El PAN se ha quedado solo

Conforme se acerca el inicio de la batalla por la obtención de votos en los comicios federales de 2012, las alianzas políticas se han fraguado; con ello, se han concretado acuerdos y las corrientes han tomado sus respectivos cauces. En medio de todo ese fragor de complicidades y afinidades políticas, ¡oh, calamidad!, el Partido Acción Nacional se ha quedado solo y se ve difícil que refrende su lugar en Los Pinos, luego de 12 años en el poder, sobre todo porque el presidente Felipe Calderón sigue apostando por Ernesto Cordero, cuyos momios están más salados que el calcetín de un pescador en altamar.

La semana pasada, la izquierda dio el primer paso para lograr que Andrés Manuel López Obrador alcance lo que hace seis años estuvo a punto de lograr pero que se le escamoteó por diversas vías, desde la campaña negra que lo ubicó como un peligro para el país hasta que no fue capaz de echar atrás múltiples operaciones para hacerlo sucumbir en la intimidad de las casillas electorales.

Apenas la semana pasada, luego de que la consulta armada por el colectivo de izquierda para dirimir la candidatura presidencial entre Marcelo Ebrard y AMLO ubicó a este último como el más fuerte postulante y Ebrard aceptó los resultados para evitar divisionismos, las fuerzas de izquierda encarriladas en el Movimiento de Renovación Nacional formalizaron el acuerdo de coalición con las siglas del Partido de la Revolución Democrática, el Partido del Trabajo y el Movimiento Ciudadano.

La gran coalición Movimiento Progresista incluye, por supuesto, organizaciones sociales, redes ciudadanas, organismos comunitarios, agrupaciones civiles y de profesionistas, además de personalidades de las artes, la cultura y el sector empresarial, que ven en AMLO una gran solidez moral, necesaria para acabar con la galopante corrupción que campea en el país. Es posible que Marcelo Ebrard se sume como coordinador de campaña.

Frente a esta corriente de izquierda con candidato, la que encabeza el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha generado su propia dinámica para la coalición electoral y, aunque por artimañas que tienen que ver con el uso de los medios de comunicación y demás espacios públicos, ya prohibidos a AMLO, no ha puesto el nombre del que ya se sabe quién será, es decir, Enrique Peña Nieto, lo cierto es que junto al PRI ya se han subido al tren el Partido Nueva Alianza (Panal), propiedad de Elba Esther Gordillo Morales, y el Partido Verde Ecologista (PVEM).

El jueves pasado, Luis Castro (PVEM), el señor de las deudas Humberto Moreira (PRI) y Arturo Escobar (Panal) formalizaron la coalición Compromiso por México, para enfrentar en unidad la contienda presidencial de 2012. Esta alianza, beneficiada por el exgobernador mexiquense con las mayores preferencias en encuestas electorales, de las que no ha bajado mayor ápice, prácticamente se pavonea de tener el triunfo asegurado en 2012, lo que les ha llevado a decir que esta alianza será oposición solo por 10 meses pues prácticamente tienen asegurado su ingreso a Palacio Nacional.

El llanero solitario en problemas

Frente al optimismo de los verdes y la esperanza que generan los amarillos, los blanquiazules parecen cada vez más desfigurados. No le ha ido bien a los panistas. En primer lugar, las medidas autoritarias para imponer candidaturas a diputados y senadores en todo el país, lo que hubiera fortalecido la opción de Ernesto Cordero, fueron echadas abajo por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Por otra parte, la muerte de su principal operador político, José Francisco Blake Mora, exsecretario de Gobernación, en un accidente cuyas causas han quedado dispersas en el imaginario colectivo como las propias piezas de la aeronave en que viajaba el 11 de noviembre, dejaron muchas dudas en el país sobre la solvencia de la Presidencia de la República para mantener no la paz sino el equilibrio político en medio de la guerra. Por último, la derrota sufrida por la hermana del Presidente en Michoacán profundizó la caída del partido gobernante y, por si fuera poco, su antigua aliada, la dirigente magisterial Elba Esther Gordillo, ha alquilado su partido a Enrique peña Nieto.

Solo y sin definición sobre quién puede sacar la elección, entrampado en el capricho del Presidente, el PAN irá débil y solo a los comicios del año próximo. Así las cosas.

