, esto es posible.

En comunicado oficial del 2 de julio, la propia SEP habría declarado que “analiza cuidadosamente los comentarios vertidos en la Comisión Federal de Mejora Regulatoria [Cofemer] sobre los Lineamientos Generales para el Expendio o Distribución de Alimentos y Bebidas en las escuelas de educación básica”.

Según el mismo comunicado, la SEP sopesa las posiciones de las personas físicas, empresas, cámaras industriales y asociaciones civiles (167 comentarios hasta el 1 de julio) en torno al documento dado a conocer conjuntamente con la SSA el 10 de junio, porque “es de gran utilidad y ofrece información de extraordinaria riqueza para que la Secretaría de Educación Pública esté en aptitud, junto con la Secretaría de Salud, de tomar las mejores decisiones para enriquecer los lineamientos”.

Es muy difícil que los retruécanos empresariales enriquezcan el documento, cuando a todas luces buscan disminuirlo en sus efectos colaterales.

La batalla de las empresas refresqueras

Las dos empresas refresqueras más poderosas del mundo ya han calificado de improcedente el anteproyecto.

Coca Cola ha expresado lo siguiente: “Manifestamos nuestro desacuerdo con afirmaciones, sin sustento, que directa o indirectamente califican a los refrescos como productos no saludables y por tanto no permitidos, como se señala en los lineamientos. Por ello, no aceptamos ningún trato o calificativo que discrimine y/o estigmatice sin sustento científico válido a los productos de esta industria”.

Y es que para esta empresa, México es el segundo mercado más importante en el mundo, luego de Estados Unidos. Tan sólo en 2009, en plena crisis mundial, reportó ingresos cercanos a los 31 mil millones de dólares. Y es que sacarlos de escuelas no sólo le reportaría una disminución en sus ventas sino la imposibilidad de ganar adeptos para toda la vida.

Por eso ha solicitado a ambas secretarías la aceptación de bebidas con contenidos no calóricos para ser vendidos en escuelas de nivel básico e, incluso, su aval, aunque la reformulación de sus productos no les llevará menos de 2 a 5 años.

PepsiCo, por su parte, tiene más intereses en juego, porque además de sus bebidas edulcoradas es el principal productor y distribuidor de comida chatarra, botanas que ostentan marcas derivadas de sus filiales Sabritas y Gamesa-Quaker.

Y lo que ha expresado abiertamente es que con documentos como el que se encuentra en análisis en el seno de la Cofemer, “las autoridades violan los principios que rigen en materia de mejora regulatoria, por lo que no deben de ser publicados ni producir efectos jurídicos so pena de lastimar el espíritu y la necesidad de procedimientos como éste, así como el orden jurídico nacional y los derechos que éste reconoce y confiere a favor de los gobernados”.

¿Cómo les suenan sus argumentaciones? No se irán por el simple torpedeo mediático, sino que se centrarán en combatirlos por la vía jurídica, argumentando además la importancia que tienen en el rubro de generación de empleos.

Y en el proceso de reformulación de productos, ellos piensan en que hasta el 2015 se podrá poner en escuelas productos que no provoquen una mayor obesidad infantil.

Según cálculos de los industriales, las empresas involucradas tendrían que gastar más de 440 millones de pesos por línea de producto, para financiar rediseño de empaque y reformulación de producto, además de los impactos en las ventas, los cuales impactaría por igual a las empresas productoras y toda la cadena de valor.

La Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas (Anprac) señala, además, que se perderían más de 3 mil empleos remunerados y una disminución del orden de los 262.2 millones de pesos por concepto de remuneraciones al personal ocupado.

¿Alguien podría estar seguro de que los lineamientos propuestos por la SSA y la SEP saldrán incólumes de los escritorios de Cofemer?

Obesidad infantil, una tragedia

En una o dos décadas, México podría convertirse en un país enfermo. Lo más grave: no habrá presupuesto que alcance para atender las enfermedades derivadas de un fenómeno creciente que ha colocado a nuestro país en el primer lugar mundial en obesidad infantil.

Las medidas apenas empezarán a aplicarse en agosto próximo en las escuelas de educación básica, consideradas como los principales espacios obesigénicos, siempre que las trasnacionales que producen y comercializan comida chatarra y bebidas ricas en calorías lo permitan.

Según la Asociación Internacional para el Estudio de la Obesidad (IASO), desde hace 15 años el gobierno mexicano tenía conocimiento del galopante crecimiento de la obesidad infantil y no actuó, en parte por las implicaciones políticas que le representaría afectar los intereses de las grandes empresas estadounidenses.

En efecto, el titular de la secretaría de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, ha reconocido que en los últimos 20 años la obesidad infantil se triplicó.

