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miércoles, 12 de marzo de 2014

Los renglones torcidos de la sucesión

Tiempos de complicidad entre los Yunes: Pepe y Héctor.
Dos años antes de que Veracruz viva la euforia de una elección local única, la de los poderes ejecutivo y legislativo (pues la de presidentes municipales se realizará hasta el 2017), la que más llama la atención es la de Gobernador del Estado y ya están apuntados quienes buscan la candidatura priista. Tan apuntados que todos los pasos que dan se encaminan a ese propósito.

Y hablo del PRI porque, aunque en el PAN y el PRD también se mueven sus aspirantes, hay procesos internos para selección de dirigentes que, según quede la cosa, serán determinantes para inclinar la balanza por uno u otro de los posibles. Incluso la elección del líder nacional panista tendrá una fuerte influencia en la determinación del candidato, una vez que los dos más visibles, Julen Rementería y Miguel Ángel Yunes Linares, le están apostando por uno de los dos candidatos: Ernesto Cordero y Gustavo Madero.

Ya hemos visto que lograr un escaño en el Senado de la República ha servido como paso previo para lograr la candidatura al Gobierno de Veracruz. Así lo vivieron al menos Miguel Alemán Velazco y Fidel Herrera Beltrán. Y no solo porque ello permite una cercanía muy importante con el poder en el ámbito nacional, con la posibilidad de lograr apoyos federales a programas y obras que los senadores pueden divulgar como propios. También porque como son representantes ante el Congreso de la Unión no de un distrito sino de toda la entidad, pueden viajar de norte a sur de nuestra geografía promoviéndose y estableciendo alianzas.

Varias encuestas aplicadas en las últimas fechas dan como el precandidato puntero al senador Héctor Yunes Landa, y el mismo político originario de Soledad de Doblado (como su primo azul Miguel Ángel) está haciendo todo lo que en la orilla de la legalidad puede ser considerado como actos anticipados de campaña pero que no llegan a tal calificación porque encuentra justificación en la difusión de sus actividades camerales.

Cualquiera puede ver a Yunes Landa lo mismo bañándose a jicarazos en la humilde casa de un misanteco (como hizo Carlos Salinas de Gortari en Monterrey cuando Zedillo inició la persecución de todo lo que oliera a salinato), que acudiendo a la inauguración de oficinas periodísticas en Tuxpan, o dando conferencias en Xalapa o subiéndose al caballo en una cabalgata en Vega de Alatorre. Todo lo que pueda fortalecer su presencia por todos los rumbos de la entidad. La cara sonriente de Héctor, quien promueve en Twitter su cuenta Hectorízate, aparece por todos lados, en periódicos, portales de internet, entre los anuncios de Facebook, en artículos donde escribe sobre su tarea legislativa, en entrevistas a modo.

Y hace bien porque, cuando sean los tiempos, sus adversarios meterán el acelerador, y ya vimos cómo se ha fortalecido el manejo de imagen en el caso del gobernador Javier Duarte de Ochoa, quien encabeza un proyecto diferente y por el que podemos intuir los cambios, enroques, posturas y actitudes.

Empieza a moverse el proyecto duartista

Luego de los ajustes en su gabinete y su llamado a fortalecer la actividad gubernamental por sobre los proyectos particulares, queda claro que Duarte busca estructurar una opción distinta al del choleño en la persona de otro senador, el peroteño José Francisco Yunes Zorrilla, a quien cobija, levanta la mano e impulsa, pese a que Pepe muestra un exagerado respeto por las formas y trata de ir mátalas callando por todos los rumbos del estado. En efecto, Pepe pregona que no son los tiempos para construir candidaturas, si bien a todas luces eso es lo que busca hace ya muchos años.

Exagerar en las formas puede costarle a Pepe alejarse del puntero Yunes Landa, quien el viernes pasado de plano se destapó en una entrevista de radio en Xalapa, cuando afirmó que sí aspira a ser candidato al Gobierno de Veracruz, porque político que no aspira no respira. Y envió un mensaje directo y una postura de rompimiento con el gobernador veracruzano: que él no determinará al candidato a sucederlo sino que solo podrá emitir su opinión, ya que la dirigencia nacional priista será la que lleve todo el proceso desde el altiplano, en un regreso al consabido centralismo que ha hecho tanto daño al país.

Y sí, ahora que el PRI ha regresado a la Presidencia de la República, parecería claro que la candidatura gubernamental se decida en el CEN, y no en los estados como cuando gobernaba el PAN y los gobernadores se convirtieron en los definidores de las cosas internas del partido. Pero no es con esas declaraciones como podrá realizar un mayor trabajo proselitista para su causa. De todas maneras, ya las cosas se han roto y no volverán a unirse.

Lo que queda claro es que el gobernador Javier Duarte trabaja intensamente en la sucesión, aunque su actividad fundamental sea la de gobernador nuestro estado.

