Impuesto predial, ¿manzana de la discordia?

Este fin de semana de carnestolendas estuvo impregnado por la polémica en torno a una hipotética iniciativa de ley por parte del gobernador Javier Duarte de Ochoa para que el poder ejecutivo estatal fuera la vía para la recaudación y administración de la principal fuente de ingresos fiscales de los 212 ayuntamientos de la entidad, el impuesto predial.

En este mismo espacio, el viernes pasado, alertamos sobre el riesgo que esa medida causaría en las de por sí afectadas haciendas municipales, a raíz de la declaración –según hizo constar una nota de la revista Proceso– del presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso, el diputado de Alternativa Veracruzana (AVE), Francisco Garrido Sánchez, a la que respondieron de inmediato los alcaldes de Veracruz, el priista Ramón Poo (de extrañamiento y necesidad de mayor información), y de Boca del Río, el panista Miguel Ángel Yunes Márquez, de abierto rechazo y confrontación.

El 28 de febrero, el mismo Congreso envió a medios (y las mantiene en su página en internet) las declaraciones del diputado de AVE, en que señala que “los ayuntamientos que convengan con el Estado la administración del impuesto predial continuarán recibiendo el monto correspondiente y además podrán aumentar hasta 30 por ciento sus participaciones federales del Fondo de Fomento Municipal”.

Con el señuelo de incrementar sus participaciones federales, según se desprende de las declaraciones oficiales del diputado, los ayuntamientos estarían en posibilidad de acordar en sus cabildos transferir, mediante un convenio voluntario, la recaudación de este impuesto, con lo que se verían beneficiados con una cantidad adicional, equivalente al 30 por ciento de lo recaudado. Caso contrario, no tendrán ese beneficio.

Tras el alud de declaraciones en torno al tema, la reacción del Gobierno del Estado, a través de Alberto Silva Ramos, nuevo coordinador general de Comunicación Social, a través de su cuenta en Twitter, para desmentir categóricamente la interpretación de esa información, fue inmediata: “No hay ni habrá ninguna iniciativa del Ejecutivo para que el Gobierno del Estado administre el impuesto predial”.

Nos fuimos con la finta

En efecto, lo que el presidente de la comisión de Vigilancia señaló se refiere a modificaciones aprobadas por el Congreso de la Unión en las leyes de coordinación fiscal y, por tanto, es vigente para todo el país. De ninguna manera, como lo asevera el reportero de Proceso, dicha medida se implantaría en la entidad a partir de una iniciativa del Ejecutivo estatal.

Estos convenios serían actos voluntarios y autónomos, con la ventaja de incrementar sus recursos en un tercio. A partir del 1 de enero de 2015, quienes así lo acuerden mediante convenio, verán cómo sus recaudaciones del impuesto predial las realizará la Sefiplan.

Si hiciéramos un esfuerzo para explicarnos la razón de fondo de las modificaciones acordadas por la Cámara de Diputados en el ámbito federal, podríamos señalar que miles de ayuntamientos en el país tienen serias dificultades para recaudar ese impuesto, lo que debilita sus finanzas, y los hace enteramente dependientes de las participaciones estatales y federales.

En esos casos, podría ser útil el auxilio del Gobierno del Estado, siempre y cuando este sea totalmente responsable para acreditárselos conforme a los programas municipales de obra, con los alicientes de recibir una mayor recaudación y sumar un 30 por ciento sobre el monto recaudado.

Tanto el gobernador Javier Duarte de Ochoa como su secretario de Finanzas y Planeación, Fernando Charleston, salieron al paso de inmediato a esas interpretaciones. Si bien lo declarado por el titular de la Sefiplan debe matizarse, porque con la reforma hecha por el Congreso de la Unión esta facultad ya no es exclusiva de los ayuntamientos sino que puede compartirse, Javier Duarte confirmó su respeto a la autonomía municipal y, zas, asunto zanjado.

Congreso local: caro, ineficiente y perezoso

El Congreso de Veracruz es una panacea: se trabaja poco, se gana mucho, se cincelan relaciones políticas y se hacen pingües negocios a la sombra de la gestoría.

A lo que menos se dedican sus diputados es a legislar.

Pese a los múltiples aspectos que requieren ser tratados con una nueva legislación o con la adecuación de las leyes vigentes, los diputados del Congreso de Veracruz se enfrentan a una falsa disyuntiva: comportarse como legisladores o considerar su paso como un ominoso financiamiento para hacer política partidista, apuntalar sus carreras electorales o acercarse al poder estatal, todo ello enfocado en sus intereses personales.

En HoraLibre comentamos anteriormente que el de Veracruz es de los congresos más caros para los contribuyentes. Un estudio nacional arrojó que es de las Legislaturas que más dinero destinan por diputado (11.5 millones de pesos anuales, arriba de la media nacional).

