Tajín, ¿ciudad prehispánica o festival?

En 15 años, el nombre Tajín ha pasado de ser la referencia a una de las culturas prehispánicas más ricas en la arquitectura, la cultura, las artes y la astronomía de los totonacas ancestrales, para convertirse en un simple sinónimo de un festival en que recalan bandas musicales reconocidas por los jóvenes con acceso a las nuevas vertientes mundiales en lo que a géneros musicales se refiere.

¿Qué tanto ha ayudado la denominada Cumbre Tajín a proyectar la cultura totonaca, olvidada incluso por sus propios herederos, y en qué medida la derrama económica (calculada en 200 millones de pesos que aparentemente supondrá el arribo de unos 500 mil participantes) ha ayudado a rebasar los también ancestrales rezagos sociales del Totonacapan? Es algo que todavía espera un estudio serio y objetivo.

Desde que en 2000, el entonces gobernador Miguel Alemán Velazco, apuntalado por su equipo de promotores artísticos formados en Televisa, dio inicio a este festival dentro de la mismísima zona arqueológica, con graves presagios que hicieron presumir la furia del dios del Trueno (hubo afectaciones en los edificios custodiados por el INAH y murió un policía de entre los cientos que fueron subidos a un templete para probar su resistencia), la Cumbre Tajín ha sido un poderoso imán turístico, pero fue opacando al mismo tiempo la trascendencia que por sí misma representa la prodigiosa ciudad en que se levanta la enigmática Pirámide de los Nichos.

Una cartelera atractiva, pero…

Este fin de semana será su versión 15. Del 20 al 24 de marzo, esta cumbre denominada “La revelación de lo posible” dará de qué hablar en el país y en algunos círculos de otros países que gustan de acudir a eventos culturales con carteleras atractivas. Acuden a disfrutar los eventos masivos programados, a hospedarse en la hotelería escasa y de baja calidad que ofrecen Poza Rica, Papantla y Costa Esmeralda y, tras noches enjundiosas, a pocos les quedarán ganas de conocer lo que ha quedado de la cultura ancestral.

Vendrán este año a disfrutar los conciertos masivos de Jack Johnson, Edward Sharpe and The Magnetic Zeros, Tool, Primus, Puscifer, Illya Kuryaki and the Valderramas, Babasónicos, Fobia y la Banda El Recodo de don Cruz Lizárraga. También, Los Amigos Invisibles, Jenny and the Mexicats, Los Ángeles Negros, Los Románticos de Zacatecas, Bajofondo, L. A., Tomahawk y Vayijel, Funker y los grupos xalapeños Soflama y Macuiles. Es decir, un abanico de géneros musicales que incluye pop indie, world music, Rythm&Blues, electrónico, además de son jarocho mezclado, cumbia y bolero.

Para los conocedores, el cartel es sumamente atractivo. Seguramente más de un lector de esta columna no sabrá ni de quiénes se trata, más allá de la banda que atrae a las masas y que ha permitido, junto con otras, la invasión de la música norteña (algunos dicen que para infundir una cultura muy cercana al narcotráfico). Quienes vivimos en Xalapa reconoceremos a los grupos Macuiles y Soflama.

Salvo que se destinan enormes cantidades de recursos provenientes del erario, nadie podría decir que la oferta sea desdeñable. He visto en ciudades del país, como Puebla y el DF, a decenas de jóvenes que buscan afanosamente boletos de autobús para llegar a Poza Rica o Papantla (las camioneras no pelan al festival y, por ello, no amplían su oferta de viajes). Algunos más lo harán en su propio vehículo o aprovecharán los vuelos al aeropuerto de Poza Rica y el de Veracruz; los habrá que lleguen de aventón. No hay duda que es atractivo.

A la inauguración acudirán la secretaria de Turismo del gobierno federal, Claudia Ruiz Massieu, y el gobernador Javier Duarte de Ochoa.

Porque vaya que tiene resonancia. Incluso la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) no ha tenido problemas para acudir en días previos a componer las maltrechas vías de acceso. Todo parece indicar que será un éxito, a no ser que el dios Trueno lo eche a perder con algún frente frío.

Pero… ¿y los totonacas?

No es seguro que los habitantes de la sierra del Totonacapan vayan a disfrutar este festival; no hay nada hecho para ellos, para su disfrute, para que tengan siquiera la posibilidad de ingresar a los espectáculos masivos, a no ser como trabajadores, animadores de los visitantes con sus danzas, talleres de alfarería, curas, temazcales, elaboración de collares de flores, gastronomía, rituales, ceremonias de los voladores, el uso de la vainilla.

Sin demeritar el trabajo que realiza en el curso del año el Parque Temático Takilhsukut y los reconocimientos recibidos incluso por la UNESCO, lo cierto es que, terminado el festival, los indígenas de la región regresarán a su pobreza y a sus graves rezagos, y solo se beneficiarán los empresarios del sector turístico.

Como en la Fiesta de La Calendaria, la intervención de la Secretaría de Turismo y Cultura (Secturc) ha sido para convertir este tipo de eventos en ofertas culturales para quienes vivimos fuera de la región. Los visitantes, sin embargo, muy poco conocerán de la cultura y las artes que se gestan en la región y en Veracruz.

¡Quémenme con leña verde si digo mentiras!

La trompicada reforma educativa

Al secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet Chemor, no le ha ido del todo bien con la reforma educativa, pese a la trascendencia de un cambio estructural en un sistema educativo que no avanza y, en la mayoría de los rubros, incluso retrocede a pasos agigantados.

Primero fue la intensa ola de protestas que llegaron a convertirse en focos de violencia, cuando los profesores de varios estados del país, liderados por el magisterio disidente de los estados de Oaxaca y Guerrero, pusieron a prueba la mesura tanto del Gobierno Federal como, en particular, la del gobierno de Miguel Ángel Mancera, cuando la Ciudad de México se convirtió en una sucursal del infierno. Aquí mismo en Xalapa, la movilización social colapsó por semanas la vida normal de los pobladores de la capital estatal.