Al apoyo como su as bajo la manga de Pepe Yunes, a quien le tiene en alta estima y considera como el único capaz de restarle puntos a Héctor, todo parece indicar que mantiene bajo protección y como posibles candidatos emergentes a los tres más importantes herederos de la fidelidad y que, por el momento, se han disciplinado ejemplarmente para darle impulso al proyecto duartista: Erick Lagos Hernández, Jorge Carvallo Delfín y Alberto Silva Ramos.

Los tres se mantienen en puestos claves: el primero vigila el tema de la gobernabilidad y el control de los grupos políticos como secretario de Gobierno, el segundo mete fuerza a la política social que es generadora de votos en la Secretaría de Desarrollo Social, y el tercero realiza un enorme trabajo de recuperación de la imagen pública del gobernador y el enorme equipo de gobierno, como coordinador general de Comunicación Social.

El tiempo lo dirá todo.


lunes, 10 de marzo de 2014

Comunicación: enlaces y desenlaces

Desactivar la excesiva centralización aplicada a la comunicación social desde el gobierno de Fidel Herrera Beltrán, pero recrudecida a estados demenciales durante el reinado de Gina Domínguez Colío en el actual gobierno, parece ser la próxima tarea de Alberto Silva Ramos, coordinador general del área.

El nuevo vocero no solo ha anunciado que cambiará a los actuales enlaces de prensa, todos ellos nombrados atendiendo a criterios personales y mafiosos, sino que analizará la desaparición de esa figura institucional en que su antecesora sustentó parte del control férreo sobre lo que se comunicaba desde las dependencias y sobre los recursos presupuestales que tenían asignados para comunicación.

Si cambia el enfoque del trabajo de las oficinas de prensa de las secretarías del despacho para convertirse en difusoras de los avances de objetivos y metas trazados para cada una de ellas (y no en simples difusoras de actos públicos), ganará en calidad la comunicación institucional.

Y es que desatendiendo las agendas particulares de las dependencias, Gina Domínguez establecía qué sí y qué no debía salir a los medios, y asignaba valores y jerarquías a los comunicados para normar el criterio que los medios debían atender para su publicación, de manera que la mayoría de las veces las secretarías no se beneficiaban con la difusión de sus logros y actividades, pese a que sus recursos para este rubro eran dilapidados.

Concentrar en sus manos tanto la información que salía y debía publicarse, como los presupuestos para publicidad de toda la estructura gubernamental, le permitió establecer estímulos y castigos a los medios de comunicación: no solo contrataba espacios sino que obligaba a las empresas periodísticas a responder a sus oscuras estrategias de promoción. Para ello, sembraba en los empresarios la incertidumbre sobre la continuidad de los apoyos, lo que le permitía operar a distancia en las propias redacciones, estableciendo lo que debía publicarse.

Además, impedía que temas que consideraba negativos para la imagen gubernamental fuesen publicados o abordados; lejos de ser benéfico para la tarea de gobernar, colocó a los medios contratados en una especie de limbo: los lectores empezaron a alejarse de ellos (y, por ende, de la información gubernamental que en ellos se publicaba), y evitó que las dependencias gubernamentales conocieran y reaccionaran ante casos de protesta social. Como consecuencia, medios y analistas críticos, fundamentalmente en plataformas electrónicas (portales, agencias informativas, blogs), vivieran un auge en lectores y seguidores, lo que aún se mantiene.

El periodismo se fue a las banquetas

Gracias al férreo control que logró el esquema de enlaces de prensa, los periodistas se vieron obligados a tener como única fuente de información del gobierno a la coordinación de comunicación social. El siguiente paso, sin embargo, fue cerrarles las puertas de esa oficina, convertida en un valladar que contaba con varios filtros; el último de ellos, infranqueable.

Como, por otra parte, los enlaces de prensa evitaban el paso de los periodistas al contacto con los secretarios y directores de área, la mayor producción de notas periodística tuvo como fuente improvisadas entrevistas de banqueta. Molestos por el desdén y el desprecio, tanto los cuestionamientos como las notas informativas se enfocaban a golpear a los funcionarios. Con ello, distanció al gobierno estatal de los periodistas de a pie.

Poco le faltó a Gina Domínguez para imponer a los encargados de prensa de los ayuntamientos, aunque sí pudo en el caso de Xalapa, donde la exalcaldesa Elízabeth Morales debió despedir a su jefa de prensa para darle paso a Vicky Hernández (hoy enlace de comunicación en la Legislatura local), quien respondió a las órdenes de la funcionaria estatal e impidió que los medios satanizados lograran la contratación de espacios publicitarios en el ayuntamiento.

El actual director de comunicación municipal, Miguel Valera Hernández, fungió como director de prensa de Gina Domínguez durante tres años, por lo que es posible que su salida de la coordinación general fuera autorizada bajo la expectativa de mantener el control de la comunicación en ese nivel de gobierno, una hipótesis que ya no se podrá corroborar.

