El costo presupuestal lo pagarán los estados

Si quedaban dudas sobre la precariedad financiera que sufrirán los estados del país en 2014, bastará observar lo que le costará al gobierno de Enrique Peña Nieto el apoyo incondicional que recibió del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Congreso para aprobar por inmensa mayoría el paquete fiscal (mal llamado reforma hacendaria) y el presupuesto de egresos.

                Porque el PRD no ofrendó la cauda de sus votos y la defensa a ultranza del proyecto peñista a cambio de nada. Su posición deliberadamente pro peñista y su defensa de los beneficios sociales que ofrece una propuesta fiscal y de gasto que los propios empresarios han criticado por evadir la responsabilidad del crecimiento económico y afectar a los factores de la producción, no solo lo fortalece en el ámbito del Pacto por México, también deja sin efecto una verdadera oposición en el Poder Legislativo, abandonando a su suerte al Partido Acción Nacional (PAN) que apenas ha podido vanagloriarse de tirar el IVA en colegiaturas.

                ¿Cuál será el costo para el gobierno federal y cómo se dará la consecuente merma en los recursos destinados a los gobiernos estatales, la mayoría de ellos priistas? La respuesta está en el denominado Fondo de Capitalidad, recién creado, que fortalece como nunca las finanzas del gobierno del Distrito Federal, territorio que nuevamente se convierte en el más ganancioso de la república.

                En efecto, los perredistas ven con satisfacción que su entrega a los brazos del poder les permitirá consolidarse en su más fuerte bastión político, el DF, con recursos de un fondo, el de Capitalidad (creado “para compensar los desequilibrios que se tienen como capital del país”), que en el próximo año oscilarán entre los 7 mil y los 9 mil 500 millones de pesos, los que se sumarán a cerca de 700 millones del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) que, por primera vez, incluye a la capital del país.

                Por supuesto, los perredistas han puesto en el tintero político la tendencia de izquierda en la Ley de Ingresos que, en efecto, incorpora gravar las ganancias obtenidas en la Bolsa Mexicana de Valores y una tasa progresiva del impuesto sobre la renta (ISR) para que paguen más impuestos quienes ganen más dinero, además de imponer impuestos a los alimentos chatarra.

                Los crecientes recursos de que dispone el gobierno de la ciudad de México más los del Fondo de Capitalidad y del FAIS no saldrán de alguna chistera; tendrán que tomarse de toda la canasta, lo que significa un sacrificio del resto del país, que ya es histórico, y que significará menores posibilidades de desarrollo, sobre todo si como este año la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) decide mantenerlos en el cajón y no invertirlos en los grandes proyectos que necesita un país que se colapsa en muchas de sus regiones, señaladamente las del sur y sureste.

                La caída dramática de la inversión pública este año ha sido uno de los más importantes factores para la contención del desarrollo, al grado de ser considerado como uno de los puntos que explican el haber llegado a la recesión en el mes de septiembre.

¿BENEFICIA A VERACRUZ UNA PRESIDENCIA PRIISTA?

Hace ya muchos años que Veracruz es perjudicado por los sucesivos gobiernos federales, mediante el bloqueo en el flujo de capital público orientado a obras y acciones. La rencilla entre Felipe Calderón Hinojosa y Fidel Herrera Beltrán, entonces presidente panista y gobernador del PRI, llevó al casi absoluto cierre del flujo de recursos federales orientados a obras de gran calado en materia de infraestructura de comunicaciones, proyectos productivos e, incluso, atención a los desastres naturales.

                La fama del cuenqueño de usar todo tipo de recursos en beneficio de su bolsillo y de la promoción del PRI, aunado al constante choque con el presidente panista, llevaron a los veracruzanos a la situación de rascarse con sus propias uñas porque mientras en el gobierno estatal se llevaban buena parte de los recursos públicos para satisfacer ambiciones personales y políticas, en el federal se bloqueaba la mayoría de los flujos financieros hacia Veracruz para evitar que se alimentara la ambición desmedida del gobernador priista.

                En los pasados comicios locales, el PRI insistió entre los votantes sobre la ventaja de elegir a alcaldes y diputados locales de ese partido con el sambenito que de esa manera se cerraría la pinza y le iría bien a sus comunidades. Pese a que la realidad no era benévola con esa tesis, se señalaba que ya había Presidente de la República y Gobernador priistas y que con un alcalde de ese partido las cosas marcharían de maravilla. Y muchos se la creyeron.

