Futuro de la UV, a consulta

Se encuentra en marcha en la UV la consulta acordada en el Consejo Universitario General para elaborar el Programa de Trabajo Estratégico 2014-2017, periodo en que la rectora Sara Ladrón de Guevara cumplirá su primera gestión al frente de la máxima Casa de Estudios.

Como se estableció en la sesión celebrada el 16 de diciembre, a través del portal oficial de la UV en internet se ha abierto un espacio interesante para la participación no solo de los profesores, investigadores, funcionarios y estudiantes en activo, sino también quienes, habiendo egresado de sus aulas, están interesados en colaborar con sus ideas y propuestas. 

El proceso de consulta en línea estará abierto hasta el próximo 31 de enero, fecha en que las autoridades universitarias recabarán todas las aportaciones y le darán unidad y coherencia al documento que guiará el trabajo de los universitarios, aunque su cumplimiento deberá ser asegurado y vigilado por las autoridades centrales.

El documento que busca dar soporte al primer rectorado femenino (hay que recordar que tanto la rectora como quienes se hacen cargo de las secretarías académica y de administración y finanzas son mujeres) está bajo la responsabilidad de otra mujer, Laura Martínez Márquez, directora de Planeación Institucional de la UV.

Con una larga experiencia en materia de planeación y evaluación educativa, tanto en la UV como en la Secretaría de Educación de Veracruz, la académica xalapeña tiene maestría
 en Administración
Educativa
por
la
UV,  es
 egresada
 del
 Programa
 de
 Especialización
 en
 Gestión
 y
 Liderazgo Universitario
de
la
Organización
Universitaria
Interamericana (OUI), del
posgrado
en Negociación Estratégica impartido por la Universitat  Oberta de Catalunya (UOC) y de la especialidad en Política y Gestión Educativa por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).

Laura conoce al equipo de planeación estratégica de la UV y, además, conoce a la UV, donde logró importantes financiamientos extraordinarios del gobierno federal gracias al trabajo que coordinó en años pasados.

Qué propone el programa universitario

Aunque las oraciones que señalan nortes de lo que debe ser el quehacer educativo generalmente son abstrusas, dada su generalidad, lo cierto es que constituyen rutas por las que busca transitar una institución y ayudan a propiciar la imaginación de quienes quieran proponer acciones que faciliten avances en ese sentido.

En el caso de la Universidad Veracruzana, el documento básico que se ha puesto a consulta de la comunidad universitaria y de aquellos que fueron parte de ella considera un decálogo de propósitos estratégicos.

¿Cuáles son? Ofrecer programas educativos que cumplan con los estándares nacionales e internacionales; consolidar la planta académica con calidad, atraer y retener estudiantes de calidad, producir investigación de calidad socialmente pertinente, reconocer al egresado como un medio para generar impacto, lograr reconocimiento e impacto en la sociedad, promover y fortalecer el respeto a la equidad de género y la interculturalidad, modernizar el gobierno y la gestión institucional, lograr la sostenibilidad financiera y optimizar la infraestructura física y el equipamiento con criterios de eficiencia y eficacia

Como rieles de estos propósitos, la UV propone cuatro dimensiones que deben tomarse en cuenta a la hora de proponer acciones: responsabilidad social, sustentabilidad, internacionalización y descentralización.

Con ello, la UV buscaría estaría en relación directa de su entorno social, sin afectar los débiles equilibrios que existen en la relación del ser humano con la naturaleza, pero además tomando como modelos de conocimiento no solo lo que ocurre en la institución o el país sino en el ámbito internacional. Todo ello, reconociendo las características locales de los núcleos urbanos en que brinda su oferta académica.

De esa manera, la UV buscaría avanzar en la innovación académica con calidad y lograr una mayor presencia de la casa de estudios en su entorno con acciones que, al mismo tiempo que tengan impacto social, sean pertinentes.

Todo ello podría ser posible mediante la definición de líneas de trabajo como normalmente se ha hecho, verticalmente, sin participación de la comunidad, haciendo un uso discrecional de los recursos financieros, humanos y materiales. Pero la visión de la rectora Sara Ladrón de Guevara es que uno de los ejes de su mandato sea que tanto el gobierno como la gestión sean responsables y se apliquen con transparencia.

Será interesante ver qué resulta de este proceso de consulta, lo que se manifestará en el documento que analice y apruebe el próximo Consejo Universitario General que, seguramente, será convocado en el mes de febrero.

Ayuntamientos, la herencia maldita

Aunque los pobladores siempre se imaginan los malos manejos administrativos de sus autoridades municipales, basta con que dejen el puesto a sus sucesores para que se hagan evidentes desde fallas e ineficiencias hasta verdaderas pillerías y simulaciones.

Por estas fechas, los nuevos alcaldes están abonando a que la opinión pública se dé cuenta de ello, porque lo que han recibido, en muchas ocasiones, no tiene ni pies ni cabeza.

Pese a que se maneja en los medios de comunicación que el traslado de poderes en los municipios veracruzanos ha sido tersa y apegada a la ley, lo cierto es que muchos presidentes municipales están pasando por problemas serios, desde laudos laborales que no cubrieron sus antecesores y que les han quedado como una herencia maldita hasta arcas vacías o, de plano, ningún documento de entrega-recepción.

El primero de enero pasado, muchos alcaldes fueron recibidos con las oficinas tomadas por trabajadores que no recibieron sus quincenas de diciembre ni su aguinaldo. Otros, como el caso de Alvarado, solo con las llaves del edificio en las manos. Hay quienes prefieren esperar a hacer una diligencia notarial para evitar cargar con el muerto.