Ahora resulta que es de las que menos trabajan en el año, apenas superada por la cámara de diputados de Campeche y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

El grave rezago en análisis y aprobación o rechazo de iniciativas legislativas que acusa desde hace muchos años nuestro Congreso, además de razones políticas, es producto de un calendario de sesiones que privilegia ‘labores de gestoría’ sobre los trabajos de cabildeo, análisis y dictaminación de nuevas leyes o de reforma de aquellas que ya son obsoletas para la realidad del estado y el país.

Un estudio publicado por el portal de noticias sinembargo.mx apunta a nuestro congreso entre los menos productivos.

Si bien la Asamblea Legislativa del DF se lleva las palmas como el más caro y el menos trabajador, con apenas 152 días naturales (cinco meses) de sesiones ordinarias, con lo que los asambleístas prácticamente cobran sus dietas durante siete meses al año sin trabajar (solo 15 conforman la Comisión Permanente), los congresos de Campeche (172 días: cinco meses 20 días) y de Veracruz (177 días: cinco meses 25 días) se ubican en la cúspide de los más perezosos e improductivos.

¿Los veracruzanos, que en promedio gastamos 75.53 pesos diarios por cada uno de los 50 diputados locales, nos merecemos un congreso que dedica más tiempo a vacaciones políticas que a trabajar en modernizar nuestras leyes y normas?

Si, para colmo, consideramos que buena parte de esos 177 días se dedican a la realización de sesiones de trámite, como la instalación del Congreso, la recepción del informe de labores del Gobernador del Estado y a su glosa, a la asistencia a actividades extralegislativas y a las supuestas reuniones de las comisiones, ya podremos imaginar por qué nuestros diputados presentan resultados vergonzosos al final de cada legislatura.

Solo como dato, habrá que señalar (citando la misma fuente) que los congresos locales que más trabajan son los de los estados de Tlaxcala (9 meses) y Yucatán (8 meses y medio); seguidos por los congresos de Baja California, Hidalgo, Puebla y Sinaloa, con 8 meses al año. Entre los menos afanosos se encuentran los de Chiapas, Quintana Roo y Sonora, con 6 meses y, en la lona, los ya citados de Veracruz, Campeche y Distrito Federal.

¿Habrá que legislar para ampliar

periodos ordinarios de sesiones?

A propuesta del PRD y con el apoyo de las demás fracciones parlamentarias, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión analizará y votará en los siguientes días una reforma al artículo 39 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal para ampliar los periodos de sesiones de la Asamblea Legislativa y, con ello, sesione 6 meses y medio, en lugar de cinco, como hasta ahora. En caso de aprobarse, los estados a la zaga serán los de Veracruz y Campeche.

Este lunes 3 de marzo se desarrolla, a partir de las 12:00 horas, la cuarta sesión ordinaria del primer receso del Congreso local y habrá que incluir en la agenda informativa de los medios de comunicación locales qué opinión merece entre los diputados locales la necesidad de ampliar los periodos ordinarios de sesiones para atender el grave rezago legislativo y la modernización de nuestra leyes vigentes.

Aunque hay diputados para los que esa posibilidad significaría un gran sacrificio de sus propios negocios y actividades político-electorales, habrá que preguntarle a los coordinadores de los grupos parlamentarios del PRI, Juan Nicolás Callejas Arroyo; del PAN, Julen Rementería del Puerto; del PVEM, Juan Eduardo Robles Castellanos; del Panal, Eduardo Sánchez Macías; del PRD-MC, Cuauhtémoc Pola Estrada; del PT, Fidel Robles Guadarrama, y de AVE, Francisco Garrido Sánchez, qué opinión les merece la posibilidad de reformar la Ley Orgánica del Poder Legislativo para ampliar su tiempo de trabajo.

Para ello, habría que presentar una iniciativa de reforma al artículo 5, que establece dos periodos al año: del 5 de noviembre al 31 de enero el primero, y del 2 de mayo al 31 de julio el segundo. Con ello se limitaría la necesidad de convocar a periodos extraordinarios y a que buena parte de la carga de trabajo se centre en la Comisión Permanente.

Por supuesto, la principal preocupación del Legislativo este lunes será el tema de la armonización de las leyes secundarias de la Reforma Educativa, las que deben estar listas lo más pronto posible, pero bien valdría la pena que los diputados buscaran desprenderse del grupo de los congresos perezosos.

Toca base el azaroso Gustavo Souza

Con una nada envidiable recaudación de recursos que rebasa los dos mil millones de pesos al año, el Fideicomiso Público de Administración del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones (popularmente conocido como del 2% a la nómina) estrenó este lunes nuevo Vocal Ejecutivo, Gustavo Sousa Escamilla, quien entró al relevo de Juan Manuel del Castillo González, su segundo y fugaz administrador, con solo seis meses en el cargo.

