Con sentido patrimonialista y faccioso, el presidente Felipe Calderón ha manejado a placer el presupuesto federal para otorgar premios y castigos a los gobiernos locales.
Nunca como ahora, esa facultad del Ejecutivo federal se ha visto tan marcada por la manipulación política, a capricho de quien ha actuado más como presidente de su partido, el PAN, que como mandatario de una nación plural y diversa como México.
Y 2010 ha sido el año de la desvergüenza.
Con procesos electorales en 14 estados del país (en 12 de los cuales se eligió Gobernador), su estrategia se centró este año en el gasto desmedido en programas sociales en estados y municipios, manejados directamente por las dependencias federales, con auxilio de operadores políticos, frente a un bloqueo hostil del flujo de recursos a gobiernos emanados de partidos distintos al suyo.
Si agregamos que el presupuesto para seguridad se ha incrementado sustanciosamente y se ha reservado a la guerra contra la delincuencia organizada, considerado delito federal, ya podemos imaginar quiénes salen perdiendo: nuevamente, los gobiernos locales, algunos de los cuales (los últimos ejemplos, Durango y Nayarit) han debido enfrentar el avispero provocado por la guerrita, sin presencia de las fuerzas federales.
Calderón está decidido a evitar, a toda costa, entregar en 2012 la presidencia a un personaje que no sea postulado por su partido. A la guerra contra el narcotráfico, ha agregado una tarea más: ganar para el PAN la elección federal dentro de dos años, aún si esto significa romper el ya de por sí desvalido e injusto pacto federal.
Lo demás es lo de menos.
En ese escenario, uno de los sectores más castigados ha sido el de la educación, si consideramos que a la cultura el Presidente le ha tirado migajas presupuestales cuando se ha ligado a proyectos del sector turístico o al derroche torpe destinado a conmemorar el bicentenario de la Independencia y el centenario de la Revolución.
Mientras su gobierno se jacta de haber logrado un incremento importante en el índice de atención a la demanda de educación superior, las estadísticas apuntan más a que ese logro se ha compuesto en buena parte por la creación de más espacios en formación profesional por universidades privadas, cuya cepa ha extendido como hongos la cantidad de planteles aún en los lugares más inhóspitos e insospechados.
Ya sabemos que la cantidad no necesariamente está relacionada con la calidad, y menos en el caso de la educación privada. De ahí que la estadística es poco menos que inservible para saber en qué medida nuestro país está formando al capital humano que requiere para su desarrollo.
No tiene caso hablar de la inversión pública en investigación y desarrollo, que es casi inexistente, sobre todo si consideramos que es menor a medio punto porcentual del Producto Interno Bruto (PIB).
Con esos antecedentes, nunca como ahora se ha hecho indispensable postular un nuevo federalismo, que incluya elementos autonómicos, para justipreciar aportes y beneficios de cado uno de los estados y regiones del país.
Como veracruzano, me opongo que el presidente Felipe Calderón le niegue a Veracruz los recursos que son necesarios para obras y programas que requerimos como ciudadanos, sobre todo si consideramos el enorme flujo fiscal que este estado le representa a las arcas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
¿Qué derecho tiene el gobierno federal para poner sus intereses partidarios por encima del interés colectivo de cerca de ocho millones de mexicanos que vivimos en esta entidad?
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