Un gobierno fatídico para la economía

No fue necesario el fin de la administración de Enrique Peña Nieto en 2018, el primer gobierno priista luego de 12 años de presidencias panistas, para caer en un desastre económico, como había sido la tónica en los gobiernos tricolores desde el fin del sexenio de José López Portillo, atenazado por la fuga de capitales, la devaluación del peso a grados superlativos y una inflación galopante que puso a todos los mexicanos al borde de la peor miseria.

Ya era costumbre que, al final de los sexenios priistas, la devaluación del peso y la inflación rompiera la posibilidad de lograr un desarrollo sostenido; millones de familias se hundían prácticamente en la mendicidad y se empezó a leer la historia de México por décadas perdidas.

El terremoto de 1985, previo al último año de Miguel de la Madrid, puso en jaque la economía mexicana. Toda la inversión pública federal programada para diversas regiones del país fue cortada de tajo para enfrentar la enorme tragedia que representó para la capital mexicana un fenómeno natural que enlutó al país.

Carlos Salinas de Gortari, electo en medio del más claro y monstruoso fraude electoral, palió en sus primeros años la profunda crisis económica no solo con golpes políticos, como el encarcelamiento del líder petrolero Joaquín Hernández Galicia, La Quina, sino con un endeudamiento considerable que permitió un déficit presupuestal de 3.7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), aunque al año siguiente lo redujo a 1.9 por ciento.

Con él, la venta de todas las empresas en manos del Estado permitió que fueran a parar a individuos que hoy lucran incluso a costa del Estado que les dio posibilidad de incrustarse en las listas de Forbes.

El advenimiento de Ernesto Zedillo Ponce de León, quien sustituyó en plena campaña presidencial al asesinado Luis Donaldo Colosio Murrieta, puso de inmediato en jaque el castillo de naipes con el que Salinas hizo creer a todos los mexicanos sobre nuestra duradera estancia en el grupo de países en desarrollo. Economista duro, Zedillo hizo malabares, luego del denominado “error de diciembre” de 1994, con medidas que nos abrieron las puertas al infierno del desastre económico y logró, con un déficit promedio de 0.6 por ciento durante su gobierno, recuperar la estabilidad.

Tanto Vicente Fox Quesada como Felipe Calderón Hinojosa, los dos presidentes panistas, promediaron 0.4 y 1.7% del PIB del déficit presupuestal, si bien solo se interesaron en mantener estables las cuentas públicas y la macroeconomía, sin que ello se expresara en una mejor condición de vida para millones de mexicanos que se mantuvieron en la línea de flotación, lo que quiere decir que muchos sobrevivieron pero otros tuvieron que pasar a mejor vida.

La noticia en el mundo era la estabilidad económica de México y las enormes posibilidades de crecimiento que, con reformas estructurales, harían detonar la economía a grado tal que el nombre de nuestra nación se ubicaría entre las BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) como parte de las economías emergentes que estaban llamadas a sustituir a las tradicionales potencias económicas del mundo o, al menos, a igualarse con ellas.

CRECERÁ EL DÉFICIT PÚBLICO

Pero nones para los comelones. Según un estudio del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, las cosas se podrían poner color de hormiga y promediar para el sexenio peñista el más alto déficit presupuestal de las últimas tres décadas. En efecto, según las previsiones del propio gabinete, si en 2014 se programa incurrir en un déficit del 3.5% del PIB, la tendencia en los siguientes años no apuntan a recuperar un endeudamiento público sano, pues para 2015 se calcula un déficit de 3.0% y en 2016, de 2.5%. Y a ello habrá que agregar el déficit calculado para el año que corre, que será de 2.4%.

Contra lo previsto por el equipo económico del gobierno federal, 2013 ha sido fatídico. En primer lugar, las expectativas de crecimiento han descendido en caída libre, al grado de estar hablando en estos días de que México ha entrado en periodo de recesión.

Las inversiones extranjeras directas no llegan en la medida en que estaban sentadas las expectativas no bien se difundieran las reformas estructurales; la inflación, sobre todo en el sector primario, ha hundido las posibilidades para que el sector emprendedor permita dinamizar la economía; la recaudación fiscal irá a la baja, sobre todo a partir de la enorme catástrofe natural que representa el paso de Ingrid y Manuel por territorio nacional y, encima, los países en desarrollo ven con la ceja levantada las dificultades para que se apruebe una reforma energética que incluso ven tibia para lo que esperaban.

