El difícil compromiso en Salud

Algo debe estar aconteciendo dentro de la Secretaría de Salud, que dirige el doctor Pedro Anaya Rivera, que está generando mucho ruido y levantamientos sindicales que han pasado de la diatriba a la descalificación del titular e, incluso, al insulto.

Nada justifica atacar de manera tan altisonante a un funcionario, sobre todo si apenas ha entrado al servicio de una dependencia que, de lejos, ha venido arrastrando pendientes, tanto en materia de atención de la población a la que debe servir como de los trabajadores que de ella se sirven

Pero, haciendo a un lado epítetos como el de ignorante, que le endilgó José Antonio Medina Fernández, dirigente del sindicato en Orizaba, lo cierto es que las cosas no están funcionando adecuadamente.

Esta disfunción administrativa puede pasar por alto en dependencias de otra naturaleza, y no pasa nada, pero en la que tiene a su cargo el cuidado de la salud de los veracruzanos, puede tener consecuencias fatales.

¿Qué está pasando en materia de Salud en Veracruz? De entrada le ha pegado todo el tema de la obligada austeridad que debió obligar a recortar gastos que, a la luz de los nuevos funcionarios, pudieron parecer prescindibles.

Trabajadores de varias jurisdicciones sanitarias, como las de Veracruz, Orizaba y Xalapa, por ejemplo, han realizado paros de brazos caídos.

Ellos son los que tienen relación directa con un número creciente de beneficiarios, a los que deben atender con prisa y sin las condiciones en infraestructura e impedimenta sanitaria.

No sólo deben atender con abulia y premura a los pacientes, cuya cuota por médico y personal de enfermería se ha elevado en razón de la cancelación de plazas y la incorporación de derechohabientes que provienen del Seguro Popular, sino que además deben lidiar con la falta de medicamentos, instrumental, espacios, vehículos y combustibles.

En efecto, en las instalaciones de sanidad no se cuenta ni con lo más indispensable para prestar atención; los trabajadores de salud se quejan de que no cuentan ni con alcohol, gasas, mejoralitos, mucho menos ambulancias, personal suficiente, papelería, consultorios equipados.

Si hubiera una real certificación de los servicios de salud en Veracruz, saldríamos muy raspados, y entonces, el difícil tránsito de recursos federales al estado para esa materia se haría prácticamente un calvario.

Sería torpe echarle la culpa al primer funcionario que anunció el gobernador Javier Duarte en su gabinete. Se lidia con carencias que se han traslapado en medio de la verborrea frenética e ineficaz de quien nos dejó en la calle en el sexenio pasado.

Sin embargo, así como incrusta en el discurso gubernamental la promesa de mejorar la calidad de vida de los veracruzanos, algo se debe hacer a nivel de piso para hacerlo posible en el tema de la salud.

Municipios en la miseria

Los municipios veracruzanos están en la miseria. Las tropelías cometidas en administraciones pasadas los tienen postrados y, prácticamente, sin posibilidad de responder a los ciudadanos; en la mayoría de los casos, ni a sus propios trabajadores.

Es una bomba de tiempo. A excepción de los grandes municipios, que han logrado una buena recaudación por concepto de impuesto predial, la mayoría no se puede decir que vivan al día, porque las deudas heredadas les llevará mucho tiempo para solventarlas.

Entre abultadas deudas con proveedores, casi todos los ayuntamientos están prácticamente imposibilitados para responder a las necesidades ingentes de la población.

No se trata de emprender nuevas obras públicas; incluso la prestación de los servicios esenciales como agua, recolección de basura, vigilancia, alumbrado, cuidado de parques y jardines, todo está paralizado. No hay recursos en caja.

Los nuevos alcaldes tomaron sus puestos con la novedad de que tenían enormes deudas con la Comisión Federal de Electricidad, con el Instituto Mexicano del Seguro Social, con empresas telefónicas, constructoras, sus propios empleados.