La muerte ronda a Calderón

Es posible que nunca sepamos las causas reales por las que el fatídico viernes 11 se desplomó el helicóptero en que viajaba de la Ciudad de México a Cuernavaca el secretario de Gobernación, José Francisco Blake Mora, causando la muerte de quien ocupó la misma dependencia que Juan Camilo Mouriño Terrazo, también fallecido en el mes de noviembre, pero el día 4, cuando se desplomó en el DF el avión en que regresaba de una gira por San Luis Potosí, en 2008, sin haber cumplido 10 meses en el cargo, luego de sustituir a Francisco Ramírez Acuña.

Blake tuvo la misma suerte que el político campechano, quien hoy se hubiera perfilado como el candidato presidencial panista en lugar de Josefina Vázquez Mota; sin embargo, a diferencia de él, el tijuanense logró estar al frente de la Segob seis meses más.

                

Que las aeronaves del gobierno federal estén tan averiadas que puedan ser recurrentes los accidentes aéreos, da en qué pensar. Independientemente de la opinión que merezcan los funcionarios federales, incluidos el presidente Felipe Calderón, es una desgracia que los mexicanos sintamos la zozobra de que en cualquier momento los desperfectos en esos aparatos puedan poner en riesgo a quienes en ellos viajan, sobre todo cuando se ha informado que el helicóptero caído lo usaría el Presidente de la República.

                

¿Qué está pasando con el mantenimiento de la flota de las fuerzas armadas? Algo deberá explicar el gobierno federal.

Porque no solo han fallecido dos secretarios de Gobernación y sus colaboradores cercanos, lo que de suyo constituye una desgracia para el país y, sobre todo, para sus familias. En el ambiente, estos accidentes frecuentes en que pierden la vida cuadros de primera línea de un Presidente que no ha sido muy favorecido por contar con un equipo grande de colaboradores del cual echar mano, lo que genera es rumores, versiones hasta descabelladas, una de las cuales identifica en todos los casos la mano del crimen organizado.

              

Raúl Benítez Manaut, investigador del Centro de Estudios para América del Norte de la UNAM, según lo publicado en Excélsior, dijo algo que no tiene desperdicio: “El gobierno tendrá que dar un informe técnico muy bien hecho y preciso, con credibilidad, y si fue un atentado, tendría que reconocerlo para evitar rumores”. El accidente “genera una gran incertidumbre política porque genera dudas sobre la capacidad del presidente para dar seguridad a sus funcionarios, genera dudas de una capacidad operativa de algún cártel del narcotráfico que pudiera ser responsable”.

Duda que algo queda

Lo más posible es que el peritaje de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ahora al mando del joven Dionisio Pérez-Jácome Friscione, a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil, señale como causa del accidente la poca visibilidad que había en el Estado de México y que, por supuesto, fue provocado por una falla humana, no del piloto sino de quienes autorizaron la salida de la aeronave pese a supuestamente tener conocimiento de malas condiciones climáticas.

                

Y es que las condiciones meteorológicas siempre son un factor que se considera antes de emprender un vuelo. La duda estriba en que la aeronave se desplomó, no chocó contra algún cerro, como ocurrió el 21 de septiembre de 2005, cuando murió en un percance aéreo el secretario de Seguridad Pública de Vicente Fox Quesada, Ramón Martín Huerta, al estrellarse el helicóptero en que viajaba contra la parte superior del cerro conocido como La Cima, en el estado de México.

El propio presidente Felipe Calderón consideró horas después del desplome del helicóptero del Estado Mayor Presidencial, sin esperar la versión de los expertos, que la nubosidad pudo ser la causa, porque los pilotos de la Fuerza Aérea Mexicana tenían probada experiencia, lo que fue corroborado por la Secretaría de la Defensa Nacional.

Lo extraño del asunto es que personal del servicio meteorológico nacional, en especial Javier Albarrán, había declarado a W Radio, pasadas las 12:00 horas, que las condiciones eran propicias para el vuelo (no había nubosidad y las ráfagas de viento eran sumamente débiles en la zona). Pese a contar con esa información, el presidente Calderón dijo dos horas después que la nubosidad habría provocado el accidente.

                

Para nadie es un secreto que, en casi todos los casos, los funcionarios que han fallecido en accidentes aéreos han estado ligados a acciones relacionadas con el combate al crimen organizado. Tan ha causado conmoción el hecho de que el principal impulsor de los operativos conjuntos como el que se aplica en nuestra entidad haya fallecido en similares circunstancias que uno de sus antecesores, que la Bolsa Mexicana de Valores mostró un ajuste al conocerse la desgracia, aunque después volvió a su tendencia alcista.

