Desprecio por la educación

Con justa razón, las universidades públicas se encuentran molestas con el gobierno federal. Los dos presidentes panistas han puesto coto al crecimiento de las principales instituciones formativas de generaciones de mexicanos, acaso porque en sus gestiones hace ya mucho tiempo que no emplean a egresados de ellas en los principales puestos públicos, copados por egresados del ITAM y posgraduados en el extranjero.

Los rectores de las universidades nacional y estatales, como el propio Raúl Arias Lovillo, de la UV, quien ha mantenido su línea crítica respecto a la asfixia económica a que el gobierno federal las está sometiendo, se han pronunciado en muy diversos foros alertando sobre las consecuencias negativas de esta política presupuestal.

Para 2012, si los congresistas no recomponen el Presupuesto de Egresos presentado por el ahora precandidato panista a la Presidencia, Ernesto Cordero, la situación no solo será grave sino que obligará a las universidades públicas a cancelar proyectos, despedir personal o, incluso, cancelar carreras.

Según la propuesta, la mayor atención se dará a la educación media superior, que experimentaría un incremento presupuestal del 7.7 por ciento.

Sin embargo, no prevé que los egresados de ese nivel buscarán su ingreso a la educación universitaria, a la que por el contrario se le disminuiría en 1.9% los ya de por sí insuficientes recursos con que se le dotó en 2011. Es decir, mil 500 millones de pesos menos.

Por añadidura, a la educación técnica se le recortarían más de 9 mil millones de pesos.

Como una confirmación de cómo se maneja la formación del capital humano que demanda el desarrollo de México, el área de posgrado puede sufrir un grave recorte de 7.5 puntos porcentuales, que agravaría aún más la carencia de especialistas no solo para impulsar la ciencia básica sino también la investigación aplicada y la innovación tecnológica.

Y no solo la superior siente la amenaza del desdén presupuestal federal. La educación básica experimentaría un crecimiento más bien conservador, pues solo se prevé un crecimiento de 1.5%, apenas 4 mil 657 millones de pesos, según un estudio del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP).

En términos generales, el abusivo presupuesto presentado por Felipe Calderón, de 3.5 billones de pesos para 2012, apenas contempla un incremento de 0.3 por ciento al gasto en el sector educativo.

Más represión, menos educación

Desde que emprendió el combate al crimen organizado, el gobierno de Felipe Calderón ha disminuido drásticamente el gasto social y de inversión pública para, en contrapartida, incrementar de manera sustancial el gasto en seguridad. El gobierno federal propone para 2012 un presupuesto al gabinete de seguridad de 155 mil millones de pesos, el más alto en la historia.

Especialistas y analistas han insistido en que la guerra contra las bandas criminales no se podrá ganar solo con mayores recursos a las fuerzas policiacas y militares. En los últimos cinco años se ha destinado la mayor cantidad de dinero público al tema y, sin embargo, lo que hemos visto como sociedad es que los resultados son los más cuestionables. Hoy estamos más inseguros que nunca.

Financiar educación privada, ¿solución?

Lo que no han logrado los empresarios del sector de alimentos, el presidente Felipe Calderón lo ha otorgado como concesión gratuita a los empresarios de la educación, gracias al decreto que permite deducir impuestos por gastos realizados en planteles escolares privados.

Para nadie es un misterio que desde el gobierno del también panista Vicente Fox, las escuelas privadas han hallado campo fértil para reproducirse como plaga por todo el territorio nacional, con propuestas que, en su mayoría, carecen de los estándares mínimos de calidad exigidos para lograr que México supere su lamentable atraso en materia formativa.

En cocheras o edificios inadecuados, con personal académico mal formado y peor pagado, con cuotas arancelarias que superan con mucho el costo del deplorable servicio que otorgan, miles de escuelas ‘patito’ se han asentado hasta en las más pequeñas ciudades del país para hacer el negocio de sus vidas.

Con la medida calderonista, a la que muchos ven el sello electoral, miles de causantes que tienen hijos, cónyuge o padres cursando desde preescolar hasta bachillerato, tendrán el incentivo de pagar en planteles privados porque podrán deducirlos de impuestos, lo que significa ni más ni menos un financiamiento indirecto del gobierno federal a los empresarios educativos, mientras la educación pública atraviesa una de sus más serias crisis y la más escandalosa indiferencia.

Calderón ha defendido esta medida aduciendo que el monto de lo que puede deducirse es equiparable a lo que su gobierno gastaría en educación pública. Menudo argumento.

En efecto, la reforma y adición el artículo 176 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) permitirá a las personas físicas deducir el pago de la educación pre-escolar (14 mil 200 pesos), primaria (12 mil 900), secundaria (19 mil 900), profesional técnico (17 mil 100) y bachillerato (24 mil 500 pesos), en su declaración fiscal del 2011, con retroactividad al primero de enero de 2010.

Según Calderón, con ello se apoyará la economía de las familias y se facilitará la formalización de causantes, tomando en consideración que “es un incentivo muy poderoso para hacerlo".

Los recursos que se deduzcan no llegarán a las arcas federales sino que harán florecer negocios a los que, en contrapartida, el gobierno nacional no está en posibilidades (o en el interés) de evaluar en cuanto a la calidad de la educación que ofrecen.

Buena parte de los planteles privados evaden la vigilancia y certificación de las autoridades educativas estatales, pese a que tampoco cuentan con personal suficiente para hacerlo, tramitando sus registros de validez oficial de estudios (RVOE) en la instancia federal cuando no logran cumplir con los requerimientos locales.

La SEP, con inusitada benevolencia, reparte estos documentos como si otorgara patentes de corso que permiten a los particulares lucrar con los servicios educativos, sin que la dependencia esté en la posibilidad de vigilar que éstos se ofrezcan con los mínimos exigidos.

¿Cuál será el monto que, por esta vía, se transferirá a la educación privada? El propio secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, lo ha calculado entre 11 mil y 13 mil millones de pesos, para beneficiar –según sus cálculos– a 3.5 millones de niños y jóvenes (y adultos, por supuesto).