                La realidad es que no podemos tener un Presidente más alejado de Veracruz que Enrique Peña Nieto, incluso más que Felipe Calderón, y que muy difícilmente el Gobierno de Veracruz, con la grave deuda que heredó y no ha logrado superar, al menos en sus efectos más perniciosos, podrá atender las necesidades de los ayuntamientos, incluso aquellos gobernados por el PRI.

La batalla por atraer recursos para obras prioritarios en los ámbitos locales entre los 212 ayuntamientos veracruzanos será igual e, incluso, menos intensa que la que protagonizarán los estados del país por lograr que al menos las obritas comprometidas por el hoy mandatario durante su campaña sean cumplidas lo más pronto posible. 

Cultura, la vocación desdeñada

Pese al insufrible y desalentador periodo que vive el municipio de Xalapa, en que no se sabe si caerá en el infierno o se mantendrá en el purgatorio, con marchas cotidianas, arreglos viales que nunca terminan, hoyancos peligrosos en sus principales avenidas, basura por todos lados,  incapacidad de los agentes viales para controlar el tráfico vehicular, desprecio por peatones y ciclistas y, pese a ello, repito, la semana pasada vivió un inusitado incremento en materia turística y una luminosidad que contrastó con los aciagos y tempestuosos días previos.

En efecto, la enorme capacidad del Hay Festival para reunir en solo cinco días a estrellas importantes en el mundo de la literatura, el periodismo, la música y las artes plásticas y escénicas, no solo fue un motivo de regocijo para los locales sino que motivó a muchos mexicanos a moverse a Xalapa que, temporalmente, se convirtió en la capital de la cultura en el país.

No obstante que por problemas de salud no acudió a su cita el poeta antillano Derek Walcott, Premio Nobel de Literatura 1992, en cuya ausencia se leyeron tres de sus poemas y se proyectó un largo documental sobre su vida y obra en la isla de Santa Lucía, los demás personajes programados sí acudieron, como el caso de Jody Williams, Premio Nobel de la Paz 1997, quien mostró con su español casi perfecto la necesidad de luchar contra la impunidad, palabras que cayeron como plomo caliente en un país y un estado donde ese aliciente para la mayor criminalidad (que los delitos queden impunes) marca la historia más reciente.

Aunque de las ciudades más importantes de la entidad es la que recibe el respaldo más débil por parte del gobierno estatal, lo que se ha convertido en un apotegma político en las últimas décadas, Xalapa mantiene un encanto que parece perder y recuperar con cada alcalde o alcaldesa, pese a que todos ven en ella la oportunidad de hacer negocios a trasmano, destinando recursos para pequeñas obras de relumbrón, cuando no verdaderos esperpentos que desplazan groseramente la arquitectura vernácula.

Aunque pocos, porque el festival va en su tercera edición, nunca como en el de este año se ha visto el desplazamiento de personas de diversos rumbos del país y el extranjero dispuestas a hacer un viaje difícil para llegar a nuestra capital para ver en pocos días y en un mismo sitio a poetas reconocidos, destacados novelistas, periodistas famosos por haber incluso tirado a un gobierno norteamericano o, siendo jóvenes, relatar a través de crónicas el clima de violencia que viven México, Centro y Sudamérica; escritores consagrados como Sergio Pitol, quien recibió un merecido homenaje por sus 80 años de vida productiva.

Yo mismo conocí de manera directa la experiencia de tres personas que vinieron desde Valle de Bravo para acudir al Hay Festival y, de paso, disfrutar del que ellos mismos confesaron es el segundo museo de antropología más importante del país. Como ellos, muchos vinieron a nuestra ciudad, donde el Hay Festival no llegó a inaugurar una vocación sino que se ha mantenido justamente porque esa vocación cultural existe desde hace muchas décadas.