Juan Marcos Gutiérrez, subsecretario de Gobierno, quedó a cargo de la dependencia. Luego de los días de luto, Felipe Calderón deberá nombrar a su quinto inquilino del Palacio de Cobián en la calle de Bucareli, luego que dos han fallecido en trágicos accidentes. Y lo deberá hacer con mucha calma, primero, porque cualquiera lo pensaría dos veces para aceptar el cargo, y segundo, porque el país necesita a un experto en dos materias: seguridad pública y procesos electorales.

Una estela de desgracias

A la muerte de su cuarto secretario de Gobernación, el gabinete parece estar marcado por la desgracia. A las más de 40 mil personas fallecidas en la guerra emprendida contra el crimen organizado, cuya cifra crece con desmesura con el paso de los días, no solo de delincuentes sino también de ciudadanos pacíficos, Felipe Calderón enfrenta la gravedad de su secretario de Educación Pública y exaspirante a la candidatura presidencial panista, Alonso Lujambio.

En su tránsito por tres hospitales, donde ha estado internado, el mismo viernes la Presidencia de la República tuvo que reconocer que el titular de la SEP padece cáncer de médula ósea, lo que ha agravado un cuadro de insuficiencia renal.

Habría que ver si, además de Gobernación, Calderón no deberá nombrar a un nuevo secretario de Educación, habida cuenta de que Lujambio lleva varias semanas sin operar esa importante dependencia y no se ve que pronto pueda regresar a sus oficinas.

Para colmo, su hermana Cocoa habría perdido las elecciones en Michoacán, con lo que Felipe Calderón podría considerarse como el sepulturero del Partido Acción Nacional.

La deuda con Xalapa

A quienes vivimos en la capital de Veracruz, cada vez nos queda más claro que Xalapa es el patito feo de la entidad.

Mientras Boca del Río se ornamenta con obras de gran calado, que permiten identificarla como una urbe moderna en materia de infraestructura urbana (hablo de su zona turística), y Coatzacoalcos presume de avenidas espaciosas y un teatro que ya quisiéramos un día prestado, Xalapa se hunde en el ambiente de ciudades orientales, anárquicas y convulsas, donde el tráfico parece una pesadilla que solo la noche resuelve medianamente.

Como ha dicho el exalcalde Armando Méndez de la Luz, Xalapa requiere urgentemente de una cirugía mayor. Tiene razón. Las grandes avenidas, abiertas a punta de decretos expropiatorios con grave costo para el erario, invariablemente semejan embudos de decantación de laboratorio, que se ensanchan por el medio pero se cierran en sus extremos creando verdaderos nudos gordianos.

La mayoría del tráfico vehicular fatiga las estrechas rúas del centro histórico y, cuando los automovilistas se aventuran por avenidas alternas, tardíamente se percatan de que han ingresado en un laberinto más tortuoso.

Pese a que 2011 ha sido un año para el olvido en materia de obra pública, al menos en lo que se refiere a la capital, los xalapeños (de nacimiento o avecindados) debiéramos unirnos con una sola voz para demandar las obras que ya urgen y la infraestructura urbana que nos siguen debiendo los últimos cuatro gobiernos estatales.

La alcaldesa Elízabeth Morales García, una experta en materia de mercadotecnia de la miseria, dada a promoverse con la entrega de limosnas que le han redituado votos y popularidad, apenas pavimenta una avenida que no llega a los 400 metros de longitud y se avienta la broma de que su mandato será “la administración de las avenidas”, mientras su equipo de prensa señala en boletines que es “la administración municipal que ha ejercido la mayor inversión en obra pública en la historia de la ciudad en beneficio de los ciudadanos”.

Habituada a cortar listones, la locutora de televisión parece vivir en un mundo de caramelo, cuando todo mundo sabe que las inversiones estatales más fuertes se han destinado a Tuxpan y Boca del Río, que no a Xalapa, donde ni el problema de la basura se ha resuelto en el muy cercano Parque Juárez.

La administración del gobernador Javier Duarte debiera tomar como suyas las demandas y llamadas de auxilio de los habitantes de esta ciudad. En vano serán las acciones de promoción turística para ella si nuestros visitantes, cualquiera sea el número de los que convenzamos, juran no volver a una ciudad caótica que está hecha para todo, menos para atender al turismo.