Mientras Del Castillo González ha regresado a la secretaría particular del gobernador Javier Duarte de Ochoa, a Sousa Escamilla parece hacerle justicia la revolución, luego del desaire que le hizo el exgobernador Fidel Herrera Beltrán, quien lo elevó a titular de la entonces recién creada Secretaría de Turismo y Cultura, para soltarlo poco tiempo después, a raíz de haber estado en el lugar y momento equivocados (Villarín) y haber sido herido de una pierna.

En efecto, tras inaugurar la nueva dependencia fidelista (que quitó a la secretaría de Educación el área de cultura), y estar a la espera de una mejor situación, dado el apoyo que le brindó al entonces Senador de la República, Souza Escamilla se fue a la banca, no sin haber obtenido la titularidad de la Notaría Pública número 1 en el Puerto de Veracruz.

En 2007, le sustituyó en la Secturc el cachorro sureño Iván Hillman Chapoy, exalcalde de Coatzacoalcos que, tras un breve periodo, dejó la encomienda al exalcalde de Tuxpan, Gerónimo Folgueras Gordillo. Pero unos cuantos meses después fue relevado por el inteligente publirrelacionista en el sexenio del presidente José  López Portillo, Ángel Álvaro Peña, compadre del “tícher”, Joaquín López Dóriga. Por cierto que don Ángel abandonó la barca cuando se dio cuenta que su presupuesto lo manejaba a discreción el propio Fidel Herrera.

El abogado Gustavo Souza, sin embargo, ha visto la hiel en el terreno político. Cuantas veces se ha movido para obtener la candidatura priista a la presidencia municipal de Veracruz, ha regresado a su despacho con la derrota al hombro; las más recientes, cuando hace tres años la candidatura la obtuvo Carolina Gudiño Corro, y el año pasado, cuando la jugada se la ganó el empresario Ramón Poo Gil, actual alcalde porteño.

De manera que, luego de tres años y dos vocales ejecutivos, Gustavo Sousa Escamilla ha logrado una posición de confianza en el gabinete al frente del fideicomiso al 2% a la nómina, que le puede permitir un desempeño destacado si logra orientar los cuantiosos recursos hacia obra pública de relevancia, y siempre que esos recursos no queden entrampados en los pasillos de la Secretaría de Finanzas y Planeación.

Antes, durante las reuniones del fideicomiso, presididas por el gobernador del estado, se anunciaban las obras que serían financiadas con este impuesto estatal. Habrá que esperar los detalles al respecto.

Un Ferrari muy oneroso

El primero que logró esa posición en el actual gobierno, luego de picar piedra a nivel de calle en las organizaciones priistas, fue Alfredo Ferrari Saavedra. Y mire usted, nunca se le debió dar esa responsabilidad a un político de Boca del Río cuya mayor pasión es el activismo priista.

Fue tan fuerte el desbarajuste que armó con los recursos del fideicomiso que, finalmente, se le pidió replegarse y el 13 de mayo de 2013 pidió licencia para dedicarse a sus tareas proselitistas en el municipio boqueño como coordinador del PRI, con tan mala fortuna que no logró entregar buenas cuentas en la elección municipal, donde ganó el PAN con Miguel Ángel Yunes Márquez.

Ahora la suerte le ha dado la oportunidad de ponerse en un alto cargo partidista, la Secretaría General del CDE del PRI, al lado de la exalcaldesa xalapeña Elízabeth Morales, donde seguirá como picapiedra porque en cargos públicos ha mostrado mucha elasticidad en el manejo de los recursos.

Dos meses después de ser mandado de patitas a la calle, lo sustituyó el entonces y ahora secretario particular del Gobernador, Juan Manuel del Castillo González, quien parece que es lo mejor que sabe hacer, dada su trayectoria.

¿Contraloría en Comunicación Social?

Todo parece indicar que la Contraloría General del Estado revisará las cuentas de la gestión de Gina Domínguez Colío al frente de la Coordinación General de Comunicación Social del Gobierno del Estado, debido a información que –oculta durante su gestión– ha aparecido en la forma de sospechosos movimientos de recursos que no llegaron a donde debían aterrizar.

La situación de la ahora Secretaria Técnica del gobernador no parece sencilla. Ciertos movimientos financieros que debían orientarse al pago de servicios informativos de algunos medios de comunicación sorpresivamente desaparecieron entre la Sefiplan y las áreas administrativas de las empresas periodísticas contratadas.

Este hecho, que solo es manejado tras bambalinas, pero que debe esclarecerse para que el nuevo titular no cargue con culpas ajenas, se suma a diversas acciones que, desgraciadamente, afectaron más la imagen de quien ella debía resguardar como vocera gubernamental. Ojalá que todo ello se aclare.

Febrero me gustó para entambarlos

Cero y van dos golpes judiciales que le han redituado al presidente Enrique Peña Nieto y a su gobierno una mejora sustancial en su imagen, y no solo en el ámbito nacional sino en el internacional inclusive. Y ambos se han asestado en el mes de febrero, con diferencia de un año.