El parque vehicular con que cuentan está casi inservible y los trabajadores tienen serias dificultades para cumplir con sus funciones, a no ser exponiendo su propia integridad física. No hay para viáticos ni para composturas.

Para colmo, la mayoría enfrenta laudos laborales que los coloca en situación vulnerable pues tendrán que pagar salarios caídos y/o liquidaciones, cuando no la reincorporación de extrabajadores a sus puestos de trabajo, lo que implicará una nómina abultada para sus de por sí endebles finanzas.

De obritas y débiles artificios

Las autoridades municipales son las más cercanas a la gente, aquellas a las que acude la población para resolver los problemas inmediatos, y no hay para cuando la situación mejore porque, por otro lado, el gobierno estatal sufre de la misma enfermedad.

La situación de Veracruz, independientemente del impulso que está recibiendo su actividad turística, poco o nada variará en los próximos meses. La realidad es que no hay dinero y, muy difícilmente, el gobierno estatal acudirá en apoyo de las autoridades locales.

Lo grave es que, para tapar el ojo al macho, alcaldes como los de Xalapa, Veracruz y Boca del Río, entre muchos otros, están destinando recursos a tareas que solo sirven para engañar, como gastar en pintar semáforos, celebrar actos políticos para recibir falsos vítores por obritas cuyos costos, a veces, son menores a los erogados en los fastuosos protocolos, o anunciar becas escolares, insuficientes en cantidad y en monto.

No hay planes municipales de desarrollo porque las metas y objetivos no se pueden plantear cuando negros nubarrones financieros se ciernen desde el mismo día en que pisaron sus oficinas en los ayuntamientos.

Se acercan, por ejemplo, a las oficinas del DIF, a la Universidad Veracruzana o a algunas asociaciones civiles para elaborar programas asistenciales que poco les cuesta, o se dedican a tomarse la foto barriendo playas, y con ello tratan de contener el creciente malestar de la población.

¿Cuánto durará la sequía?

Es posible que esta estrategia les dure seis meses. Y hablo no solo de las autoridades municipales sino también de las estatales. Pasado ese periodo, los veracruzanos se preguntarán cuándo van a iniciar a gobernar y dejarán de administrar.

Hay funcionarios que piensan que los comentaristas políticos obran de mala fe o están desinformados cuando señalan la ineficacia de sus gestiones. Es posible que no solo sea asunto de su inexperiencia o poca imaginación sino en efecto de falta de recursos, de visión, de esperanzas.

Varios de ellos empiezan a desesperarse. Llegaron a sus puestos para promoverse políticamente con miras a las elecciones federales de 2012; querían colocarse en la fila de la cadena improductiva y no andar penando con conflictos que les saltan como langostas.

Lo mismo les hacen paros que manifestaciones, incluso de empleados que piden lo indispensable para desempeñar sus funciones, cuando no el pago a tiempo de sus emolumentos.

Y sienten que, más que ganarlos, están perdiendo sus bonos, reales o supuestos.

Escuelas de tiempo completo: compromiso

Se supone que en 2011, Veracruz contará con buena parte del paquete de 700 escuelas de tiempo completo que el gobernador Javier Duarte de Ochoa anunció en su toma de protesta, teniendo como testigo nada menos que a Elba Esther Gordillo Morales, dirigente absoluta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Este modelo, que permite a los alumnos permanecer desde las ocho de la mañana hasta las cuatro de la tarde en la escuela, lo que en teoría les haría vivir procesos extensivos e intensivos de aprendizaje, tiene muchos bemoles, desde los políticos hasta los presupuestales y, por supuesto, los estrictamente educativos.

Para nadie es un secreto que este modelo oneroso –lo que no necesariamente le quita virtudes–, ha sido la demanda más reiterada del SNTE y su lideresa.