Más de la mitad de los municipios actuaron con opacidad, se negaron a proporcionar la información que se les solicitó. Luis Ángel Bravo Contreras, consejero presidente del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), asegura que autoridades de al menos 108 ayuntamientos podrían ser denunciados penalmente por incumplir con la Ley de Transparencia.

Y esa es otra herencia para los que comenzaron funciones el 1 de enero, porque la obligación perdura sin importar quién se encuentre al frente de la institución. Entre los ayuntamientos involucrados se encuentran los de Coatepec, Boca del Río y Coatzacoalcos.

Las arcas municipales como patrimonio personal

Es tradición que los alcaldes, una vez entronizados en la silla municipal, dispongan de los recursos humanos, materiales y financieros del ayuntamiento como si fueran propios.

Se convierten en los nuevos ricos del pueblo, ellos y su familia se pasean en vehículos de lujo comprados con recursos municipales, son transportados por choferes incrustados en la nómina, tras de ellos va un ejército de guaruras y tinterillos, los gastos domésticos se cargan a la tesorería y, en la mayoría de los casos, negocios personales son financiados a gasto perdido con dinero municipal.

Si eso pareciera un abuso, más lo constituye el hecho de que constituyan empresas fantasmas, registradas bajo prestanombres, para concursar la obra pública y, por supuesto, ganarla, sin correr el mínimo riesgo de ser supervisadas por ninguna autoridad

Cuando salen, son capaces de llevarse hasta el escritorio en el que trabajaron y, por supuesto, motores, llantas, mobiliario y vehículos que no pagaron con su chequera, y un ejemplo claro fue el que encontró esta semana el alcalde de Martínez de la Torre, Rolando Olivares Ahumada, en el parque de maquinaria heredado por José de la Torre Sánchez. Patrullas y camiones para recolección de basura parecían restos de criaturas prehistóricas, sin llantas, sin motor, sin asientos.

En Tlapacoyan y San Rafael, los trabajadores pusieron en menudo brete a los alcaldes entrantes. En el primero de los municipios, la exalcaldesa Nayeli Jarillo no entregó los recursos a los trabajadores despedidos, según laudo favorable, y se amparó con el cuento de que su tesorero se los había clavado antes de desaparecer como vil delincuente. En el segundo, el exalcalde Rogelio Capitaine dejó sin paga a sus trabajadores.

Pero apenas constituyen una milésima parte de los problemas que subsisten en la mayoría de los ayuntamientos veracruzanos.

Muchos han podido comenzar a tambor batiente, si bien con acciones que requieren financiamientos de poca monta. Han limpiado sus cabeceras municipales, han implantado programas de bacheo, recogido chatarra, arreglado parques y jardines. La gente siente la diferencia.

Otros, sin embargo, solo han acudido a actos públicos, se han tomado la foto en la fila para el pago del impuesto predial, han nombrado a su equipo en sesiones de cabildo, pero no han emprendido ninguna acción que haga la diferencia, como es el caso del alcalde de Xalapa, Américo Zúñiga. Muchos lo podrían justificar por el desastroso paso previo de Elizabeth Morales, pero la imaginación puede ayudar cuando faltan recursos.

En fin, que los ayuntamientos avanzan, unos como viejas locomotoras de vapor; otros, como modernos trenes eléctricos, pero los más se encuentran varados a la mitad de la nada. 

La del campo, ¿la próxima reforma?

A transformar el marco jurídico del sector agropecuario se comprometió el presidente Enrique Peña Nieto durante el acto en que se conmemoró el aniversario 99 de la promulgación de la primera ley agraria justamente en el Puerto de Veracruz, por el presidente Venustiano Carranza.

Desprovista de su espíritu justiciero, la legislación agraria actual dista mucho de la original. La reforma al artículo 27 constitucional impulsada por Carlos Salinas de Gortari durante su mandato puso en grave riesgo a millones de campesinos del país que, con el régimen ejidal, estaban impedidos para vender sus tierras y, con ello, se evitaba una reconcentración de los territorios rurales.

Hoy las parcelas ejidales son emporios inmobiliarios, nuevos latifundios, megaproyectos turísticos, obrajes mineros, en un esquema de profunda expoliación de la mano de obra que hoy aportan sus antiguos dueños.

Pero el presidente Enrique Peña Nieto habló en Boca del Río de una nueva reformulación de los preceptos jurídicos que norman el campo, al que quiere productivo y exitoso, lejos de rezagos y capaz de convertirse en una alternativa competitiva a nivel internacional.

Lo que no se sabe es si ese propósito incluye a los campesinos. Habla de impulsar esta reforma a través del diálogo con todas las organizaciones campesinas, pero hace mucho que estas agrupaciones ya ni simulan apoyar las más sentidas demandas de los labriegos mexicanos, quienes siguen soportando en sus espaldas la alimentación del país sin que se les pague algo cercano a lo justo.

Los dineros para el campo

Peña Nieto dijo en su discurso que en el presupuesto de este año, se destinarán al campo 82 mil 900 millones de pesos, es decir, 7 mil 500 millones de pesos más que en 2013. Se destinarán, es cierto, lo que no se sabe es cuánto recibirán los productores agropecuarios del país, luego de la tradicional rasurada que imponen miles de funcionarios corruptos altos, medianos y chicos.

Veamos la tradicional parrafada del señor presidente, traída de un desvelado poeta: es tiempo, dijo, de labrar la tierra y sembrar la semilla para que el día de mañana cosechemos buenos frutos. En Veracruz estamos acostumbrados a este tipo de frases que no dicen nada.