Grave daño a la imagen de Javier Duarte

Bloqueados los secretarios para manejar la información de sus áreas de competencia, todo el peso de la comunicación gubernamental recayó en la figura del gobernador Javier Duarte. De pronto nos dimos cuenta de que no había gobierno: solo un gobernador y su vocera.

La idea de que una buena administración pública es la suma de logros de todos sus componentes desapareció. Ante graves conflictos generados por acciones de funcionarios o sus dependencias, el único que debía contrarrestarlo era Comunicación Social; los enlaces ni siquiera se sentían involucrados y, acaso, aportaban alguna información para elaborar un comunicado, lo que rara vez ocurría.

La estrategia fue la del golpeteo anónimo. En lugar de que la instancia gubernamental involucrada saliera a los medios a enderezar entuertos o aclarar malos entendidos, se filtraban ‘notas periodísticas’ o ‘comentarios políticos’ en que se golpeaba con rudeza innecesaria a quienes habían señalado fallas o desvíos, fueran políticos o periodistas.

Pese a que en muchas ocasiones era indispensable que el gobernador Javier Duarte de Ochoa saliera al paso con la información correcta que derribara erróneas o sesgadas interpretaciones, el silencio público permitía generar la idea de que el gobierno callaba porque no tenía argumentos.

La entrada de Alberto Silva Ramos ha significado un verdadero golpe de timón. Una muestra: cuando muchos periodistas comentábamos erróneamente sobre el tema del impuesto predial, cuya recaudación y manejo supuestamente les serían sustraídos a los ayuntamientos por una inexistente iniciativa de ley de Duarte, el vocero salió a desmentirlo en las redes sociales; acto seguido, salió el propio gobernador a corregirle la nota a la revista Proceso y, junto con él, hubo declaraciones del secretario de Finanzas y Planeación. Así de fácil.

Falta ver la reacción por la supuesta declaración del titular de la SEP, Emilio Chuayffet, sobre la interposición de una controversia constitucional contra la nueva ley educativa de Veracruz por no considerar uno de los más importantes mecanismos coercitivos, el despido, contra aquellos maestros que no hubiesen salvado las evaluaciones. Pero, en términos generales, la nueva dinámica comunicacional va abonando en la cicatrización de las tensas relaciones entre prensa y gobierno.

Un paso más será que las conferencias de prensa semanales que ofrece el gobernador Javier Duarte de Ochoa los lunes, no solo se realicen en Xalapa sino también en Coatzacoalcos, Córdoba, Veracruz, Poza Rica y Pánuco, entre otras ciudades, lo que permitirá a la población de estas regiones saber que tienen a un gobernante de carne y hueso.


Ya iremos calibrando los aciertos y desaciertos de esta área conforme se vayan presentando los acontecimientos.

lunes, 3 de marzo de 2014

Impuesto predial, ¿manzana de la discordia?

Este fin de semana de carnestolendas estuvo impregnado por la polémica en torno a una hipotética iniciativa de ley por parte del gobernador Javier Duarte de Ochoa para que el poder ejecutivo estatal fuera la vía para la recaudación y administración de la principal fuente de ingresos fiscales de los 212 ayuntamientos de la entidad, el impuesto predial.

En este mismo espacio, el viernes pasado, alertamos sobre el riesgo que esa medida causaría en las de por sí afectadas haciendas municipales, a raíz de la declaración –según hizo constar una nota de la revista Proceso– del presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso, el diputado de Alternativa Veracruzana (AVE), Francisco Garrido Sánchez, a la que respondieron de inmediato los alcaldes de Veracruz, el priista Ramón Poo (de extrañamiento y necesidad de mayor información), y de Boca del Río, el panista Miguel Ángel Yunes Márquez, de abierto rechazo y confrontación.

El 28 de febrero, el mismo Congreso envió a medios (y las mantiene en su página en internet) las declaraciones del diputado de AVE, en que señala que “los ayuntamientos que convengan con el Estado la administración del impuesto predial continuarán recibiendo el monto correspondiente y además podrán aumentar hasta 30 por ciento sus participaciones federales del Fondo de Fomento Municipal”.

Con el señuelo de incrementar sus participaciones federales, según se desprende de las declaraciones oficiales del diputado, los ayuntamientos estarían en posibilidad de acordar en sus cabildos transferir, mediante un convenio voluntario, la recaudación de este impuesto, con lo que se verían beneficiados con una cantidad adicional, equivalente al 30 por ciento de lo recaudado. Caso contrario, no tendrán ese beneficio.

Tras el alud de declaraciones en torno al tema, la reacción del Gobierno del Estado, a través de Alberto Silva Ramos, nuevo coordinador general de Comunicación Social, a través de su cuenta en Twitter, para desmentir categóricamente la interpretación de esa información, fue inmediata: “No hay ni habrá ninguna iniciativa del Ejecutivo para que el Gobierno del Estado administre el impuesto predial”.

