En el Hospital Luis F. Nachón de Xalapa,
más de 360 pacientes portadores de VIH Sida sienten en riesgo la continuidad de
la atención de su padecimiento por la campaña emprendida por el coordinador del
Servicio de Atención Integral (SAI), Salvador Galván Loranca, contra los
médicos que los atienden.
Con el consentimiento o desinterés del
doctor César Alarcón Castillo, director del nosocomio, García Loranca ha
emprendido una desigual batalla contra los facultativos, en especial, contra la
doctora Magdalena Piñero Morales, a quien sin posibilidad de réplica acusa de
una supuesta negligencia médica.
Y sí, las acusaciones del coordinador del
SAI son sumamente serias y tendrá que probarlas no solo ante las instancias del
sector Salud sino también ante las autoridades judiciales, porque ha propalado,
incluso entre los pacientes y en reuniones con funcionarios de la Secretaría de
Salud, que la doctora Piñero ha estado matando a los pacientes.
El 13 de enero, 30 portadores de VIH Sida
enviaron un oficio al secretario de Salud, Juan Antonio Nemi Dib, en que le solicitan
la permanencia de Piñero pues, durante más de cuatro años, ha mantenido
controladas sus cargas virales.
Pero, una de dos, o el secretario de
Salud no ha logrado olfatear que hay gato encerrado en este caso de represión
laboral, o le está quedando grande el pantalón y no precisamente por su rauda
baja de peso.
Apenas el 23 de enero, Nemi Dib pidió una
semana (que ya se cumplió) para analizar el caso y pidió a las partes
involucradas no enturbiar más las aguas. Galván Loranca, sin embargo, ha
seguido el procedimiento y el viernes 7 de febrero entregó, a través de una
secretaria, un citatorio a Piñero Morales para presentarse este jueves 13 ante
el área jurídica.
Nuevas
instalaciones, nuevos problemas
El 14 de enero, el secretario de Salud
inauguró en el nosocomio xalapeño el área del SAI para personas con VIH Sida e
Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), en que el Gobierno del Estado invirtió
12 millones de pesos.
Este nuevo espacio se ha convertido en la
joya de la corona para su coordinador, Salvador Galván Loranca, quien ha puesto
el pie a los tres médicos que se han hecho cargo de 360 pacientes, para sustituirlos
por otros médicos, supuestamente más capacitados, como la doctora Pilar Alarcón
Castillo, hermana del director del Hospital Civil, quien trabajaba en el Centro
de Especialidades Médicas, pero sin experiencia probada en atención a
portadores del VIH Sida.
De ahí la reacción de 30 pacientes que
decidieron solicitar por escrito al titular de Salud mantener a la doctora
Magdalena Piñero porque, según su propia experiencia, no solamente ha logrado
evitar que agraven su padecimiento sino que, motu proprio, se ha costeado
cursos y especializaciones como el recibido en el Instituto Nacional de
Enfermedades Respiratorias (INER).
Acusaciones
aventuradas y dolosas
Y es que el doctor Salvador Galván
Loranca ha llegado al extremo de condicionar la entrega de medicamentos a
varios pacientes del área, a cambio de firmar actas en contra de la doctora,
movido por causas extraprofesionales, por decirlo de una manera eufemística.
No solo ha acusado a la doctora Piñero de
ser negligente y haber causado la muerte de varios portadores, sino también de
observar baja productividad, cuando de los 360 pacientes que atiende el SAI,
ella se hacía cargo de más de 200.
El 22 de enero, en ausencia de la
facultativa, Galván Loranca reiteró las acusaciones; informó que los tres
médicos (también están implicados el doctor José Manuel Tejeda Carmona y otro
más) serían removidos por esquemas obsoletos, fallas y defunciones (“los están
matando”, fue la expresión). Dijo que se habían revisado los expedientes y se
habían detectado fallas en diagnósticos y en protocolos (recetas médicas).
A la reunión técnica asistieron la
directora de Salud Pública, Irasema Guerrero Lagunes; la jefa del departamento
de Control de Enfermedades, Marcelina García López; la coordinadora estatal del
Programa de Prevención y Control VIH Sida e ITS, Esmeralda Bernal Aguilera, y Gabriela
Rodríguez Briseño, apoyo médico del Programa de VIH Sida, entre otros.
Ninguno de ellos tuvo la ocurrencia de
llamar a los acusados para que dijeran lo que a su derecho les conviniera.
En cambio, violando el Acuerdo
6/DSP.02/2013, de “respetar la confidencialidad de los pacientes con VIH Sida,
cuando asisten a las pruebas de control virológico”, el improvisado personal
del SAI ha permitido que personal no autorizado revise los expedientes médicos
y han pegado cartelones en pasillos de asistencia masiva con los nombres de los
pacientes a quienes les corresponde pasar a estudios de carga viral y CD4.
Muy pronto, por este problema de acoso y
represión laboral, la Secretaría de Salud podría estar implicada en una demanda
por difamación derivada de acusaciones sobre supuesta negligencia médica.
Lo peor es que los pacientes, a quienes
con el nuevo espacio del SAI se les aseguraba una mejor atención médica,
tendrán graves problemas en sus tratamientos, en caso de que prospere el
despido de los médicos que los han atendido por más de tres años y la
improvisación de nuevos e inexpertos responsables de su delicada sintomatología.
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