¿Cuál será el desenlace de la guerra?

Diversos analistas en materia de narcotráfico y crimen organizado no auguran buenas cosas para el país en materia de violencia. El recrudecimiento de la batalla entre bandas criminales por el control de territorios importantes, uno de los cuales es la zona portuaria de Veracruz, dibuja el escenario que todos ellos describen, sobre todo porque el desmembramiento de varios cárteles ha polarizado la pugna entre las dos más fuertes: el de Sinaloa y el de los Zetas.

La encarnizada guerra que libran ambas organizaciones no solo permite visualizar que los episodios de violencia desmedida se repetirán en los siguientes meses, sino que los campos de batalla se irán extendiendo hacia el centro y occidente del país, particularmente por la obtención de plazas tan importantes como Acapulco y Guadalajara, y algunos señalan que lo ocurrido en Boca del Río antes de la reunión de procuradores y magistrados de justicia forma parte de una estrategia encaminada a detener la expansión de los Zetas sobre el territorio dominado por la organización del Chapo Guzmán en la capital tapatía, donde ésta controla el mercado de las metanfetaminas.

De ahí que la creación del operativo conjunto Veracruz Seguro, anunciado el martes 4 de octubre en la ciudad de México en presencia del gabinete federal de seguridad y del gobernador Javier Duarte de Ochoa, en el que se contempla que las corporaciones de seguridad locales y federales y de las fuerzas armadas sean dirigidas por un mando único federal a cargo de la Secretaría de Marina-Armada de México, no constituya sino la acción consecuente a raíz de la gravedad de las cosas.

En la misma semana se anunció un operativo conjunto similar para el estado de Guerrero, particularmente para el turístico puerto de Acapulco, con mando único a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública, para atemperar una situación totalmente fuera de control y que ha hecho que miles de maestros no acudan a dar clases ante el temor de morir en el intento.

Como lo dijo y repitió Javier Duarte en su discurso y en todas las entrevistas que le hicieron en medios nacionales, lo que parece apuntar a una clara referencia a su antecesor en el gobierno veracruzano, lo novedoso no es que haya violencia, lo inédito es que haya voluntad para combatirla. Y tiene razón: con Fidel Herrera siempre se impidió el ingreso de las fuerzas federales a Veracruz, pese al gran crecimiento de la criminalidad, al grado de que ha quedado en el imaginario colectivo la idea de que hubo un pacto con las bandas.

El punto sobre el que pudo haber habido negociación con las autoridades federales es en la salida del Procurador Reynaldo Escobar Pérez, cuyas gravísimas pifias no solo han colocado en entredicho la calidad de la gestión de la justicia en Veracruz, sino que pudo haber inducido a que los resultados del operativo tengan una recepción negativa en los medios de comunicación nacionales e internacionales. De ahí que la salida de este funcionario, quien renunció por “motivos personales” el viernes pasado, no fue sino la confirmación de algo que entre líneas había anunciado el gobernador Duarte durante las entrevistas otorgadas a medios nacionales cuando se formalizó el operativo Veracruz Seguro: “hasta hoy”, dijo, sigue siendo Procurador, y nunca afirmó que seguiría siéndolo.

Percepción negativa sobre seguridad

En medio de esta incorporación de Veracruz a los operativos conjuntos que lleva a cabo el gobierno federal con los gobiernos locales que lo solicitan cuando se incrementan los niveles de violencia, la población del país sintió más inseguridad en septiembre que la que sintió en el mes precedente, según datos del INEGI, debido a los descensos en los componentes que dan cuenta de la seguridad personal.

Es muy posible que los datos específicos para el caso de la población de Veracruz en general, y más en particular de los habitantes de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, arrojen datos más deplorables. En los últimos meses, se sabe por referencias directas y por el descenso en el uso de los servicios turísticos de que se han quejado los empresarios del ramo, ha habido altos niveles de crispación y temor, de sensación de vulnerabilidad en la seguridad personal.

Los veracruzanos tendrán que estar preparados para las incomodidades derivadas de las acciones que emprendan los gobiernos federal y estatal con el operativo “Veracruz Seguro”, si bien los resultados pueden arrojar beneficios importantes en los niveles de seguridad.

 
Veracruz se ha unido, en efecto, al selecto grupo de territorios que han debido solicitar el apoyo federal: Baja California, Chihuahua, Frontera Sur, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Durango, Nuevo León y Tamaulipas. Que sea para bien.

