Impuesto predial, ¿manzana de la discordia?

Este fin de semana de carnestolendas estuvo impregnado por la polémica en torno a una hipotética iniciativa de ley por parte del gobernador Javier Duarte de Ochoa para que el poder ejecutivo estatal fuera la vía para la recaudación y administración de la principal fuente de ingresos fiscales de los 212 ayuntamientos de la entidad, el impuesto predial.

En este mismo espacio, el viernes pasado, alertamos sobre el riesgo que esa medida causaría en las de por sí afectadas haciendas municipales, a raíz de la declaración –según hizo constar una nota de la revista Proceso– del presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso, el diputado de Alternativa Veracruzana (AVE), Francisco Garrido Sánchez, a la que respondieron de inmediato los alcaldes de Veracruz, el priista Ramón Poo (de extrañamiento y necesidad de mayor información), y de Boca del Río, el panista Miguel Ángel Yunes Márquez, de abierto rechazo y confrontación.

El 28 de febrero, el mismo Congreso envió a medios (y las mantiene en su página en internet) las declaraciones del diputado de AVE, en que señala que “los ayuntamientos que convengan con el Estado la administración del impuesto predial continuarán recibiendo el monto correspondiente y además podrán aumentar hasta 30 por ciento sus participaciones federales del Fondo de Fomento Municipal”.

Con el señuelo de incrementar sus participaciones federales, según se desprende de las declaraciones oficiales del diputado, los ayuntamientos estarían en posibilidad de acordar en sus cabildos transferir, mediante un convenio voluntario, la recaudación de este impuesto, con lo que se verían beneficiados con una cantidad adicional, equivalente al 30 por ciento de lo recaudado. Caso contrario, no tendrán ese beneficio.

Tras el alud de declaraciones en torno al tema, la reacción del Gobierno del Estado, a través de Alberto Silva Ramos, nuevo coordinador general de Comunicación Social, a través de su cuenta en Twitter, para desmentir categóricamente la interpretación de esa información, fue inmediata: “No hay ni habrá ninguna iniciativa del Ejecutivo para que el Gobierno del Estado administre el impuesto predial”.

Nos fuimos con la finta

En efecto, lo que el presidente de la comisión de Vigilancia señaló se refiere a modificaciones aprobadas por el Congreso de la Unión en las leyes de coordinación fiscal y, por tanto, es vigente para todo el país. De ninguna manera, como lo asevera el reportero de Proceso, dicha medida se implantaría en la entidad a partir de una iniciativa del Ejecutivo estatal.

Estos convenios serían actos voluntarios y autónomos, con la ventaja de incrementar sus recursos en un tercio. A partir del 1 de enero de 2015, quienes así lo acuerden mediante convenio, verán cómo sus recaudaciones del impuesto predial las realizará la Sefiplan.

Si hiciéramos un esfuerzo para explicarnos la razón de fondo de las modificaciones acordadas por la Cámara de Diputados en el ámbito federal, podríamos señalar que miles de ayuntamientos en el país tienen serias dificultades para recaudar ese impuesto, lo que debilita sus finanzas, y los hace enteramente dependientes de las participaciones estatales y federales.

En esos casos, podría ser útil el auxilio del Gobierno del Estado, siempre y cuando este sea totalmente responsable para acreditárselos conforme a los programas municipales de obra, con los alicientes de recibir una mayor recaudación y sumar un 30 por ciento sobre el monto recaudado.

Tanto el gobernador Javier Duarte de Ochoa como su secretario de Finanzas y Planeación, Fernando Charleston, salieron al paso de inmediato a esas interpretaciones. Si bien lo declarado por el titular de la Sefiplan debe matizarse, porque con la reforma hecha por el Congreso de la Unión esta facultad ya no es exclusiva de los ayuntamientos sino que puede compartirse, Javier Duarte confirmó su respeto a la autonomía municipal y, zas, asunto zanjado.

Alcaldes movidos y alcaldes tullidos

Con la retahíla de promesas que los candidatos a alcaldes hicieron en el breve tiempo de sus campañas podría escribirse una nueva Biblia. 

Los más audaces para ofrecer el cielo y las estrellas fueron los que tenían menos oportunidad de lograr el puesto, sea porque querían echar toda la carne al asador para ver si convencían a los votantes y revertían las tendencias, o porque sabían que no estarían obligados a cumplir sus desmedidas ofertas ante un escenario que no les era favorable.

Lo cierto es que el tiempo ha llegado y, aunque apenas se cumplirán dos meses de estar en el puesto, la mayoría de quienes sí triunfaron en los comicios andan de capa caída porque ya son presidentes municipales pero no hay recursos en sus tesorerías o no tienen imaginación ni capacidad de gestión para atraer programas federales en lo que llegan los recursos propios.

Ya sabemos que la situación financiera del gobierno estatal anda tan crítica que lo mejor es acudir, al menos en estos primeros meses, a las dependencias federales que tienen presupuesto para invertir en estados y municipios.

Desgraciadamente, la mayoría de nuestros alcaldes se la pasan renegando de las malas herencias legadas por sus predecesores y perdiendo el tiempo en antesalas en la Secretaría de Finanzas y Planeación o, peor aún, en las demás dependencias estatales, convertidas en verdaderos páramos.