En los Criterios Generales de Política Económica, el gobierno federal considera que gastar más allá de los ingresos presupuestarios puede ser útil para hacer crecer la economía. “El nivel de déficit propuesto contribuirá a mitigar el efecto recesivo de corto plazo sobre diversos sectores de la economía mexicana”.

Y agrega el documento: “Este déficit permitirá un estímulo contracíclico para apoyar a la economía y al empleo, al tiempo que permitirá invertir de manera decidida desde ahora para alcanzar los frutos de las reformas estructurales lo antes posible”.

Las desgracias no vienen solas. El país está prácticamente en crispación social. Las protestas del magisterio dañan severamente las economías de escala; los fenómenos meteorológicos, según análisis de la propia Secretaría de Gobernación, han provocado un desastre mayor que el terremoto de 1985, y no solo habrá una merma importante en el universo de contribuyentes (muchos de los cuales han quedado en la ruina y sin negocio), sino que además durará un buen tiempo lograr la recuperación de las economías regionales afectadas.

Si las declaraciones hechas a favor de la reconstrucción nacional son ciertas, se requerirá una inversión mayúscula para permitir a millones de damnificados recuperar sus viviendas o sus negocios. Ya hemos visto que si esos recursos no son bien vigilados en su aplicación, a quienes ayudan es a nuestros voraces políticos estatales y municipales.

Por eso, no debe sorprender que el presidente más criticado en materia de formación académica y cultura general haya dado visos de dónde sacará recursos para afrontar los compromisos. De entrada, restarle a la cultura y las artes una buena tajada de 4 mil millones de pesos en 2014, que no se recuperará. Habrá que ver cómo le va a ciencia, tecnología e innovación, pero es casi segura que no se cumpla la previsión de dotarle de al menos el 1 por ciento del PIB.

               

CORRUPCIÓN Y NEGOCIOS PÚBLICOS

Dice la izquierda mexicana (y dice bien) que lo que no tocará Enrique Peña Nieto es la enorme corrupción que merma todo intento por lograr el crecimiento económico.

Tras la detención de Elba Esther Gordillo Morales por diversos delitos, lo que permitió tener de aliado al SNTE en la denominada reforma educativa, no ha habido una señal que permita, ya no digamos la detención del corrupto líder petrolero Carlos Romero Deschamps, actual senador priista, sino incluso romper con las multimillonarias transferencias financieras al sindicato desde Pemex.

La propuesta de reforma energética no toca con el pétalo de una flor el poderío de una organización criminal, disfrazada de organismo gremial, que sigue succionando alegremente los ingresos del país por las exportaciones petroleras.

Lo más grave es que el propio Poder Legislativo, que incluye a todos los partidos políticos, es partícipe de la corrupción, lo que hace que los contribuyentes cautivos estemos en desacuerdo con los nuevos impuestos que se afinan en la reforma hacendaria.

Un Veracruz extremadamente vulnerable

Puente Misantla (Foto: Jorge Parra)

Las copiosas lluvias dejadas por los fenómenos meteorológicos recientes, como el huracán Ingrid, que nos ha mantenido a resguardo desde la semana pasada, han mostrado la enorme vulnerabilidad de todas las regiones veracruzanas. Ahí donde los ríos y arroyos de respuesta rápida han llevado a la bancarrota a pequeños negocios y ha dejado sin mobiliario a los pobladores, también se han resentido graves pérdidas en la agricultura y la ganadería y, lo peor, ha sepultado a más de dos decenas de personas bajo toneladas de rocas, lodo y agua.

Aunque se alaba la efectividad del sistema estatal de protección civil, lo cierto es que en algunas regiones, particularmente en las áreas de San Rafael y Misantla, se reprocha a los gobiernos estatal y municipales la ausencia de alertas oportunas para que la población pusiera a buen resguardo sus pertenencias por los efectos de la tormenta tropical Fernand; de hecho, cuando se dieron cuenta los pobladores, la fuerza del agua y el lodo había borrado en horas de la madrugada años de esfuerzos en casas y negocios.

Muchos alcaldes ven con desdén sus obligaciones públicas y prefieren disfrutar los recursos del erario a unos meses de dejar las mieles del poder. En la mayoría de los municipios, sus habitantes tienen que vérselas solos para enfrentar los desastres y han optado por utilizar las redes sociales para avisarse mutuamente las previsiones meteorológicas, así como para llevar a cabo las acciones solidarias para defenderse de los efectos que dejan las lluvias.