De sobra sabemos que este año no ha habido recursos públicos, pero es tiempo de poner en el tintero de nuestros planeadores urbanos proyectos definitivos que recuperen para Xalapa su carácter de ciudad.

Un Ebrard para la ciudad

Ha sido costumbre que cada gobernador deje su impronta en la ciudad. Sin embargo, luego de don Agustín Acosta Lagunes, los que le siguieron solo hicieron obras para que los recordáramos pero ninguno ha hecho la tarea a fondo para resolver el grave problema urbano que presenta la ciudad.

Por desgracia, en el ayuntamiento no hay una autoridad con propuestas de envergadura. Xalapa necesita no a un político que base su gestión medrando con las dádivas y la filantropía al más decantado estilo populista sino uno de gran visión que busque, hasta por debajo de las piedras, los recursos necesarios para hacer obras viales que resuelvan los problemas, así sean túneles o segundos pisos, como lo ha hecho Marcelo Ebrard en la Ciudad de México.

Un alcalde o alcaldesa que convenza a las autoridades federales y estatales, incluso a la iniciativa privada y a los ciudadanos, de que es necesario pagar la enorme deuda que se tiene con Xalapa, una capital miserable para un “estado próspero”.

Mientras el problema vial se agrava en el centro histórico, los habitantes de decenas de asentamientos humanos, la mayoría de ellos irregulares, viven en la ciudad como si formaran parte de reservaciones marginadas de los servicios públicos más indispensables. En otro horizonte, miles de casas se construyen en diferentes rumbos, sin que las autoridades estatales y municipales diseñen las vías de comunicación que requerirán miles de familias que deben transitar por la ciudad.

Ya es hora de que Xalapa sea considerada en la prosperidad que tanto se pregona.

El primer informe de Duarte

Incorporado a la lista de estados donde campea y coletea la delincuencia organizada, lo que ha llevado a la implantación de un operativo conjunto con las fuerzas federales, el estado de Veracruz se apresta a conocer los detalles del informe del primer año de gobierno de Javier Duarte de Ochoa, que entregará por escrito al Congreso local el próximo 15 de noviembre.

Para nadie es un secreto que Duarte recibió un Veracruz a punto del coma en todos sus aspectos. El primer punto que debió combatir como médico de la sala de emergencias fue no la falta de recursos en el erario público sino lo que le sigue: abultados números negativos, créditos astronómicos adquiridos con instituciones bancarias mediante contratos perjudiciales para el estado, deudas acumuladas con proveedores, innumerables pasivos que lo colocaron en una situación de extremo riesgo.

Para evitar que la cosa se inflara, puso una alerta severa a los servidores públicos al dar cauce legal a denuncias contra exfuncionarios municipales por una escalada de corrupción que había tenido su origen en el ejemplo puesto por su antecesor. Aunque encarceló solo a exediles de municipios con presupuestos pequeños, lo cierto es que sirvió de mensaje para autoridades municipales en ejercicio y para quienes integran la maquinaria pública estatal, de que no se iban a perdonar manos sucias en la caja.

Durante los primeros meses de su gobierno, Duarte debió hacer acopio de conocimiento e imaginación para contar con recursos al menos para el pago de la nómina y, un tiempo después, para resarcir a proveedores lo que se les adeudaba, con lo que se empezó a generar una pequeña reactivación en una economía golpeada duramente por la corrupción, los fenómenos meteorológicos y el yugo de los grupos delictivos cuyo accionar había sido permitido e, incluso, protegido de la acción de las fuerzas federales de seguridad.

El anuncio del Plan Veracruzano de Desarrollo y del programa “Adelante” ayudó a generar algunas expectativas, pero la situación financiera ha opacado los enormes retos que ha asumido el gobernador Javier Duarte. Para la mayoría, si no es que para todos, la situación en las finanzas públicas hizo prever un periodo de vacas flacas, de acciones de bajo y mediano impacto, mientras hacían efecto los acuerdos de refinanciamiento y la llegada de nuevos recursos.

Al final del año fiscal, poco es lo que se ha mejorado, a no ser el cumplimiento de los compromisos con terceros, principalmente con las instituciones bancarias. Aunque se han anunciado algunas obras, la mayoría de ellas no serán iniciadas sino hasta que pase el vendaval, y el próximo año experimentaremos muchas dificultades porque en todo el país la inversión pública será vista como ingrediente electoral, por lo que seguramente las arcas federales no soltarán el grueso de los recursos a estados, salvo a los gobernados por el PAN, hasta después de julio.