Luego fue la crítica enconada de parte de varios investigadores educativos que enfocaron sus baterías contra el enfoque laboral de la reforma constitucional en materia de educación, pues su mayor radicalismo y transformación radicó justamente en recuperar el control sobre los maestros que hace años el propio gobierno federal le había ido cediendo al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Tras múltiples horas de debate parlamentario, realizado bajo la vigilancia y el contante asedio del magisterio disidente y otras organizaciones sociales, se logró que la educativa fuera la primera gran reforma estructural promulgada por el presidente Enrique Peña Nieto el 25 de febrero de 2013, bajo los auspicios de los tres principales partidos (PRI, PAN y PRD) en el marco del Pacto por México.

Los tres ejes fundamentales de esta reforma son lograr que los alumnos sean educados por los mejores maestros (servicio profesional docente), hacer de la evaluación un mecanismo eficiente para mejorar la calidad de la enseñanza (sistema nacional de evaluación educativa) y mejorar las condiciones para la formación integral de los alumnos (escuelas de tiempo completo).

Pero la evaluación de los maestros ha sido el principal motivo de choque con los maestros. En la evaluación obligatoria, el magisterio ha visto el riesgo de ser despedidos por incompetentes, algo que nunca ha sucedido ni cuando se les demuestra la comisión de uno o varios delitos, graves incluso, pues la organización sindical invariablemente los ha mantenido en el puesto contra viento y marea.

El berrinche de Chuayffet

Tal vez por eso, el titular de la SEP, Emilio Chuayffet Chemor puso el grito en el cielo cuando descubrió que, en el caso de la recientemente aprobada Ley de Educación del Estado de Veracruz, con que se buscó armonizar las normas estatales con la reforma educativa nacional, la evaluación no tiene consecuencias laborales más allá de la reubicación de los profesores incompetentes a labores no docentes.

Efectivamente, la ley estatal, que consta de 22 capítulos, 190 artículos y 11 transitorios, y aprobada como de rayo por el Congreso local, señala que el personal que no alcance resultado suficiente incluso en la tercera evaluación no será despedido sino que será readscrito en otras tareas del servicio eductivo, manteniendo a salvo los derechos que hubiere adquirido durante el tiempo de su gestión.

De ahí el berrinche del titular de la SEP que, en entrevista televisiva, anunció que el gobierno federal se iría a controversia constitucional contra la ley veracruzana para que ese punto se armonizara con lo que establece la reforma estructural.

Por eso suena extraño que los maestros disidentes de Veracruz, sin tomar en cuenta este aspecto, en lugar de apoyar al gobierno de Javier Duarte de Ochoa, para defender ese punto, se hayan ido de bruces con actos violentos frente a la Legislatura, cuando lo lógico sería que hicieran alianza para mantener ese punto, independientemente de que Veracruz se convierta en isla.

Una isla, por lo demás, menos alejada que lo que han establecido los estados de Baja California Sur, Sinaloa y, sobre todo, Oaxaca, cuyos gobierno locales no lograron armonizar sus leyes educativas locales a lo que dicta la federal, en el plazo establecido del 13 de marzo de este año. En efecto, solo 28 gobiernos locales lograron una nueva ley educativa estatal.

Es claro que la cosa no ha concluido en este tenor. Habrá que analizar en los siguientes días cómo se maneja en los ámbitos nacional y estatal este tema en que hay, sin duda, una confrontación.

Ayuntamientos, empobrecidos y abandonados

De la tendencia a que los ayuntamientos se fortalecieran política, económica y fiscalmente, poco está quedando.

Al creciente endeudamiento disparado por la ambición crediticia de Fidel Herrera Beltrán, quien obligó a buena parte de los cabildos a colocar sus ingresos en documentos bursátiles, se agrega que los ayuntamientos deben administrar pobreza y lidiar con leyes federales que los tratan como menores de edad.

Aunque siguen teniendo la atribución de recaudar recursos propios por impuestos, derechos, productos y aprovechamientos, por desgracia muchos montos provenientes de participaciones federales se quedarán en el camino para el pago de obligaciones crediticias y, para colmo, el gobierno federal está buscando determinar cuánto y en qué se gasta lo que destine a este nivel de gobierno.

La tendencia que buscaba consolidar a los ayuntamientos para que realizaran cada vez obras de mayor magnitud, con base en las necesidades de sus pobladores, puede ser parada de tajo por el propio gobierno federal que, en el discurso, sigue hablando de la autonomía de los 2 mil 240 ayuntamientos del país pero que en la realidad la está socavando.

Recientemente fueron objeto de análisis y crítica las reformas a la Ley de Coordinación Fiscal, aprobadas por el Congreso de la Unión en el marco de la reforma hacendaria, pues abrieron la posibilidad de que los ayuntamientos, con acuerdo de cabildo, trasladen las funciones de recaudación del impuesto predial a las autoridades estatales, lo que en algunos casos puede ser favorable, siempre y cuando los resultados de la actividad recaudatoria regresen en beneficio de los municipios.

Pero las letras chiquitas de las reformas ya empiezan a causar estragos, sobre todo en el caso de Veracruz, con ayuntamientos que no llevan ni un trimestre en el poder y que ven con preocupación que deberán hacer mucho más trabajo de gestión ante los niveles estatal y federal de gobierno para que estos lleven la obra pública indispensable en sus congregaciones.

La terrible sequía de recursos en las haciendas municipales, provocada por el endeudamiento y el saqueo de gobiernos anteriores, los pasivos laborales millonarios por juicios perdidos y una nómina que ha ido engordando con cada alcalde, se puede recrudecer si el gobierno federal, como establece la ley de coordinación fiscal, les quita atribuciones para programar obra pública.

¿Crecerán los giros negros?

Aunque no es sino una simple broma, lo cierto es que puede darse el caso de que ayuntamientos ahorcados financieramente abran al mejor postor la posibilidad de abrir negocios considerados como giros negros (cantinas, bares, prostíbulos), porque generan buenos recursos y pueden paliar necesidades de pronta resolución. Realmente esperamos que no sea una predicción.

Como sea, una de las consecuencias que sufrirán todos los municipios del país con las ideas avanzadas de nuestro secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, la ha puesto en el tapete el diputado federal panista Humberto Alonso Morelli pues, según su interpretación, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) tendrá facultad para definir qué obras pueden financiar los ayuntamientos con recursos del Ramo 33 Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).