Veracruz enfrenta, ciertamente, los efectos de la devastación que ha resentido la naturaleza. Durante décadas se han explotado sin control los bosques en las cuencas de los ríos, la mayoría de los cuales tienen saturados de tierra sus cauces y no ha habido una sola política pública de gran envergadura que permita no solo desazolvar a medias algunas áreas sino abrir las embocaduras de dichos ríos cuando salen al Golfo de México.

Para mayor desgracia, el Gobierno del Estado sigue sufriendo la grave escasez de recursos, derivada del expolio a que fueron sometidas las arcas públicas durante los más recientes gobiernos, particularmente el que encabezó Fidel Herrera Beltrán, quien no solo no dejó un quinto en la hacienda estatal sino, por el contrario, dejó una deuda prácticamente inmanejable que, a más de dos años, sigue teniendo atado de manos a la actual administración.

LA POLÍTICA, EL MAYOR DESASTRE

Tanto en la entidad como en el país, la politización de los asuntos prioritarios para nuestro desarrollo ha dado al traste con cualquier tentativa de progreso. La secuencia de los procesos electorales ha llevado a la simulación, a priorizar la compra de conciencias mediante la reserva de políticas y acciones indispensables pero políticamente riesgosas, a evitar la aplicación de la ley si con ello se logra la adhesión en las urnas de quienes la infringen, a utilizar alegremente los recursos públicos a favor del partido en el poder y del sometimiento de los partidos y dirigentes sociales que lo respaldan.

Así, no hay dinero que alcance para hacer lo que la entidad necesita. Tampoco, voluntad política para revertir los efectos de la naturaleza que se ceba con quienes la hemos destruido, para evitar los miles de desastres familiares, los duelos que se repiten con cada fenómeno meteorológico, el terror a perderlo todo tan pronto nos enteramos que una depresión tropical amenaza con chocar en nuestros litorales.

Y es que, a diferencia de hace algunas décadas, no hace falta el impacto frontal de un huracán en nuestro territorio para esperar lo peor. Una tempestad aislada o un aguacero duradero son suficientes para que los ríos y arroyos se desborden y se lleven nuestras pertenencias, destruyan nuestros sembradíos, acaben con nuestra ganadería, destruyan nuestros caminos y puentes, hagan inservibles nuestras escuelas o desaparezca moniliario y equipo de clínicas de por sí miserables e ineficientes.

¿QUÉ NOS DEPARA EL FONDEN?

Prácticamente, nada. Sin una contraloría social que permita ejercer una vigilancia puntual a la aplicación de los recursos derivados de la declaratoria de desastre natural, nunca se sabe si llegaron de la Federación, en qué monto y para qué acciones.

Por todos los rumbos de la entidad, decenas de miles de damnificados de huracanes como el Karl hace 3 años siguen preguntándose de qué manera se les iba a apoyar y han debido salir de sus desgracias sin ayuda de nadie; caminos y puentes destruidos siguen como banderas de la corrupción de los últimos años de gobierno, sin ser reparados; pequeños empresarios que han debido abandonar sus negocios y dedicarse a empleos mal pagados.

Para colmo, los funcionarios estatales, como los actuales, engañan con la monserga de que para la agricultura y la ganadería, las lluvias han sido benéficas; que se ha movilizado maquinaria para remediar los daños en caminos y puentes, aunque solo lo hagan en aquellos indispensables para la circulación estatal, pero no para los pequeños poblados que han regresado un siglo, a cuando no tenían vías de comunicación para sacar su producción y, en muchos casos, ni para el tránsito de personas.

Lo más grave sucede cuando se han perdido vidas humanas. Es cierto que la nueva ley de estatal Protección Civil prevé la prohibición de construir desarrollos urbanos en áreas de riesgo e, incluso, contempla sanciones para quienes promuevan esos asentamientos o para las autoridades que, con la dotación de servicios públicos o el reconocimiento de la legalidad de los poblamientos, permitan el arraigo de miles de necesitados de vivienda en lugares donde corren permanente peligro de ser afectados por cualquier aguacero.

Por desgracia, no hay una política pública destinada a la creación de reservas territoriales seguras para propiciar asentamientos humanos legales y seguros, con posibilidad de dotarles de los servicios públicos indispensables sin necesidad de erogaciones multimillonarias. Si esto no ocurre en las grandes ciudades de la entidad, mucho menos en pequeños poblados y comunidades, donde el crecimiento demográfico ha obligado a miles de veracruzanos a levantar sus precarias viviendas en o bajo cerros que en cualquier momento pueden ser su sepultura, como en menos de un mes ha ocurrido en los municipios de Tuxpan, Yecuatla y Altotonga.