Lo que puede salvarnos

El principal tema económico al principio de su gobierno, el sector turístico, está siendo golpeado de manera muy severa. Nuestra incorporación a la lista de estados con mayor violencia nos afectará al menos por uno o dos años más.

Por ello, más que del lado público o de los inversionistas de este sector, lo que nos puede dar un cierto alivio económico son las inversiones de las grandes corporaciones industriales que tienen su vista fija principalmente en el sur de Veracruz.

Año complicado y complejo, ha dicho Javier Duarte. Y nadie lo duda. El grave problema es que 2012 no tiene visos de una mejoría sustancial, por lo que los problemas tendrán acaso otras características si no nos afectan todavía más los fenómenos meteorológicos que hasta el momento han sido muy benignos en comparación con los sufridos en 2010.

El optimismo de Javier Duarte puede ser bueno para alentar a las fuerzas productivas, pero la propuesta de ley federal de egresos para 2012 acota mucho los recursos para estados y municipios. Es cierto que está pronta la reestructuración de la deuda del estado, con apoyo de la Secretaría de Hacienda, lo que permitiría disponer de recursos con los que no se ha contado este año. También es cierto que ha disminuido el gasto corriente mediante una dura restructuración de la administración pública estatal.

El problema es que tras de Veracruz están los acreedores, y no perdonan. Y vienen elecciones presidenciales.

¿Cuál será el desenlace de la guerra?

Diversos analistas en materia de narcotráfico y crimen organizado no auguran buenas cosas para el país en materia de violencia. El recrudecimiento de la batalla entre bandas criminales por el control de territorios importantes, uno de los cuales es la zona portuaria de Veracruz, dibuja el escenario que todos ellos describen, sobre todo porque el desmembramiento de varios cárteles ha polarizado la pugna entre las dos más fuertes: el de Sinaloa y el de los Zetas.

La encarnizada guerra que libran ambas organizaciones no solo permite visualizar que los episodios de violencia desmedida se repetirán en los siguientes meses, sino que los campos de batalla se irán extendiendo hacia el centro y occidente del país, particularmente por la obtención de plazas tan importantes como Acapulco y Guadalajara, y algunos señalan que lo ocurrido en Boca del Río antes de la reunión de procuradores y magistrados de justicia forma parte de una estrategia encaminada a detener la expansión de los Zetas sobre el territorio dominado por la organización del Chapo Guzmán en la capital tapatía, donde ésta controla el mercado de las metanfetaminas.

De ahí que la creación del operativo conjunto Veracruz Seguro, anunciado el martes 4 de octubre en la ciudad de México en presencia del gabinete federal de seguridad y del gobernador Javier Duarte de Ochoa, en el que se contempla que las corporaciones de seguridad locales y federales y de las fuerzas armadas sean dirigidas por un mando único federal a cargo de la Secretaría de Marina-Armada de México, no constituya sino la acción consecuente a raíz de la gravedad de las cosas.

En la misma semana se anunció un operativo conjunto similar para el estado de Guerrero, particularmente para el turístico puerto de Acapulco, con mando único a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública, para atemperar una situación totalmente fuera de control y que ha hecho que miles de maestros no acudan a dar clases ante el temor de morir en el intento.

Como lo dijo y repitió Javier Duarte en su discurso y en todas las entrevistas que le hicieron en medios nacionales, lo que parece apuntar a una clara referencia a su antecesor en el gobierno veracruzano, lo novedoso no es que haya violencia, lo inédito es que haya voluntad para combatirla. Y tiene razón: con Fidel Herrera siempre se impidió el ingreso de las fuerzas federales a Veracruz, pese al gran crecimiento de la criminalidad, al grado de que ha quedado en el imaginario colectivo la idea de que hubo un pacto con las bandas.

El punto sobre el que pudo haber habido negociación con las autoridades federales es en la salida del Procurador Reynaldo Escobar Pérez, cuyas gravísimas pifias no solo han colocado en entredicho la calidad de la gestión de la justicia en Veracruz, sino que pudo haber inducido a que los resultados del operativo tengan una recepción negativa en los medios de comunicación nacionales e internacionales. De ahí que la salida de este funcionario, quien renunció por “motivos personales” el viernes pasado, no fue sino la confirmación de algo que entre líneas había anunciado el gobernador Duarte durante las entrevistas otorgadas a medios nacionales cuando se formalizó el operativo Veracruz Seguro: “hasta hoy”, dijo, sigue siendo Procurador, y nunca afirmó que seguiría siéndolo.