NUESTRA AVEJENTADA

 INFRAESTRUCTURA

Es cierto que cuando se reúnen los creadores y los consumidores de arte y cultura cualquier sitio es bueno para crear el milagro de la comunicación y la retroalimentación. Muchos festivales culturales se realizan en sitios en que la calidez la producen los participantes; muchas fiestas populares en el estado se desarrollan bajo el manto de la noche y sobre el piso pelón, y se vuelven memorables porque, pese a esas condiciones (incluso, gracias a ellas), la comunión de los participantes hace posible la transmisión de saberes y placeres que solo la cultura puede atender.

Pero si hablamos de una ciudad que por más de ocho décadas ha sostenido a la orquesta sinfónica decana en el país, que se hizo famosa por la presencia en sus salas de músicos de la talla del chelista español Pablo Casals y de Mstislav Rostropóvich, quienes pusieron bandera a la ciudad en el mapa mundial en 1959 al participar en el Festival de Música Pablo Casals y en el segundo Concurso Internacional de Violonchelo, entonces algo debe hacerse por parte de nuestras instituciones culturales y gubernamentales.

Que se invierta mucho dinero público en respaldar la vocación turística del Puerto de Veracruz y su zona conurbada con Boca del Río; que se respalde a Coatzacoalcos como un importante polo de desarrollo industrial y portuario; que se mejore la vialidad en la zona conurbada de Córdoba-Orizaba, un centro industrial importante en la ruta Veracruz-Ciudad de México. Todo ello está bien. Pero hace mucho que los gobiernos estatales casi solo aportan fuentes de empleo burocrático junto con las incomodidades que resultan de tener a la ciudad como el centro político del estado, pero han dejado en un tremendo rezago.

Si eso es evidente en materia de vialidades y servicios públicos, lo es más en infraestructura para la cultura. Fuera de las dos salas del Teatro del Estado, El Ágora de la Ciudad, el Museo de Antropología y la eterna inacabada sala de conciertos de la UV en el Campus para la Cultura, las Artes y el Deporte, todo lo demás son espacios improvisados a los que no se les da un tratamiento para adecuarlos a las exigencias de sus propósitos.

Si bien la Feria del Libro Infantil y Juvenil tiene como su nicho el Colegio Preparatorio de Xalapa (o Prepa Juárez), sin posibilidad de ampliar sus espacios, en cambio, la Feria Internacional de Libro Universitario (FILU), que organiza la Universidad Veracruzana, ha debido experimentar con varios sitios, desde la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información (USBI) hasta la antigua Casa de Artesanías, pasando por el edificio que antes era el Museo del Transporte y hoy ocupa el DIF para sus oficinas estatales, y el campo de beisbol de la UV.

Por añadidura, pese a que el Gobierno del Estado cedió a la UV la Casa de Artesanías, hoy denominada Casa del Lago (recordando a la original de la UNAM en Chapultepec), para que se convirtiera en una extensión de las actividades que realizan las facultades del área de artes (música, danza, teatro, artes plásticas), lo cierto es que el lugar se mantiene igual que siempre: sombrío, descuidado, olvidado y con una acústica espeluznante. Durante el Hay Festival asistí a una lectura de poesía en que participaron seis escritores de México, Cuba. Argentina, Perú y España, justamente en el salón de ese recinto, y se escuchaba más nítidamente la música grupera y tropical que emitían las bocinas de un negocio cercano que las voces de los ilustres invitados.

Por aras del destino, antes de contar con un recinto adecuado para las diversas actividades culturales masivas que se suceden a lo largo del año, la ciudad contará con un ¡velódromo!, donde se desarrollarán las competencias de ciclismo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, y que nunca más servirá para su propósito original.

NO HAY MUCHA ESPERANZA EN EL MEDIANO PLAZO

Es inútil pensar que esta situación podrá revertirse en el mediano plazo. Si ha habido inversiones en el denominado corredor cultural que va del Parque Juárez al Paseo de los Lagos, ello ha sido posible no por el entusiasmo del ayuntamiento de Xalapa o el esfuerzo del gobierno estatal sino porque hubo recursos etiquetados del gobierno federal que, eso sí, fueron atinadamente gestionados desde el ámbito local.

Desgraciadamente, las nuevas autoridades se alejan cada vez más de los grupos de profesionistas y de amantes de la ciudad, quienes hace mucho tienen en vilo proyectos para mejorar la imagen citadina. Desde la gestión de David Velasco Chedraui, que inició el proyecto financiado por el gobierno federal, las obras se realizan exclusivamente al (mal) gusto de las autoridades municipales.