Gracias a ello, señaló el legislador veracruzano, desde el gobierno federal establecerá los criterios de cómo aplicar esos recursos, y uno de los rubros que no podrán financiarse son obras como pavimentación de calles, alumbrado, drenaje, agua potable, sino solamente aquellas acciones que ayuden a disminuir la pobreza y el hambre, con proyectos que solo sirven para gastar dinero pero que generalmente no tienen impacto en la población, sobre todo si se utilizan para fines partidistas.

Apretados por endeudamiento y limitados en el uso y destino de los recursos del ramo 33, los alcaldes deberán escenificar una dura batalla con sus colegas para que la obra pública que tenían contemplada con las participaciones federales se pueda realizar con otros fondos, concursando para que sean considerados en los programas de obra de varias dependencias, y esperar a que los recursos del impuesto predial contribuyan a realizar obras de evidente urgencia.

 ¿Qué han hecho los alcaldes más audaces en este primer trimestre? Todos ellos han trabajado en tapar hoyos en las calles, han tratado de convencer a los sindicatos para que no presenten demandas exorbitantes, organizado a los que prestan servicios públicos de manera racional para que no se vean las miserias, tratando de armonizar sus proyectos de desarrollo con los programas estatales y federales que puedan otorgar recursos, han buscado convenios de colaboración con dependencias e instituciones de educación superior.

En fin, han hecho lo que un jefe de familia mal empleado y peor remunerado hace para llevar el alimento a su casa, con la salvedad de que en el caso municipal muchos hijos están quedando con hambre

Para colmo, el Gobierno del Estado está endeudado igual o peor que el conjunto de ayuntamientos, lo que impide que vean en la caja fuerte de la Secretaría de Finanzas y Planeación recursos que pueden fluir en su auxilio.

Como diría un político de la vieja guardia: los ayuntamientos solo disponen de lo que sale por cobro en los baños públicos del mercado municipal.

Ramo 33: ¿simple dinero político?

Que la Sedesol federal determine el catálogo de lo que pueden hacer los ayuntamientos con los recursos del FISM Ramo 33 puede ayudar a que Rosario Robles Berlanga, titular de esa dependencia, cumpla con las estadísticas embargadas en su programa Sin Hambre, pero eso no quiere decir que el hambre y la pobreza vayan a desaparecer.

Por desgracia, con el modelo del programa salinista Solidaridad, las acciones emprendidas por la Sedesol difícilmente abatirán los índices de pobreza en el país. Es posible que ayuden a colocar en la mente de los beneficiarios al partido que les lleva la ayuda, pero difícilmente se logrará que superen su situación de enorme marginación si, colateralmente, los tres niveles de gobierno no realizan obras de comunicación terrestre (carreteras, caminos, puentes, vados, etc.) que les ayude a llegar a los centros urbanos donde comercializan sus productos y donde pueden recibir atención médica; si no se logra dotar a las comunidades donde viven en situación precaria con sistemas de drenaje y agua potable, si no se mejoran las condiciones de los planteles educativos.

De ahí la molestia de muchos alcaldes veracruzanos y del país porque el único fondo federal de que disponían para obra pública se encuentra condicionado y bajo duros candados.

Los renglones torcidos de la sucesión

Tiempos de complicidad entre los Yunes: Pepe y Héctor.

Dos años antes de que Veracruz viva la euforia de una elección local única, la de los poderes ejecutivo y legislativo (pues la de presidentes municipales se realizará hasta el 2017), la que más llama la atención es la de Gobernador del Estado y ya están apuntados quienes buscan la candidatura priista. Tan apuntados que todos los pasos que dan se encaminan a ese propósito.

Y hablo del PRI porque, aunque en el PAN y el PRD también se mueven sus aspirantes, hay procesos internos para selección de dirigentes que, según quede la cosa, serán determinantes para inclinar la balanza por uno u otro de los posibles. Incluso la elección del líder nacional panista tendrá una fuerte influencia en la determinación del candidato, una vez que los dos más visibles, Julen Rementería y Miguel Ángel Yunes Linares, le están apostando por uno de los dos candidatos: Ernesto Cordero y Gustavo Madero.

Ya hemos visto que lograr un escaño en el Senado de la República ha servido como paso previo para lograr la candidatura al Gobierno de Veracruz. Así lo vivieron al menos Miguel Alemán Velazco y Fidel Herrera Beltrán. Y no solo porque ello permite una cercanía muy importante con el poder en el ámbito nacional, con la posibilidad de lograr apoyos federales a programas y obras que los senadores pueden divulgar como propios. También porque como son representantes ante el Congreso de la Unión no de un distrito sino de toda la entidad, pueden viajar de norte a sur de nuestra geografía promoviéndose y estableciendo alianzas.

Varias encuestas aplicadas en las últimas fechas dan como el precandidato puntero al senador Héctor Yunes Landa, y el mismo político originario de Soledad de Doblado (como su primo azul Miguel Ángel) está haciendo todo lo que en la orilla de la legalidad puede ser considerado como actos anticipados de campaña pero que no llegan a tal calificación porque encuentra justificación en la difusión de sus actividades camerales.

Cualquiera puede ver a Yunes Landa lo mismo bañándose a jicarazos en la humilde casa de un misanteco (como hizo Carlos Salinas de Gortari en Monterrey cuando Zedillo inició la persecución de todo lo que oliera a salinato), que acudiendo a la inauguración de oficinas periodísticas en Tuxpan, o dando conferencias en Xalapa o subiéndose al caballo en una cabalgata en Vega de Alatorre. Todo lo que pueda fortalecer su presencia por todos los rumbos de la entidad. La cara sonriente de Héctor, quien promueve en Twitter su cuenta Hectorízate, aparece por todos lados, en periódicos, portales de internet, entre los anuncios de Facebook, en artículos donde escribe sobre su tarea legislativa, en entrevistas a modo.