Lo más grave es que, con ello, Veracruz va perdiendo aliento. La ya de suyo pobre infraestructura urbana y de comunicaciones se va destruyendo y, en contrapartida, no hay obra nueva que permita tener la ilusión de que vamos progresando.

¿Cuándo se recuperará la normalidad en cientos de comunidades afectadas? El tiempo la sanará, junto con el esfuerzo de los afectados.

¿CÓMO MEDIR EL RETROCESO?

Al menos como ejercicio interno de evaluación, si no se quiere prodigar datos que sirvan para calificar su grado de ineficiencia, los gobiernos federal y estatales, incluso desde la base municipal, debieran construir indicadores que permitan determinar los efectos negativos de cada uno de los fenómenos destructivos, sean meteorológicos o de otra índole, que permitan definir políticas públicas orientadas a restablecer las condiciones básicas en materias tales como equipamiento urbano, infraestructura de comunicaciones, servicios públicos (agua, luz, drenaje, vialidad urbana), educación, salud, desarrollo económico y producción primaria, para restablecer en un tiempo perentorio los grados de bienestar de la población afectada.

Es común observar tanto a las instancias de gobierno como a las organizaciones filantrópicas y la sociedad civil, realizar acciones a tontas y a locas a favor de los damnificados, sin atacar adecuadamente aquellas áreas de mayor impacto, sea porque fueron los más afectados o porque se requieren para reactivar la economía.

Y es que la desgracia dura meses e, incluso, años. Los afectados por un desastre natural no son solo los que sufren la inundación de sus viviendas sino también aquellos que, sin haber tenido esa calamidad, se quedan sin empleo, no logran vender sus mercancías, tienen anegados sus sembradíos y perdieron la cosecha o se retrasará el corte de sus productos, o están intransitables sus pastizales y han perdido su ganado, y quienes vieron cómo el agua destruyó su comercio o su pequeña industria.

Pasan semanas e, incluso, meses, y muchos deben emigrar para obtener la alimentación de sus familias. El otorgamiento de despensas sirve de poco si no tienen estufa y enseres domésticos; las cocinas militares apaciguan el hambre en los momentos más críticos de la desgracia, pero no pueden dar el servicio más allá de la contingencia.

De poco sirve la acción de los consejos de protección civil si no se reactiva la economía, se restablecen las vías de comunicación, se otorgan créditos blandos para recuperar los negocios o los sembradíos, si no se llevan a cabo programas emergentes de empleo temporal para que circule el dinero y se recuperen las comunidades.

Además, la información sobre los efectos nocivos de las catástrofes naturales serviría para elaborar programas específicos de remediación, mediante la reorientación del gasto público originalmente destinado a otros programas, para atender la emergencia, no desde el punto de vista filantrópico de dar techo y comida en lo que dura la inundación, sino para que se logren levantar los veracruzanos afectados.

  

Mujer que sabe latín

Sara Ladrón de Guevara, primera Rectora de la UV.

La designación de la doctora Sara Ladrón de Guevara González como la próxima rectora de la Universidad Veracruzana marca varios hitos. Será la primera mujer al frente de una institución que, ya en su rectorado, cumplirá 69 años el próximo 11 de septiembre, es decir, casi siete décadas gobernada por hombres. 

Aunque el insigne tlacotalpeño Gonzalo Aguirre Beltrán, rector de la UV de 1956 a 1963, es reconocido mundialmente como un estudioso de la antropología (no hay que olvidar que, a partir de su trabajo, empezó a tomarse como tema de estudio la negritud en México, la interculturalidad y las primeras políticas públicas en materia de educación indígena), en sentido estricto, Sara será la primera egresada de Antropología que toma las riendas de la casa de estudios. Aguirre Beltrán se recibió de médico cirujano y hasta trabajó como biólogo, mientras desarrollaba sus preocupaciones intelectuales más sentidas: el estudio de los pueblos negros e indígenas.