Nos fuimos con la finta

En efecto, lo que el presidente de la comisión de Vigilancia señaló se refiere a modificaciones aprobadas por el Congreso de la Unión en las leyes de coordinación fiscal y, por tanto, es vigente para todo el país. De ninguna manera, como lo asevera el reportero de Proceso, dicha medida se implantaría en la entidad a partir de una iniciativa del Ejecutivo estatal.

Estos convenios serían actos voluntarios y autónomos, con la ventaja de incrementar sus recursos en un tercio. A partir del 1 de enero de 2015, quienes así lo acuerden mediante convenio, verán cómo sus recaudaciones del impuesto predial las realizará la Sefiplan.

Si hiciéramos un esfuerzo para explicarnos la razón de fondo de las modificaciones acordadas por la Cámara de Diputados en el ámbito federal, podríamos señalar que miles de ayuntamientos en el país tienen serias dificultades para recaudar ese impuesto, lo que debilita sus finanzas, y los hace enteramente dependientes de las participaciones estatales y federales.

En esos casos, podría ser útil el auxilio del Gobierno del Estado, siempre y cuando este sea totalmente responsable para acreditárselos conforme a los programas municipales de obra, con los alicientes de recibir una mayor recaudación y sumar un 30 por ciento sobre el monto recaudado.

Tanto el gobernador Javier Duarte de Ochoa como su secretario de Finanzas y Planeación, Fernando Charleston, salieron al paso de inmediato a esas interpretaciones. Si bien lo declarado por el titular de la Sefiplan debe matizarse, porque con la reforma hecha por el Congreso de la Unión esta facultad ya no es exclusiva de los ayuntamientos sino que puede compartirse, Javier Duarte confirmó su respeto a la autonomía municipal y, zas, asunto zanjado.


domingo, 23 de febrero de 2014

¿Veremos a un Javier Duarte todoterreno?

El gobernador Javier Duarte de Ochoa enfrentará en los siguientes meses una tarea de enormes proporciones para restañar heridas, recuperar la agenda de comunicación, mejorar ante la opinión pública y colocar su proyecto político en los rieles de una sucesión exitosa.

Para ello, tendrá que ampliar su territorio de influencia y tener un mayor contacto con los grupos políticos locales y regionales, atraer mediante apoyos de diversa índole a los ayuntamientos que sobrevivirán un año su gestión y recuperar el terreno perdido en ámbitos que ni sus funcionarios han atendido, sea por pereza, incapacidad, falta de visión o extremada precaución para no perder bonos en temas peliagudos.

Es sabido que su movilidad como autoridad en los primeros tres años de su gobierno se ha limitado a menos de la mitad de los municipios veracruzanos; incluso, es posible detectar aquellas demarcaciones municipales que más ha frecuentado, entre las que podemos citar, además de la que sirve de asiento al poder estatal, a la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, Coatzacoalcos, Tuxpan, Poza Rica y la zona Córdoba-Orizaba.

Como dato, nunca ha visitado como gobernador el municipio de Martínez de la Torre por la presencia, hasta diciembre pasado, de un alcalde rijoso, alineado a Miguel Ángel Yunes Linares; cuando fue a la región a conocer del impacto de los fenómenos meteorológicos prefirió convocar la reunión en el municipio de San Rafael.

Si con los recientes cambios en su gabinete se intuye el banderazo para preparar los comicios federales de 2015 y la sucesión gubernamental de 2016, Javier Duarte deberá apretar tuercas entre sus colaboradores, la mayoría de los cuales se han mantenido en sus agendas políticas personales, y tomar como propios los temas de mayor presión política, con visión de estadista, dejando a sus operadores la confrontación y el discurso riñonudo.

Lo que se observa es una estrategia nueva que podría permitir ver a un Javier Duarte que ya no esté entrampado en los discursos de la seguridad y las inversiones privadas, sino yendo directo al terreno de los hechos con ánimo de escuchar a sus interlocutores.

Cambios y enroques, ¿qué sigue?

Consumados los cambios y enroques en el gobierno estatal, en los siguientes meses los temas que deberán ocupar no solo la tarea de difusión sino, principalmente, la de ejecución, serán los de cambiar la percepción sobre la seguridad, atacar la impunidad, asegurar la transparencia en el uso de los recursos estatales, fortalecer la inversión pública y propiciar un mayor clima de democracia.

No son tareas menores. Uno de los puntos que propiciaron el histórico quiebre entre gobierno y medios de comunicación, a más del trato despótico y persecutorio, fue el creciente clima de inseguridad sufrido por la población pero que ha resentido el propio gremio periodístico.

Tanto el área de prevención del delito, que ha tenido apoyos históricos con enormes flujos financieros hacia la Secretaría de Seguridad Pública (que no se han reflejado en una disminución de la comisión de delitos), como la de procuración de justicia, tendrán una tarea mayúscula, si sus titulares quieren ya no digamos servir a los veracruzanos sino, al menos, a su jefe el gobernador.  