Percepción negativa sobre seguridad

En medio de esta incorporación de Veracruz a los operativos conjuntos que lleva a cabo el gobierno federal con los gobiernos locales que lo solicitan cuando se incrementan los niveles de violencia, la población del país sintió más inseguridad en septiembre que la que sintió en el mes precedente, según datos del INEGI, debido a los descensos en los componentes que dan cuenta de la seguridad personal.

Es muy posible que los datos específicos para el caso de la población de Veracruz en general, y más en particular de los habitantes de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, arrojen datos más deplorables. En los últimos meses, se sabe por referencias directas y por el descenso en el uso de los servicios turísticos de que se han quejado los empresarios del ramo, ha habido altos niveles de crispación y temor, de sensación de vulnerabilidad en la seguridad personal.

Los veracruzanos tendrán que estar preparados para las incomodidades derivadas de las acciones que emprendan los gobiernos federal y estatal con el operativo “Veracruz Seguro”, si bien los resultados pueden arrojar beneficios importantes en los niveles de seguridad.

 
Veracruz se ha unido, en efecto, al selecto grupo de territorios que han debido solicitar el apoyo federal: Baja California, Chihuahua, Frontera Sur, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Durango, Nuevo León y Tamaulipas. Que sea para bien.

Desprecio por la educación

Con justa razón, las universidades públicas se encuentran molestas con el gobierno federal. Los dos presidentes panistas han puesto coto al crecimiento de las principales instituciones formativas de generaciones de mexicanos, acaso porque en sus gestiones hace ya mucho tiempo que no emplean a egresados de ellas en los principales puestos públicos, copados por egresados del ITAM y posgraduados en el extranjero.

Los rectores de las universidades nacional y estatales, como el propio Raúl Arias Lovillo, de la UV, quien ha mantenido su línea crítica respecto a la asfixia económica a que el gobierno federal las está sometiendo, se han pronunciado en muy diversos foros alertando sobre las consecuencias negativas de esta política presupuestal.

Para 2012, si los congresistas no recomponen el Presupuesto de Egresos presentado por el ahora precandidato panista a la Presidencia, Ernesto Cordero, la situación no solo será grave sino que obligará a las universidades públicas a cancelar proyectos, despedir personal o, incluso, cancelar carreras.

Según la propuesta, la mayor atención se dará a la educación media superior, que experimentaría un incremento presupuestal del 7.7 por ciento.

Sin embargo, no prevé que los egresados de ese nivel buscarán su ingreso a la educación universitaria, a la que por el contrario se le disminuiría en 1.9% los ya de por sí insuficientes recursos con que se le dotó en 2011. Es decir, mil 500 millones de pesos menos.

Por añadidura, a la educación técnica se le recortarían más de 9 mil millones de pesos.

Como una confirmación de cómo se maneja la formación del capital humano que demanda el desarrollo de México, el área de posgrado puede sufrir un grave recorte de 7.5 puntos porcentuales, que agravaría aún más la carencia de especialistas no solo para impulsar la ciencia básica sino también la investigación aplicada y la innovación tecnológica.

Y no solo la superior siente la amenaza del desdén presupuestal federal. La educación básica experimentaría un crecimiento más bien conservador, pues solo se prevé un crecimiento de 1.5%, apenas 4 mil 657 millones de pesos, según un estudio del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP).

En términos generales, el abusivo presupuesto presentado por Felipe Calderón, de 3.5 billones de pesos para 2012, apenas contempla un incremento de 0.3 por ciento al gasto en el sector educativo.

Más represión, menos educación

Desde que emprendió el combate al crimen organizado, el gobierno de Felipe Calderón ha disminuido drásticamente el gasto social y de inversión pública para, en contrapartida, incrementar de manera sustancial el gasto en seguridad. El gobierno federal propone para 2012 un presupuesto al gabinete de seguridad de 155 mil millones de pesos, el más alto en la historia.

Especialistas y analistas han insistido en que la guerra contra las bandas criminales no se podrá ganar solo con mayores recursos a las fuerzas policiacas y militares. En los últimos cinco años se ha destinado la mayor cantidad de dinero público al tema y, sin embargo, lo que hemos visto como sociedad es que los resultados son los más cuestionables. Hoy estamos más inseguros que nunca.