En efecto, el 26 de febrero de 2013 (este miércoles cumple un año), la poderosa dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo Morales, fue detenida en el aeropuerto de Toluca, cuando llegaba en su aeronave Cessna Citation proveniente de San Diego, California.

Este sábado 22 de febrero, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto dio un golpe magnífico que le redituó una resonancia internacional extraordinaria: en Mazatlán, el Ejército y la Marina, con apoyo de las autoridades norteamericanas, recapturó al jefe de jefes, el líder del Cartel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, quien llevaba 13 años prófugo tras su evasión de la cárcel de máxima seguridad de Puente Grande (rebautizado como Puerta Grande), durante el gobierno de Vicente Fox.

¿Qué pasará con las detenciones más allá del impacto mediático mundial? Muy poco. En el SNTE sigue vigente la estructura corrupta creada por la maestra Elba Esther Gordillo Morales, con Juan Díaz de la Torre (uno de sus cómplices) al frente de una organización sindical que obtiene cuotas de más de un millón 200 mil afiliados, y poco se ha hecho para derrumbar el imperio de corrupción que sigue en funcionamiento.

El Cartel de Sinaloa y sus operaciones de narcotráfico seguirán prácticamente inmutables, pues obedece a una estructura de múltiples mandos que seguramente ya tomaron provisiones para enfrentar la ausencia de quien era su máximo líder.

Qué bien y qué mal.

¿Veremos a un Javier Duarte todoterreno?

El gobernador Javier Duarte de Ochoa enfrentará en los siguientes meses una tarea de enormes proporciones para restañar heridas, recuperar la agenda de comunicación, mejorar ante la opinión pública y colocar su proyecto político en los rieles de una sucesión exitosa.

Para ello, tendrá que ampliar su territorio de influencia y tener un mayor contacto con los grupos políticos locales y regionales, atraer mediante apoyos de diversa índole a los ayuntamientos que sobrevivirán un año su gestión y recuperar el terreno perdido en ámbitos que ni sus funcionarios han atendido, sea por pereza, incapacidad, falta de visión o extremada precaución para no perder bonos en temas peliagudos.

Es sabido que su movilidad como autoridad en los primeros tres años de su gobierno se ha limitado a menos de la mitad de los municipios veracruzanos; incluso, es posible detectar aquellas demarcaciones municipales que más ha frecuentado, entre las que podemos citar, además de la que sirve de asiento al poder estatal, a la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, Coatzacoalcos, Tuxpan, Poza Rica y la zona Córdoba-Orizaba.

Como dato, nunca ha visitado como gobernador el municipio de Martínez de la Torre por la presencia, hasta diciembre pasado, de un alcalde rijoso, alineado a Miguel Ángel Yunes Linares; cuando fue a la región a conocer del impacto de los fenómenos meteorológicos prefirió convocar la reunión en el municipio de San Rafael.

Si con los recientes cambios en su gabinete se intuye el banderazo para preparar los comicios federales de 2015 y la sucesión gubernamental de 2016, Javier Duarte deberá apretar tuercas entre sus colaboradores, la mayoría de los cuales se han mantenido en sus agendas políticas personales, y tomar como propios los temas de mayor presión política, con visión de estadista, dejando a sus operadores la confrontación y el discurso riñonudo.

Lo que se observa es una estrategia nueva que podría permitir ver a un Javier Duarte que ya no esté entrampado en los discursos de la seguridad y las inversiones privadas, sino yendo directo al terreno de los hechos con ánimo de escuchar a sus interlocutores.

Cambios y enroques, ¿qué sigue?

Consumados los cambios y enroques en el gobierno estatal, en los siguientes meses los temas que deberán ocupar no solo la tarea de difusión sino, principalmente, la de ejecución, serán los de cambiar la percepción sobre la seguridad, atacar la impunidad, asegurar la transparencia en el uso de los recursos estatales, fortalecer la inversión pública y propiciar un mayor clima de democracia.

No son tareas menores. Uno de los puntos que propiciaron el histórico quiebre entre gobierno y medios de comunicación, a más del trato despótico y persecutorio, fue el creciente clima de inseguridad sufrido por la población pero que ha resentido el propio gremio periodístico.

Tanto el área de prevención del delito, que ha tenido apoyos históricos con enormes flujos financieros hacia la Secretaría de Seguridad Pública (que no se han reflejado en una disminución de la comisión de delitos), como la de procuración de justicia, tendrán una tarea mayúscula, si sus titulares quieren ya no digamos servir a los veracruzanos sino, al menos, a su jefe el gobernador.  

