En una o dos décadas, México podría convertirse en un país enfermo. Lo más grave: no habrá presupuesto que alcance para atender las enfermedades derivadas de un fenómeno creciente que ha colocado a nuestro país en el primer lugar mundial en obesidad infantil.
Las medidas apenas empezarán a aplicarse en agosto próximo en las escuelas de educación básica, consideradas como los principales espacios obesigénicos, siempre que las trasnacionales que producen y comercializan comida chatarra y bebidas ricas en calorías lo permitan.
Según la Asociación Internacional para el Estudio de la Obesidad (IASO), desde hace 15 años el gobierno mexicano tenía conocimiento del galopante crecimiento de la obesidad infantil y no actuó, en parte por las implicaciones políticas que le representaría afectar los intereses de las grandes empresas estadounidenses.
En efecto, el titular de la secretaría de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, ha reconocido que en los últimos 20 años la obesidad infantil se triplicó.
Según cifras de IASO, que reúne a miles de especialistas en obesidad de 56 países, y de la Organización Mundial de la Salud, casi un tercio de la población mexicana de entre 5 y 17 años sufre sobrepeso, y se estima que uno de cada tres nacidos desarrollará diabetes de tipo 2 a lo largo de su vida, con el riesgo de padecer enfermedades coronarias, hipertensión, infarto, artritis y ciertos tipos de cáncer.
El presidente de IASO, Philips James, no se anda por las ramas:
“Es una tragedia lo que está ocurriendo en México. Está demostrado que la obesidad le quita 10 años de vida a los niños cuando llegan a jóvenes adultos. No hay gobierno en el mundo que tenga el presupuesto para hacer frente al enorme costo causado por la epidemia de obesidad infantil que está sufriendo México”.
Para atacar este grave problema deben ponerse en acción muchas voluntades, si bien la intervención gubernamental es fundamental para promover un gran movimiento ciudadano que atienda esta grave epidemia. Y digo que es importante la intervención estatal porque deben tomarse medidas regulatorias que impidan el envenenamiento de nuestra población infantil en aras de un capitalismo salvaje.
Los padres de familia deberán tomar una acción decisiva en varios frentes: en primera, evitar que en las loncheras, los niños lleven este tipo de alimentos desde casa; también, vigilar que en las escuelas se eliminen aquellas bebidas y productos comestibles que vulneren la salud de los estudiantes, y educar a sus hijos sobre las consecuencias de los nuevos hábitos de consumo.
El gobierno deberá acordar con las empresas medidas determinantes para reducir los contenidos altamente calóricos de sus productos; vigilar que en las escuelas se reduzca, si bien de manera paulatina, la oferta de estos productos; evitar la publicidad agresiva que condiciona el consumo de estos productos entre niños y jóvenes; realizar campañas promocionales que hagan patente los riesgos sanitarios del consumo de estos productos, entre otras medidas.
Es, en efecto, una tarea enorme que debe acometerse colectivamente, casi con la misma intensidad con que se combate al crimen organizado, con la diferencia de que sólo causará bajas en las enormes ganancias de las empresas. (Continuará)
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