En cambio, dio la numeralia de la regularización de las tierras y los núcleos agrarios, y ya sabemos que eso ha hecho posible que los terrenos de los campesinos se conviertan en una mercancía barata. Dijo que en 2013 entregó títulos a 200 mil familias y se regularizaron 300 núcleos agrarios. Añadió que se atendieron más de 236 mil trámites con lo que se disminuyó el rezago en un 98 por ciento, y se liberaron unas 14 mil hectáreas en conflicto social, además de incorporar al patrimonio nacional 43 mil hectáreas.

Ya veremos qué resulta de estas promesas.

Nada para Veracruz

Siguiendo con una tradición que lleva ya un año, el presidente Enrique Peña Nieto evitó referirse en específico al estado de Veracruz. Mientras en otras entidades hace anuncios espectaculares de obras y acciones a favor de los pobladores locales, acá nos toca escucharle sus propósitos nacionales. Ya llevamos varios años ignorados por los dos sucesivos gobiernos federales. ¿Seremos culpables de ello todos los veracruzanos?

El camino de don Nicho

Aunque forma parte de los compromisos asumidos durante su campaña a su paso por Veracruz, el presidente Enrique Peña Nieto no viajó este lunes 6 de enero a inaugurar la primera parte del denominado libramiento de Coatepec.

Y es que, pese a que desde diciembre, la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), que dirige el exsecretario de Gobierno Gerardo Buganza Salmerón, ha trabajado a marchas forzadas para recomponer las maltrechas rayas de la autopista Xalapa-Coatepec, colocar la señalética y pintar los muros separadores, lo cierto es que la obrita poco servirá para desviar el tráfico que circula rumbo a Xico y Teocelo.

Los tres y medio kilómetros de carretera que, en su primera etapa requirió de 250 millones de pesos, la mayor parte destinados al puente sobre la autopista, apenas servirá para quienes se dirigen de Xalapa a poblaciones como El Grande y Mahuixtlán, en el municipio de Coatepec, porque quienes van a Xico tienen que retornar a Coatepec para cruzarlo por la avenida Libertad.

Eso quiere decir que, para su propósito, que es desviar el fuerte tráfico hacia las poblaciones localizadas entre los dos Pueblos Mágicos, faltará ciertamente que Peña Nieto y el gobierno federal cumplan con financiar la continuación del libramiento, construyendo un puente sobre la carretera Coatepec-Las Trancas, pues de otra manera solo servirá para las poblaciones localizadas a la vera de esta última rúa.

Muchos vecinos de El Grande, con sorna, aseguran que la carretera fue construida para facilitar el tránsito de su principal vecino, el exsecretario técnico de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Dionisio Pérez Jácome, a quien le quedará de maravilla pues de la salida del libramiento a su casa median apenas unos cien metros.

Algo, por cierto, se deberá hacer para que quienes se dirijan rumbo a Xalapa no ocasionen accidentes viales en su incorporación a la autopista, porque el entronque no cuenta con carril de amortiguamiento, por lo que deberán hacer alto total antes de seguir su ruta a la capital del estado.

El presidente Enrique Peña Nieto, quien estuvo este lunes en el acto conmemorativo de la promulgación de la primera ley agraria, debió parecerle inocuo volar hasta Coatepec, luego de que la semana pasada, en su natal Atlacomulco, inauguró una supercarretera de 80 kilómetros, construida por su colega, el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila.

El costo presupuestal lo pagarán los estados

Si quedaban dudas sobre la precariedad financiera que sufrirán los estados del país en 2014, bastará observar lo que le costará al gobierno de Enrique Peña Nieto el apoyo incondicional que recibió del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Congreso para aprobar por inmensa mayoría el paquete fiscal (mal llamado reforma hacendaria) y el presupuesto de egresos.

                Porque el PRD no ofrendó la cauda de sus votos y la defensa a ultranza del proyecto peñista a cambio de nada. Su posición deliberadamente pro peñista y su defensa de los beneficios sociales que ofrece una propuesta fiscal y de gasto que los propios empresarios han criticado por evadir la responsabilidad del crecimiento económico y afectar a los factores de la producción, no solo lo fortalece en el ámbito del Pacto por México, también deja sin efecto una verdadera oposición en el Poder Legislativo, abandonando a su suerte al Partido Acción Nacional (PAN) que apenas ha podido vanagloriarse de tirar el IVA en colegiaturas.

                ¿Cuál será el costo para el gobierno federal y cómo se dará la consecuente merma en los recursos destinados a los gobiernos estatales, la mayoría de ellos priistas? La respuesta está en el denominado Fondo de Capitalidad, recién creado, que fortalece como nunca las finanzas del gobierno del Distrito Federal, territorio que nuevamente se convierte en el más ganancioso de la república.

                En efecto, los perredistas ven con satisfacción que su entrega a los brazos del poder les permitirá consolidarse en su más fuerte bastión político, el DF, con recursos de un fondo, el de Capitalidad (creado “para compensar los desequilibrios que se tienen como capital del país”), que en el próximo año oscilarán entre los 7 mil y los 9 mil 500 millones de pesos, los que se sumarán a cerca de 700 millones del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) que, por primera vez, incluye a la capital del país.

                Por supuesto, los perredistas han puesto en el tintero político la tendencia de izquierda en la Ley de Ingresos que, en efecto, incorpora gravar las ganancias obtenidas en la Bolsa Mexicana de Valores y una tasa progresiva del impuesto sobre la renta (ISR) para que paguen más impuestos quienes ganen más dinero, además de imponer impuestos a los alimentos chatarra.