La alerta lanzada por la aprobación de la cuenta pública 2012, en que se detectaron irregularidades en el ejercicio presupuestal de su gobierno, deberá ser atendida de inmediato para disminuir en los siguientes años notas negativas. Hay que recordar que la propia Auditoria Superior de la Federación detectó en Veracruz para ese mismo año fiscal irregularidades que deberán solventarse ante esa dependencia, más lo que deba aclararse en el Orfis.

Una buena medida sería llamar a cuentas judicialmente a los funcionarios que traicionaron la confianza del gobernador, como el exsecretario de Comunicaciones, Raúl Zarrabal Ferat, protegido ahora por el fueron que le confiere su cargo como diputado local. Y lo mismo para todos aquellos funcionarios que hayan puesto en duda la honradez entre los hombres del gabinete.

Colateralmente, aunque esto tiene un mayor nivel de dificultad, se debe fortalecer la inversión pública en obras requeridas por los veracruzanos, cuidando que los recursos sean aplicados con apego a los principios de honestidad.

Y en cuanto al tema de la democracia, nada como establecer una comunicación efectiva y permanente, lo que no solo se puede cumplir mediante un viraje en la relación con los medios, sino mediante una relación más cercana con la población.

Aún hay tiempo para ello.

Con Alberto Silva Ramos, un nuevo estilo

Ni duda cabe que la llegada de Alberto Silva Ramos a la Coordinación General de Comunicación Social del Gobierno del Estado permitirá un cambio de 380 grados en el manejo de la relación del gobernador Javier Duarte con la sociedad, a través de los medios de comunicación.

No solo  es un político sensible y dialogante. También es un personaje al que el gobernador le tiene plena confianza y forma parte del proyecto político con que se busca lograr una sucesión favorable al equipo gobernante y al partido en el poder.

Esa circunstancia permitirá atemperar los propios impulsos del gobernante y abrirá el portón para que se logre la comunidad con los medios de comunicación, a últimas fechas tan quebrantada.

Las primeras acciones del nuevo vocero permiten adelantar cambios significativos que mejorarán la comunicación institucional, sobre todo porque, a su lado, Silva Ramos ha logrado atraer a un periodista crítico y conocedor de los medios, Filiberto Vargas, quien tendrá el fuerte compromiso de aterrizar los nuevos modos con que se busca fraguar una alianza respetuosa con los comunicadores.

Una de las primeras tareas que deberá afrontar Silva Ramos, sin embargo, es lograr que lo dejen llevar la oficina sin intromisiones groseras y desconcertantes, que alimentaron una especie de juego de gallina ciega en el tramo que le correspondió a la ahora Secretaria Técnica, Gina Domínguez Colío.

La más importante, desplazar del diseño de “estrategias de comunicación” alternas a gente como Rubén Aguilar Valenzuela, exvocero de Vicente Fox Quezada durante su paso por la Presidencia de la República, y que no solo ha significado una fuerte sangría en los recursos de la entidad sino disparatadas y ocurrentes tácticas que en nada sirvieron para mejorar la imagen del gobernador Javier Duarte.

Alberto Silva Ramos debe tomar el control absoluto del diseño y aplicación de la comunicación institucional, primero, para lograr un trabajo coherente y continuado y, segundo, para ubicarlo como el responsable del éxito o el fracaso en la encomienda.

Rubén Aguilar ha sido una nulidad no solo en el ámbito local, para cuya prensa ideó mecanismos de contención y persecución, sino también en el ámbito que supuestamente domina, el de la prensa nacional, donde le ha ido de mal en peor al gobernador Javier Duarte.

Ojalá que Duarte se quite las sanguijuelas que tanto daño le han hecho a su gobierno y a su presupuesto.

La inseguridad, ni a la Iglesia perdona

(Foto: AVC)

Por los altoparlantes de la Iglesia de San Isidro, en Campo Viejo, todos los días se escucha el Ave María de Schubert, a las 12:00 horas. Con ello, los creyentes de esta comunidad de Coatepec buscan invocar la paz y que disminuya la violencia. No ha servido de mucho.

Ayer jueves por la tarde llegaron los feligreses para orar en la capilla. El domingo realizarán una procesión desde el fraccionamiento La Mata que concluirá con una misa en Campo Viejo.

El inusual evento religioso es un acto de desagravio: apenas en la madrugada del lunes 17 de febrero entraron a robar a la iglesia y se llevaron la Hostia Consagrada del Sagrario, y quieren pedir perdón “por este acto irreverente y sacrílego”.

En Veracruz, curas, pastores y feligreses de todas las Iglesias han sufrido en carne propia la violencia que se ceba con todos los sectores de la población. Los religiosos han sido víctimas lo mismo de extorsión que de secuestros y levantones, y están documentados varios homicidios. Según el Centro Católico Multimedial, en un informe publicado en diciembre pasado, el número de asesinatos ha crecido en el actual gobierno federal.

Veracruz se encuentra entre los primeros lugares en que se han registrado asesinatos y secuestros de párrocos y pastores, además de diversos casos de extorsión para el pago de cuotas al crimen organizado.

