De la tendencia a que los ayuntamientos se
fortalecieran política, económica y fiscalmente, poco está quedando.
Al creciente endeudamiento disparado por
la ambición crediticia de Fidel Herrera Beltrán, quien obligó a buena parte de
los cabildos a colocar sus ingresos en documentos bursátiles, se agrega que los
ayuntamientos deben administrar pobreza y lidiar con leyes federales que los
tratan como menores de edad.
Aunque siguen teniendo la atribución de recaudar
recursos propios por impuestos, derechos, productos y aprovechamientos, por
desgracia muchos montos provenientes de participaciones federales se quedarán
en el camino para el pago de obligaciones crediticias y, para colmo, el
gobierno federal está buscando determinar cuánto y en qué se gasta lo que
destine a este nivel de gobierno.
La tendencia que buscaba consolidar a los
ayuntamientos para que realizaran cada vez obras de mayor magnitud, con base en
las necesidades de sus pobladores, puede ser parada de tajo por el propio
gobierno federal que, en el discurso, sigue hablando de la autonomía de los 2
mil 240 ayuntamientos del país pero que en la realidad la está socavando.
Recientemente fueron objeto de análisis y
crítica las reformas a la Ley de Coordinación Fiscal, aprobadas por el Congreso
de la Unión en el marco de la reforma hacendaria, pues abrieron la posibilidad
de que los ayuntamientos, con acuerdo de cabildo, trasladen las funciones de
recaudación del impuesto predial a las autoridades estatales, lo que en algunos
casos puede ser favorable, siempre y cuando los resultados de la actividad
recaudatoria regresen en beneficio de los municipios.
Pero las letras chiquitas de las reformas
ya empiezan a causar estragos, sobre todo en el caso de Veracruz, con
ayuntamientos que no llevan ni un trimestre en el poder y que ven con
preocupación que deberán hacer mucho más trabajo de gestión ante los niveles
estatal y federal de gobierno para que estos lleven la obra pública
indispensable en sus congregaciones.
La terrible sequía de recursos en las
haciendas municipales, provocada por el endeudamiento y el saqueo de gobiernos
anteriores, los pasivos laborales millonarios por juicios perdidos y una nómina
que ha ido engordando con cada alcalde, se puede recrudecer si el gobierno
federal, como establece la ley de coordinación fiscal, les quita atribuciones
para programar obra pública.
¿Crecerán los giros
negros?
Aunque
no es sino una simple broma, lo cierto es que puede darse el caso de que
ayuntamientos ahorcados financieramente abran al mejor postor la posibilidad de
abrir negocios considerados como giros negros (cantinas, bares, prostíbulos),
porque generan buenos recursos y pueden paliar necesidades de pronta
resolución. Realmente esperamos que no sea una predicción.
Como
sea, una de las consecuencias que sufrirán todos los municipios del país con
las ideas avanzadas de nuestro secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis
Videgaray, la ha puesto en el tapete el diputado federal panista Humberto
Alonso Morelli pues, según su interpretación, la Secretaría de Desarrollo
Social (Sedesol) tendrá facultad para definir qué obras pueden financiar los
ayuntamientos con recursos del Ramo 33 Fondo de Infraestructura Social
Municipal (FISM).
Gracias
a ello, señaló el legislador veracruzano, desde el gobierno federal establecerá
los criterios de cómo aplicar esos recursos, y uno de los rubros que no podrán
financiarse son obras como pavimentación de calles, alumbrado, drenaje, agua
potable, sino solamente aquellas acciones que ayuden a disminuir la pobreza y
el hambre, con proyectos que solo sirven para gastar dinero pero que
generalmente no tienen impacto en la población, sobre todo si se utilizan para
fines partidistas.
Apretados
por endeudamiento y limitados en el uso y destino de los recursos del ramo 33,
los alcaldes deberán escenificar una dura batalla con sus colegas para que la
obra pública que tenían contemplada con las participaciones federales se pueda
realizar con otros fondos, concursando para que sean considerados en los
programas de obra de varias dependencias, y esperar a que los recursos del
impuesto predial contribuyan a realizar obras de evidente urgencia.
¿Qué
han hecho los alcaldes más audaces en este primer trimestre? Todos ellos han
trabajado en tapar hoyos en las calles, han tratado de convencer a los
sindicatos para que no presenten demandas exorbitantes, organizado a los que
prestan servicios públicos de manera racional para que no se vean las miserias,
tratando de armonizar sus proyectos de desarrollo con los programas estatales y
federales que puedan otorgar recursos, han buscado convenios de colaboración
con dependencias e instituciones de educación superior.
En
fin, han hecho lo que un jefe de familia mal empleado y peor remunerado hace
para llevar el alimento a su casa, con la salvedad de que en el caso municipal
muchos hijos están quedando con hambre
Para
colmo, el Gobierno del Estado está endeudado igual o peor que el conjunto de
ayuntamientos, lo que impide que vean en la caja fuerte de la Secretaría de
Finanzas y Planeación recursos que pueden fluir en su auxilio.
Como
diría un político de la vieja guardia: los ayuntamientos solo disponen de lo
que sale por cobro en los baños públicos del mercado municipal.
Ramo 33: ¿simple dinero
político?
Que
la Sedesol federal determine el catálogo de lo que pueden hacer los
ayuntamientos con los recursos del FISM Ramo 33 puede ayudar a que Rosario
Robles Berlanga, titular de esa dependencia, cumpla con las estadísticas
embargadas en su programa Sin Hambre, pero eso no quiere decir que el hambre y
la pobreza vayan a desaparecer.
Por
desgracia, con el modelo del programa salinista Solidaridad, las acciones
emprendidas por la Sedesol difícilmente abatirán los índices de pobreza en el
país. Es posible que ayuden a colocar en la mente de los beneficiarios al
partido que les lleva la ayuda, pero difícilmente se logrará que superen su
situación de enorme marginación si, colateralmente, los tres niveles de
gobierno no realizan obras de comunicación terrestre (carreteras, caminos,
puentes, vados, etc.) que les ayude a llegar a los centros urbanos donde
comercializan sus productos y donde pueden recibir atención médica; si no se
logra dotar a las comunidades donde viven en situación precaria con sistemas de
drenaje y agua potable, si no se mejoran las condiciones de los planteles
educativos.
De
ahí la molestia de muchos alcaldes veracruzanos y del país porque el único
fondo federal de que disponían para obra pública se encuentra condicionado y
bajo duros candados.