La alerta lanzada por la aprobación de la cuenta pública 2012, en que se detectaron irregularidades en el ejercicio presupuestal de su gobierno, deberá ser atendida de inmediato para disminuir en los siguientes años notas negativas. Hay que recordar que la propia Auditoria Superior de la Federación detectó en Veracruz para ese mismo año fiscal irregularidades que deberán solventarse ante esa dependencia, más lo que deba aclararse en el Orfis.

Una buena medida sería llamar a cuentas judicialmente a los funcionarios que traicionaron la confianza del gobernador, como el exsecretario de Comunicaciones, Raúl Zarrabal Ferat, protegido ahora por el fueron que le confiere su cargo como diputado local. Y lo mismo para todos aquellos funcionarios que hayan puesto en duda la honradez entre los hombres del gabinete.

Colateralmente, aunque esto tiene un mayor nivel de dificultad, se debe fortalecer la inversión pública en obras requeridas por los veracruzanos, cuidando que los recursos sean aplicados con apego a los principios de honestidad.

Y en cuanto al tema de la democracia, nada como establecer una comunicación efectiva y permanente, lo que no solo se puede cumplir mediante un viraje en la relación con los medios, sino mediante una relación más cercana con la población.

Aún hay tiempo para ello.

Con Alberto Silva Ramos, un nuevo estilo

Ni duda cabe que la llegada de Alberto Silva Ramos a la Coordinación General de Comunicación Social del Gobierno del Estado permitirá un cambio de 380 grados en el manejo de la relación del gobernador Javier Duarte con la sociedad, a través de los medios de comunicación.

No solo  es un político sensible y dialogante. También es un personaje al que el gobernador le tiene plena confianza y forma parte del proyecto político con que se busca lograr una sucesión favorable al equipo gobernante y al partido en el poder.

Esa circunstancia permitirá atemperar los propios impulsos del gobernante y abrirá el portón para que se logre la comunidad con los medios de comunicación, a últimas fechas tan quebrantada.

Las primeras acciones del nuevo vocero permiten adelantar cambios significativos que mejorarán la comunicación institucional, sobre todo porque, a su lado, Silva Ramos ha logrado atraer a un periodista crítico y conocedor de los medios, Filiberto Vargas, quien tendrá el fuerte compromiso de aterrizar los nuevos modos con que se busca fraguar una alianza respetuosa con los comunicadores.

Una de las primeras tareas que deberá afrontar Silva Ramos, sin embargo, es lograr que lo dejen llevar la oficina sin intromisiones groseras y desconcertantes, que alimentaron una especie de juego de gallina ciega en el tramo que le correspondió a la ahora Secretaria Técnica, Gina Domínguez Colío.

La más importante, desplazar del diseño de “estrategias de comunicación” alternas a gente como Rubén Aguilar Valenzuela, exvocero de Vicente Fox Quezada durante su paso por la Presidencia de la República, y que no solo ha significado una fuerte sangría en los recursos de la entidad sino disparatadas y ocurrentes tácticas que en nada sirvieron para mejorar la imagen del gobernador Javier Duarte.

Alberto Silva Ramos debe tomar el control absoluto del diseño y aplicación de la comunicación institucional, primero, para lograr un trabajo coherente y continuado y, segundo, para ubicarlo como el responsable del éxito o el fracaso en la encomienda.

Rubén Aguilar ha sido una nulidad no solo en el ámbito local, para cuya prensa ideó mecanismos de contención y persecución, sino también en el ámbito que supuestamente domina, el de la prensa nacional, donde le ha ido de mal en peor al gobernador Javier Duarte.

Ojalá que Duarte se quite las sanguijuelas que tanto daño le han hecho a su gobierno y a su presupuesto.


jueves, 20 de febrero de 2014

El vuelo del cisne, ¿alto o a ras de suelo?

Con la llegada esta semana del exalcalde tuxpeño Alberto Silva Ramos, El Cisne, a la Coordinación General de Comunicación Social del gobierno estatal, luego de transitar unos meses por la Secretaría de Desarrollo Social (donde estuvo en campaña “pero contra el hambre”), se percibe que para el gobernador Javier Duarte de Ochoa era indispensable cambiar la forma de operar la imagen de su equipo y sus acciones de gobierno.

Y es que en la primera mitad de su gestión, su relación con la prensa ha tenido más semejanza con una discordia prolongada que con un trato equilibrado y respetuoso.

Que a Javier Duarte se le considere una especie de verdugo de los medios de comunicación no solo tiene que ver con la lista de comunicadores asesinados,  por omisión de acciones preventivas y la impunidad en que ha quedado la mayoría de los crímenes. Tampoco se ciñe a la confrontación con los empresarios de la comunicación por la disminución o cancelación de flujos monetarios.

Esos dos componentes han sido determinantes para fortalecer la severa crisis que padece el gobierno estatal justo cuando empieza el tobogán de las pasiones sucesorias, pero no son los únicos.