Le representa a la organización sindical un fuerte incremento en su membrecía, habida cuenta de que si bien los niños deben permanecer toda la jornada, hay que multiplicar el número de los maestros, y es necesaria la contratación de personal adicional para atender servicios como el de alimentación.

Las penurias económicas del gobierno estatal, por otra parte, difícilmente permitirán invertir en estos primeros meses de 2011 en este modelo que, de entrada, demanda la adecuación de las instalaciones de las escuelas que sean incorporadas como de tiempo completo.

Por supuesto, la SEP podría estar en condiciones de afrontar la creación de más plazas magisteriales federales, pero no lo es todo.

Además de instalaciones adecuadas, que incluyan cocina y comedor entre otros espacios, las escuelas de tiempo completo deberán ser dotadas de insumos alimenticios para los estudiantes; materiales y equipamiento didácticos que hagan productivas sus largas estancias escolares, y otros gastos inherentes al proyecto.

A ese problema se enfrentará el gobierno veracruzano a través de la Secretaría de Educación (SEV), cuyo titular ha sido muy escueto al abordar el tema, sabedor de que por lo pronto el proyecto no pasará de ser sólo eso: un proyecto.

Lo cierto es que dentro de unos meses, la profesora Gordillo volteará hacia Veracruz para cobrar la factura, y entonces es posible que lleguen las prisas, pese a que es un proyecto que justamente requiere de mucha planeación, gestión y tiempo.

¿Esconder la mano y luego tirar la piedra?

El tema ha permanecido un poco tras bambalinas. Apenas se labra el Plan Veracruzano de Desarrollo, documento que en su capítulo de educación deberá contener datos más precisos sobre la operación de esta estrategia. Sin embargo, independientemente de su ubicación en dicho documento, las autoridades educativas debieran establecer los pasos previos para ello.

Habrá que ver si en el desglose del presupuesto asignado a la dependencia se contemplan recursos para empezar a adecuar planteles.

Por lo pronto, es de tomarse en consideración el pronunciamiento que, en este tenor, ha hecho público el Observatorio Veracruzano de la Educación.

De entrada, lo que salta a la vista es su cuestionamiento a la falta de suspicacia del sector educativo veracruzano sobre las bondades de este modelo.

Suspicacia que sí ha tenido el propio representante de Elba Esther Gordillo Morales en Veracruz, el dirigente de la sección 32 del SNTE, Gaudencio Hernández Burgos, quien expuso no sólo la enorme tarea que representa adecuar instalaciones y contratar más maestros, sino que no haya elementos para evaluar si las escuelas que ya operan realmente funcionan.

A principios de diciembre pasado, Hernández Burgos –recuerda este organismo independiente en su pronunciamiento– dijo que los resultados obtenidos en Veracruz no permiten contar con “un parámetro del que se pueda respaldar para saber si es viable o no la aplicación de una educación integral de tiempo completo, ya que se han tenido muchas carencias y necesidades”.

Y, en efecto, el titular de la Secretaría de Educación de Veracruz, Adolfo Mota Hernández, señaló en su momento que, antes de enfilarse hacia cualquier decisión respecto a la expansión del programa, se debería atender la evaluación de lo que ha significado su operación en la etapa piloto.

Como no lo ha habido, este colectivo ha señalado lo siguiente:

“Como Observatorio Veracruzano de la Educación cuestionamos públicamente este estilo de toma de decisión y de uso de los recursos públicos, ya que no es posible que primero se tome la decisión y luego se busquen argumentos para justificarla”.

Y se pregunta:

“¿Qué pasará si los “resultados preliminares” de los que habla el Secretario Mota, apuntan a que las escuelas de tiempo completo no son la mejor política para las condiciones de la entidad? O bien, ¿con qué información y con qué racionalidad está tomando decisiones el Secretario de Educación?”

Es posible que dichos resultados ya estén en el escritorio del secretario de Educación, pero eso no garantiza que sean positivos. Habrá que someter al análisis de expertos educativos (algo que no es Mota Hernández) dichos resultados, en la hipótesis de que existan.