Sara, en efecto, pasará de la dirección del Museo de Antropología de Xalapa (MAX) a la rectoría, y sus estudios han sido la licenciatura en Antropología con especialidad en Arqueología en la UV, maestría en Historia del Arte y Arqueología en la Universidad de París I La Sorbona y doctorado en Antropología en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Desde mi punto de vista, otro hito ha generado la decisión de la Junta de Gobierno: ha nombrado a una universitaria cabal que nunca se mezcló en los grupos de poder que dominan el horizonte de su casa de estudios y fue respaldada por muchos académicos de a pie, esos que hacen posible la cátedra y, sobre todo, la investigación en la UV.

Sara Ladrón de Guevara, por tanto, podrá disponer libremente de su equipo de trabajo y todos esperan que lo haga pensando en el futuro académico de la Universidad Veracruzana.

¿POR QUÉ SARA LADRÓN DE GUEVARA?

En mis comentarios publicados el pasado 12 de agosto, cometí unas pifias pero rescaté un acierto. Al exponer cuál era mi previsión sobre a quiénes elegiría la Junta de Gobierno para la terna (si bien precisé que podrían ser cuatro o más, y fue quintilla), señalé:

“Según mi humilde pronóstico, la terna estaría conformada, además de (Víctor) Arredondo y (Porfirio) Carrillo, por una de las tres mujeres inscritas. Aunque muchos opinarían que esta sería la maestra Leticia Rodríguez Audirac, en lo personal considero que, por más méritos académicos, la elegida podría ser la doctora Sara Ladrón de Guevara, quien ya fue Secretaria Académica y goza de enorme prestigio en la antropología nacional.”

Hasta ahí mi comentario de aquella fecha. Una pifia se refiere a la inclusión de Víctor Arredondo, quien fuera descartado por la junta de Gobierno en medio de un gran escándalo mediático en el ámbito estatal. El acierto, considerar en esa lista a Sara Ladrón de Guevara (también a Porfirio Carrillo, pero no tenía mérito porque era natural que así fuera). Lo hice pensando en el grupo de los ocho restantes. Fallé también al descartar a la maestra Leticia Rodríguez Audirac, amén de Francisco Monfort Guillén y Manlio Fabio Casarín León. Así es esto del abarrote. 

Que la doctora xalapeña sea la primera rectora, además de incorporar a la UV a una tendencia de la que había estado alejada por décadas, permitirá un enfoque eminentemente académico al desarrollo universitario. Eso no quiere decir que la todavía directora del MAX no tenga capacidad política, sino que su desarrollo profesional se ha caracterizado por dedicarse a la investigación y a la administración académica.

La vida está llena de paralelismos. Tanto el rector que sale como la que viene tienen en común haber sido secretarios académicos en el rectorado de Víctor Arredondo. Fue Sara secretaria académica en el primer período y le dio paso a Raúl Arias Lovillo para la segunda gestión. Ahora le corresponderá a Raúl regresar la cortesía: le entregará la estafeta en la rectoría.

En la propuesta presentada ante la Junta de Gobierno, Sara plantea apegarse al Plan General de Desarrollo 2025, aprobado en 2008 por el Consejo Universitario General, y que considera como ejes un sistema universitario en red, innovación educativa, construcción de un sistema universitario de gestión por calidad, internacionalización como cultura académica, orientarse hacia una universidad sostenible, planeación y desarrollo sustentado en la academia, fortalecimiento de la planta académica, atención integral de los estudiantes y una gestión democrática y con transparencia.

Creo que la antropóloga tiene una gran oportunidad en sus manos y que sabrá aprovecharla. Por otra parte, con esta decisión, la UV puede vivir una transición de confort, lo que difícilmente hubiera ocurrido si la Junta de Gobierno se hubiera enfocado por quienes eran identificados como los respaldados por el rector.

LAS RELACIONES DE LA UV CON EL GOBIERNO

Un punto que, sin afectar la autonomía universitaria, ha sido mencionado con mucha insistencia por el gobernador Javier Duarte es el de la estrecha colaboración entre la estructura estatal y la universitaria. 

Ya lo comentaron quienes lo oyeron que el gobernador se ha referido a la colaboración que hubo entre el Gobierno del Estado y la UV, cuando estaban Miguel Alemán y Víctor Arredondo, y que al parecer no ha sido muy posible durante el rectorado de Raúl Arias Lovillo, quien convirtió a la casa de estudios en su Isla de Gilligan.

El mismo martes 27, desde San Rafael (a donde acudió con su esposa Karime Macías a evaluar los daños e instruir para atenuarlos), el gobernador Duarte se enteró de la decisión de la Junta de Gobierno y envió su pública felicitación a Sara Ladrón de Guevara.

