Con la llegada esta semana del exalcalde
tuxpeño Alberto Silva Ramos, El Cisne, a la Coordinación General de
Comunicación Social del gobierno estatal, luego de transitar unos meses por la
Secretaría de Desarrollo Social (donde estuvo en campaña “pero contra el
hambre”), se percibe que para el
gobernador Javier Duarte de Ochoa era indispensable cambiar la forma de operar
la imagen de su equipo y sus acciones de gobierno.
Y es que en la primera mitad de su
gestión, su relación con la prensa ha tenido más semejanza con una discordia
prolongada que con un trato equilibrado y respetuoso.
Que a Javier Duarte se le considere una
especie de verdugo de los medios de comunicación no solo tiene que ver con la
lista de comunicadores asesinados, por
omisión de acciones preventivas y la impunidad en que ha quedado la mayoría de
los crímenes. Tampoco se ciñe a la confrontación con los empresarios de la
comunicación por la disminución o cancelación de flujos monetarios.
Esos dos componentes han sido
determinantes para fortalecer la severa crisis que padece el gobierno estatal
justo cuando empieza el tobogán de las pasiones sucesorias, pero no son los
únicos.
Uno grave ha sido la mano dura contra los
periodistas de a pie, el cerco creado en torno al gobierno y sus instalaciones,
el trato déspota de la vocera Gina Domínguez para con la mayoría de los de su
antiguo gremio, la violencia policiaca contra fotógrafos y reporteros.
A raíz de la desaparición y posterior
homicidio del reportero Gregorio Jiménez, la brecha entre autoridad y gobierno
se hizo más profunda, pero ese hecho lamentable no fue sino el más reciente de
una sucesión de hechos de sangre que involucraron a periodistas. Por ello,
hacía falta que el gobierno estatal diera un golpe de timón y cambiara al
encargado de la comunicación social.
Pero la llegada de Alberto Silva Ramos no
lo puede ser todo; la relación con la prensa en el actual gobierno no es diseño
exclusivo de Gina Domínguez, aunque fue muy ad hoc para aplicarlo. Ese modelo
fue ordenado por el gobernador Javier Duarte de Ochoa y poco podrá lograr la
mano de seda y el lenguaje cantarino de El Cisne si el principal huésped de
Palacio de Gobierno no cambia su percepción de los medios de comunicación.
Sobre todo ahora cuando parece que hay
luz verde para la recomposición de fuerzas dentro del grupo más íntimo de quien
detenta el poder, aquellos cuadros cercanos al proyecto transexenal de Fidel
Herrera Beltrán, que hoy estarán en posiciones de más abierto protagonismo.
El mismo Alberto Silva Ramos no solo
tendrá palestra para salir al público sino además la fuerza que podrá
rentabilizar en su trato con los medios de comunicación para promover su imagen
con miras a la candidatura gubernamental de 2016, mientras que quien lo
sustituye en la Sedesol, Jorge Carvallo Delfín, por fin tendrá micrófono y
capacidad de movimiento para impulsar su imagen al menos para una diputación
federal.
Cambio
en la PGJ: bueno
para
FAFE, malo para JDO
Mientras el cambio en el área de
comunicación social apunta a remediar una gestión que ya no reditúa al titular
del Poder Ejecutivo, la salida de Felipe Amadeo Flores Espinosa de la
Procuraduría General de Justicia es vista como una forma de desviar las
responsabilidades gubernamentales en el tema de la seguridad (que corresponden
al área preventiva, es decir, la Secretaría de Seguridad Pública), mediante el señalamiento
de una pieza que aparentemente no funcionaba.
Lo cierto es que, pese a la
extraordinaria actuación del hoy exprocurador, las condiciones apuntaban a un
mayor desgaste político. Y es que últimamente Amadeo era visto como un
apagafuegos del gobierno estatal, debido a las reiteradas pifias dentro de la
SSP, que puede hacer de todo menos prevenir los delitos, en muchos de los
cuales participaron los propios policías.
Hace ya tiempo que se comentaba en los
corrillos políticos que el oriundo de Cotaxtla quería salir de su encargo, pero
no paraban los temas que era indispensable atender, los últimos de los cuales
fueron: el encarcelamiento de la exalcadesa de Alvarado, Sara Luz Herrera Cano
(protegida por varios diputados priistas que impidieron su desafuero), el
asesinato del joven Gibrán Martiz, caso en que intervino una banda de policías
estatales, y el caso del periodista asesinado en Coatzacoalcos.
La llegada de un abogado amigo personal
del gobernador Javier Duarte de Ochoa no parece apuntar a una labor
extraordinaria, sobre todo por los antecedentes de prepotencia del ahora
encargado del despacho de la PGJ, cuyos testimonios no solo han sido motivo de
charlas sino de notas periodísticas en Córdoba.
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