Inexplicable para los simples mortales, claro, porque para el Procurador General de Justicia, Reynaldo Escobar Pérez, las cosas están más que claras, nítidas, incluso como si ya lo supiera de antemano, a decir de sus declaraciones apenas iniciadas unas indagatorias judiciales que pudieran parecer innecesarias cuando el abogado del Estado lo sabe todo.Como se ha hecho costumbre en este país, todo crimen contra un periodista es, de inmediato, relacionado con cuestiones pasionales, pleitos largamente enconados y, ahora, por andar jugando con fuego enemigo, como lo hizo aparecer Escobar Pérez para el caso de Yolanda Ordaz de la Cruz, asesinada el 24 o 25 de julio, y segunda en la lista de periodistas de Notiver que este año han encontrado su fin en manos de sicarios, cuando ya no pueden defender su honor.
Que se quiera descartar el ejercicio de la libre expresión desde la labor periodística como posible motivo del homicidio o el rapto es algo a lo que, por desgracia, buscan acostumbrarnos tanto la PGR como la procuraduría local. Sucede lo mismo cuando se despliegan banderas blancas luego de fenómenos meteorológicos y a las muertes ocurridas durante los mismos se les busca otras motivaciones.
Lo grave es cuando se atribuyen nexos con la delincuencia organizada como motivo para el asesinato o desaparición de periodistas, como se ha hecho, por desgracia, en el caso de inocentes caídos durante refriegas que no les correspondían.
El caso ha dado la vuelta al mundo. No sólo nos queda el temor creciente entre los periodistas veracruzanos de que estamos a merced de los facinerosos sin que haya la mínima protección; además, podemos postmortem recibir el estigma de bandoleros agazapados tras la computadora o la cámara fotográfica, y la vergüenza de vivir en una sociedad donde todo se nos revierte.
Impunidad desconcertante
¿Qué surge luego de estas declaraciones? La impunidad, simple y llanamente. ¿Cuántos homicidios o secuestros de periodistas se han aclarado? Al parecer, ninguno. México se ha convertido en el país más peligroso para el ejercicio periodístico, sobre naciones en guerra como Afganistán.
Los asesinatos de Miguel Ángel López Velasco (Milo Vela), el 20 de junio, y de Yolanda Ordaz, ambos de Notiver, confirman las condiciones de alto riesgo en las que trabajan los periodistas en México pero, además, el alto grado de impunidad en casi todos los casos, según Omar Rábago, oficial del Programa de Libertad de Expresión y Protección a Periodistas de la organización Artículo 19: “Desde 2005 a la fecha, en Veracruz han ocurrido nueve asesinatos de periodistas en los que únicamente ha habido una sentencia, entonces eso también habla de unos niveles de impunidad altos”.
No aboga en mejorar esa percepción la declaración apresurada con que nos ha salido Raynaldo Escobar, que además impone altos niveles de estrés y temor en muchos otros periodistas del Puerto de Veracruz que se sienten objeto de sospecha oficial y persecución de criminales.
Decir que “se investigarán las versiones que señalan la presunta relación de comunicadores con la delincuencia organizada, lo que los coloca en una situación vulnerable, de peligro y riesgo personal y familiar", apenas unas horas después de hallar el cuerpo decapitado de la periodista, lanza una bola de humo que sitúa a periodistas y medios como colaboradores del bando criminal. Y no se vale.
Si está seguro de su aserto, ¿por qué no ha puesto a su gente tras esas líneas de investigación? Si lo sabe y no hace nada, ¿se puede pensar en complicidad por omisión?
Por eso, el que la Procuraduría General de la República se haya incorporado a las indagatorias, al menos permite pensar en que se actuará con mayor profundidad que lo que habría sucedido con una policía ministerial estatal prejuiciada como su jefe; aunque, a decir verdad, en el país tampoco se ha logrado mucho en esta materia.
¿Qué nos espera a los periodistas, ninguneados como nunca en Veracruz?
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