Uno grave ha sido la mano dura contra los periodistas de a pie, el cerco creado en torno al gobierno y sus instalaciones, el trato déspota de la vocera Gina Domínguez para con la mayoría de los de su antiguo gremio, la violencia policiaca contra fotógrafos y reporteros.

A raíz de la desaparición y posterior homicidio del reportero Gregorio Jiménez, la brecha entre autoridad y gobierno se hizo más profunda, pero ese hecho lamentable no fue sino el más reciente de una sucesión de hechos de sangre que involucraron a periodistas. Por ello, hacía falta que el gobierno estatal diera un golpe de timón y cambiara al encargado de la comunicación social.

Pero la llegada de Alberto Silva Ramos no lo puede ser todo; la relación con la prensa en el actual gobierno no es diseño exclusivo de Gina Domínguez, aunque fue muy ad hoc para aplicarlo. Ese modelo fue ordenado por el gobernador Javier Duarte de Ochoa y poco podrá lograr la mano de seda y el lenguaje cantarino de El Cisne si el principal huésped de Palacio de Gobierno no cambia su percepción de los medios de comunicación.

Sobre todo ahora cuando parece que hay luz verde para la recomposición de fuerzas dentro del grupo más íntimo de quien detenta el poder, aquellos cuadros cercanos al proyecto transexenal de Fidel Herrera Beltrán, que hoy estarán en posiciones de más abierto protagonismo.

El mismo Alberto Silva Ramos no solo tendrá palestra para salir al público sino además la fuerza que podrá rentabilizar en su trato con los medios de comunicación para promover su imagen con miras a la candidatura gubernamental de 2016, mientras que quien lo sustituye en la Sedesol, Jorge Carvallo Delfín, por fin tendrá micrófono y capacidad de movimiento para impulsar su imagen al menos para una diputación federal.

Cambio en la PGJ: bueno
para FAFE, malo para JDO

Mientras el cambio en el área de comunicación social apunta a remediar una gestión que ya no reditúa al titular del Poder Ejecutivo, la salida de Felipe Amadeo Flores Espinosa de la Procuraduría General de Justicia es vista como una forma de desviar las responsabilidades gubernamentales en el tema de la seguridad (que corresponden al área preventiva, es decir, la Secretaría de Seguridad Pública), mediante el señalamiento de una pieza que aparentemente no funcionaba.

Lo cierto es que, pese a la extraordinaria actuación del hoy exprocurador, las condiciones apuntaban a un mayor desgaste político. Y es que últimamente Amadeo era visto como un apagafuegos del gobierno estatal, debido a las reiteradas pifias dentro de la SSP, que puede hacer de todo menos prevenir los delitos, en muchos de los cuales participaron los propios policías.

Hace ya tiempo que se comentaba en los corrillos políticos que el oriundo de Cotaxtla quería salir de su encargo, pero no paraban los temas que era indispensable atender, los últimos de los cuales fueron: el encarcelamiento de la exalcadesa de Alvarado, Sara Luz Herrera Cano (protegida por varios diputados priistas que impidieron su desafuero), el asesinato del joven Gibrán Martiz, caso en que intervino una banda de policías estatales, y el caso del periodista asesinado en Coatzacoalcos.


La llegada de un abogado amigo personal del gobernador Javier Duarte de Ochoa no parece apuntar a una labor extraordinaria, sobre todo por los antecedentes de prepotencia del ahora encargado del despacho de la PGJ, cuyos testimonios no solo han sido motivo de charlas sino de notas periodísticas en Córdoba.  

lunes, 20 de enero de 2014

Elizabeth, la sexta pasajera

La incorporación de Elizabeth Morales García al primer círculo político veracruzano, con su próxima elección (ya anunciada) como dirigente estatal del PRI, ha sobrecalentado la caldera política y, de súbito, se ha puesto en línea de ataque para suceder al gobernador Javier Duarte de Ochoa en 2016.

Pero además en una posición de gran privilegio.

En efecto, ante las dificultades evidentes de prospectos como el titular de la Sedesol estatal, Alberto Silva Ramos; el secretario de Gobierno, Erick Lagos Hernández, y el secretario particular del gobernador, Jorge Carvallo Delfín, para levantar su imagen y ganarle la partida a los senadores Héctor Yunes Landa y José Francisco Yunes Zorrilla, pareciera que se ha prendido otra veladora en la persona de la exalcaldesa de Xalapa.

Y tendrá el mejor escaparate y la sartén por el mango como presidenta del comité estatal priista, para recorrer a placer el territorio veracruzano, dialogar con los grupos de poder, los sectores y organizaciones partidistas, renovar la estructura territorial y establecer alianzas abiertas o soterradas.

Todo ello, mientras los otros contendientes se entretienen en sus labores gubernamentales, unos, y legislativas, los otros.