                Los crecientes recursos de que dispone el gobierno de la ciudad de México más los del Fondo de Capitalidad y del FAIS no saldrán de alguna chistera; tendrán que tomarse de toda la canasta, lo que significa un sacrificio del resto del país, que ya es histórico, y que significará menores posibilidades de desarrollo, sobre todo si como este año la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) decide mantenerlos en el cajón y no invertirlos en los grandes proyectos que necesita un país que se colapsa en muchas de sus regiones, señaladamente las del sur y sureste.

                La caída dramática de la inversión pública este año ha sido uno de los más importantes factores para la contención del desarrollo, al grado de ser considerado como uno de los puntos que explican el haber llegado a la recesión en el mes de septiembre.

¿BENEFICIA A VERACRUZ UNA PRESIDENCIA PRIISTA?

Hace ya muchos años que Veracruz es perjudicado por los sucesivos gobiernos federales, mediante el bloqueo en el flujo de capital público orientado a obras y acciones. La rencilla entre Felipe Calderón Hinojosa y Fidel Herrera Beltrán, entonces presidente panista y gobernador del PRI, llevó al casi absoluto cierre del flujo de recursos federales orientados a obras de gran calado en materia de infraestructura de comunicaciones, proyectos productivos e, incluso, atención a los desastres naturales.

                La fama del cuenqueño de usar todo tipo de recursos en beneficio de su bolsillo y de la promoción del PRI, aunado al constante choque con el presidente panista, llevaron a los veracruzanos a la situación de rascarse con sus propias uñas porque mientras en el gobierno estatal se llevaban buena parte de los recursos públicos para satisfacer ambiciones personales y políticas, en el federal se bloqueaba la mayoría de los flujos financieros hacia Veracruz para evitar que se alimentara la ambición desmedida del gobernador priista.

                En los pasados comicios locales, el PRI insistió entre los votantes sobre la ventaja de elegir a alcaldes y diputados locales de ese partido con el sambenito que de esa manera se cerraría la pinza y le iría bien a sus comunidades. Pese a que la realidad no era benévola con esa tesis, se señalaba que ya había Presidente de la República y Gobernador priistas y que con un alcalde de ese partido las cosas marcharían de maravilla. Y muchos se la creyeron.

                La realidad es que no podemos tener un Presidente más alejado de Veracruz que Enrique Peña Nieto, incluso más que Felipe Calderón, y que muy difícilmente el Gobierno de Veracruz, con la grave deuda que heredó y no ha logrado superar, al menos en sus efectos más perniciosos, podrá atender las necesidades de los ayuntamientos, incluso aquellos gobernados por el PRI.

La batalla por atraer recursos para obras prioritarios en los ámbitos locales entre los 212 ayuntamientos veracruzanos será igual e, incluso, menos intensa que la que protagonizarán los estados del país por lograr que al menos las obritas comprometidas por el hoy mandatario durante su campaña sean cumplidas lo más pronto posible. 

Cultura, la vocación desdeñada

Pese al insufrible y desalentador periodo que vive el municipio de Xalapa, en que no se sabe si caerá en el infierno o se mantendrá en el purgatorio, con marchas cotidianas, arreglos viales que nunca terminan, hoyancos peligrosos en sus principales avenidas, basura por todos lados,  incapacidad de los agentes viales para controlar el tráfico vehicular, desprecio por peatones y ciclistas y, pese a ello, repito, la semana pasada vivió un inusitado incremento en materia turística y una luminosidad que contrastó con los aciagos y tempestuosos días previos.

En efecto, la enorme capacidad del Hay Festival para reunir en solo cinco días a estrellas importantes en el mundo de la literatura, el periodismo, la música y las artes plásticas y escénicas, no solo fue un motivo de regocijo para los locales sino que motivó a muchos mexicanos a moverse a Xalapa que, temporalmente, se convirtió en la capital de la cultura en el país.

No obstante que por problemas de salud no acudió a su cita el poeta antillano Derek Walcott, Premio Nobel de Literatura 1992, en cuya ausencia se leyeron tres de sus poemas y se proyectó un largo documental sobre su vida y obra en la isla de Santa Lucía, los demás personajes programados sí acudieron, como el caso de Jody Williams, Premio Nobel de la Paz 1997, quien mostró con su español casi perfecto la necesidad de luchar contra la impunidad, palabras que cayeron como plomo caliente en un país y un estado donde ese aliciente para la mayor criminalidad (que los delitos queden impunes) marca la historia más reciente.

Aunque de las ciudades más importantes de la entidad es la que recibe el respaldo más débil por parte del gobierno estatal, lo que se ha convertido en un apotegma político en las últimas décadas, Xalapa mantiene un encanto que parece perder y recuperar con cada alcalde o alcaldesa, pese a que todos ven en ella la oportunidad de hacer negocios a trasmano, destinando recursos para pequeñas obras de relumbrón, cuando no verdaderos esperpentos que desplazan groseramente la arquitectura vernácula.

Aunque pocos, porque el festival va en su tercera edición, nunca como en el de este año se ha visto el desplazamiento de personas de diversos rumbos del país y el extranjero dispuestas a hacer un viaje difícil para llegar a nuestra capital para ver en pocos días y en un mismo sitio a poetas reconocidos, destacados novelistas, periodistas famosos por haber incluso tirado a un gobierno norteamericano o, siendo jóvenes, relatar a través de crónicas el clima de violencia que viven México, Centro y Sudamérica; escritores consagrados como Sergio Pitol, quien recibió un merecido homenaje por sus 80 años de vida productiva.