De ahí que el observatorio solicite la publicación del informe en el portal en internet de la SEV, toda vez que fue prometido que en enero pasado estaría concluido, así como la estrategia metodológica utilizada.

Y concluye:

“Como ciudadanos organizados, nos declaramos listos para entregar de manera formal a la Secretaría de Educación las propuestas de líneas de política que diseñamos como Observatorio; estamos seguros [de] que respetuosos de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz, el ejercicio de construcción del programa del sector educativo será mediante un proceso de planeación democrática y no mediante la imposición de intereses contrarios a la sociedad veracruzana”.

Algo deberá responder, sin que esconda la mano, el secretario de Educación de Veracruz, porque la inversión necesaria para la instauración del programa en 700 planteles representa una suma que requiere una justificación precisa, la certeza de que funcionará y que no se dilapidarán tan escasos recursos en un tema que sólo favorecería a una organización sindical, al menos en el caso de que no sirviera para otra cosa.

Escuelas de tiempo completo: ¿esconder la mano y luego tirar la piedra?

Posicionamiento público del Observatorio Veracruzano de la Educación

Analizar los dichos públicos de las autoridades y construir posicionamientos ante ellos, es una de las actividades estratégicas del Observatorio Veracruzano de la Educación, con ello, hacemos nuestra aportación como ciudadanos para la construcción de un estado y país donde vivir sea un orgullo.

Reconocemos que la actual gestión gubernamental está en proceso de ubicación en las nuevas responsabilidades, pero también, que muchos de los funcionarios ya estaban laborando en áreas de toma de decisión en el sexenio antecedente, por ello, creemos oportuno realizar un primer posicionamiento público ante algunos dichos que consideramos no son producto de la inexperiencia, sino de un enfoque de gestión y concepción de los problemas que de no corregirse, puede anticiparse, impactarán de manera negativa en la calidad de los servicios, así como en las políticas que se implementen en este periodo gubernamental.

Por la naturaleza del Observatorio Veracruzano de la Educación, este posicionamiento se circunscribe a los dichos del Secretario de Educación, Lic. Adolfo Mota, en relación con una decisión que financiará con recursos públicos.

El 1 de diciembre de 2010, el Dr. Javier Duarte dio a conocer su propuesta educativa, en ella delineó como una de sus acciones inmediatas la incorporación de “700 escuelas de educación básica al modelo de Escuelas de Tiempo Completo”. Iniciativa que suponemos, fue elaborada por el equipo del Secretario Mota.

Esta iniciativa generó diversas reacciones, por ejemplo: el dirigente estatal de la Sección 32 del SNTE, Gaudencio Hernández Burgos, declaró (10/12/2010) “que las escuelas primero deben de contar con cocina, con los maestros suficientes para atender a los niños todo el día ya que es un horario corrido de 8 de la mañana a las 4 de la tarde…”, incluso remarcó que los resultados que se tienen en la entidad no permiten contar con “un parámetro del que se pueda respaldar para saber si es viable o no la aplicación de una educación integral de tiempo completo ya que se han tenido muchas carencias y necesidades”.

Por otro lado, el “dirigente de la sección 56 del Sindicato Nacional de Trabajadores al Servicio de la Educación (SNTE), Ernesto Callejas Briones, informó que en el 2011 se echará a andar un programa piloto para que jardines de niños sean de tiempo completo” y puntualizó “que está en total acuerdo porque en Veracruz las escuelas sean de tiempo completo ya que las exigencias laborales de los padres de familia así lo demandan” (21/12/2010).

Ante la postura de cautela de la sección 32, de total apoyo de la 56 y en un contexto de graves vacíos en la información de la denominada fase piloto del citado programa, el Gobernador del estado y su Secretario de Educación ratificaron públicamente este compromiso (21/12/2010), incluso el Secretario de Educación “aseguró que en enero del 2011 se tendrán los resultados preliminares del programa piloto escuelas de tiempo completo, con lo que se logrará conocer los alcances y logros de este sistema de enseñanza.”