Y hace bien porque, cuando sean los tiempos, sus adversarios meterán el acelerador, y ya vimos cómo se ha fortalecido el manejo de imagen en el caso del gobernador Javier Duarte de Ochoa, quien encabeza un proyecto diferente y por el que podemos intuir los cambios, enroques, posturas y actitudes.

Empieza a moverse el proyecto duartista

Luego de los ajustes en su gabinete y su llamado a fortalecer la actividad gubernamental por sobre los proyectos particulares, queda claro que Duarte busca estructurar una opción distinta al del choleño en la persona de otro senador, el peroteño José Francisco Yunes Zorrilla, a quien cobija, levanta la mano e impulsa, pese a que Pepe muestra un exagerado respeto por las formas y trata de ir mátalas callando por todos los rumbos del estado. En efecto, Pepe pregona que no son los tiempos para construir candidaturas, si bien a todas luces eso es lo que busca hace ya muchos años.

Exagerar en las formas puede costarle a Pepe alejarse del puntero Yunes Landa, quien el viernes pasado de plano se destapó en una entrevista de radio en Xalapa, cuando afirmó que sí aspira a ser candidato al Gobierno de Veracruz, porque político que no aspira no respira. Y envió un mensaje directo y una postura de rompimiento con el gobernador veracruzano: que él no determinará al candidato a sucederlo sino que solo podrá emitir su opinión, ya que la dirigencia nacional priista será la que lleve todo el proceso desde el altiplano, en un regreso al consabido centralismo que ha hecho tanto daño al país.

Y sí, ahora que el PRI ha regresado a la Presidencia de la República, parecería claro que la candidatura gubernamental se decida en el CEN, y no en los estados como cuando gobernaba el PAN y los gobernadores se convirtieron en los definidores de las cosas internas del partido. Pero no es con esas declaraciones como podrá realizar un mayor trabajo proselitista para su causa. De todas maneras, ya las cosas se han roto y no volverán a unirse.

Lo que queda claro es que el gobernador Javier Duarte trabaja intensamente en la sucesión, aunque su actividad fundamental sea la de gobernador nuestro estado.

Al apoyo como su as bajo la manga de Pepe Yunes, a quien le tiene en alta estima y considera como el único capaz de restarle puntos a Héctor, todo parece indicar que mantiene bajo protección y como posibles candidatos emergentes a los tres más importantes herederos de la fidelidad y que, por el momento, se han disciplinado ejemplarmente para darle impulso al proyecto duartista: Erick Lagos Hernández, Jorge Carvallo Delfín y Alberto Silva Ramos.

Los tres se mantienen en puestos claves: el primero vigila el tema de la gobernabilidad y el control de los grupos políticos como secretario de Gobierno, el segundo mete fuerza a la política social que es generadora de votos en la Secretaría de Desarrollo Social, y el tercero realiza un enorme trabajo de recuperación de la imagen pública del gobernador y el enorme equipo de gobierno, como coordinador general de Comunicación Social.

El tiempo lo dirá todo.

Comunicación: enlaces y desenlaces

Desactivar la excesiva centralización aplicada a la comunicación social desde el gobierno de Fidel Herrera Beltrán, pero recrudecida a estados demenciales durante el reinado de Gina Domínguez Colío en el actual gobierno, parece ser la próxima tarea de Alberto Silva Ramos, coordinador general del área.

El nuevo vocero no solo ha anunciado que cambiará a los actuales enlaces de prensa, todos ellos nombrados atendiendo a criterios personales y mafiosos, sino que analizará la desaparición de esa figura institucional en que su antecesora sustentó parte del control férreo sobre lo que se comunicaba desde las dependencias y sobre los recursos presupuestales que tenían asignados para comunicación.

Si cambia el enfoque del trabajo de las oficinas de prensa de las secretarías del despacho para convertirse en difusoras de los avances de objetivos y metas trazados para cada una de ellas (y no en simples difusoras de actos públicos), ganará en calidad la comunicación institucional.

Y es que desatendiendo las agendas particulares de las dependencias, Gina Domínguez establecía qué sí y qué no debía salir a los medios, y asignaba valores y jerarquías a los comunicados para normar el criterio que los medios debían atender para su publicación, de manera que la mayoría de las veces las secretarías no se beneficiaban con la difusión de sus logros y actividades, pese a que sus recursos para este rubro eran dilapidados.

Concentrar en sus manos tanto la información que salía y debía publicarse, como los presupuestos para publicidad de toda la estructura gubernamental, le permitió establecer estímulos y castigos a los medios de comunicación: no solo contrataba espacios sino que obligaba a las empresas periodísticas a responder a sus oscuras estrategias de promoción. Para ello, sembraba en los empresarios la incertidumbre sobre la continuidad de los apoyos, lo que le permitía operar a distancia en las propias redacciones, estableciendo lo que debía publicarse.

Además, impedía que temas que consideraba negativos para la imagen gubernamental fuesen publicados o abordados; lejos de ser benéfico para la tarea de gobernar, colocó a los medios contratados en una especie de limbo: los lectores empezaron a alejarse de ellos (y, por ende, de la información gubernamental que en ellos se publicaba), y evitó que las dependencias gubernamentales conocieran y reaccionaran ante casos de protesta social. Como consecuencia, medios y analistas críticos, fundamentalmente en plataformas electrónicas (portales, agencias informativas, blogs), vivieran un auge en lectores y seguidores, lo que aún se mantiene.

El periodismo se fue a las banquetas

Gracias al férreo control que logró el esquema de enlaces de prensa, los periodistas se vieron obligados a tener como única fuente de información del gobierno a la coordinación de comunicación social. El siguiente paso, sin embargo, fue cerrarles las puertas de esa oficina, convertida en un valladar que contaba con varios filtros; el último de ellos, infranqueable.

Como, por otra parte, los enlaces de prensa evitaban el paso de los periodistas al contacto con los secretarios y directores de área, la mayor producción de notas periodística tuvo como fuente improvisadas entrevistas de banqueta. Molestos por el desdén y el desprecio, tanto los cuestionamientos como las notas informativas se enfocaban a golpear a los funcionarios. Con ello, distanció al gobierno estatal de los periodistas de a pie.