Yo mismo conocí de manera directa la experiencia de tres personas que vinieron desde Valle de Bravo para acudir al Hay Festival y, de paso, disfrutar del que ellos mismos confesaron es el segundo museo de antropología más importante del país. Como ellos, muchos vinieron a nuestra ciudad, donde el Hay Festival no llegó a inaugurar una vocación sino que se ha mantenido justamente porque esa vocación cultural existe desde hace muchas décadas.

NUESTRA AVEJENTADA

 INFRAESTRUCTURA

Es cierto que cuando se reúnen los creadores y los consumidores de arte y cultura cualquier sitio es bueno para crear el milagro de la comunicación y la retroalimentación. Muchos festivales culturales se realizan en sitios en que la calidez la producen los participantes; muchas fiestas populares en el estado se desarrollan bajo el manto de la noche y sobre el piso pelón, y se vuelven memorables porque, pese a esas condiciones (incluso, gracias a ellas), la comunión de los participantes hace posible la transmisión de saberes y placeres que solo la cultura puede atender.

Pero si hablamos de una ciudad que por más de ocho décadas ha sostenido a la orquesta sinfónica decana en el país, que se hizo famosa por la presencia en sus salas de músicos de la talla del chelista español Pablo Casals y de Mstislav Rostropóvich, quienes pusieron bandera a la ciudad en el mapa mundial en 1959 al participar en el Festival de Música Pablo Casals y en el segundo Concurso Internacional de Violonchelo, entonces algo debe hacerse por parte de nuestras instituciones culturales y gubernamentales.

Que se invierta mucho dinero público en respaldar la vocación turística del Puerto de Veracruz y su zona conurbada con Boca del Río; que se respalde a Coatzacoalcos como un importante polo de desarrollo industrial y portuario; que se mejore la vialidad en la zona conurbada de Córdoba-Orizaba, un centro industrial importante en la ruta Veracruz-Ciudad de México. Todo ello está bien. Pero hace mucho que los gobiernos estatales casi solo aportan fuentes de empleo burocrático junto con las incomodidades que resultan de tener a la ciudad como el centro político del estado, pero han dejado en un tremendo rezago.

Si eso es evidente en materia de vialidades y servicios públicos, lo es más en infraestructura para la cultura. Fuera de las dos salas del Teatro del Estado, El Ágora de la Ciudad, el Museo de Antropología y la eterna inacabada sala de conciertos de la UV en el Campus para la Cultura, las Artes y el Deporte, todo lo demás son espacios improvisados a los que no se les da un tratamiento para adecuarlos a las exigencias de sus propósitos.

Si bien la Feria del Libro Infantil y Juvenil tiene como su nicho el Colegio Preparatorio de Xalapa (o Prepa Juárez), sin posibilidad de ampliar sus espacios, en cambio, la Feria Internacional de Libro Universitario (FILU), que organiza la Universidad Veracruzana, ha debido experimentar con varios sitios, desde la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información (USBI) hasta la antigua Casa de Artesanías, pasando por el edificio que antes era el Museo del Transporte y hoy ocupa el DIF para sus oficinas estatales, y el campo de beisbol de la UV.

Por añadidura, pese a que el Gobierno del Estado cedió a la UV la Casa de Artesanías, hoy denominada Casa del Lago (recordando a la original de la UNAM en Chapultepec), para que se convirtiera en una extensión de las actividades que realizan las facultades del área de artes (música, danza, teatro, artes plásticas), lo cierto es que el lugar se mantiene igual que siempre: sombrío, descuidado, olvidado y con una acústica espeluznante. Durante el Hay Festival asistí a una lectura de poesía en que participaron seis escritores de México, Cuba. Argentina, Perú y España, justamente en el salón de ese recinto, y se escuchaba más nítidamente la música grupera y tropical que emitían las bocinas de un negocio cercano que las voces de los ilustres invitados.

Por aras del destino, antes de contar con un recinto adecuado para las diversas actividades culturales masivas que se suceden a lo largo del año, la ciudad contará con un ¡velódromo!, donde se desarrollarán las competencias de ciclismo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, y que nunca más servirá para su propósito original.

NO HAY MUCHA ESPERANZA EN EL MEDIANO PLAZO

Es inútil pensar que esta situación podrá revertirse en el mediano plazo. Si ha habido inversiones en el denominado corredor cultural que va del Parque Juárez al Paseo de los Lagos, ello ha sido posible no por el entusiasmo del ayuntamiento de Xalapa o el esfuerzo del gobierno estatal sino porque hubo recursos etiquetados del gobierno federal que, eso sí, fueron atinadamente gestionados desde el ámbito local.

Desgraciadamente, las nuevas autoridades se alejan cada vez más de los grupos de profesionistas y de amantes de la ciudad, quienes hace mucho tienen en vilo proyectos para mejorar la imagen citadina. Desde la gestión de David Velasco Chedraui, que inició el proyecto financiado por el gobierno federal, las obras se realizan exclusivamente al (mal) gusto de las autoridades municipales.

Ahora mismo, el Paseo de los Lagos se está convirtiendo más en un sitio para plantar ferias comerciales que en un paseo para que los xalapeños hagan ejercicio en un ambiente seguro y rodeado de prodigiosa vegetación. Las lámparas colocadas frente a la entrada de la Casa del Lago se han convertido en estructuras sin uso, meros tubos que podrían usarse para practicar Pole Dance, de no ser porque su instalación es endeble.

