miércoles, 23 de octubre de 2013

El costo presupuestal lo pagarán los estados

Si quedaban dudas sobre la precariedad financiera que sufrirán los estados del país en 2014, bastará observar lo que le costará al gobierno de Enrique Peña Nieto el apoyo incondicional que recibió del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Congreso para aprobar por inmensa mayoría el paquete fiscal (mal llamado reforma hacendaria) y el presupuesto de egresos.
                Porque el PRD no ofrendó la cauda de sus votos y la defensa a ultranza del proyecto peñista a cambio de nada. Su posición deliberadamente pro peñista y su defensa de los beneficios sociales que ofrece una propuesta fiscal y de gasto que los propios empresarios han criticado por evadir la responsabilidad del crecimiento económico y afectar a los factores de la producción, no solo lo fortalece en el ámbito del Pacto por México, también deja sin efecto una verdadera oposición en el Poder Legislativo, abandonando a su suerte al Partido Acción Nacional (PAN) que apenas ha podido vanagloriarse de tirar el IVA en colegiaturas.
                ¿Cuál será el costo para el gobierno federal y cómo se dará la consecuente merma en los recursos destinados a los gobiernos estatales, la mayoría de ellos priistas? La respuesta está en el denominado Fondo de Capitalidad, recién creado, que fortalece como nunca las finanzas del gobierno del Distrito Federal, territorio que nuevamente se convierte en el más ganancioso de la república.
                En efecto, los perredistas ven con satisfacción que su entrega a los brazos del poder les permitirá consolidarse en su más fuerte bastión político, el DF, con recursos de un fondo, el de Capitalidad (creado “para compensar los desequilibrios que se tienen como capital del país”), que en el próximo año oscilarán entre los 7 mil y los 9 mil 500 millones de pesos, los que se sumarán a cerca de 700 millones del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) que, por primera vez, incluye a la capital del país.
                Por supuesto, los perredistas han puesto en el tintero político la tendencia de izquierda en la Ley de Ingresos que, en efecto, incorpora gravar las ganancias obtenidas en la Bolsa Mexicana de Valores y una tasa progresiva del impuesto sobre la renta (ISR) para que paguen más impuestos quienes ganen más dinero, además de imponer impuestos a los alimentos chatarra.
                Los crecientes recursos de que dispone el gobierno de la ciudad de México más los del Fondo de Capitalidad y del FAIS no saldrán de alguna chistera; tendrán que tomarse de toda la canasta, lo que significa un sacrificio del resto del país, que ya es histórico, y que significará menores posibilidades de desarrollo, sobre todo si como este año la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) decide mantenerlos en el cajón y no invertirlos en los grandes proyectos que necesita un país que se colapsa en muchas de sus regiones, señaladamente las del sur y sureste.
                La caída dramática de la inversión pública este año ha sido uno de los más importantes factores para la contención del desarrollo, al grado de ser considerado como uno de los puntos que explican el haber llegado a la recesión en el mes de septiembre.

¿BENEFICIA A VERACRUZ UNA PRESIDENCIA PRIISTA?

Hace ya muchos años que Veracruz es perjudicado por los sucesivos gobiernos federales, mediante el bloqueo en el flujo de capital público orientado a obras y acciones. La rencilla entre Felipe Calderón Hinojosa y Fidel Herrera Beltrán, entonces presidente panista y gobernador del PRI, llevó al casi absoluto cierre del flujo de recursos federales orientados a obras de gran calado en materia de infraestructura de comunicaciones, proyectos productivos e, incluso, atención a los desastres naturales.
                La fama del cuenqueño de usar todo tipo de recursos en beneficio de su bolsillo y de la promoción del PRI, aunado al constante choque con el presidente panista, llevaron a los veracruzanos a la situación de rascarse con sus propias uñas porque mientras en el gobierno estatal se llevaban buena parte de los recursos públicos para satisfacer ambiciones personales y políticas, en el federal se bloqueaba la mayoría de los flujos financieros hacia Veracruz para evitar que se alimentara la ambición desmedida del gobernador priista.
                En los pasados comicios locales, el PRI insistió entre los votantes sobre la ventaja de elegir a alcaldes y diputados locales de ese partido con el sambenito que de esa manera se cerraría la pinza y le iría bien a sus comunidades. Pese a que la realidad no era benévola con esa tesis, se señalaba que ya había Presidente de la República y Gobernador priistas y que con un alcalde de ese partido las cosas marcharían de maravilla. Y muchos se la creyeron.
                La realidad es que no podemos tener un Presidente más alejado de Veracruz que Enrique Peña Nieto, incluso más que Felipe Calderón, y que muy difícilmente el Gobierno de Veracruz, con la grave deuda que heredó y no ha logrado superar, al menos en sus efectos más perniciosos, podrá atender las necesidades de los ayuntamientos, incluso aquellos gobernados por el PRI.

La batalla por atraer recursos para obras prioritarios en los ámbitos locales entre los 212 ayuntamientos veracruzanos será igual e, incluso, menos intensa que la que protagonizarán los estados del país por lograr que al menos las obritas comprometidas por el hoy mandatario durante su campaña sean cumplidas lo más pronto posible. 

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