jueves, 20 de febrero de 2014

El vuelo del cisne, ¿alto o a ras de suelo?

Con la llegada esta semana del exalcalde tuxpeño Alberto Silva Ramos, El Cisne, a la Coordinación General de Comunicación Social del gobierno estatal, luego de transitar unos meses por la Secretaría de Desarrollo Social (donde estuvo en campaña “pero contra el hambre”), se percibe que para el gobernador Javier Duarte de Ochoa era indispensable cambiar la forma de operar la imagen de su equipo y sus acciones de gobierno.

Y es que en la primera mitad de su gestión, su relación con la prensa ha tenido más semejanza con una discordia prolongada que con un trato equilibrado y respetuoso.

Que a Javier Duarte se le considere una especie de verdugo de los medios de comunicación no solo tiene que ver con la lista de comunicadores asesinados,  por omisión de acciones preventivas y la impunidad en que ha quedado la mayoría de los crímenes. Tampoco se ciñe a la confrontación con los empresarios de la comunicación por la disminución o cancelación de flujos monetarios.

Esos dos componentes han sido determinantes para fortalecer la severa crisis que padece el gobierno estatal justo cuando empieza el tobogán de las pasiones sucesorias, pero no son los únicos.

Uno grave ha sido la mano dura contra los periodistas de a pie, el cerco creado en torno al gobierno y sus instalaciones, el trato déspota de la vocera Gina Domínguez para con la mayoría de los de su antiguo gremio, la violencia policiaca contra fotógrafos y reporteros.

A raíz de la desaparición y posterior homicidio del reportero Gregorio Jiménez, la brecha entre autoridad y gobierno se hizo más profunda, pero ese hecho lamentable no fue sino el más reciente de una sucesión de hechos de sangre que involucraron a periodistas. Por ello, hacía falta que el gobierno estatal diera un golpe de timón y cambiara al encargado de la comunicación social.

Pero la llegada de Alberto Silva Ramos no lo puede ser todo; la relación con la prensa en el actual gobierno no es diseño exclusivo de Gina Domínguez, aunque fue muy ad hoc para aplicarlo. Ese modelo fue ordenado por el gobernador Javier Duarte de Ochoa y poco podrá lograr la mano de seda y el lenguaje cantarino de El Cisne si el principal huésped de Palacio de Gobierno no cambia su percepción de los medios de comunicación.

Sobre todo ahora cuando parece que hay luz verde para la recomposición de fuerzas dentro del grupo más íntimo de quien detenta el poder, aquellos cuadros cercanos al proyecto transexenal de Fidel Herrera Beltrán, que hoy estarán en posiciones de más abierto protagonismo.

El mismo Alberto Silva Ramos no solo tendrá palestra para salir al público sino además la fuerza que podrá rentabilizar en su trato con los medios de comunicación para promover su imagen con miras a la candidatura gubernamental de 2016, mientras que quien lo sustituye en la Sedesol, Jorge Carvallo Delfín, por fin tendrá micrófono y capacidad de movimiento para impulsar su imagen al menos para una diputación federal.

Cambio en la PGJ: bueno
para FAFE, malo para JDO

Mientras el cambio en el área de comunicación social apunta a remediar una gestión que ya no reditúa al titular del Poder Ejecutivo, la salida de Felipe Amadeo Flores Espinosa de la Procuraduría General de Justicia es vista como una forma de desviar las responsabilidades gubernamentales en el tema de la seguridad (que corresponden al área preventiva, es decir, la Secretaría de Seguridad Pública), mediante el señalamiento de una pieza que aparentemente no funcionaba.

Lo cierto es que, pese a la extraordinaria actuación del hoy exprocurador, las condiciones apuntaban a un mayor desgaste político. Y es que últimamente Amadeo era visto como un apagafuegos del gobierno estatal, debido a las reiteradas pifias dentro de la SSP, que puede hacer de todo menos prevenir los delitos, en muchos de los cuales participaron los propios policías.

Hace ya tiempo que se comentaba en los corrillos políticos que el oriundo de Cotaxtla quería salir de su encargo, pero no paraban los temas que era indispensable atender, los últimos de los cuales fueron: el encarcelamiento de la exalcadesa de Alvarado, Sara Luz Herrera Cano (protegida por varios diputados priistas que impidieron su desafuero), el asesinato del joven Gibrán Martiz, caso en que intervino una banda de policías estatales, y el caso del periodista asesinado en Coatzacoalcos.


La llegada de un abogado amigo personal del gobernador Javier Duarte de Ochoa no parece apuntar a una labor extraordinaria, sobre todo por los antecedentes de prepotencia del ahora encargado del despacho de la PGJ, cuyos testimonios no solo han sido motivo de charlas sino de notas periodísticas en Córdoba.  

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