Como Observatorio Veracruzano de la Educación cuestionamos públicamente este estilo de toma de decisión y de uso de los recursos públicos, ya que no es posible que primero se tome la decisión y luego se busquen argumentos para justificarla.

Nos preguntamos ¿qué pasará si los “resultados preliminares” de los que habla el Secretario Mota, apuntan a que las escuelas de tiempo completo no son la mejor política para las condiciones de la entidad? o bien, ¿con qué información y con qué racionalidad está tomando decisiones el Secretario de Educación? Por otro lado, solicitamos se haga público a través del portal de la Secretaría, el informe de los resultados preliminares del citado programa (la cual se aseguró estaría disponible en enero), así como la estrategia metodológica utilizada.

Como ciudadanos organizados, nos declaramos listos para entregar de manera formal a la Secretaría de Educación las propuestas de líneas de política que diseñamos como Observatorio, estamos seguros que respetuosos de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz, el ejercicio de construcción del Programa del sector educativo será mediante un proceso de planeación democrática y no mediante la imposición de intereses contrarios a la sociedad veracruzana.

Financiar educación privada, ¿solución?

Lo que no han logrado los empresarios del sector de alimentos, el presidente Felipe Calderón lo ha otorgado como concesión gratuita a los empresarios de la educación, gracias al decreto que permite deducir impuestos por gastos realizados en planteles escolares privados.

Para nadie es un misterio que desde el gobierno del también panista Vicente Fox, las escuelas privadas han hallado campo fértil para reproducirse como plaga por todo el territorio nacional, con propuestas que, en su mayoría, carecen de los estándares mínimos de calidad exigidos para lograr que México supere su lamentable atraso en materia formativa.

En cocheras o edificios inadecuados, con personal académico mal formado y peor pagado, con cuotas arancelarias que superan con mucho el costo del deplorable servicio que otorgan, miles de escuelas ‘patito’ se han asentado hasta en las más pequeñas ciudades del país para hacer el negocio de sus vidas.

Con la medida calderonista, a la que muchos ven el sello electoral, miles de causantes que tienen hijos, cónyuge o padres cursando desde preescolar hasta bachillerato, tendrán el incentivo de pagar en planteles privados porque podrán deducirlos de impuestos, lo que significa ni más ni menos un financiamiento indirecto del gobierno federal a los empresarios educativos, mientras la educación pública atraviesa una de sus más serias crisis y la más escandalosa indiferencia.

Calderón ha defendido esta medida aduciendo que el monto de lo que puede deducirse es equiparable a lo que su gobierno gastaría en educación pública. Menudo argumento.

En efecto, la reforma y adición el artículo 176 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) permitirá a las personas físicas deducir el pago de la educación pre-escolar (14 mil 200 pesos), primaria (12 mil 900), secundaria (19 mil 900), profesional técnico (17 mil 100) y bachillerato (24 mil 500 pesos), en su declaración fiscal del 2011, con retroactividad al primero de enero de 2010.

Según Calderón, con ello se apoyará la economía de las familias y se facilitará la formalización de causantes, tomando en consideración que “es un incentivo muy poderoso para hacerlo".

Los recursos que se deduzcan no llegarán a las arcas federales sino que harán florecer negocios a los que, en contrapartida, el gobierno nacional no está en posibilidades (o en el interés) de evaluar en cuanto a la calidad de la educación que ofrecen.

Buena parte de los planteles privados evaden la vigilancia y certificación de las autoridades educativas estatales, pese a que tampoco cuentan con personal suficiente para hacerlo, tramitando sus registros de validez oficial de estudios (RVOE) en la instancia federal cuando no logran cumplir con los requerimientos locales.