Aunque se ha repetido cada vez con mayor desgano la propuesta de los empresarios locales para contar en Xalapa con un centro de convenciones, lo cierto es que ninguno de los gobernadores que han recibido el proyecto se ha entusiasmado por gestionarlo.

Así que no hay esperanza.

                    

Un gobierno fatídico para la economía

No fue necesario el fin de la administración de Enrique Peña Nieto en 2018, el primer gobierno priista luego de 12 años de presidencias panistas, para caer en un desastre económico, como había sido la tónica en los gobiernos tricolores desde el fin del sexenio de José López Portillo, atenazado por la fuga de capitales, la devaluación del peso a grados superlativos y una inflación galopante que puso a todos los mexicanos al borde de la peor miseria.

Ya era costumbre que, al final de los sexenios priistas, la devaluación del peso y la inflación rompiera la posibilidad de lograr un desarrollo sostenido; millones de familias se hundían prácticamente en la mendicidad y se empezó a leer la historia de México por décadas perdidas.

El terremoto de 1985, previo al último año de Miguel de la Madrid, puso en jaque la economía mexicana. Toda la inversión pública federal programada para diversas regiones del país fue cortada de tajo para enfrentar la enorme tragedia que representó para la capital mexicana un fenómeno natural que enlutó al país.

Carlos Salinas de Gortari, electo en medio del más claro y monstruoso fraude electoral, palió en sus primeros años la profunda crisis económica no solo con golpes políticos, como el encarcelamiento del líder petrolero Joaquín Hernández Galicia, La Quina, sino con un endeudamiento considerable que permitió un déficit presupuestal de 3.7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), aunque al año siguiente lo redujo a 1.9 por ciento.

Con él, la venta de todas las empresas en manos del Estado permitió que fueran a parar a individuos que hoy lucran incluso a costa del Estado que les dio posibilidad de incrustarse en las listas de Forbes.

El advenimiento de Ernesto Zedillo Ponce de León, quien sustituyó en plena campaña presidencial al asesinado Luis Donaldo Colosio Murrieta, puso de inmediato en jaque el castillo de naipes con el que Salinas hizo creer a todos los mexicanos sobre nuestra duradera estancia en el grupo de países en desarrollo. Economista duro, Zedillo hizo malabares, luego del denominado “error de diciembre” de 1994, con medidas que nos abrieron las puertas al infierno del desastre económico y logró, con un déficit promedio de 0.6 por ciento durante su gobierno, recuperar la estabilidad.

Tanto Vicente Fox Quesada como Felipe Calderón Hinojosa, los dos presidentes panistas, promediaron 0.4 y 1.7% del PIB del déficit presupuestal, si bien solo se interesaron en mantener estables las cuentas públicas y la macroeconomía, sin que ello se expresara en una mejor condición de vida para millones de mexicanos que se mantuvieron en la línea de flotación, lo que quiere decir que muchos sobrevivieron pero otros tuvieron que pasar a mejor vida.

La noticia en el mundo era la estabilidad económica de México y las enormes posibilidades de crecimiento que, con reformas estructurales, harían detonar la economía a grado tal que el nombre de nuestra nación se ubicaría entre las BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) como parte de las economías emergentes que estaban llamadas a sustituir a las tradicionales potencias económicas del mundo o, al menos, a igualarse con ellas.

CRECERÁ EL DÉFICIT PÚBLICO

Pero nones para los comelones. Según un estudio del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, las cosas se podrían poner color de hormiga y promediar para el sexenio peñista el más alto déficit presupuestal de las últimas tres décadas. En efecto, según las previsiones del propio gabinete, si en 2014 se programa incurrir en un déficit del 3.5% del PIB, la tendencia en los siguientes años no apuntan a recuperar un endeudamiento público sano, pues para 2015 se calcula un déficit de 3.0% y en 2016, de 2.5%. Y a ello habrá que agregar el déficit calculado para el año que corre, que será de 2.4%.

Contra lo previsto por el equipo económico del gobierno federal, 2013 ha sido fatídico. En primer lugar, las expectativas de crecimiento han descendido en caída libre, al grado de estar hablando en estos días de que México ha entrado en periodo de recesión.

Las inversiones extranjeras directas no llegan en la medida en que estaban sentadas las expectativas no bien se difundieran las reformas estructurales; la inflación, sobre todo en el sector primario, ha hundido las posibilidades para que el sector emprendedor permita dinamizar la economía; la recaudación fiscal irá a la baja, sobre todo a partir de la enorme catástrofe natural que representa el paso de Ingrid y Manuel por territorio nacional y, encima, los países en desarrollo ven con la ceja levantada las dificultades para que se apruebe una reforma energética que incluso ven tibia para lo que esperaban.

En los Criterios Generales de Política Económica, el gobierno federal considera que gastar más allá de los ingresos presupuestarios puede ser útil para hacer crecer la economía. “El nivel de déficit propuesto contribuirá a mitigar el efecto recesivo de corto plazo sobre diversos sectores de la economía mexicana”.

Y agrega el documento: “Este déficit permitirá un estímulo contracíclico para apoyar a la economía y al empleo, al tiempo que permitirá invertir de manera decidida desde ahora para alcanzar los frutos de las reformas estructurales lo antes posible”.

Las desgracias no vienen solas. El país está prácticamente en crispación social. Las protestas del magisterio dañan severamente las economías de escala; los fenómenos meteorológicos, según análisis de la propia Secretaría de Gobernación, han provocado un desastre mayor que el terremoto de 1985, y no solo habrá una merma importante en el universo de contribuyentes (muchos de los cuales han quedado en la ruina y sin negocio), sino que además durará un buen tiempo lograr la recuperación de las economías regionales afectadas.