A finales de 2013, los obispos de Veracruz, Xalapa, Papantla, Orizaba, Córdoba, San Andrés Tuxtla, Coatzacoalcos y Tuxpan expresaron en un mensaje navideño conjunto su preocupación por la existencia de bandas del narcotráfico cada vez más poderosas y un aumento de los secuestros y levantones en diversas regiones de Veracruz.

Pocos días antes, el 29 de noviembre, en Ixhuatlán de Madero, fueron hallados muertos en la sacristía de la parroquia dos sacerdotes; el entonces procurador Felipe Amadeo Flores Espinoza acudió con el titular de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez, al municipio norteño y, tras una eficaz investigación ministerial, pudieron detener a los asesinos.

En septiembre, en Ciudad Isla, un sacerdote fue atacado y herido a machetazos, mientras que en Coatzacoalcos fueron muy sonados los casos de dos pastores protestantes, uno de los cuales fue asesinado, según denunció Guillermo Trujillo, presidente de la Red Evangélica de la entidad.

Los días 16 y 17 de febrero, en el Puerto de Veracruz, la diócesis convocó a sendas misas por la paz.

En el municipio de Martínez de la Torre, en la congregación María de la Torre, pudo ser rescatado el párroco Juan Cornelio, gracias a una rápida movilización policiaca que obligó a sus secuestradores a liberarlo en la carretera rumbo a El Chote.

Veracruz, entre los estados más peligrosos

No es necesario dar más ejemplos sobre el riesgo que sufren los curas y pastores, similar al que sufre la población en general. Lo cierto es que Veracruz se encuentra en el segundo lugar con mayor número de crímenes contra la Iglesia católica, con tres curas asesinados, mismo número que el registrado en Baja California, y solo por detrás del Distrito Federal, donde se han documentado siete homicidios.

Si a esos tres representantes católicos sumamos el caso del pastor evangélico asesinado en Coatzacoalcos en medio de una dura polémica, podremos imaginarnos el clima de violencia que sufren los autodenominados hombres de Dios.

Según el estudio “Creciente agresión contra sacerdotes en México”, de Gustavo Antonio Rangel, la escala de violencia ha ido creciendo. Sus indagaciones apuntan a que durante el sexenio de Ernesto Zedillo fueron asesinados 3 curas; con Vicente Fox, 4, y con Felipe Calderón, 12. Señala, además, que en 2010 más de mil sacerdotes fueron víctimas de extorsión y cerca de 162 párrocos fueron amenazados de muerte.

Todo ello provocó que, en diciembre pasado, el Vaticano expresara un extrañamiento al gobierno mexicano por la violencia contra curas en los estados de Tamaulipas, Veracruz y Michoacán.

El gobierno de Peña Nieto, preocupante

El Centro Católico Multimedial ha preparado un recuento de los agentes pastorales, sacerdotes, religiosos y laicos que han perdido la vida en México, “tan solo por cumplir su compromiso de anunciar valientemente los valores del Evangelio”.

Señala que en los últimos 23 años han sido perpetrados 36 atentados contra miembros de la Iglesia católica mexicana, de los cuales 34 terminaron en homicidio y dos corresponden a sacerdotes desaparecidos. “La lista de los Agentes Pastorales que pagaron con su vida de 1999 a 2013, la encabeza 1 cardenal, 25 sacerdotes, 2 religiosos, 1 Diácono”. Además, cuatro laicos y una periodista católica.

Tan solo en 2013, señala en su reporte, han sido asesinados tres sacerdotes; dos presbíteros se encuentran en calidad de desaparecidos, y se logró rescatar a tres sacerdotes.

Observan con preocupación que en el primer año del gobierno de Enrique Peña Nieto los atentados contra sacerdotes se incrementaron en 67 por ciento, comparado con el primer año del sexenio de Felipe Calderón, que cerró con un alza del 320 por ciento. “De seguir así, se prevé un sexenio aciago para el sector religioso”, señala el documento.           

Los registros del primer año peñista apuntan al asesinato de cuatro sacerdotes y la desaparición de otros dos.

Es tan grave el asunto que, por sexto año consecutivo, México es primer lugar en crímenes de odio contra sacerdotes, religiosos y laicos en América Latina. En cuanto a la extorsión contra religiosos, señala que creció 39 por ciento respecto a 2010, lo que coloca a nuestro país como el más peligroso en el continente. Y es que de mil 53 reportes de intento de extorsión en 2010 contra agentes de pastoral, obispos y sacerdotes, en 2013 se registraban mil 465 hasta el 15 de diciembre.

Añade que los intentos de extorsión han proliferado en estados con mayor inseguridad como Colima, Michoacán, Durango, Tamaulipas, Veracruz, Baja California, Guerrero, Tabasco, DF y Estado de México.