Redes sociales, ¿jugar con fuego?

Las redes sociales han jugado un papel determinante en la comunicación alternativa. Todo ciudadano puede, si se lo propone, emular el trabajo que, con la lentitud de los medios de comunicación tradicionales, realizamos los periodistas.

Gracias a la comunicación horizontal masiva que permiten las nuevas tecnologías, movimientos sociales en todo el mundo se han alimentado y han crecido hasta el punto de tirar gobiernos dictatoriales o, incluso, algunos electos democráticamente que no cumplen su misión.

Ha pasado a la historia la opacidad gubernamental en manejo informativo. No hay vacíos de información. Si alguien falla u omite, otros se aprestan a llenarlos con datos y versiones de toda índole; el cotilleo y el rumor que antes circulaban de boca a boca, se han convertido en el insumo informativo que se esparce en internet a ritmos demoniacos, cuando desde el gobierno no se ofrece una versión oportuna y convincente sobre hechos que afectan a la población.

La sicosis generada en Veracruz el jueves pasado a partir de versiones distorsionadas y malintencionadas fue efecto de mensajes enviados a través de Twitter y Facebook, que luego fueron comunicados por teléfono y personalmente.

Todo un pueblo temeroso por la magnificación de versiones aterradoras, como la de que se realizarían atentados contra planteles educativos, salió a las calles, generó nudos viales, colapsó la comunicación por telefonía móvil, fue pasto seco en que la chispa de la información malintencionada prendió fuego.

Pero las redes sociales no tienen la culpa, siguen constituyendo un medio en tiempo real que permite innumerables beneficios; los malos son quienes se amparan en el anonimato para generar el terror.

Por desgracia, este experimento que ha derivado en la aprehensión de dos individuos, ha probado a criminales lo que se puede hacer para copar al enemigo. Si en Michoacán y Nuevo León se secuestra e incendia unidades de transporte para obstaculizar la movilización policíaca, en Veracruz se ha movido con el terror a la gente para que bloquee calles y avenidas.

Información y contrainformación

Por fortuna no hubo graves daños que lamentar, más allá de la incertidumbre, el miedo y, si se quiere, ausencias laborales inesperadas y suspensión de clases.

La lección dejada también puede servirle al gobierno estatal y federal. Un aspecto es que no informar oportunamente, en tiempo real, de lo que ocurre en materia del combate al crimen organizado resulta más negativo, porque los testigos lo harán sin el cuidado de una información oficial.

El discurso del ‘no pasa nada’, ‘todo está tranquilo’, ‘lo tenemos bajo control’ ya no se lo tragan ni los niños y jóvenes que ayer se vieron en las calles, celular en mano, porque muchos directores decidieron mandarlos a casa, pese a que estarían más seguro dentro de los planteles.

En grandes empresas y gobiernos desarrollados, la figura del ‘social manager’ ha cobrado una fuerza inusitada: es quien dialoga a través de las redes sociales sobre ofertas y discursos institucionales y es capaz de detectar situaciones anómalas que afectan la imagen de la organización para reaccionar de inmediato.

No lo hay en la estructura del gobierno de Veracruz. Es cierto que la Secretaría de Seguridad Pública cuenta con un área de policía cibernética, pero no se trata de perseguir y penalizar a los usuarios de redes sociales, a no ser que se pruebe dolo o intención delictiva, sino de contrarrestar los efectos de los falsos rumores mediante información precisa, oportuna y verificable. Decir lo contrario descalifica a la fuente informativa y sucede como en el cuento “Ahí viene el lobo”.

Ya hemos visto la infraestructura de comunicaciones de que se vale el crimen organizado: miles de ‘camellos’ trabajan para ellos, y la ola de violencia que aqueja al país (el mismo día atentaron con el Casino Royale en Monterrey con cifras aterradoras de muertos) se recrudecerá conforme vaya languideciendo el periodo sexenal de Felipe Calderón.

Los llamados a la participación ciudadana contra el crimen organizado tendrán efecto con una ciudadanía informada y responsable, y esa es parte de la labor comunicacional de las instancias de gobierno, muchas de las cuales usan las redes sociales solo para promover su imagen pública y sumar seguidores.

La información, como vemos, es otro campo de batalla… y es muy importante.