Poco le faltó a Gina Domínguez para imponer a los encargados de prensa de los ayuntamientos, aunque sí pudo en el caso de Xalapa, donde la exalcaldesa Elízabeth Morales debió despedir a su jefa de prensa para darle paso a Vicky Hernández (hoy enlace de comunicación en la Legislatura local), quien respondió a las órdenes de la funcionaria estatal e impidió que los medios satanizados lograran la contratación de espacios publicitarios en el ayuntamiento.

El actual director de comunicación municipal, Miguel Valera Hernández, fungió como director de prensa de Gina Domínguez durante tres años, por lo que es posible que su salida de la coordinación general fuera autorizada bajo la expectativa de mantener el control de la comunicación en ese nivel de gobierno, una hipótesis que ya no se podrá corroborar.

Grave daño a la imagen de Javier Duarte

Bloqueados los secretarios para manejar la información de sus áreas de competencia, todo el peso de la comunicación gubernamental recayó en la figura del gobernador Javier Duarte. De pronto nos dimos cuenta de que no había gobierno: solo un gobernador y su vocera.

La idea de que una buena administración pública es la suma de logros de todos sus componentes desapareció. Ante graves conflictos generados por acciones de funcionarios o sus dependencias, el único que debía contrarrestarlo era Comunicación Social; los enlaces ni siquiera se sentían involucrados y, acaso, aportaban alguna información para elaborar un comunicado, lo que rara vez ocurría.

La estrategia fue la del golpeteo anónimo. En lugar de que la instancia gubernamental involucrada saliera a los medios a enderezar entuertos o aclarar malos entendidos, se filtraban ‘notas periodísticas’ o ‘comentarios políticos’ en que se golpeaba con rudeza innecesaria a quienes habían señalado fallas o desvíos, fueran políticos o periodistas.

Pese a que en muchas ocasiones era indispensable que el gobernador Javier Duarte de Ochoa saliera al paso con la información correcta que derribara erróneas o sesgadas interpretaciones, el silencio público permitía generar la idea de que el gobierno callaba porque no tenía argumentos.

La entrada de Alberto Silva Ramos ha significado un verdadero golpe de timón. Una muestra: cuando muchos periodistas comentábamos erróneamente sobre el tema del impuesto predial, cuya recaudación y manejo supuestamente les serían sustraídos a los ayuntamientos por una inexistente iniciativa de ley de Duarte, el vocero salió a desmentirlo en las redes sociales; acto seguido, salió el propio gobernador a corregirle la nota a la revista Proceso y, junto con él, hubo declaraciones del secretario de Finanzas y Planeación. Así de fácil.

Falta ver la reacción por la supuesta declaración del titular de la SEP, Emilio Chuayffet, sobre la interposición de una controversia constitucional contra la nueva ley educativa de Veracruz por no considerar uno de los más importantes mecanismos coercitivos, el despido, contra aquellos maestros que no hubiesen salvado las evaluaciones. Pero, en términos generales, la nueva dinámica comunicacional va abonando en la cicatrización de las tensas relaciones entre prensa y gobierno.

Un paso más será que las conferencias de prensa semanales que ofrece el gobernador Javier Duarte de Ochoa los lunes, no solo se realicen en Xalapa sino también en Coatzacoalcos, Córdoba, Veracruz, Poza Rica y Pánuco, entre otras ciudades, lo que permitirá a la población de estas regiones saber que tienen a un gobernante de carne y hueso.

Ya iremos calibrando los aciertos y desaciertos de esta área conforme se vayan presentando los acontecimientos.

La sombra de Érick Lagos

Varios colegas han comentado recientemente sobre la vena literaria del secretario de Gobierno, Érick Lagos Hernández, quien aprovecharía sus minutos de solaz para elaborar artículos que ven su publicación en varios medios de comunicación.

Lo han hecho no sin cierta sorna, cuando no han destrozado la prosa ineficaz para abordar temas que tampoco son de interés para los lectores, sobre todo si consideramos sus funciones en el aparato gubernamental.

Pero quién puede quitarle el deseo de crear opinión, conociendo el mismo impulso (aunque con diferente tamaño) de su padrino político, el exgobernador Fidel Herrera Beltrán, que sigue siendo ‘articulista invitado’ de varios medios y portales, y cuando uno de sus férreos contrincantes por la candidatura al Gobierno del Estado, el senador Héctor Yunes Landa, se viste de analista y juega al periodismo.

El problema de Érick Lagos (si bien no podemos atribuir muchas luces a los textos yuneslandistas) es que quienes lo conocen saben que el oriundo de Isla no escribe ni en defensa propia.

¿De quiénes son, entonces, los dedos que tunden las teclas para elaborar los textos que firma uno de los herederos de la fidelidad? ¿Quién engaña al secretario de Gobierno sobre falsas aptitudes de escritor, con las que acaso quiere justificar el cobro de fuertes sumas de dinero con cargo al erario? Eso no ha sido desvelado por los colegas.  

Si los textos que aparecen periódicamente bajo su firma en los medios no pueden ser reconocidos ya no digamos por su calidad literaria sino ni siquiera por su respeto a una estructura lógica, una buena sintaxis y una ortografía decorosa, en cambio quien está detrás de ellos puede ser incluido como personaje de un relato de literatura negra de la política.

El amanuense de Lagos, periodista frustrado

Mario Daniel Badillo González, coatepecano, no es un experto en periodismo. No ha destacado jamás por sus luces en el arte de la escritura, pero en los últimos 20 años ha logrado colarse en los puestos más apetecibles del gobierno veracruzano sin apenas justificar su presencia ni el cobro de jugosos salarios.

Convencido de que como periodista iba a morirse de hambre por falta de una pluma medianamente convincente, Badillo González se acercó al entonces secretario particular del gobernador Miguel Alemán Velazco, Roberto López Delfín, para solicitarle una beca de estudios en España para hacer estudios de posgrado. Pasó dos o tres años en la Madre Patria a coste del erario veracruzano y, a su regreso, quiso agradecer el gesto del alemanista; ofreció los conocimientos recién adquiridos aunque, claro, a cambio de un puesto de trabajo. Pronto demostró su ineptitud pero fue mantenido en el escritorio que ya había abrazado con pasión del más oscuro burócrata.