Llama la atención su designación (aunque todo aparentará una elección hecha y derecha), cuando se sabe de su histórica alianza con el senador Héctor Yunes Landa, si bien en estas lides no existen fidelidades eternas y menos cuando se trata de aspirar a lo mismo.

Es cierto que la comunicadora ha tenido su principal bastión en la capital del estado, de donde surgió como diputada federal y recientemente como presidenta municipal. Pero las oportunidades se pintan solas.

Elizabeth Morales García estará al frente del PRI en una etapa relativamente tranquila en materia electoral. Salvo la elección de diputados federales en 2015, para la que muchos le señalan un camino que ya recorrió, pues fue diputada federal de la LX Legislatura del Congreso de la Unión (2006-2009), la exedil xalapeña podrá trabajar en su favor durante más de un año.

Mujer de armas tomar

Y eso tiene inquietos no solo a los aspirantes locales a la gubernatura en 2016. También a la clase política priista en general, la mayoría de cuyos integrantes ya hace equipo, sea con los locales o con los actuales senadores de la República.

Con una carrera política meteórica, esta mujer no es de las que tienen las manos atadas.

Fue impuesta por el exgobernador Fidel Herrera Beltrán en 2010 como candidata priista a la alcaldía xalapeña, cuando todos los indicios daban por hecho que sería Américo Zúñiga Martínez.

Elizabeth no se venció, se mantuvo mediáticamente como aspirante e invocó a padrinos y madrinas, como la reciente candidata al gobierno del Distrito Federal y exgobernadora de Tlaxcala, Beatriz Paredes, aunque ya prácticamente estaba a punto de ser registrado el hijo del profesor y licenciado Guillermo Héctor Zúñiga Martínez. Como quien dice, le dio para atrás cuando el ahora alcalde xalapeño estaba por registrarse, para mandarlo como candidato a diputado local.

Aunque tiene un mal antecedente como alcaldesa xalapeña, donde convirtió a la capital veracruzana en un verdadero caos urbano, lo cierto es que su paso por el palacio municipal fue muy bien aprovechado por esta sagaz política, porque destinó casi todo el presupuesto del ayuntamiento a fortalecer sus minas de votos en las colonias populares de la ciudad.

Cuando le criticaban por tener a la ciudad en graves aprietos por falta de obras y pésimos servicios públicos, ella respondía que decenas de kilómetros de calles se estaban construyendo donde no se veían, es decir, en colonias remotas.

Resistió los embates de la prensa y de sus enemigos políticos sin dejar de lado su proverbial alegría por la vida, y tan pronto ha salido del puesto edilicio se ha encontrado con una oportunidad que no dejará escapar por nada del mundo.

Y es que esa oportunidad le viene, además, por el apoyo no solo de Beatriz Paredes, ahora embajadora de México en Brasil, sino también del magnate de los medios y del deporte organizado, Mario Vázquez Raña.

Dos pájaros de cuenta

Y es que la caballada local ha estado perdiendo peso por falta de pastura. El principal postulante, Salvador Manzur Díaz, ha quedado en la orilla, golpeado inmisericordemente por el fuete panista y el desdén del gobierno federal, al que puso en riesgo de ver morir a su principal vástago, el Pacto por México, con el videoescándalo promovido por Miguel Ángel Yunes Linares.

Y ha sido el propio  Manzur Díaz el primero en apoyar la postulación de Elizabeth, de quien dijo que cuenta con todas las cartas credenciales. Lo mismo dijo otro boqueño, Raúl Zarrabal Ferat, vicecoordinador de la bancada priista en el Congreso local. Si los priistas tuvieran que valorar estos dichos por quienes provienen, en graves dificultades estaría Elizabeth, habida cuenta de que ambos boqueños tienen largas colas que les pisen.

Por su parte, el más aventajado en términos de capacidad de movimiento, es el titular de Sedesol, Alberto Silva Ramos, quien por desgracia tiene tras de sí una administración desastrosa en el ayuntamiento de Tuxpan, al que dejó endeudado hasta las cachas. Otro punto negativo son sus publicitados nexos cercanos con Francisco ‘Pancho’ Colorado Cessa, sentenciado en Estados Unidos a 20 años de prisión por lavado de dinero.

Ya hablaremos de Erick Lagos y Jorge Carvallo.

¿Cisne o chivo en cristalería?

Aunque se comporta como el señalado por el dedo de Dios y pregona sus cualidades rumbo a la selección del candidato priista a sustituir a Javier Duarte de Ochoa en 2016, el actual secretario estatal de Desarrollo Social, Alberto Silva Ramos, alias El Cisne, no podrá sepultar en el olvido el tremendo endeudamiento que enfrenta el ayuntamiento de Tuxpan.

Salvado por la campana, Silva Ramos pidió licencia como alcalde antes de concluir su periodo y se refugió en la Sedesol estatal, donde tiene manga ancha para recorrer el estado repartiendo dádivas y obras de remedio a la pobreza, sin que sufra señalamiento alguno por incumplimiento de programas.            

