lunes, 10 de febrero de 2014

Inseguridad: la realidad hace complot

En lo que va de 2014, la percepción de inseguridad en Veracruz ha crecido como la espuma; no hay día en que no se reporten hechos delictivos que creíamos controlados y, lo que es peor, en varios casos los protagonistas han sido las propias fuerzas policiales.

¿Qué está detonando esta grave crisis social y mediática? ¿Grupos confrontados con el Gobierno del Estado, incluidas organizaciones criminales, están buscando poner en predicamento uno de los puntos más divulgados de las estrategias públicas? ¿Ha fallado la política de comunicación social, al distanciar al poder con los medios de comunicación a cambio de ahorrar algunos pesos? ¿La conducción de las acciones preventivas del delito está en manos equivocadas?

Parece sospechoso que, tras la visita del 14 de enero del secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong a la Academia de Policía de El Lencero –en que elogió sin mesura la conformación de una policía profesional y acreditada–, los demonios se hayan soltado por todos los rumbos de la entidad, incluso en el interior de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), donde parece que se ha perdido el control y urge un inmediato golpe de timón.

Por si fuera poco, no se ha logrado atajar la situación de emergencia mediante la acción concertada de los diferentes grupos políticos, todos los cuales debieran estar comprometidos en superar este momento difícil.

El Pacto por Veracruz sucumbió en el olvido y, contra lo que los veracruzanos deseamos, en lugar de observar intentos gubernamentales por convocar a todos los actores políticos para asumir un compromiso común y de estos por acercarse para colaborar en la búsqueda de soluciones, se ha aprovechado para el golpeteo mediático.

Para recuperar la tranquilidad en la entidad no sirven ni las triunfalistas vanaglorias de los voceros oficiales que señalan que todo está bien, que no hay grupos de autodefensa, que tenemos una entidad segura, ni las delirantes voces que despotrican contra cualquier acción gubernamental, aun cuando éstas se orienten a esclarecer los actos delictivos.

Tanto unos como otros debieran actuar con determinación en bien de Veracruz, aunque ello pase por tomar medidas drásticas en la composición del gabinete, o dejar a un lado temporalmente aspiraciones políticas anticipadas.

Los demonios andan sueltos

La desaparición del periodista Gregorio Jiménez de la Cruz en Coatzacoalcos, que ha significado una enorme presión local, nacional e internacional, no es sino el punto más reciente de una serie de pifias.

El homicidio del cantante Gibrán Martiz y un menor de edad que lo acompañaba, en medio de la participación ilegal de policías estatales; la sucesión de homicidios en Veracruz, Xalapa y Coatzacoalcos, sin que la policía acreditada haya hecho nada por prevenirlos; la represión contra periodistas en Acayucan, el enfrentamiento a tiros entre integrantes de seguridad del gobernador Duarte en Orizaba y los secuestros perpetrados en la Cuenca del Papaloapan y diversos rumbos de la entidad son apenas algunas manifestaciones de la situación crítica por la que cruzamos.  

Mientras se trata por todos los medios de desmentir la existencia de grupos de autodefensa, como el que se ha anunciado en la sierra de Zongolica, cada vez se confirma la idea de que hacen falta operadores políticos preocupados por su tarea.

Podría causar risa si no fuera trágico que, mientras se niega la existencia de estos grupos civiles, el bisoño secretario de Gobierno, Érick Lagos Hernández, haya convocado a las cabezas visibles del grupo de Zongolica a dialogar en sus cómodas oficinas en Palacio de Gobierno, como declaró en Orizaba el presunto vocero Román Vázquez González, en lugar de movilizarse hace ya tiempo junto con el secretario Bermúdez para desactivar las causas que generan la aparición de civiles armados para repeler a los grupos criminales.

El excesivo poder concentrado por Arturo Bermúdez Zurita en la SSP, aprovechando el genuino interés del gobernador Javier Duarte de Ochoa por lograr la tranquilidad de los veracruzanos mediante el fortalecimiento de las fuerzas preventivas, han permitido la transgresión de la ley por parte de estas. En muchas ocasiones, como ocurrió en el caso del joven Gibrán Martiz, los policías preventivos se han sentido con la atribución de ser policías investigadores.


La desaparición de Gregorio Jiménez no es sino un ejemplo más de la incapacidad de la SSP para prevenir el delito, y su demorada búsqueda ha servido para que muchos actores políticos y medios de comunicación locales se dediquen a golpetear al gobierno duartista.

Es por lo menos anecdótico el hecho de que, ante tan grave crisis de credibilidad, Bermúdez se ventanee en los medios realizando labores sociales, ayudando a los que menos tienen, a los discapacitados, como si estuviera claro para él que es mejor preparar el terreno por si le otorgan la graciosa huida hacia una candidatura al Congreso federal.

Lo que no se mide en las estadísticas

Recientemente, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) convocó a científicos sociales para establecer parámetros e indicadores que permitieran evaluar los programas de seguridad y esclarecer qué funciona mejor y por qué funciona. El organismo multilateral partía del supuesto de que enfrentar la violencia no es una cuestión de más fuerza sino de una acción más inteligente.

Desgraciadamente, la SSP actúa como si la sola exhibición de fuerza, tanto en equipo y armamento como en una actitud brutal de sus efectivos, desatendiendo el respeto a los derechos humanos, fuera suficiente para inhibir la comisión de los delitos. Ya vimos que no.

Y el problema no se centra solo en el costo de la violencia desde el punto de vista de la contabilidad de las pérdidas materiales en gastos del sistema de justicia, policía y salud; lo más grave son las pérdidas intangibles, expresadas en el temor, la percepción de inseguridad y el dato psíquico del fenómeno delictivo, según concluyen algunos estudios financiados por el BID.

El resultado de los investigadores apuntaba a la necesidad de un diálogo estratégico entre el sector público y el sector privado y la sociedad civil, sobre los cuales recaen muchos de los costos de la violencia.
           
Colofón

Ante la gravedad de la situación de inseguridad y la creciente percepción sobre la existencia de ese fenómeno en todas las capas de la población, hacen falta concertación, unidad política, participación social y debate abierto. De otra manera, habrá mayor dificultad para solucionar el problema.


No hay comentarios:

Publicar un comentario