Tal vez por eso, el último artículo firmado por Erick Lagos, publicado el miércoles de esta semana, es una desmedida loa a las reformas políticas impulsadas durante el gobierno de Miguel Alemán quien, por cierto, hizo todo lo posible porque no llegara Fidel Herrera Beltrán a la candidatura para sucederlo.

Lagos (o su otro yo) hace un paralelismo entre las leyes propuestas para el reconocimiento del plebiscito, el referéndum y la iniciativa popular en la reforma a la constitución local, en 2000, con la Ley Federal de Consulta Popular, aprobada ayer por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

La carrera burocrática de Mario Daniel

Una vez que el Tío Fide fue designado candidato, Mario Daniel Badillo González corrió a ofrecerle sus servicios para la campaña, durante la cual nunca se despegó de la esposa del entonces candidato, Rosa Borunda, con la que granjeó una benéfica cercanía.

Una vez ganada la contienda, el coatepecano se fue al DIF. A los pocos meses, por influencias de la señora, fue nombrado nada menos que Director General de Control y Evaluación en la Contraloría General, con Susana Torres Hernández y, aún después de que esta renunciara, nuestro personaje se mantuvo unos meses en la gestión de Clara Luz Prieto Villegas, quien debió pedir su salida ante los graves conflictos que su ineficacia e ignorancia provocó, alentado por el supuesto apoyo que le brindaba el número uno.

Cualquiera hubiera dicho que en ese trance se opacaría la ya debilitada luz de su estrella. Nada que ver. Se fue de gerente del Hotel Xalapa, antes de asumir, casi al final del sexenio de Fidel la titularidad de la oficina de Atención a Migrantes donde hizo un negocio redondo.

Inventó el éxodo de cientos de paisanos que vivían momentos duros en Ciudad Juárez, Chihuahua, asolada por el crimen organizado; los trasladó en avión a Veracruz, con la oferta de empleo y vivienda, les ayudó con la mudanza, hizo que sacaran sus nuevas credenciales de elector y luego los anduvo llevando de un lado para otro hasta que vinieron las elecciones y los convirtió en turistas electorales.

Los famosos ‘juarochos’, que habían perdido en Chihuahua empleos, negocios y seguridad, fueron abandonados después sin que se cumplieran las promesas. Sin embargo, nuestro personaje, el amanuense de Erick Lagos Hernández, sí que obtuvo pingües ganancias con este programa, lo que le hizo olvidar sus años mozos en que la perspectiva de ser periodista lo hacía ver en una situación difícil por su nula capacidad para escribir dos párrafos seguidos.

Cuando entró el gobernador Javier Duarte de Ochoa, Badillo González vio la oportunidad en la Secretaría de Educación, al lado de su paisano Adolfo Mota Hernández. Muy pronto habría de mostrar su insana ambición: trató de convencer a Mota de que él tenía todas las de ganar la alcaldía de Coatepec, donde el titular de la SEV tendría un aliado. Pero una encuesta mandada a hacer por Mota Hernández mostró que a Badillo absolutamente nadie lo conocía. Eso y su ineficacia hizo que Mota se lo quitara de encima.

¿A dónde va a parar? A la secretaría de Gobierno, como asesor de Erick Lagos Hernández, a quien convence de que su pluma lo hará famoso e influyente en los medios de comunicación. Esa es la historia de los artículos del señor secretario.

Aprobación de ley educativa, rauda e inflexible

Si días antes algunos diputados locales conminaban al gobernador Javier Duarte de Ochoa a que enviara pronto la iniciativa de Ley General de Educación para que hubiera tiempo de analizarla antes de que se venciera el término del 12 de marzo para armonizar la legislación local a la reforma educativa federal, ayer prácticamente quedaron estupefactos.

La rapidez con que se hizo el trámite fue meteórica. Apenas el domingo pasado, funcionarios del Gobierno del Estado estaban citados a las 9:00 horas en las oficinas de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para analizar conjuntamente el texto de la nueva ley estatal, y el lunes ya estaba en manos de la diputada presidenta, Anilú Ingram Ballines.

Menos de 24 horas después, el martes antes de las 11 de la mañana, la nueva Ley de Educación había sido aprobada por 46 votos a favor, dos en contra y una abstención: 49 diputados en total ante la ausencia justificada del diputado priista José Ramón Gutiérrez de Velasco.

El denominado albazo carnestolendo había sido cumplido en una sesión extraordinaria, sin que el documento pasara por análisis y dictaminación de la comisión de Educación y Cultura que preside la priista Octavia Ortega Arteaga. Como nunca antes (y, tal vez, nunca después), los diputados locales acudieron al pleno legislativo a horas en que normalmente van despertando.

Antes que ellos, empleados de la SEV, dirigentes magisteriales encabezados por los líderes de las secciones 32 y 56 del SNTE, Juan Nicolás Callejas Roldán y Manuel Arellano; autoridades educativas encabezadas por el secretario de Educación Adolfo Mota Hernández; reporteros, fotógrafos y camarógrafos había colmado el salón de sesiones.

Un nada discreto operativo de seguridad, con que se implantaron filtros para contener el acceso al recinto legislativo y para enfrentar la posible presencia masiva de profesores del Movimiento Magisterial Popular de Veracruz, convirtió al edificio de la calle Encanto en un verdadero búnker que, pese a todo, fue infiltrado por varios maestros disidentes. Las pancartas y los gritos contra los diputados y su dirigente, el ‘líder moral’ del SNTE, Juan Nicolás Callejas Arroyo, dieron la nota discordante en una fiesta de la más pura democracia priista.

Al mediodía, la nueva ley estaba lista para ser promulgada y publicada en la Gaceta Oficial del gobierno de Veracruz.

Ocho días antes del plazo fatal

En efecto, Veracruz cumplió con el mandato del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Hasta el 28 de febrero, tres estados se le habían adelantado: primero fue el congreso de Quintana Roo; le siguieron los de Michoacán y Jalisco, todos ellos gobernados por el PRI.