Una disculpa… y a un lado

Mal empieza la semana para el que ahorcan en lunes, dice el refrán, y así, con una frase fúnebre, no queda hablar sino de la forma tan grotesca con que en Veracruz se aborda la tarea de procurar justicia cuando se trata de hacerlo en casos tan dolorosos como los asesinatos seguidos de dos periodistas veracruzanos o que ejercieron su ministerio informativo en la entidad, donde hallaron una muerte tan violenta como inexplicable.

Inexplicable para los simples mortales, claro, porque para el Procurador General de Justicia, Reynaldo Escobar Pérez, las cosas están más que claras, nítidas, incluso como si ya lo supiera de antemano, a decir de sus declaraciones apenas iniciadas unas indagatorias judiciales que pudieran parecer innecesarias cuando el abogado del Estado lo sabe todo.

Como se ha hecho costumbre en este país, todo crimen contra un periodista es, de inmediato, relacionado con cuestiones pasionales, pleitos largamente enconados y, ahora, por andar jugando con fuego enemigo, como lo hizo aparecer Escobar Pérez para el caso de Yolanda Ordaz de la Cruz, asesinada el 24 o 25 de julio, y segunda en la lista de periodistas de Notiver que este año han encontrado su fin en manos de sicarios, cuando ya no pueden defender su honor.

Que se quiera descartar el ejercicio de la libre expresión desde la labor periodística como posible motivo del homicidio o el rapto es algo a lo que, por desgracia, buscan acostumbrarnos tanto la PGR como la procuraduría local. Sucede lo mismo cuando se despliegan banderas blancas luego de fenómenos meteorológicos y a las muertes ocurridas durante los mismos se les busca otras motivaciones.

Lo grave es cuando se atribuyen nexos con la delincuencia organizada como motivo para el asesinato o desaparición de periodistas, como se ha hecho, por desgracia, en el caso de inocentes caídos durante refriegas que no les correspondían.

El caso ha dado la vuelta al mundo. No sólo nos queda el temor creciente entre los periodistas veracruzanos de que estamos a merced de los facinerosos sin que haya la mínima protección; además, podemos postmortem recibir el estigma de bandoleros agazapados tras la computadora o la cámara fotográfica, y la vergüenza de vivir en una sociedad donde todo se nos revierte.

Impunidad desconcertante

¿Qué surge luego de estas declaraciones? La impunidad, simple y llanamente. ¿Cuántos homicidios o secuestros de periodistas se han aclarado? Al parecer, ninguno. México se ha convertido en el país más peligroso para el ejercicio periodístico, sobre naciones en guerra como Afganistán.

Los asesinatos de Miguel Ángel López Velasco (Milo Vela), el 20 de junio, y de Yolanda Ordaz, ambos de Notiver, confirman las condiciones de alto riesgo en las que trabajan los periodistas en México pero, además, el alto grado de impunidad en casi todos los casos, según Omar Rábago, oficial del Programa de Libertad de Expresión y Protección a Periodistas de la organización Artículo 19: “Desde 2005 a la fecha, en Veracruz han ocurrido nueve asesinatos de periodistas en los que únicamente ha habido una sentencia, entonces eso también habla de unos niveles de impunidad altos”.

No aboga en mejorar esa percepción la declaración apresurada con que nos ha salido Raynaldo Escobar, que además impone altos niveles de estrés y temor en muchos otros periodistas del Puerto de Veracruz que se sienten objeto de sospecha oficial y persecución de criminales.

Decir que “se investigarán las versiones que señalan la presunta relación de comunicadores con la delincuencia organizada, lo que los coloca en una situación vulnerable, de peligro y riesgo personal y familiar", apenas unas horas después de hallar el cuerpo decapitado de la periodista, lanza una bola de humo que sitúa a periodistas y medios como colaboradores del bando criminal. Y no se vale.

Si está seguro de su aserto, ¿por qué no ha puesto a su gente tras esas líneas de investigación? Si lo sabe y no hace nada, ¿se puede pensar en complicidad por omisión?

Por eso, el que la Procuraduría General de la República se haya incorporado a las indagatorias, al menos permite pensar en que se actuará con mayor profundidad que lo que habría sucedido con una policía ministerial estatal prejuiciada como su jefe; aunque, a decir verdad, en el país tampoco se ha logrado mucho en esta materia.

¿Qué nos espera a los periodistas, ninguneados como nunca en Veracruz?