Grandes municipios avanzan

Los alcaldes de Xalapa y Veracruz han reaccionado positivamente.

Américo Zúñiga Martínez ha comenzado a moverse para realizar obra pública remedial en calles de la capital y ha dado visos de audacia para impulsar proyectos innovadores, de esos que nunca se les ocurren a quienes solo llegan para administrar el tiempo de su gestión y nadar de a muertito. Es cierto que el problema de los servicios públicos, como la recolección de basura, sigue latente y como que no le encuentra el modo de resolverlo.

Ramón Poo Gil, por su parte, está en una posición de privilegio por dos razones: de la conurbación, será el suyo el municipio que más inversión estatal reciba puesto que el de Boca del Río tendrá al menos tres años de satanización por ser gobernado por Miguel Ángel Yunes Márquez, hijo del político más odiado del régimen y, por otra parte, el proceso de recuperación del centro histórico y su proyección como importante polo turístico atraerá una fuerte derrama por inversión privada.

Solo baste recordar que en su territorio se aplicará una de las más fuertes inversiones del gobierno federal en materia portuaria, y que es una de las mecas el negocio inmobiliario de Carlos Slim. Además, es posible que se logre dinamizar el sector hotelero, tradicionalmente orientado a las zonas de playa de Boca del Río, y arribe inversión privada para la construcción de más cuartos de hotel.

A Joaquín Caballero Rosiñol, alcalde de Coatzacoalcos, Marcos Theurel le heredó fuertes conflictos laborales y debe lidiar con actos de corrupción en el gobierno estatal que están entorpeciendo el desarrollo de su municipio, como el desfalco por más de 400 millones de pesos detectado en la construcción del túnel sumergido que debía estar enlazando a la ciudad con la congregación Allende hace ya varios meses, así como en el fideicomiso del puente Coatzacoalcos I.

Además de la gestión de apoyos de Sedesol para pescadores, en fecha que ni los brujos de Catemaco podrían precisar darán inicio las obras para la ampliación a seis carriles de la carretera a Barrillas, con un presupuesto de 44 millones de pesos provenientes del gobierno federal. Como en los demás municipios de este pobre estado, ha debido postergar para marzo el anuncio de su programa de obras.

Martínez de la Torre marca la diferencia

Rolando Olivares Ahumada ha pasado de ser un exitoso empresario agroindustrial, exportador de cítricos, a convertirse en un alcalde incansable. La población martinense encuentra respuesta a viejos reclamos y es escuchada con enorme paciencia, al grado de que en el Palacio Municipal hay atención hasta muy avanzada la noche. Pero su mayor atributo es la gestión de obras y recursos para su municipio.

No solo ha logrado que los apoyos para agricultores, ganaderos y pobladores afectados por fenómenos meteorológicos lleguen y que los programas sociales, estatales y federales, se cumplan a favor de los más necesitados, sino que ha logrado que su municipio sea incorporado, en algunos casos de último momento, a las acciones de las dependencias federales.

Como ejemplo indiscutible resalta la incorporación de su municipio al Programa de Empleo Temporal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) que, según la directora adjunta de programas sociales de esa dependencia, Virginia Colín Castro, significará invertir una buena parte de los 70 millones de pesos (orientados a beneficiar a 13 mil veracruzanos) en ese municipio.

El martes mismo, cuando se dio el banderazo de inicio, la funcionaria federal reconoció que este municipio no tenía presupuesto asignado, pero las gestiones del alcalde martinense permitieron destinar parte del paquete financiero, lo que inicialmente permitirá reconstruir el camino El Diamante-Balsas de Agua, con mano de obra local, lo que significará un doble beneficio.

Los que se están durmiendo

Raúl Alberto Ruiz Díaz, heredero de terrible deuda en el municipio de Tuxpan (gracias a los oficios del actual titular de la Sedesol estatal, el exalcalde tuxpeño Alberto Silva Ramos), tendrá poca capacidad de maniobra, a no ser que pronto el gobierno federal cumpla con su promesa de construir la autopista a Tampico.

En Coatepec, el alcalde Roberto Pérez Moreno enfrenta graves problemas, que en los últimos días se manifiestan en el paro de labores del personal de limpia pública, lo que ha provocado que por diversos rumbos de la ciudad se observen montañas de basura. Desde su entrada, el popular Juanelo no ha hecho más que quejarse por la forma en que encontró las arcas municipales y la deuda heredada por su antecesor panista.

En San Rafael, donde ganó con una gran ventaja sobre el priista Felipe Romagnoli, el alcalde perredista Héctor Lagunes Reyes comienza con serias dificultades su gestión ante la necesidad de incorporar a gente afín a su causa. Ha confrontado, por cuestiones ambientales y de protección civil a la única factoría que ofrece empleo en el municipio por la contaminación de afluentes y ha puesto el candado a la construcción de un gasoducto.

No se puede negar que sus reacciones tienen razones poderosas, sin embargo, uno de los mayores problemas de San Rafael es la grave escasez de fuentes de empleo, lo que ha ido deprimiendo la economía local, afectada continuamente por los fenómenos meteorológicos que afectan su producción agrícola y ganadera.

Ya iremos comentando los casos de otros ayuntamientos. Lo cierto es que muy difícilmente tendrán un primer año productivo cuando el estado mismo se enfrenta a una grave escasez en sus finanzas públicas.