El plazo fatal del 12 de marzo para que todos los estados hayan armonizado sus legislaciones locales fue establecido en el artículo tercero transitorio de la reforma a la Ley General de Educación, publicada el 11 de septiembre de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, según el cual, a partir de la entrada en vigor del decreto, “las entidades federativas tendrán un plazo de seis meses para adecuar su legislación respectiva a lo previsto por dicho ordenamiento”.

Puebla y Campeche estaban en la misma sintonía que Veracruz, de manera que en estos días también habrán armonizado su legislación. De manera que 24 entidades más tienen solo ocho días para dar este paso, a excepción del Distrito Federal en que quien debe aprobarla es el Congreso de la Unión.

Aprobada por abrumadora mayoría

Llamó la atención la abrumadora mayoría con que se aprobó la nueva ley educativa. Casi el 94 por ciento de los diputados presentes votaron por la afirmativa, mientras que el 4% votó en contra, y la abstención apenas significó el 2 por ciento.

Independientemente de las reflexiones que maestros, actores políticos y periodistas hagamos en los siguientes días sobre el contenido de la iniciativa enviada por el gobernador Javier Duarte de Ochoa, y que hoy es ya la nueva Ley de Educación, lo cierto es que recibió el beneplácito de casi todos los diputados locales.

Si bien hubo señalamientos por la rapidez con que se buscó (y logró) realizar el trámite, lo cierto es que los diputados del PAN, PRI, Nueva Alianza, PVEM y AVE, estuvieron a favor, así como los diputados del PRD Ana María Condado Escamilla y Jesús Alberto Velázquez Flores, lo que da idea del intenso trabajo de cabildeo que permitió su venia y, según parece, la incorporación de sus propuestas.

El extraviado Mota

Cantinfleando como es su costumbre cuando quiere despistar u ocultar su ignorancia, el titular de la SEV, Adolfo Mota Hernández (a quien le corresponderá nombrar al director y a los consejeros del Instituto Veracruzano para el Desarrollo Profesional y la Evaluación Educativa), respecto a la sesión legislativa y sus resultados, dio cátedra:

“Creo que el debate que hoy hemos observado le da la oportunidad (a Veracruz) de observarse como una entidad federativa que se reconoce a sí misma como pluricultural, multiétnica, con muchos avances en lo que hace al tema de la evaluación, pero además en la formación profesional”.

Pues de cuál fumó a tan temprana hora, qué barbaridad. ¿Cuál debate? ¿A qué invocar la multiculturalidad y plurietnicidad de Veracruz?

Cuando los reporteros le preguntaron sobre el número de maestros dados de baja a raíz de su participación en marchas y plantones, abandonando sus tareas educativas, el joven secretario dejó a todos con los ojos cuadrados:

-Es variable –dijo. Matemáticas puras o puras mafufadas. Para desgracia de Veracruz, el personaje de marras no está incluido en la lista de cambios en el gabinete, según ha reconocido el gobernador Javier Duarte.

¿Por qué no se incluyó en la nueva ley educativa que los próximos aspirantes a secretarios de educación sean sometidos a evaluaciones y exámenes por oposición, que es lo que se aplicará a directores y supervisores escolares, para evitar a desvelados como el coatepecano?

Impuesto predial, ¿manzana de la discordia?

Este fin de semana de carnestolendas estuvo impregnado por la polémica en torno a una hipotética iniciativa de ley por parte del gobernador Javier Duarte de Ochoa para que el poder ejecutivo estatal fuera la vía para la recaudación y administración de la principal fuente de ingresos fiscales de los 212 ayuntamientos de la entidad, el impuesto predial.

En este mismo espacio, el viernes pasado, alertamos sobre el riesgo que esa medida causaría en las de por sí afectadas haciendas municipales, a raíz de la declaración –según hizo constar una nota de la revista Proceso– del presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso, el diputado de Alternativa Veracruzana (AVE), Francisco Garrido Sánchez, a la que respondieron de inmediato los alcaldes de Veracruz, el priista Ramón Poo (de extrañamiento y necesidad de mayor información), y de Boca del Río, el panista Miguel Ángel Yunes Márquez, de abierto rechazo y confrontación.

El 28 de febrero, el mismo Congreso envió a medios (y las mantiene en su página en internet) las declaraciones del diputado de AVE, en que señala que “los ayuntamientos que convengan con el Estado la administración del impuesto predial continuarán recibiendo el monto correspondiente y además podrán aumentar hasta 30 por ciento sus participaciones federales del Fondo de Fomento Municipal”.

Con el señuelo de incrementar sus participaciones federales, según se desprende de las declaraciones oficiales del diputado, los ayuntamientos estarían en posibilidad de acordar en sus cabildos transferir, mediante un convenio voluntario, la recaudación de este impuesto, con lo que se verían beneficiados con una cantidad adicional, equivalente al 30 por ciento de lo recaudado. Caso contrario, no tendrán ese beneficio.

Tras el alud de declaraciones en torno al tema, la reacción del Gobierno del Estado, a través de Alberto Silva Ramos, nuevo coordinador general de Comunicación Social, a través de su cuenta en Twitter, para desmentir categóricamente la interpretación de esa información, fue inmediata: “No hay ni habrá ninguna iniciativa del Ejecutivo para que el Gobierno del Estado administre el impuesto predial”.

Nos fuimos con la finta

En efecto, lo que el presidente de la comisión de Vigilancia señaló se refiere a modificaciones aprobadas por el Congreso de la Unión en las leyes de coordinación fiscal y, por tanto, es vigente para todo el país. De ninguna manera, como lo asevera el reportero de Proceso, dicha medida se implantaría en la entidad a partir de una iniciativa del Ejecutivo estatal.

Estos convenios serían actos voluntarios y autónomos, con la ventaja de incrementar sus recursos en un tercio. A partir del 1 de enero de 2015, quienes así lo acuerden mediante convenio, verán cómo sus recaudaciones del impuesto predial las realizará la Sefiplan.

Si hiciéramos un esfuerzo para explicarnos la razón de fondo de las modificaciones acordadas por la Cámara de Diputados en el ámbito federal, podríamos señalar que miles de ayuntamientos en el país tienen serias dificultades para recaudar ese impuesto, lo que debilita sus finanzas, y los hace enteramente dependientes de las participaciones estatales y federales.

