En lo que va de 2014, la percepción de
inseguridad en Veracruz ha crecido como la espuma; no hay día en que no se
reporten hechos delictivos que creíamos controlados y, lo que es peor, en varios
casos los protagonistas han sido las propias fuerzas policiales.
¿Qué está detonando esta grave crisis social
y mediática? ¿Grupos confrontados con el Gobierno del Estado, incluidas organizaciones
criminales, están buscando poner en predicamento uno de los puntos más
divulgados de las estrategias públicas? ¿Ha fallado la política de comunicación
social, al distanciar al poder con los medios de comunicación a cambio de
ahorrar algunos pesos? ¿La conducción de las acciones preventivas del delito
está en manos equivocadas?
Parece sospechoso que, tras la visita del
14 de enero del secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong a la
Academia de Policía de El Lencero –en que elogió sin mesura la conformación de
una policía profesional y acreditada–, los demonios se hayan soltado por todos
los rumbos de la entidad, incluso en el interior de la Secretaría de Seguridad
Pública (SSP), donde parece que se ha perdido el control y urge un inmediato
golpe de timón.
Por si fuera poco, no se ha logrado
atajar la situación de emergencia mediante la acción concertada de los diferentes
grupos políticos, todos los cuales debieran estar comprometidos en superar este
momento difícil.
El Pacto por Veracruz sucumbió en el
olvido y, contra lo que los veracruzanos deseamos, en lugar de observar
intentos gubernamentales por convocar a todos los actores políticos para asumir
un compromiso común y de estos por acercarse para colaborar en la búsqueda de
soluciones, se ha aprovechado para el golpeteo mediático.
Para recuperar la tranquilidad en la
entidad no sirven ni las triunfalistas vanaglorias de los voceros oficiales que
señalan que todo está bien, que no hay grupos de autodefensa, que tenemos una
entidad segura, ni las delirantes voces que despotrican contra cualquier acción
gubernamental, aun cuando éstas se orienten a esclarecer los actos delictivos.
Tanto unos como otros debieran actuar con
determinación en bien de Veracruz, aunque ello pase por tomar medidas drásticas
en la composición del gabinete, o dejar a un lado temporalmente aspiraciones
políticas anticipadas.
Los
demonios andan sueltos
La desaparición del periodista Gregorio
Jiménez de la Cruz en Coatzacoalcos, que ha significado una enorme presión
local, nacional e internacional, no es sino el punto más reciente de una serie
de pifias.
El homicidio del cantante Gibrán Martiz y
un menor de edad que lo acompañaba, en medio de la participación ilegal de
policías estatales; la sucesión de homicidios en Veracruz, Xalapa y
Coatzacoalcos, sin que la policía acreditada haya hecho nada por prevenirlos;
la represión contra periodistas en Acayucan, el enfrentamiento a tiros entre
integrantes de seguridad del gobernador Duarte en Orizaba y los secuestros
perpetrados en la Cuenca del Papaloapan y diversos rumbos de la entidad son
apenas algunas manifestaciones de la situación crítica por la que cruzamos.
Mientras se trata por todos los medios de
desmentir la existencia de grupos de autodefensa, como el que se ha anunciado
en la sierra de Zongolica, cada vez se confirma la idea de que hacen falta operadores
políticos preocupados por su tarea.
Podría causar risa si no fuera trágico que,
mientras se niega la existencia de estos grupos civiles, el bisoño secretario
de Gobierno, Érick Lagos Hernández, haya convocado a las cabezas visibles del
grupo de Zongolica a dialogar en sus cómodas oficinas en Palacio de Gobierno,
como declaró en Orizaba el presunto vocero Román Vázquez González, en lugar de
movilizarse hace ya tiempo junto con el secretario Bermúdez para desactivar las
causas que generan la aparición de civiles armados para repeler a los grupos
criminales.
El excesivo poder concentrado por Arturo
Bermúdez Zurita en la SSP, aprovechando el genuino interés del gobernador
Javier Duarte de Ochoa por lograr la tranquilidad de los veracruzanos mediante
el fortalecimiento de las fuerzas preventivas, han permitido la transgresión de
la ley por parte de estas. En muchas ocasiones, como ocurrió en el caso del
joven Gibrán Martiz, los policías preventivos se han sentido con la atribución
de ser policías investigadores.
La desaparición de Gregorio Jiménez no es
sino un ejemplo más de la incapacidad de la SSP para prevenir el delito, y su
demorada búsqueda ha servido para que muchos actores políticos y medios de
comunicación locales se dediquen a golpetear al gobierno duartista.
Es por lo menos anecdótico el hecho de
que, ante tan grave crisis de credibilidad, Bermúdez se ventanee en los medios
realizando labores sociales, ayudando a los que menos tienen, a los
discapacitados, como si estuviera claro para él que es mejor preparar el
terreno por si le otorgan la graciosa huida hacia una candidatura al Congreso
federal.
Lo
que no se mide en las estadísticas
Recientemente, el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) convocó a científicos sociales para establecer parámetros e
indicadores que permitieran evaluar los programas de seguridad y esclarecer qué
funciona mejor y por qué funciona. El organismo multilateral partía del supuesto
de que enfrentar la violencia no es una cuestión de más fuerza sino de una
acción más inteligente.
Desgraciadamente, la SSP actúa como si la
sola exhibición de fuerza, tanto en equipo y armamento como en una actitud
brutal de sus efectivos, desatendiendo el respeto a los derechos humanos, fuera suficiente para inhibir la comisión de los delitos. Ya vimos que no.
Y el problema no se centra solo en el
costo de la violencia desde el punto de vista de la contabilidad de las
pérdidas materiales en gastos del sistema de justicia, policía y salud; lo más
grave son las pérdidas intangibles, expresadas en el temor, la percepción de
inseguridad y el dato psíquico del fenómeno delictivo, según concluyen algunos
estudios financiados por el BID.
El resultado de los investigadores
apuntaba a la necesidad de un diálogo estratégico entre el sector público y el
sector privado y la sociedad civil, sobre los cuales recaen muchos de los
costos de la violencia.
Colofón
Ante la gravedad de la situación de
inseguridad y la creciente percepción sobre la existencia de ese fenómeno en
todas las capas de la población, hacen falta concertación, unidad política,
participación social y debate abierto. De otra manera, habrá mayor dificultad
para solucionar el problema.