Así las cosas, el Ave María de Schubert puede replicarse en todas las iglesias veracruzanas, y que los creyentes oren por lograr la paz en México.

El vuelo del cisne, ¿alto o a ras de suelo?

Con la llegada esta semana del exalcalde tuxpeño Alberto Silva Ramos, El Cisne, a la Coordinación General de Comunicación Social del gobierno estatal, luego de transitar unos meses por la Secretaría de Desarrollo Social (donde estuvo en campaña “pero contra el hambre”), se percibe que para el gobernador Javier Duarte de Ochoa era indispensable cambiar la forma de operar la imagen de su equipo y sus acciones de gobierno.

Y es que en la primera mitad de su gestión, su relación con la prensa ha tenido más semejanza con una discordia prolongada que con un trato equilibrado y respetuoso.

Que a Javier Duarte se le considere una especie de verdugo de los medios de comunicación no solo tiene que ver con la lista de comunicadores asesinados,  por omisión de acciones preventivas y la impunidad en que ha quedado la mayoría de los crímenes. Tampoco se ciñe a la confrontación con los empresarios de la comunicación por la disminución o cancelación de flujos monetarios.

Esos dos componentes han sido determinantes para fortalecer la severa crisis que padece el gobierno estatal justo cuando empieza el tobogán de las pasiones sucesorias, pero no son los únicos.

Uno grave ha sido la mano dura contra los periodistas de a pie, el cerco creado en torno al gobierno y sus instalaciones, el trato déspota de la vocera Gina Domínguez para con la mayoría de los de su antiguo gremio, la violencia policiaca contra fotógrafos y reporteros.

A raíz de la desaparición y posterior homicidio del reportero Gregorio Jiménez, la brecha entre autoridad y gobierno se hizo más profunda, pero ese hecho lamentable no fue sino el más reciente de una sucesión de hechos de sangre que involucraron a periodistas. Por ello, hacía falta que el gobierno estatal diera un golpe de timón y cambiara al encargado de la comunicación social.

Pero la llegada de Alberto Silva Ramos no lo puede ser todo; la relación con la prensa en el actual gobierno no es diseño exclusivo de Gina Domínguez, aunque fue muy ad hoc para aplicarlo. Ese modelo fue ordenado por el gobernador Javier Duarte de Ochoa y poco podrá lograr la mano de seda y el lenguaje cantarino de El Cisne si el principal huésped de Palacio de Gobierno no cambia su percepción de los medios de comunicación.

Sobre todo ahora cuando parece que hay luz verde para la recomposición de fuerzas dentro del grupo más íntimo de quien detenta el poder, aquellos cuadros cercanos al proyecto transexenal de Fidel Herrera Beltrán, que hoy estarán en posiciones de más abierto protagonismo.

El mismo Alberto Silva Ramos no solo tendrá palestra para salir al público sino además la fuerza que podrá rentabilizar en su trato con los medios de comunicación para promover su imagen con miras a la candidatura gubernamental de 2016, mientras que quien lo sustituye en la Sedesol, Jorge Carvallo Delfín, por fin tendrá micrófono y capacidad de movimiento para impulsar su imagen al menos para una diputación federal.

Cambio en la PGJ: bueno

para FAFE, malo para JDO

Mientras el cambio en el área de comunicación social apunta a remediar una gestión que ya no reditúa al titular del Poder Ejecutivo, la salida de Felipe Amadeo Flores Espinosa de la Procuraduría General de Justicia es vista como una forma de desviar las responsabilidades gubernamentales en el tema de la seguridad (que corresponden al área preventiva, es decir, la Secretaría de Seguridad Pública), mediante el señalamiento de una pieza que aparentemente no funcionaba.

Lo cierto es que, pese a la extraordinaria actuación del hoy exprocurador, las condiciones apuntaban a un mayor desgaste político. Y es que últimamente Amadeo era visto como un apagafuegos del gobierno estatal, debido a las reiteradas pifias dentro de la SSP, que puede hacer de todo menos prevenir los delitos, en muchos de los cuales participaron los propios policías.

Hace ya tiempo que se comentaba en los corrillos políticos que el oriundo de Cotaxtla quería salir de su encargo, pero no paraban los temas que era indispensable atender, los últimos de los cuales fueron: el encarcelamiento de la exalcadesa de Alvarado, Sara Luz Herrera Cano (protegida por varios diputados priistas que impidieron su desafuero), el asesinato del joven Gibrán Martiz, caso en que intervino una banda de policías estatales, y el caso del periodista asesinado en Coatzacoalcos.

La llegada de un abogado amigo personal del gobernador Javier Duarte de Ochoa no parece apuntar a una labor extraordinaria, sobre todo por los antecedentes de prepotencia del ahora encargado del despacho de la PGJ, cuyos testimonios no solo han sido motivo de charlas sino de notas periodísticas en Córdoba.  