Los titubeos de Raúl

El rector Raúl Arias Lovillo ha andado muy errático en sus posiciones públicas en torno a temas que calan en el espíritu universitario.

El caso más grave, sin duda, ha sido su acelerón, freno y reversa en el caso de una manifestación universitaria de repudio por la ejecución del maestro José Luis Martínez Aguilar, alvaradeño, cuyo cuerpo se localizó calcinado hace más de una semana en calles del norte del Puerto de Veracruz.

La inicial adhesión y respaldo a la convocatoria se granjeó la simpatía de una comunidad universitaria que empieza a resentir los efectos de la violencia que ya lacera varias ciudades del estado, particularmente la zona conurbada de Veracruz-Boca del Río.

Pero el coatepecano tuvo que frenar y echar para atrás el auto no bien recibió una, supongo, respetuosa recriminación de importante oficina del gobierno estatal, para que atemperara su ímpetu contestatario, siendo du posición la de un funcionario público del más alto nivel.

Entonces emitió un extraño comunicado en que señaló que había recibido la promesa de parte gubernamental y de la Procuraduría General de Justicia, de que se actuaría con toda prontitud, agilidad y consideración para investigar el grave hecho delictivo y se daría con los culpables.

Pese a una enemistad de años, el ahora Procurador Reynaldo Escobar Pérez se movió rápido y acudió a Rectoría a presentar a Arias y su selecto grupo de confianza todas las garantías de que el caso se tomaría con especial interés por las instancias investigadoras y se daría con el o los asesinos. Fueron ofrecimientos, ciertamente contundentes, pero no resultados concretos.

Si Raúl se hubiera abstenido de sumarse públicamente a la convocatoria y, sotto voce, la hubiera respaldado, no hubiera tenido que hacer público una postura que a la postre le generó una retahíla de descalificaciones en las redes sociales. Pero lo hizo porque es impulsivo.

Ya vimos cómo se le compensó. El gobernador Javier Duarte, convertido en Presidente honorario del Patronato Pro UV, se comprometió a generar una nueva relación entre su gobierno y la casa de estudios, y eso estuvo muy bien.

Junto con el tuxpeño Roberto Hernández, cuya contribución a la universidad de su tierra debe ser muy interesante porque no la he entendido jamás, visitaron el cascarón de lo que Fidel Herrera siempre se jactaba que sería parte de la contribución veracruzana a la celebración de los centenarios, cosa de lo que se olvidaba tan pronto regresaba al helicóptero.

Renacerá la esperanza porque ahora lo dice Javier Duarte y a él se la creo más que a su antecesor: el gobierno estatal contribuirá para concluir la sala de conciertos de la UV, donde podamos escuchar a la Orquesta Sinfónica de Xalapa en un recinto decoroso y no a punto de colapsarse como el Teatro del Estado.

Rectores que resistieron

Al final de cuentas, Raúl Arias Lovillo caminó por las calles de Xalapa en la marcha que exigió justicia, pero no con la firmeza y rectitud con que lo hizo el ingeniero Javier Barros Sierra, rector de la UNAM, aquel 30 de julio de 1968, cuando en época aciaga lo declaró día de luto para la universidad porque se había violado su autonomía. Y se enfrentaba al presidente Gustavo Díaz Ordaz, que ya había dado muestras de represión y barbarie.

Ni siquiera tuvo el arrojo de quien fuera rector del privado Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, mejor conocido como Tec de Monterrey, Rafael Rangel Sostmann, a quien le tocó ver con rabia cómo miembros del Ejército mexicano cegaban en marzo de 2010 la vida de dos estudiantes de posgrado que caminaban por su campus porque los “confundieron” con delincuentes.

Aunque Rangel Sostmann renunció a su puesto en junio de 2010, su entereza le alcanzó para presentar en abril de ese año, ante el Senado, propuestas orientadas a que los militares que violen los derechos humanos sean juzgados por tribunales civiles y no por la justicia castrense, para evitar por supuesto que sean objeto de beneficios.

Ambos, a su medida, se enfrentaron al poder presidencial, en respuesta a situaciones traumáticas que afectaron a toda su comunidad.

Raúl no pudo sostener su inicial impulso solidario.

Ahora esperemos que se le cumpla lo que se le prometió: justicia para la familia del profesor José Luis Martínez Aguilar, y apoyar a la UV a proteger a sus miembros mientras se encuentren en las instalaciones universitarias.

¿Se mueven para la foto?