En esos casos, podría ser útil el auxilio del Gobierno del Estado, siempre y cuando este sea totalmente responsable para acreditárselos conforme a los programas municipales de obra, con los alicientes de recibir una mayor recaudación y sumar un 30 por ciento sobre el monto recaudado.

Tanto el gobernador Javier Duarte de Ochoa como su secretario de Finanzas y Planeación, Fernando Charleston, salieron al paso de inmediato a esas interpretaciones. Si bien lo declarado por el titular de la Sefiplan debe matizarse, porque con la reforma hecha por el Congreso de la Unión esta facultad ya no es exclusiva de los ayuntamientos sino que puede compartirse, Javier Duarte confirmó su respeto a la autonomía municipal y, zas, asunto zanjado.

Congreso local: caro, ineficiente y perezoso

El Congreso de Veracruz es una panacea: se trabaja poco, se gana mucho, se cincelan relaciones políticas y se hacen pingües negocios a la sombra de la gestoría.

A lo que menos se dedican sus diputados es a legislar.

Pese a los múltiples aspectos que requieren ser tratados con una nueva legislación o con la adecuación de las leyes vigentes, los diputados del Congreso de Veracruz se enfrentan a una falsa disyuntiva: comportarse como legisladores o considerar su paso como un ominoso financiamiento para hacer política partidista, apuntalar sus carreras electorales o acercarse al poder estatal, todo ello enfocado en sus intereses personales.

En HoraLibre comentamos anteriormente que el de Veracruz es de los congresos más caros para los contribuyentes. Un estudio nacional arrojó que es de las Legislaturas que más dinero destinan por diputado (11.5 millones de pesos anuales, arriba de la media nacional).

Ahora resulta que es de las que menos trabajan en el año, apenas superada por la cámara de diputados de Campeche y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

El grave rezago en análisis y aprobación o rechazo de iniciativas legislativas que acusa desde hace muchos años nuestro Congreso, además de razones políticas, es producto de un calendario de sesiones que privilegia ‘labores de gestoría’ sobre los trabajos de cabildeo, análisis y dictaminación de nuevas leyes o de reforma de aquellas que ya son obsoletas para la realidad del estado y el país.

Un estudio publicado por el portal de noticias sinembargo.mx apunta a nuestro congreso entre los menos productivos.

Si bien la Asamblea Legislativa del DF se lleva las palmas como el más caro y el menos trabajador, con apenas 152 días naturales (cinco meses) de sesiones ordinarias, con lo que los asambleístas prácticamente cobran sus dietas durante siete meses al año sin trabajar (solo 15 conforman la Comisión Permanente), los congresos de Campeche (172 días: cinco meses 20 días) y de Veracruz (177 días: cinco meses 25 días) se ubican en la cúspide de los más perezosos e improductivos.

¿Los veracruzanos, que en promedio gastamos 75.53 pesos diarios por cada uno de los 50 diputados locales, nos merecemos un congreso que dedica más tiempo a vacaciones políticas que a trabajar en modernizar nuestras leyes y normas?

Si, para colmo, consideramos que buena parte de esos 177 días se dedican a la realización de sesiones de trámite, como la instalación del Congreso, la recepción del informe de labores del Gobernador del Estado y a su glosa, a la asistencia a actividades extralegislativas y a las supuestas reuniones de las comisiones, ya podremos imaginar por qué nuestros diputados presentan resultados vergonzosos al final de cada legislatura.

Solo como dato, habrá que señalar (citando la misma fuente) que los congresos locales que más trabajan son los de los estados de Tlaxcala (9 meses) y Yucatán (8 meses y medio); seguidos por los congresos de Baja California, Hidalgo, Puebla y Sinaloa, con 8 meses al año. Entre los menos afanosos se encuentran los de Chiapas, Quintana Roo y Sonora, con 6 meses y, en la lona, los ya citados de Veracruz, Campeche y Distrito Federal.

¿Habrá que legislar para ampliar

periodos ordinarios de sesiones?

A propuesta del PRD y con el apoyo de las demás fracciones parlamentarias, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión analizará y votará en los siguientes días una reforma al artículo 39 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal para ampliar los periodos de sesiones de la Asamblea Legislativa y, con ello, sesione 6 meses y medio, en lugar de cinco, como hasta ahora. En caso de aprobarse, los estados a la zaga serán los de Veracruz y Campeche.

Este lunes 3 de marzo se desarrolla, a partir de las 12:00 horas, la cuarta sesión ordinaria del primer receso del Congreso local y habrá que incluir en la agenda informativa de los medios de comunicación locales qué opinión merece entre los diputados locales la necesidad de ampliar los periodos ordinarios de sesiones para atender el grave rezago legislativo y la modernización de nuestra leyes vigentes.

Aunque hay diputados para los que esa posibilidad significaría un gran sacrificio de sus propios negocios y actividades político-electorales, habrá que preguntarle a los coordinadores de los grupos parlamentarios del PRI, Juan Nicolás Callejas Arroyo; del PAN, Julen Rementería del Puerto; del PVEM, Juan Eduardo Robles Castellanos; del Panal, Eduardo Sánchez Macías; del PRD-MC, Cuauhtémoc Pola Estrada; del PT, Fidel Robles Guadarrama, y de AVE, Francisco Garrido Sánchez, qué opinión les merece la posibilidad de reformar la Ley Orgánica del Poder Legislativo para ampliar su tiempo de trabajo.

Para ello, habría que presentar una iniciativa de reforma al artículo 5, que establece dos periodos al año: del 5 de noviembre al 31 de enero el primero, y del 2 de mayo al 31 de julio el segundo. Con ello se limitaría la necesidad de convocar a periodos extraordinarios y a que buena parte de la carga de trabajo se centre en la Comisión Permanente.

Por supuesto, la principal preocupación del Legislativo este lunes será el tema de la armonización de las leyes secundarias de la Reforma Educativa, las que deben estar listas lo más pronto posible, pero bien valdría la pena que los diputados buscaran desprenderse del grupo de los congresos perezosos.