Prensa y gobierno, ¿en guerra?

De un contubernio desastroso para la democracia, la información y las finanzas estatales, como el pactado entre el gobierno estatal y la prensa veracruzana durante el sexenio de Fidel Herrera Beltrán, a un distanciamiento artificial, diríase que un estado permanente de guerra entre estos dos protagonistas sociales durante el presente gobierno, no queda sino abrigar una pequeña esperanza de que es posible una relación menos ríspida con el inicio de conferencias de prensa del gobernador Javier Duarte de Ochoa.

Parecerá desproporcionado intuir un golpe de timón en la política de comunicación social de Duarte, y ciertamente habrá que ver si este ejercicio se mantiene vigente o si el encuentro de este lunes no fue sino una pequeña válvula para despresurizar el creciente descontento de la mayoría de los medios de comunicación ante situaciones difíciles, como la violencia contra comunicadores que ha lanzado las alertas y mantiene a Veracruz en la cúspide de los territorios más peligrosos del mundo para el ejercicio periodístico.

¿Quién asesoró al gobernador Duarte para que aplicara en sus tres primeros años de gestión un endurecimiento de su gobierno contra la mayoría de los medios de comunicación y los periodistas? ¿Cuáles eran los objetivos que se pretendían cumplir con distanciar al poder con la prensa y desactivar a ésta como bisagra que puede unir o separar a sociedad y gobierno? ¿Ahorrar, castigar y atemorizar a los críticos, premiar a los fieles?

Lo cierto es que cada vez es más extendida la voz crítica, y disminuida e, incluso, menos influyente, la que reconoce en todo acto de gobierno un paso necesario y elogioso. ¿Por qué, entonces, mantener el mismo modelo que somete y reprime?

Javier Duarte de Ochoa dio un primer paso ayer. Aunque habló de logros importantes en materia de economía, de la modélica creación de empresas y una creciente inversión privada que podría acumular este año una suma superior a los 25 mil millones de pesos (cerca de mil 800 millones de dólares), lo más importante desde mi punto de vista es su acercamiento con los comunicadores.

Y es que no se trata de volver a modelos que hundieron a estados como el nuestro y el de Chiapas, donde los gobernadores anteriores dilapidaron recursos públicos a favor de su imagen en los medios, así fueran pasquines inservibles e insustanciales, sino a una sana y respetuosa relación del gobierno con los comunicadores, a abrir canales de diálogo que puedan tener más impacto informativo en una sociedad que demanda un mayor pluralismo, un ambiente democrático y medios de comunicación solventes política y moralmente.

        

Un ambiente tenso y peligroso

Lo que en materia de comunicación gubernamental se ha vuelto un estira y afloja, una falta de credibilidad aparentemente insuperable, una mezcla enferma de elogios desmedidos y críticas encolerizadas, empieza a manifestarse entre los comunicadores en una batalla campal donde prácticamente no está quedando títere con cabeza.

Me explico: el socavamiento económico de muchos medios, las campañas de desprestigio contra periodistas que han pasado de ser críticos propositivos a virulentos golpeadores, el distanciamiento de la estructura gubernamental respecto a los que hacen la noticia y el análisis de la realidad, la violencia policial contra reporteros y fotógrafos que hacen su trabajo y, para colmo, la intromisión del crimen organizado en ataques que han costado la vida a varios comunicadores, han provocado una crispación nunca antes vista en el gremio.

Cuando buena parte de los medios de comunicación pone como personajes principales de sus notas o comentarios a otros periodistas, cuando se generan verdaderas cruzadas contra colegas que mal o bien desarrollan su vena crítica, cuando incluso en el área de Comunicación Social, que debiera convertirse en zona de amortiguamiento, se evita el contacto con la mayoría de los antaño respetados hombres y mujeres de la prensa, poco es lo que se puede esperar para superar la actual crisis.

Por eso, que el gobernador Duarte haya anunciado lo que él denominó un nuevo ejercicio de diálogo con representantes de los medios de comunicación y con la sociedad veracruzana, mediante conferencias de prensa, genera en mi fuero interno la esperanza en que las cosas pueden cambiar si hay voluntad política de su gobierno. Que nadie me culpe o señale si mis esperanzas son frustradas con el paso del tiempo.

Debo reconocer que no conozco personalmente a Gina Domínguez Colío, coordinadora general de Comunicación Social y, mucho menos, he estrechado la mano del gobernador Javier Duarte. No es necesario para el ejercicio de mi profesión; tengo acceso a la información que el gobierno genera, la pública al menos, y con eso es suficiente.

Desde esa posición equidistante de los observadores sumamente críticos y de los que elogian desproporcionadamente, es como me siento con la posibilidad de externar sin cortapisas mi opinión sobre que puede construirse una nueva relación, más respetuosa, entre prensa y gobierno.

Ya el tiempo se encargará de contradecirme o darme la razón.