La SEP, con inusitada benevolencia, reparte estos documentos como si otorgara patentes de corso que permiten a los particulares lucrar con los servicios educativos, sin que la dependencia esté en la posibilidad de vigilar que éstos se ofrezcan con los mínimos exigidos.

¿Cuál será el monto que, por esta vía, se transferirá a la educación privada? El propio secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, lo ha calculado entre 11 mil y 13 mil millones de pesos, para beneficiar –según sus cálculos– a 3.5 millones de niños y jóvenes (y adultos, por supuesto).

Los líos sindicales que enfrenta la UV

En la Universidad Veracruzana, el clima irá subiendo a candente conforme pasen los días en el terreno de las negociaciones que la Rectoría realiza con sus sindicatos. Y es que las finanzas universitarias no parecen resistir la prueba de un movimiento laboral inquisitivo y exigente.

Ya el rector Arias Lovillo ha informado del enorme déficit que acumula la UV desde hace varios años, justamente derivado de la intervención de gobiernos estatales anteriores en aras de resolver movimientos huelguísticos del SETSUV, organización que negocia en la orfandad en que la ha dejado la recientemente fallecida Eloína Vargas Merino.

En efecto, hace ya varios años que la UV deja de percibir al menos 100 millones de pesos anuales a que sucesivos gobiernos veracruzanos se han comprometido para financiar exigencias sindicales que ni la UV ni el gobierno federal estuvieron en su momento dispuestos a asumir.

Desde el gobierno de Miguel Alemán Velasco, la secretaría de Finanzas y Planeación ha ido desentendiéndose de esos compromisos, lo que ha obligado a la UV (que no al gobierno federal) a sufragarlos en detrimento de recursos que debieran destinarse a las actividades académicas.

Esta circunstancia se agrava ahora con la deuda millonaria que la UV dice tener con sus dos principales interlocutores sindicales: el Fesapauv, que agremia a su personal académico, y el Setsuv, que aglutina a los trabajadores administrativos y manuales.

Lo que pudo haber sido abordado en la intimidad de las negociaciones, Arias Lovillo lo ha colocado en la palestra mediática, obligando a que en la misma tesitura le respondan los aludidos. Ya el diputado local Enrique Levet Gorozpe, dirigente de Fesapauv, ha dicho en medios que las carencias financieras de la UV deberá resolverlas como pueda o quiera, pero que debe entregar lo adeudado a sus acreedores.

Y dijo más: que no aceptará lo que la propia institución está proponiendo como aumento salarial al Setsuv, que consiste en un 3.9 por ciento.

Habrá que ver la reacción del Setsuv, que vive un proceso intenso para definir cómo hacerle para elegir al sustituto de su dirigente fallecida, para lo que suena Pedro Reducindo Villalba, con número de personal 1916, comisionado al sindicato hace muchos años, y que tiene un hermano también en el sindicato, de nombre Guillermo (número de personal 6519).

Los miembros del sindicato se debaten entre mantener a un sindicalista de la región Xalapa, que ha obtenido durante todo el tiempo de existencia el máximo puesto directivo, o se da cancha a otras regiones, marcadamente Poza Rica.

En los corrillos de la organización se sopesa también el nombre de Juan Mendoza, porque a Eloína Vargas le sorprendió la muerte antes de tener preparada a una pariente suya para sustituirle. Lo que más preocupa es quién puede ser factor de unidad, al tiempo que mantiene la posición combativa de Eloína.

En medio de este ruido, Arias Lovillo trata de adelantar tiempos, y ha logrado un acercamiento interesante con la dirigente de la Asociación de Funcionarios y Empleados de Confianza de la Universidad Veracruzana, Afecuv, Martha Herrera Hernández, sobre cuyos supuestos manejos deshonestos en cuotas de agremiados ya han levantado la voz varios empleados universitarios.

A ver cómo le va al rector y a la UV con los asuntos laborales, del día de la Candelaria en adelante.