Pero los tuxpeños lo recuerdan con una mezcla de molestia y estupefacción.

De molestia, porque prácticamente hipotecó las finanzas municipales por décadas, y estupefactos porque, pese a la discrecionalidad en el manejo de los recursos públicos, no fue tocado siquiera por la sospecha en el análisis de la cuenta pública de 2012 hecha por el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), que en cambio involucra a 38 municipios.

Y es que, además de la enorme deuda que afecta participaciones federales, e incluye bursatilización y empréstitos con la banca de desarrollo y privada, el ayuntamiento tuxpeño enfrenta una deuda que frisa los 80 millones de pesos con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), lo que le ha valido la amenaza de embargo de bienes municipales, además de dejar desprotegidos a los trabajadores municipales.

Constructores y proveedores diversos están al borde de la quiebra por la falta de pago; incluso, los medios de comunicación en que ordenó publicar un impresionante despliegue de mensajes promocionales han debido quedar con las facturas pendientes por sumas millonarias.

Si así quiere gobernar a Veracruz, un enorme daño debemos esperar en su hipotética gestión.

Una deuda galopante

El creciente endeudamiento contratado por Alberto Silva Ramos en los dos años y siete meses en que estuvo en el ayuntamiento de Tuxpan llamó la atención incluso de la empresa calificadora Fitch Ratings.

En octubre de 2012, la empresa asignó a ese ayuntamiento la calificación crediticia “BB(mex)”, que equivale a un grado especulativo, al enfrentar una deuda cercana a los 500 millones de pesos. Simplemente, gastó más de lo que recibía por participaciones federales y recaudación propia.

Dicha suma estaba constituida, según el análisis de la calificadora, por un pasivo no bancario por 252.8 millones de pesos, deudas por financiamiento por 172.4 millones, más la deuda que ya sostenía con el IMSS, calculada hace 15 meses en 50 millones.

El economista Hilario Barcelata Chávez, en un análisis sobre la deuda pública de los municipios veracruzanos, publicado por el portal Al Calor Político en 2012, señalaba que de los 2 mil 840.8 millones de pesos que adeudaban los 212 municipios de la entidad, el 52 por ciento se concentraba en 18 ayuntamientos.

Tuxpan ocupaba el tercer lugar, debajo de Coatzacoalcos y Veracruz, al concentrar el 4.8 por ciento, con 135.8 millones de pesos, superando incluso la deuda de Xalapa. Y añadía que dicha deuda representaba el 36 por ciento de sus ingresos.

El ritmo impuesto por el actual titular de la Sedesol durante su régimen fue extraordinario, al multiplicarlo hasta cuatro veces. Así, mientras en 2010 ese municipio debía 34.8 millones, antes de concluir 2012 la deuda había crecido a 131.4 millones de pesos, según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Pese a las evidencias, el Cisne, convertido en menos de tres años en un chivo en cristalería, se defiende argumentando que solo dejó un pasivo cercano a los 160 millones de pesos y que dichos recursos se justificaban pues fueron destinados a infraestructura. Respecto a la deuda con el IMSS, señala que esta le fue heredada por tres administraciones anteriores. Lo cierto es que no hizo nada por liquidarla.

En efecto, Silva Ramos aduce que los recursos con los que ha hipotecado por décadas al ayuntamiento porteño se destinaron a la construcción de puentes y calles, y se vanagloria de haber encabezado la administración municipal que más calles ha construido: de 13 a 300, según su decir.

¿Obras son amores o crasos errores?

¿Qué calidad tuvieron las obras de infraestructura impulsadas durante su gestión municipal? Para muestra, un botón.

El jueves pasado, los tuxpeños sufrieron su primer desencanto. Un puente en la calle Libertad, construido según los reportes periodísticos sin la calidad exigida, colapsó cuando lo cruzaba una camioneta de carga, la que cayó al fondo del canal de aguas negras.

Los constructores, en un simulacro en que el ayuntamiento hacía como que pagaba y ellos hacían como que construían con las especificaciones debidas, no le pusieron varillas a las vigas ni a la losa principal.

Por la mañana del jueves, la camioneta de 3.5 toneladas, cargada con garrafones de agua, quedó en medio del fallido puente, vencida por su peso y la mala calidad de la obra.  Por fortuna, relata la nota del periódico La Opinión, la estructura se desplomó en partes, lo que permitió que no hubiera víctimas mortales.

Gracias al desplome de dicho puente, que forma parte de las obras de las que se vanagloria el aspirante a gobernador, unas nueve colonias han quedado incomunicadas, lo que está generando la protesta de los afectados ante la actual autoridad municipal, quien les ha dicho que esperen al próximo año porque, claro, no hay dinero en las arcas municipales y el que cae debe ser destinado al pago de la enorme deuda.


Pero al Cisne, eso ya no le preocupa.