 
Según el comunicado oficial, Duarte “dijo tener la certeza de que la doctora Ladrón de Guevara González hará un gran papel al frente de la Universidad Veracruzana, pues cuenta con una destacada trayectoria académica y profesional, y ha participado de forma activa en el desarrollo de la vida institucional de la UV en los últimos años. Señaló que en esta nueva etapa, el Gobierno de Veracruz y la Universidad Veracruzana mantendrán “una estrecha relación de trabajo y de éxitos” para que la UV se posicione como una universidad de excelencia”. 

Ambas instancias se necesitan, y la doctora Ladrón de Guevara seguramente lo sabe y lo sabrá potenciar, manteniendo a salvo la autonomía universitaria.

¿A quién quieren engañar en la UV?

 Es una verdadera lástima que el proceso de selección de rector de la Universidad Veracruzana esté marcado con una ominosa sombra de duda sobre la honestidad y la transparencia con que las autoridades universitarias se han comportado, en aras de imponer a un predilecto del grupo.

Me extraña del doctor Porfirio Carrillo Castilla, a quien conocí hace varios años, y cuya honestidad no dejaba lugar a suspicacias, cuando como científico estaba muy interesado en impulsar la difusión de la ciencia y la tecnología, no solo a través de los medios de comunicación universitaria, sino de aquellos que llegaban al gran púbico, con lo que se buscaba coadyuvar a la distribución social del conocimiento. 

Pero el cenáculo enrarece. 

El grupo de poder del que es cofrade, ya se ha visto, se empecina en colocarlo a como dé lugar, así se apliquen en su favor las estrategias del más torpe proselitismo, sin argumentos para convencer sino haciendo gala de procedimientos de coerción o de desvergonzada compra de conciencias, mediante el inefable recurso de otorgar prebendas académicas.

Que en el impulso de ese mecanismo haya sido identificado hace varios meses al diputado Enrique Levet Gorozpe, líder a su vez del sindicato del personal académico, no es cosa que sorprenda ni al más despistado analista. Con 16 años en las mieles del poder sindical, Papo Levet no ha sufrido siquiera una cuarta parte del repudio que, por eternizarse del mismo modo, recibió Eloína Vargas, quien falleciera con las bridas del SETSUV fuertemente jaladas por su mano poderosa.

En el proceso de auscultación que la Junta de Gobierno concluye esta semana, no ha faltado la cargada. Es deseable que los miembros de la Junta identifiquen maniobra tan burda y la neutralicen. 

Lo realmente lastimoso para la universidad y los universitarios (que nadie deja de serlo incluso después de partir de sus aulas) es que las actuales autoridades universitarias se prodiguen con un cinismo de antología y que en sus declaraciones no solo confirmen la especie sino traten como inocencias párvulas a las mentes brillantes que forman o son formadas en la casa de estudios.

Está por definirse la terna para rector

El viernes de esta semana, la comunidad universitaria y la opinión pública sabrán quiénes componen la terna que hará más adecuada la designación de rector. Y digo terna, si bien pueden ser dos  o cuatro. Lo cierto es que se estila que sea una terna.

¿Quiénes, de entre los 10 académicos que se registraron, tienen realmente posibilidades para ser rector? En principio, todos tienen derecho y posibilidades, pese a que se orquesta una ruidosa campaña en contra de Víctor Arredondo por el supuesto de que legalmente no tendría derecho, habida cuenta de que ya fue rector y fue reelecto, argumento jurídico que ya ha sido desechado pues, de otra manera, ni siquiera habría sido aceptado como candidato. 

Pero como se dice en toda competencia, habrá que elegir primero a tres y, al final, a uno.

Según mi humilde pronóstico, la terna estaría conformada, además de Arredondo y Carrillo, por una de las tres mujeres inscritas. Aunque muchos opinarían que esta sería la maestra Leticia Rodríguez Audirac, en lo personal considero que, por más méritos académicos, la elegida podría ser la doctora Sara Ladrón de Guevara, quien ya fue Secretaria Académica y goza de enorme prestigio en la antropología nacional.

Ya hablaremos después quién tendría más méritos entre aquellos por los que se decante la Junta de Gobierno.

Los diez para la Universidad Veracruzana

Dr. Raúl Arias Lovillo

Está en marcha la primera fase del proceso de selección del rector que estará al frente de la máxima casa de estudios de Veracruz entre septiembre de 2013 y agosto de 2017, en sustitución del doctor Raúl Arias Lovillo, quien a finales de agosto prácticamente cumplirá nueve años en el puesto.