En las fotos:

Foto 1: El rector Raúl Arias Lovillo escucha al lider del personal académico, Enrique Levet.

Foto 2: Arias Lovillo con la dirigente de Afecuv, Martha Herrera Hernández.

Educación, a la deriva

El sector educativo de Veracruz parece fuera de control. En la efervescencia de los últimos dos meses, lo mismo intervienen funcionarios que líderes sindicales, políticos que descansaban en la banca y mecenas a contratiempo.

Todos se suben a la tribuna para mostrar sus malquerencias, estropear la investidura de contrarios, exigir que las autoridades nombren jefes a modo, demandar el pago de deudas añejas, poner en entredicho la calidad de instituciones educativas, rearmar equipos políticos, salir del obligado ostracismo para decir su palabra, ventilar en los medios asuntos que podrían dirimirse en privado si tuvieran una cabeza que pudiera sentarlos y remediar sinsabores.

Ante la falta de liderazgo político que ha mostrado el secretario de Educación, Adolfo Mota Hernández, los funcionarios educativos y los dirigentes sindicales han optado por llevar sus riñas al escenario mediático, donde se están dando con todo, en detrimento de sus propias figuras, instituciones y organizaciones.

Lo grave es que la educación parece poco importar a los que se han subido al ring de las recriminaciones políticas y no parece que en lo inmediato pueda apaciguarse el borlote. No hay quien lo haga, ciertamente, y sería políticamente negativo para la SEV que el gobernador Javier Duarte de Ochoa tuviera que intervenir para apagar las hogueras.

Luego de la decembrina ofensiva orquestada por el ahora rector de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, Guillermo Zúñiga Martínez, en contra de instituciones educativas, incluida la máxima Casa de Estudios de Veracruz, en su afán de presionar al Congreso para la obtención de un buen presupuesto para su proyecto, las reacciones no han parado de estremecer las bocinas de los medios electrónicos y de gastar tinta en los impresos.

¿Fue una estrategia del más alto nivel o simple calentura de quien se considera padrino político del actual titular de la SEV? Todo parece indicar que esto último lo explica todo.

Lo cierto es que, cada día, los veracruzanos amanecemos con noticia de nuevas escaramuzas. Este martes, por ejemplo, el dirigente de la sección 56 del SNTE, Ernesto Callejas Briones, ordenó a sus huestes tomar las instalaciones de la Dirección General de Bachillerato, porque en lo personal le parece una mala decisión encomendar el rumbo de esa oficina a Daniel Lugo Carrasco, como lo instruyó el secretario Adolfo Mota, con el previsible visto bueno de su superior inmediato.

Por lo visto, ni el titular de la SEV creyó conveniente cabildear una decisión que por supuesto le compete, ni al diputado local con licencia le interesa respetar el papel que le corresponde jugar en el sistema educativo, y es que su movimiento sorpresivo nada tiene que ver con la defensa de los derechos de sus agremiados.

Cuando la rueda gira, no hay manera de evitar su huella. En torno al tema de la UPAV, las cosas se han puesto color de hormiga, un escenario que ni en las previsiones más oscuras hubiera imaginado el gobernador Duarte, porque su intención ha sido contribuir a multiplicar los espacios en educación superior, no generar escenarios de incertidumbre y confrontación.

Y el primero en saltar, y ha mantenido su contraofensiva, es el rector Raúl Arias Lovillo, quien lo menos que ha dicho del nuevo proyecto es que carece de los elementos que le permitan asegurar la calidad educativa. ¿Cómo puede asegurar este elemento una institución que ni a presupuesto llega?, se ha preguntado el coatepecano. Estos diferendos innecesarios están poniendo muy caliente el debate, que es lo menos que debiera haber en el inicio mismo de una gestión administrativa.

¿Cuándo pondrá orden el titular de la SEV? Esperemos que pronto.