Según cifras de IASO, que reúne a miles de especialistas en obesidad de 56 países, y de la Organización Mundial de la Salud, casi un tercio de la población mexicana de entre 5 y 17 años sufre sobrepeso, y se estima que uno de cada tres nacidos desarrollará diabetes de tipo 2 a lo largo de su vida, con el riesgo de padecer enfermedades coronarias, hipertensión, infarto, artritis y ciertos tipos de cáncer.

El presidente de IASO, Philips James, no se anda por las ramas:

“Es una tragedia lo que está ocurriendo en México. Está demostrado que la obesidad le quita 10 años de vida a los niños cuando llegan a jóvenes adultos. No hay gobierno en el mundo que tenga el presupuesto para hacer frente al enorme costo causado por la epidemia de obesidad infantil que está sufriendo México”.

Para atacar este grave problema deben ponerse en acción muchas voluntades, si bien la intervención gubernamental es fundamental para promover un gran movimiento ciudadano que atienda esta grave epidemia. Y digo que es importante la intervención estatal porque deben tomarse medidas regulatorias que impidan el envenenamiento de nuestra población infantil en aras de un capitalismo salvaje.

Los padres de familia deberán tomar una acción decisiva en varios frentes: en primera, evitar que en las loncheras, los niños lleven este tipo de alimentos desde casa; también, vigilar que en las escuelas se eliminen aquellas bebidas y productos comestibles que vulneren la salud de los estudiantes, y educar a sus hijos sobre las consecuencias de los nuevos hábitos de consumo.

El gobierno deberá acordar con las empresas medidas determinantes para reducir los contenidos altamente calóricos de sus productos; vigilar que en las escuelas se reduzca, si bien de manera paulatina, la oferta de estos productos; evitar la publicidad agresiva que condiciona el consumo de estos productos entre niños y jóvenes; realizar campañas promocionales que hagan patente los riesgos sanitarios del consumo de estos productos, entre otras medidas.

Es, en efecto, una tarea enorme que debe acometerse colectivamente, casi con la misma intensidad con que se combate al crimen organizado, con la diferencia de que sólo causará bajas en las enormes ganancias de las empresas. (Continuará)

Obesidad infantil: ¿salud por decreto?

En adelante, los niños mexicanos deberán abjurar de la fe dietética que, cual corderos, los ha llevado irremediablemente a una juventud enfermiza cuando no al borde de la muerte.

Por primera vez en muchas décadas, se observa en México una política de Estado para atender un grave problema que, siendo tangible, pudo haberse dejado al libre (aunque ignorante) albedrío de la población: la obesidad infantil.

No se trata de un problema de índole estética o cosmetológica: México ha desbancado (o está en un tris de realizar la malhadada proeza) a nuestro vecino del norte, los Estados Unidos, en esa materia.

Veracruz, por otra parte, sí ocupa el primer lugar nacional, porque a las apetitosas viandas de carne de cerdo, frituras de masa con manteca y pan dulce, en las últimas décadas se ha agregado pródigamente la chatarra industrial y los usos comestibles de Norteamérica.

Hace ya varios meses que las secretarías federales de Salud y Educación Pública trabajaban en la definición de un remedio que rompiera de tajo la cadena causal de éste que se ha convertido en problema de salud pública.

Según José Ángel Córdova, secretario de Salud, uno de cada cuatro niños en educación básica tiene problemas de obesidad y sobrepeso.

Ha llegado el problema a tales extremos que, en 2008, se invirtió hasta una cuarta parte del presupuesto total del sector, es decir unos 68 mil millones de pesos, en la atención de enfermedades derivadas de la obesidad.

De seguir la tendencia actual, se estima que en 2017 ascienda a 167 mil millones de pesos.

Paralelamente, diputados y senadores pergeñaron propuestas orientadas a detener el fenómeno, si bien de orden curativo (ejercicio físico) y no preventivo.

De ambos poderes (ejecutivo y legislativo) han surgido medidas que deberán aplicarse de inmediato en todo el sistema educativo nacional, aunque la de dedicar 30 minutos al ejercicio físico durante la jornada escolar tendrá que ser repensada o aplicada según las características de cada escuela.

Y la medida no ha sido tomada exclusivamente por las dependencias federales. En su elaboración y acuerdo han participado los representantes de todos los estados del país, representados en los consejos nacionales de Autoridades Educativas (Conaedu) y de Salud.

Pero la cruzada apenas comienza y los infieles opondrán una resistencia virulenta para evitar la caída de sus más redituables territorios.

Y es que la fórmula del Estado mexicano está preparada con base en productos de limitadísimas dosis de calorías y grasas.

Por ello se espera que, desde empresas trasnacionales hasta obesomenudistas den una ruda pelea para evitar la caída de su imperio.