Ahora mismo, el Paseo de los Lagos se está convirtiendo más en un sitio para plantar ferias comerciales que en un paseo para que los xalapeños hagan ejercicio en un ambiente seguro y rodeado de prodigiosa vegetación. Las lámparas colocadas frente a la entrada de la Casa del Lago se han convertido en estructuras sin uso, meros tubos que podrían usarse para practicar Pole Dance, de no ser porque su instalación es endeble.

Aunque se ha repetido cada vez con mayor desgano la propuesta de los empresarios locales para contar en Xalapa con un centro de convenciones, lo cierto es que ninguno de los gobernadores que han recibido el proyecto se ha entusiasmado por gestionarlo.

Así que no hay esperanza.

                    

Un gobierno fatídico para la economía

No fue necesario el fin de la administración de Enrique Peña Nieto en 2018, el primer gobierno priista luego de 12 años de presidencias panistas, para caer en un desastre económico, como había sido la tónica en los gobiernos tricolores desde el fin del sexenio de José López Portillo, atenazado por la fuga de capitales, la devaluación del peso a grados superlativos y una inflación galopante que puso a todos los mexicanos al borde de la peor miseria.

Ya era costumbre que, al final de los sexenios priistas, la devaluación del peso y la inflación rompiera la posibilidad de lograr un desarrollo sostenido; millones de familias se hundían prácticamente en la mendicidad y se empezó a leer la historia de México por décadas perdidas.

El terremoto de 1985, previo al último año de Miguel de la Madrid, puso en jaque la economía mexicana. Toda la inversión pública federal programada para diversas regiones del país fue cortada de tajo para enfrentar la enorme tragedia que representó para la capital mexicana un fenómeno natural que enlutó al país.

Carlos Salinas de Gortari, electo en medio del más claro y monstruoso fraude electoral, palió en sus primeros años la profunda crisis económica no solo con golpes políticos, como el encarcelamiento del líder petrolero Joaquín Hernández Galicia, La Quina, sino con un endeudamiento considerable que permitió un déficit presupuestal de 3.7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), aunque al año siguiente lo redujo a 1.9 por ciento.

Con él, la venta de todas las empresas en manos del Estado permitió que fueran a parar a individuos que hoy lucran incluso a costa del Estado que les dio posibilidad de incrustarse en las listas de Forbes.

El advenimiento de Ernesto Zedillo Ponce de León, quien sustituyó en plena campaña presidencial al asesinado Luis Donaldo Colosio Murrieta, puso de inmediato en jaque el castillo de naipes con el que Salinas hizo creer a todos los mexicanos sobre nuestra duradera estancia en el grupo de países en desarrollo. Economista duro, Zedillo hizo malabares, luego del denominado “error de diciembre” de 1994, con medidas que nos abrieron las puertas al infierno del desastre económico y logró, con un déficit promedio de 0.6 por ciento durante su gobierno, recuperar la estabilidad.

Tanto Vicente Fox Quesada como Felipe Calderón Hinojosa, los dos presidentes panistas, promediaron 0.4 y 1.7% del PIB del déficit presupuestal, si bien solo se interesaron en mantener estables las cuentas públicas y la macroeconomía, sin que ello se expresara en una mejor condición de vida para millones de mexicanos que se mantuvieron en la línea de flotación, lo que quiere decir que muchos sobrevivieron pero otros tuvieron que pasar a mejor vida.

La noticia en el mundo era la estabilidad económica de México y las enormes posibilidades de crecimiento que, con reformas estructurales, harían detonar la economía a grado tal que el nombre de nuestra nación se ubicaría entre las BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) como parte de las economías emergentes que estaban llamadas a sustituir a las tradicionales potencias económicas del mundo o, al menos, a igualarse con ellas.

CRECERÁ EL DÉFICIT PÚBLICO

Pero nones para los comelones. Según un estudio del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, las cosas se podrían poner color de hormiga y promediar para el sexenio peñista el más alto déficit presupuestal de las últimas tres décadas. En efecto, según las previsiones del propio gabinete, si en 2014 se programa incurrir en un déficit del 3.5% del PIB, la tendencia en los siguientes años no apuntan a recuperar un endeudamiento público sano, pues para 2015 se calcula un déficit de 3.0% y en 2016, de 2.5%. Y a ello habrá que agregar el déficit calculado para el año que corre, que será de 2.4%.