Mientras los secretarios del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano, y de Educación Pública, Alonso Lujambio, descuidan sus despachos para lanzarse en abierto a la búsqueda de adhesiones y simpatías que los coloquen en mejor posición a la hora en que el PAN defina quién será su candidato a la Presidencia en 2012, en Veracruz ya empieza a oler a pólvora electoral.

Acostumbrados a adelantar vísperas, como les enseñó el huésped principal de la residencia oficial de Los Pinos, las principales figuras del panismo en el estado no desaprovechan la ocasión para ventanearse, así sea en supuestos actos oficiales en que –con el pretexto de informar sobre programas federales– reúnen a sus huestes, se dan palmaditas en la espalda, miden fuerzas en el interior de su partido y lanzan mensajes de consuelo para sus competidores.

Primero lo están haciendo quienes buscan la candidatura al Senado de la República; después, vendrán los forcejeos por titularidades y suplencias en las diputaciones federales. Lo cierto es que del lado blanquiazul, las fichas están muy expuestas, mientras que del lado del PRI están haciendo su trabajo más socarronamente, por lo bajo, formando estructuras y buscando adhesiones en Palacio de Gobierno de Xalapa y en algunos puntos clave de la capital mexiquense.

Así, en tanto que el PAN sigue desdibujado en su dura aventura por mantenerse en Los Pinos, con muchachos que quieren mostrarse como chicos pendencieros, deseosos de agarrarse a trompadas mediáticas con el gobernador Enrique Peña Nieto, o ya por lo menos con el púgil tricolor Humberto Moreira, en Veracruz han empezado a saltar quienes se sienten con suficientes agallas para contender por el Senado y atraer votos suficientes como para ayudar a quien quede como candidato a la Presidencia.

Julen se siente seguro

La semana pasada, el exalcalde de Veracruz y actual coordinador general de Centros SCT, Julen Rementería del Puerto, lanzó el pañuelo y lo recogió convencido de que él será no sólo candidato al Senado sino ganador en la contienda.

Al encabezar la Cuarta Jornada Regional “Consolidación de Infraestructura Carretera”, realizada en instalaciones de la Apiver, hiló fino para atraer a sus seguidores, en una reunión en que más de uno de los asistentes poco tenía que ver con el tema.

Luego de la reunión, Julen se soltó con enjundia ante cámaras y micrófonos. No sólo dijo que aspira a la candidatura panista sino que ya prácticamente la tiene amarrada porque cuenta con el apoyo de más del 80 por ciento de los consejeros estatales de su partido.

Por supuesto, aclaró que todavía no empieza a trabajar en su proyecto, y poco faltó para que pusiera cara de inocente ante el anticipado alud de adhesiones. “Esa carretera comienza después del proyecto ejecutivo que estamos elaborando y comenzará esa carretera en enero; el derecho de vía ya lo estamos consiguiendo”, dijo con su coloquial apostura.

Ahí le hicieron el caldo gordo exalcaldes como Francisco Gutiérrez de Velasco, de Boca del Río, y Maurilio Fernández Ovando, de Medellín, así como el consejero nacional del PAN, Antonio Remes Ojeda, quien poco pudo hacer para justificar su presencia en una reunión oficial.

¿Qué dirán sus adversarios?

Habrá que ver qué dicen de este acto anticipado protagonizado por el exalcalde porteño, competidores suyos a la Senaduría por el PAN como el exdirigente estatal panista Alejandro Pipo Vázquez Cuevas, quien hace tiempo que, bajo la sombra, realiza un trabajo fuerte en las estructuras territoriales del PAN, y qué opinión le merece al exalcalde boqueño Miguel Ángel Yunes Márquez.

Candela pura es lo que está avivando Julen, lo que en última instancia permitirá colocar los reflectores políticos y mediáticos en el partido en el poder.

Y es que los posibles candidatos priistas, con más oportunidad de obtener el triunfo en los comicios del próximo año, se están moviendo sin mostrar abiertamente su aspiración al segundo puesto político en importancia.

Los nombres del dirigente estatal priista Héctor Yunes Landa (quien se mueve con toda la infraestructura por el estado y a quien se le ha prometido la posición), el diputado José Yunes Zorrilla (presidente de la comisión camaral de Desarrollo Social), Adolfo Mota Hernández (titular de la SEV), Reynaldo Escobar Pérez, Juan Nicolás Callejas y Alejandro Montano, entre otros, suenan fuerte para el próximo año.

Ya veremos.