lunes, 10 de febrero de 2014

Pone la SSA en riesgo a pacientes con SIDA

En el Hospital Luis F. Nachón de Xalapa, más de 360 pacientes portadores de VIH Sida sienten en riesgo la continuidad de la atención de su padecimiento por la campaña emprendida por el coordinador del Servicio de Atención Integral (SAI), Salvador Galván Loranca, contra los médicos que los atienden.

Con el consentimiento o desinterés del doctor César Alarcón Castillo, director del nosocomio, García Loranca ha emprendido una desigual batalla contra los facultativos, en especial, contra la doctora Magdalena Piñero Morales, a quien sin posibilidad de réplica acusa de una supuesta negligencia médica.

Y sí, las acusaciones del coordinador del SAI son sumamente serias y tendrá que probarlas no solo ante las instancias del sector Salud sino también ante las autoridades judiciales, porque ha propalado, incluso entre los pacientes y en reuniones con funcionarios de la Secretaría de Salud, que la doctora Piñero ha estado matando a los pacientes.

El 13 de enero, 30 portadores de VIH Sida enviaron un oficio al secretario de Salud, Juan Antonio Nemi Dib, en que le solicitan la permanencia de Piñero pues, durante más de cuatro años, ha mantenido controladas sus cargas virales.

Pero, una de dos, o el secretario de Salud no ha logrado olfatear que hay gato encerrado en este caso de represión laboral, o le está quedando grande el pantalón y no precisamente por su rauda baja de peso.

Apenas el 23 de enero, Nemi Dib pidió una semana (que ya se cumplió) para analizar el caso y pidió a las partes involucradas no enturbiar más las aguas. Galván Loranca, sin embargo, ha seguido el procedimiento y el viernes 7 de febrero entregó, a través de una secretaria, un citatorio a Piñero Morales para presentarse este jueves 13 ante el área jurídica.

Nuevas instalaciones, nuevos problemas

El 14 de enero, el secretario de Salud inauguró en el nosocomio xalapeño el área del SAI para personas con VIH Sida e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), en que el Gobierno del Estado invirtió 12 millones de pesos.


Este nuevo espacio se ha convertido en la joya de la corona para su coordinador, Salvador Galván Loranca, quien ha puesto el pie a los tres médicos que se han hecho cargo de 360 pacientes, para sustituirlos por otros médicos, supuestamente más capacitados, como la doctora Pilar Alarcón Castillo, hermana del director del Hospital Civil, quien trabajaba en el Centro de Especialidades Médicas, pero sin experiencia probada en atención a portadores del VIH Sida.

De ahí la reacción de 30 pacientes que decidieron solicitar por escrito al titular de Salud mantener a la doctora Magdalena Piñero porque, según su propia experiencia, no solamente ha logrado evitar que agraven su padecimiento sino que, motu proprio, se ha costeado cursos y especializaciones como el recibido en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER).

Acusaciones aventuradas y dolosas

Y es que el doctor Salvador Galván Loranca ha llegado al extremo de condicionar la entrega de medicamentos a varios pacientes del área, a cambio de firmar actas en contra de la doctora, movido por causas extraprofesionales, por decirlo de una manera eufemística.

No solo ha acusado a la doctora Piñero de ser negligente y haber causado la muerte de varios portadores, sino también de observar baja productividad, cuando de los 360 pacientes que atiende el SAI, ella se hacía cargo de más de 200.

El 22 de enero, en ausencia de la facultativa, Galván Loranca reiteró las acusaciones; informó que los tres médicos (también están implicados el doctor José Manuel Tejeda Carmona y otro más) serían removidos por esquemas obsoletos, fallas y defunciones (“los están matando”, fue la expresión). Dijo que se habían revisado los expedientes y se habían detectado fallas en diagnósticos y en protocolos (recetas médicas).

A la reunión técnica asistieron la directora de Salud Pública, Irasema Guerrero Lagunes; la jefa del departamento de Control de Enfermedades, Marcelina García López; la coordinadora estatal del Programa de Prevención y Control VIH Sida e ITS, Esmeralda Bernal Aguilera, y Gabriela Rodríguez Briseño, apoyo médico del Programa de VIH Sida, entre otros.

Ninguno de ellos tuvo la ocurrencia de llamar a los acusados para que dijeran lo que a su derecho les conviniera.

En cambio, violando el Acuerdo 6/DSP.02/2013, de “respetar la confidencialidad de los pacientes con VIH Sida, cuando asisten a las pruebas de control virológico”, el improvisado personal del SAI ha permitido que personal no autorizado revise los expedientes médicos y han pegado cartelones en pasillos de asistencia masiva con los nombres de los pacientes a quienes les corresponde pasar a estudios de carga viral y CD4.

Muy pronto, por este problema de acoso y represión laboral, la Secretaría de Salud podría estar implicada en una demanda por difamación derivada de acusaciones sobre supuesta negligencia médica.


Lo peor es que los pacientes, a quienes con el nuevo espacio del SAI se les aseguraba una mejor atención médica, tendrán graves problemas en sus tratamientos, en caso de que prospere el despido de los médicos que los han atendido por más de tres años y la improvisación de nuevos e inexpertos responsables de su delicada sintomatología.

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