Diez académicos se han inscrito para estar en posición de ser evaluados por los ocho integrantes de la Junta de Gobierno de la UV (luego de la renuncia de la doctora Julia Tagüeña Parga), quienes definirán de entre ellos a una terna. Los elegidos para la última fase de designación podrán presentar in extenso los planteamientos que ya presentaron al momento de inscribirse, muchos de los cuales huelen a raudos esbozos escritos de prisa y sin mucho análisis de la realidad universitaria.

Por orden alfabético, los que buscan gobernar a la UV son Rafael Arias Hernández, Víctor A. Arredondo Álvarez, Porfirio Carrillo Castilla, Manlio Fabio Casarín León, Sergio Natan González Rocha, Sara Ladrón de Guevara González, Clara Celina Medina Sagahón, Marcelo Francisco Monfort Guillén, Homero Vladimir Ríos Figueroa y Leticia Rodríguez Audirac.

Siete hombres y tres mujeres buscarán convencer no solo a los integrantes de la Junta de Gobierno para cruzar la línea y estar en el paso previo a lograr ser rector o rectora; también buscarán respaldos en cuerpos académicos, investigadores y estudiantes.

De ellos, el 20 por ciento tiene solo estudios de maestría (un hombre y una mujer) mientras que el 80 por ciento restante tiene estudios de doctorado (2 mujeres y 6 hombres).

De los que ostentan el máximo grado académico, solo uno realizó sus estudios en un programa de posgrado impartido por la Universidad Veracruzana; tres lo hicieron en la UNAM y tres en universidades del extranjero (de Estados Unidos, Francia e Inglaterra). Los dos restantes lo hicieron, una, en una universidad privada del país, y el otro, nada menos que en la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV), con las dudas que se ciernen sobre ese proyecto inflado por el profesor y licenciado Guillermo Zúñiga Martínez.

Hay al menos tres que se han presentado en al menos uno de los anteriores procesos de selección de rector. Destacan, por supuesto, la odontóloga pozarricense y exdiputada local Clara Celina Medina Sagahón, quien si no mal recuerdo se ha presentado a todos los procesos, y el maestro Rafael Arias Hernández, quien en el documento de sus planteamientos señala, en un tono casi poético: “Por tercera vez en casi ocho años, es necesario participar para hacer presentes puntos de vista no escuchados, propuestas no atendidas e ideas ignoradas, total o parcialmente, en un ámbito en donde se supone, se respeta y alienta razón y derecho, libertad y creatividad”. El otro es Francisco Montfort Guillén, si mi memoria no me falla.

¿Qué plantean los candidatos a la rectoría?

Dr. Porfirio Carrillo Castilla

Los documentos presentados muestran una marcada asimetría en cuanto al conocimiento de la realidad universitaria. Los enfoques se multiplican: varios dan como prioridad los aspectos políticos, la democratización de la universidad, el énfasis en los temas de transparencia.

Otros se ven opacados por una larga permanencia en las aulas y en cargos medios de la administración universitaria o en la dirección de centros docentes y de investigación, lo que les impide ver el bosque en su conjunto. Hay quienes solo arrojan ideas sueltas, luego de señalar a otros grupos universitarios de tener controlado el poder en la casa de estudios, sin ofrecer una ruta clara e innovadora que permita a la UV seguir creciendo o recuperar el crecimiento, según se considere la situación por la que atraviesa la casa de estudios.

Por último, al menos dos de los documentos consultados presentan elementos de evaluación no solo respecto de la universidad sino de la realidad de la educación superior en el país y en el mundo.

Y estos dos pueden ser los más fuertes contendientes. Por un lado, el actual secretario Académico, Porfirio Carrillo Castilla, quien tiene el problema de no poder ir al fondo de su proceso de análisis crítico porque forma parte del problema, y por el otro, el exrector Víctor Arredondo Álvarez, quien por el contrario presenta datos muy severos de la situación actual de la UV, a la luz de un fuerte contraste entre los datos duros arrojados por la UV y los indicadores nacionales.

Desde mi punto de vista, son ellos los que pueden atraer la atención de la comunidad universitaria, en los que se centre incluso una batalla entre el grupo del actual rector Raúl Arias Lovillo, quien recientemente se calificó como el mejor rector, el que más ha dado lustre a la casa de estudios (un poco en la tesitura de Vicente Fox Quezada, quien se ve mejor presidente incluso que Benito Juárez), y el grupo que le precedió, el de Víctor Arredondo, al que por cierto perteneció y ello le valió ser rector.