Si las declaraciones hechas a favor de la reconstrucción nacional son ciertas, se requerirá una inversión mayúscula para permitir a millones de damnificados recuperar sus viviendas o sus negocios. Ya hemos visto que si esos recursos no son bien vigilados en su aplicación, a quienes ayudan es a nuestros voraces políticos estatales y municipales.

Por eso, no debe sorprender que el presidente más criticado en materia de formación académica y cultura general haya dado visos de dónde sacará recursos para afrontar los compromisos. De entrada, restarle a la cultura y las artes una buena tajada de 4 mil millones de pesos en 2014, que no se recuperará. Habrá que ver cómo le va a ciencia, tecnología e innovación, pero es casi segura que no se cumpla la previsión de dotarle de al menos el 1 por ciento del PIB.

               

CORRUPCIÓN Y NEGOCIOS PÚBLICOS

Dice la izquierda mexicana (y dice bien) que lo que no tocará Enrique Peña Nieto es la enorme corrupción que merma todo intento por lograr el crecimiento económico.

Tras la detención de Elba Esther Gordillo Morales por diversos delitos, lo que permitió tener de aliado al SNTE en la denominada reforma educativa, no ha habido una señal que permita, ya no digamos la detención del corrupto líder petrolero Carlos Romero Deschamps, actual senador priista, sino incluso romper con las multimillonarias transferencias financieras al sindicato desde Pemex.

La propuesta de reforma energética no toca con el pétalo de una flor el poderío de una organización criminal, disfrazada de organismo gremial, que sigue succionando alegremente los ingresos del país por las exportaciones petroleras.

Lo más grave es que el propio Poder Legislativo, que incluye a todos los partidos políticos, es partícipe de la corrupción, lo que hace que los contribuyentes cautivos estemos en desacuerdo con los nuevos impuestos que se afinan en la reforma hacendaria.

Un Veracruz extremadamente vulnerable

Puente Misantla (Foto: Jorge Parra)

Las copiosas lluvias dejadas por los fenómenos meteorológicos recientes, como el huracán Ingrid, que nos ha mantenido a resguardo desde la semana pasada, han mostrado la enorme vulnerabilidad de todas las regiones veracruzanas. Ahí donde los ríos y arroyos de respuesta rápida han llevado a la bancarrota a pequeños negocios y ha dejado sin mobiliario a los pobladores, también se han resentido graves pérdidas en la agricultura y la ganadería y, lo peor, ha sepultado a más de dos decenas de personas bajo toneladas de rocas, lodo y agua.

Aunque se alaba la efectividad del sistema estatal de protección civil, lo cierto es que en algunas regiones, particularmente en las áreas de San Rafael y Misantla, se reprocha a los gobiernos estatal y municipales la ausencia de alertas oportunas para que la población pusiera a buen resguardo sus pertenencias por los efectos de la tormenta tropical Fernand; de hecho, cuando se dieron cuenta los pobladores, la fuerza del agua y el lodo había borrado en horas de la madrugada años de esfuerzos en casas y negocios.

Muchos alcaldes ven con desdén sus obligaciones públicas y prefieren disfrutar los recursos del erario a unos meses de dejar las mieles del poder. En la mayoría de los municipios, sus habitantes tienen que vérselas solos para enfrentar los desastres y han optado por utilizar las redes sociales para avisarse mutuamente las previsiones meteorológicas, así como para llevar a cabo las acciones solidarias para defenderse de los efectos que dejan las lluvias.

Veracruz enfrenta, ciertamente, los efectos de la devastación que ha resentido la naturaleza. Durante décadas se han explotado sin control los bosques en las cuencas de los ríos, la mayoría de los cuales tienen saturados de tierra sus cauces y no ha habido una sola política pública de gran envergadura que permita no solo desazolvar a medias algunas áreas sino abrir las embocaduras de dichos ríos cuando salen al Golfo de México.

Para mayor desgracia, el Gobierno del Estado sigue sufriendo la grave escasez de recursos, derivada del expolio a que fueron sometidas las arcas públicas durante los más recientes gobiernos, particularmente el que encabezó Fidel Herrera Beltrán, quien no solo no dejó un quinto en la hacienda estatal sino, por el contrario, dejó una deuda prácticamente inmanejable que, a más de dos años, sigue teniendo atado de manos a la actual administración.

LA POLÍTICA, EL MAYOR DESASTRE

Tanto en la entidad como en el país, la politización de los asuntos prioritarios para nuestro desarrollo ha dado al traste con cualquier tentativa de progreso. La secuencia de los procesos electorales ha llevado a la simulación, a priorizar la compra de conciencias mediante la reserva de políticas y acciones indispensables pero políticamente riesgosas, a evitar la aplicación de la ley si con ello se logra la adhesión en las urnas de quienes la infringen, a utilizar alegremente los recursos públicos a favor del partido en el poder y del sometimiento de los partidos y dirigentes sociales que lo respaldan.

Así, no hay dinero que alcance para hacer lo que la entidad necesita. Tampoco, voluntad política para revertir los efectos de la naturaleza que se ceba con quienes la hemos destruido, para evitar los miles de desastres familiares, los duelos que se repiten con cada fenómeno meteorológico, el terror a perderlo todo tan pronto nos enteramos que una depresión tropical amenaza con chocar en nuestros litorales.

