Se supone que en 2011, Veracruz contará con buena parte del paquete de 700 escuelas de tiempo completo que el gobernador Javier Duarte de Ochoa anunció en su toma de protesta, teniendo como testigo nada menos que a Elba Esther Gordillo Morales, dirigente absoluta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
Este modelo, que permite a los alumnos permanecer desde las ocho de la mañana hasta las cuatro de la tarde en la escuela, lo que en teoría les haría vivir procesos extensivos e intensivos de aprendizaje, tiene muchos bemoles, desde los políticos hasta los presupuestales y, por supuesto, los estrictamente educativos.
Para nadie es un secreto que este modelo oneroso –lo que no necesariamente le quita virtudes–, ha sido la demanda más reiterada del SNTE y su lideresa.
Le representa a la organización sindical un fuerte incremento en su membrecía, habida cuenta de que si bien los niños deben permanecer toda la jornada, hay que multiplicar el número de los maestros, y es necesaria la contratación de personal adicional para atender servicios como el de alimentación.
Las penurias económicas del gobierno estatal, por otra parte, difícilmente permitirán invertir en estos primeros meses de 2011 en este modelo que, de entrada, demanda la adecuación de las instalaciones de las escuelas que sean incorporadas como de tiempo completo.
Por supuesto, la SEP podría estar en condiciones de afrontar la creación de más plazas magisteriales federales, pero no lo es todo.
Además de instalaciones adecuadas, que incluyan cocina y comedor entre otros espacios, las escuelas de tiempo completo deberán ser dotadas de insumos alimenticios para los estudiantes; materiales y equipamiento didácticos que hagan productivas sus largas estancias escolares, y otros gastos inherentes al proyecto.
A ese problema se enfrentará el gobierno veracruzano a través de la Secretaría de Educación (SEV), cuyo titular ha sido muy escueto al abordar el tema, sabedor de que por lo pronto el proyecto no pasará de ser sólo eso: un proyecto.
Lo cierto es que dentro de unos meses, la profesora Gordillo volteará hacia Veracruz para cobrar la factura, y entonces es posible que lleguen las prisas, pese a que es un proyecto que justamente requiere de mucha planeación, gestión y tiempo.
¿Esconder la mano y luego tirar la piedra?
El tema ha permanecido un poco tras bambalinas. Apenas se labra el Plan Veracruzano de Desarrollo, documento que en su capítulo de educación deberá contener datos más precisos sobre la operación de esta estrategia. Sin embargo, independientemente de su ubicación en dicho documento, las autoridades educativas debieran establecer los pasos previos para ello.
Habrá que ver si en el desglose del presupuesto asignado a la dependencia se contemplan recursos para empezar a adecuar planteles.
Por lo pronto, es de tomarse en consideración el pronunciamiento que, en este tenor, ha hecho público el Observatorio Veracruzano de la Educación.
De entrada, lo que salta a la vista es su cuestionamiento a la falta de suspicacia del sector educativo veracruzano sobre las bondades de este modelo.
Suspicacia que sí ha tenido el propio representante de Elba Esther Gordillo Morales en Veracruz, el dirigente de la sección 32 del SNTE, Gaudencio Hernández Burgos, quien expuso no sólo la enorme tarea que representa adecuar instalaciones y contratar más maestros, sino que no haya elementos para evaluar si las escuelas que ya operan realmente funcionan.
A principios de diciembre pasado, Hernández Burgos –recuerda este organismo independiente en su pronunciamiento– dijo que los resultados obtenidos en Veracruz no permiten contar con “un parámetro del que se pueda respaldar para saber si es viable o no la aplicación de una educación integral de tiempo completo, ya que se han tenido muchas carencias y necesidades”.
Y, en efecto, el titular de la Secretaría de Educación de Veracruz, Adolfo Mota Hernández, señaló en su momento que, antes de enfilarse hacia cualquier decisión respecto a la expansión del programa, se debería atender la evaluación de lo que ha significado su operación en la etapa piloto.
Como no lo ha habido, este colectivo ha señalado lo siguiente:
“Como Observatorio Veracruzano de la Educación cuestionamos públicamente este estilo de toma de decisión y de uso de los recursos públicos, ya que no es posible que primero se tome la decisión y luego se busquen argumentos para justificarla”.
Y se pregunta:
“¿Qué pasará si los “resultados preliminares” de los que habla el Secretario Mota, apuntan a que las escuelas de tiempo completo no son la mejor política para las condiciones de la entidad? O bien, ¿con qué información y con qué racionalidad está tomando decisiones el Secretario de Educación?”
Es posible que dichos resultados ya estén en el escritorio del secretario de Educación, pero eso no garantiza que sean positivos. Habrá que someter al análisis de expertos educativos (algo que no es Mota Hernández) dichos resultados, en la hipótesis de que existan.
De ahí que el observatorio solicite la publicación del informe en el portal en internet de la SEV, toda vez que fue prometido que en enero pasado estaría concluido, así como la estrategia metodológica utilizada.
Y concluye:
“Como ciudadanos organizados, nos declaramos listos para entregar de manera formal a la Secretaría de Educación las propuestas de líneas de política que diseñamos como Observatorio; estamos seguros [de] que respetuosos de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz, el ejercicio de construcción del programa del sector educativo será mediante un proceso de planeación democrática y no mediante la imposición de intereses contrarios a la sociedad veracruzana”.
Algo deberá responder, sin que esconda la mano, el secretario de Educación de Veracruz, porque la inversión necesaria para la instauración del programa en 700 planteles representa una suma que requiere una justificación precisa, la certeza de que funcionará y que no se dilapidarán tan escasos recursos en un tema que sólo favorecería a una organización sindical, al menos en el caso de que no sirviera para otra cosa.
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