¿Avanzó o se estancó la UV?

Dice el dicho que alabanza en boca propia es vituperio, y eso parece que le ha ocurrido al rector Raúl Arias Lovillo, quien se mandó diciendo que su administración había superado a todas las anteriores, incluyendo la de dos reconocidos rectores como Roberto Bravo Garzón y Víctor Arredondo.

¿Qué observa este último, experto en educación superior y estudioso del fenómeno educativo desde una perspectiva internacional? Con su diagnóstico, no solo echa por tierra los decires de Arias Lovillo, sino pone en entredicho al doctor Porfirio Carrillo Castilla, su más fuerte rival, porque señala datos que no ayudan mucho a suponer como ciertos los supuestos logros de la gestión que fenece, ni en docencia ni en investigación.

En el primer tema, pese al reconocido crecimiento de la matrícula y la ampliación de la oferta académica, para Arredondo ello “no repercutió favorablemente en sus indicadores de desempeño escolar: el índice promedio de eficiencia terminal en la UV muestra una tendencia lineal a la baja (actualmente es sólo del 40%, 30 puntos abajo del promedio nacional)”.

Dr. Víctor A. Arredondo Álvarez

Agrega que el 30% de los alumnos del Área de Formación Básica del Modelo Educativo Integral y Flexible (MEIF) “se encuentra en situación de riesgo académico porque se han reinscrito en su segunda, tercera y última oportunidad, al no aprobar sus asignaturas correspondientes”.

La oferta académica se multiplicó pero sigue concentrada en estudios de licenciatura, que representa el 80% del total. “Además, a diferencia de la mayoría de las universidades, sólo el 53% de sus programas de licenciatura (90) tienen un nivel de calidad reconocida, el 49% de sus programas de posgrado se encuentran en el Padrón Nacional de Calidad del CONACYT (66 de 132) y sólo el 14.9% de sus cuerpos académicos (26 de 182) se encuentran registrados como consolidados”. Ello, señala, “ha significado una pérdida de competitividad y, por consiguiente, una reducción en su generación de fondos basados en el desempeño institucional”.

Contra el optimismo ariaslovillista, Arredondo pondera a la UV en el ámbito nacional, entre 2003 y 2011, justo el periodo del actual rector, y señala lo siguiente: en cuanto al porcentaje de programas en el nivel 1 de los CIEES, pasó de la posición 12 a la 21; en el de programas acreditados por COPAES, pasó del lugar 14 al 29; en el de programas de calidad, pasó del 9 al 25; y en el de la matrícula asociada a programas de calidad, del lugar 17 al 33”.

Universidades de su tamaño, agrega, “han superado a la UV en su competitividad académica y, en consecuencia, en la obtención de recursos. A tal grado, que logran recibir entre un 25% y un 120% más de recursos PIFI que la UV, cuya captación ha ido a la baja en los últimos años”.

Arredondo reconoce que, en el tema de la investigación, el crecimiento de miembros del SNI ha redituado beneficios indiscutibles en la consistencia y calidad de la investigación realizada, sin embargo, la obtención de fondos provenientes de otros sectores es marginal mientras que la canalización de fondos propios para esta función se ha reducido notablemente.

No hace falta escudriñar los datos presupuestales para darnos cuenta del súbito freno que en los últimos 8 años ha tenido la construcción de nuevos espacios. “Actualmente, menos del 5% del presupuesto total se canaliza a infraestructura, equipamiento e inversión estratégica”.

Pero si los bajos recursos extraordinarios obtenidos por la UV han limitado su potencial hacia una mayor calidad, competitividad e impacto, para Arredondo hay otras causas: “Se percibe que ha habido un declive en el énfasis dado a: el monitoreo institucional, sustentado en indicadores de desempeño; la planeación horizontal colaborativa; el uso de un sistema integral y estandarizado de información que proporcione realimentación en tiempo real para la toma de decisiones; la gestión consistente de subsidios públicos crecientes y la multiplicación de fuentes de financiamiento alterno; así como a la realización periódica, en toda la UV, de reuniones ejecutivas de staff orientadas a la capacitación y focalización del esfuerzo institucional hacia el logro de metas comunes”.

Con ese acento se analiza la situación actual de la UV.