Y es que, a diferencia de hace algunas décadas, no hace falta el impacto frontal de un huracán en nuestro territorio para esperar lo peor. Una tempestad aislada o un aguacero duradero son suficientes para que los ríos y arroyos se desborden y se lleven nuestras pertenencias, destruyan nuestros sembradíos, acaben con nuestra ganadería, destruyan nuestros caminos y puentes, hagan inservibles nuestras escuelas o desaparezca moniliario y equipo de clínicas de por sí miserables e ineficientes.

¿QUÉ NOS DEPARA EL FONDEN?

Prácticamente, nada. Sin una contraloría social que permita ejercer una vigilancia puntual a la aplicación de los recursos derivados de la declaratoria de desastre natural, nunca se sabe si llegaron de la Federación, en qué monto y para qué acciones.

Por todos los rumbos de la entidad, decenas de miles de damnificados de huracanes como el Karl hace 3 años siguen preguntándose de qué manera se les iba a apoyar y han debido salir de sus desgracias sin ayuda de nadie; caminos y puentes destruidos siguen como banderas de la corrupción de los últimos años de gobierno, sin ser reparados; pequeños empresarios que han debido abandonar sus negocios y dedicarse a empleos mal pagados.

Para colmo, los funcionarios estatales, como los actuales, engañan con la monserga de que para la agricultura y la ganadería, las lluvias han sido benéficas; que se ha movilizado maquinaria para remediar los daños en caminos y puentes, aunque solo lo hagan en aquellos indispensables para la circulación estatal, pero no para los pequeños poblados que han regresado un siglo, a cuando no tenían vías de comunicación para sacar su producción y, en muchos casos, ni para el tránsito de personas.

Lo más grave sucede cuando se han perdido vidas humanas. Es cierto que la nueva ley de estatal Protección Civil prevé la prohibición de construir desarrollos urbanos en áreas de riesgo e, incluso, contempla sanciones para quienes promuevan esos asentamientos o para las autoridades que, con la dotación de servicios públicos o el reconocimiento de la legalidad de los poblamientos, permitan el arraigo de miles de necesitados de vivienda en lugares donde corren permanente peligro de ser afectados por cualquier aguacero.

Por desgracia, no hay una política pública destinada a la creación de reservas territoriales seguras para propiciar asentamientos humanos legales y seguros, con posibilidad de dotarles de los servicios públicos indispensables sin necesidad de erogaciones multimillonarias. Si esto no ocurre en las grandes ciudades de la entidad, mucho menos en pequeños poblados y comunidades, donde el crecimiento demográfico ha obligado a miles de veracruzanos a levantar sus precarias viviendas en o bajo cerros que en cualquier momento pueden ser su sepultura, como en menos de un mes ha ocurrido en los municipios de Tuxpan, Yecuatla y Altotonga.

Lo más grave es que, con ello, Veracruz va perdiendo aliento. La ya de suyo pobre infraestructura urbana y de comunicaciones se va destruyendo y, en contrapartida, no hay obra nueva que permita tener la ilusión de que vamos progresando.

¿Cuándo se recuperará la normalidad en cientos de comunidades afectadas? El tiempo la sanará, junto con el esfuerzo de los afectados.

¿CÓMO MEDIR EL RETROCESO?

Al menos como ejercicio interno de evaluación, si no se quiere prodigar datos que sirvan para calificar su grado de ineficiencia, los gobiernos federal y estatales, incluso desde la base municipal, debieran construir indicadores que permitan determinar los efectos negativos de cada uno de los fenómenos destructivos, sean meteorológicos o de otra índole, que permitan definir políticas públicas orientadas a restablecer las condiciones básicas en materias tales como equipamiento urbano, infraestructura de comunicaciones, servicios públicos (agua, luz, drenaje, vialidad urbana), educación, salud, desarrollo económico y producción primaria, para restablecer en un tiempo perentorio los grados de bienestar de la población afectada.

Es común observar tanto a las instancias de gobierno como a las organizaciones filantrópicas y la sociedad civil, realizar acciones a tontas y a locas a favor de los damnificados, sin atacar adecuadamente aquellas áreas de mayor impacto, sea porque fueron los más afectados o porque se requieren para reactivar la economía.

Y es que la desgracia dura meses e, incluso, años. Los afectados por un desastre natural no son solo los que sufren la inundación de sus viviendas sino también aquellos que, sin haber tenido esa calamidad, se quedan sin empleo, no logran vender sus mercancías, tienen anegados sus sembradíos y perdieron la cosecha o se retrasará el corte de sus productos, o están intransitables sus pastizales y han perdido su ganado, y quienes vieron cómo el agua destruyó su comercio o su pequeña industria.

Pasan semanas e, incluso, meses, y muchos deben emigrar para obtener la alimentación de sus familias. El otorgamiento de despensas sirve de poco si no tienen estufa y enseres domésticos; las cocinas militares apaciguan el hambre en los momentos más críticos de la desgracia, pero no pueden dar el servicio más allá de la contingencia.

De poco sirve la acción de los consejos de protección civil si no se reactiva la economía, se restablecen las vías de comunicación, se otorgan créditos blandos para recuperar los negocios o los sembradíos, si no se llevan a cabo programas emergentes de empleo temporal para que circule el dinero y se recuperen las comunidades.

Además, la información sobre los efectos nocivos de las catástrofes naturales serviría para elaborar programas específicos de remediación, mediante la reorientación del gasto público originalmente destinado a otros programas, para atender la emergencia, no desde el punto de vista filantrópico de dar techo y comida en lo que dura la inundación, sino para que se logren levantar los veracruzanos afectados.