Contra lo previsto por el equipo económico del gobierno federal, 2013 ha sido fatídico. En primer lugar, las expectativas de crecimiento han descendido en caída libre, al grado de estar hablando en estos días de que México ha entrado en periodo de recesión.

Las inversiones extranjeras directas no llegan en la medida en que estaban sentadas las expectativas no bien se difundieran las reformas estructurales; la inflación, sobre todo en el sector primario, ha hundido las posibilidades para que el sector emprendedor permita dinamizar la economía; la recaudación fiscal irá a la baja, sobre todo a partir de la enorme catástrofe natural que representa el paso de Ingrid y Manuel por territorio nacional y, encima, los países en desarrollo ven con la ceja levantada las dificultades para que se apruebe una reforma energética que incluso ven tibia para lo que esperaban.

En los Criterios Generales de Política Económica, el gobierno federal considera que gastar más allá de los ingresos presupuestarios puede ser útil para hacer crecer la economía. “El nivel de déficit propuesto contribuirá a mitigar el efecto recesivo de corto plazo sobre diversos sectores de la economía mexicana”.

Y agrega el documento: “Este déficit permitirá un estímulo contracíclico para apoyar a la economía y al empleo, al tiempo que permitirá invertir de manera decidida desde ahora para alcanzar los frutos de las reformas estructurales lo antes posible”.

Las desgracias no vienen solas. El país está prácticamente en crispación social. Las protestas del magisterio dañan severamente las economías de escala; los fenómenos meteorológicos, según análisis de la propia Secretaría de Gobernación, han provocado un desastre mayor que el terremoto de 1985, y no solo habrá una merma importante en el universo de contribuyentes (muchos de los cuales han quedado en la ruina y sin negocio), sino que además durará un buen tiempo lograr la recuperación de las economías regionales afectadas.

Si las declaraciones hechas a favor de la reconstrucción nacional son ciertas, se requerirá una inversión mayúscula para permitir a millones de damnificados recuperar sus viviendas o sus negocios. Ya hemos visto que si esos recursos no son bien vigilados en su aplicación, a quienes ayudan es a nuestros voraces políticos estatales y municipales.

Por eso, no debe sorprender que el presidente más criticado en materia de formación académica y cultura general haya dado visos de dónde sacará recursos para afrontar los compromisos. De entrada, restarle a la cultura y las artes una buena tajada de 4 mil millones de pesos en 2014, que no se recuperará. Habrá que ver cómo le va a ciencia, tecnología e innovación, pero es casi segura que no se cumpla la previsión de dotarle de al menos el 1 por ciento del PIB.

               

CORRUPCIÓN Y NEGOCIOS PÚBLICOS

Dice la izquierda mexicana (y dice bien) que lo que no tocará Enrique Peña Nieto es la enorme corrupción que merma todo intento por lograr el crecimiento económico.

Tras la detención de Elba Esther Gordillo Morales por diversos delitos, lo que permitió tener de aliado al SNTE en la denominada reforma educativa, no ha habido una señal que permita, ya no digamos la detención del corrupto líder petrolero Carlos Romero Deschamps, actual senador priista, sino incluso romper con las multimillonarias transferencias financieras al sindicato desde Pemex.

La propuesta de reforma energética no toca con el pétalo de una flor el poderío de una organización criminal, disfrazada de organismo gremial, que sigue succionando alegremente los ingresos del país por las exportaciones petroleras.

Lo más grave es que el propio Poder Legislativo, que incluye a todos los partidos políticos, es partícipe de la corrupción, lo que hace que los contribuyentes cautivos estemos en desacuerdo con los nuevos impuestos que se afinan en la reforma hacendaria.

Un Veracruz extremadamente vulnerable

Puente Misantla (Foto: Jorge Parra)

Las copiosas lluvias dejadas por los fenómenos meteorológicos recientes, como el huracán Ingrid, que nos ha mantenido a resguardo desde la semana pasada, han mostrado la enorme vulnerabilidad de todas las regiones veracruzanas. Ahí donde los ríos y arroyos de respuesta rápida han llevado a la bancarrota a pequeños negocios y ha dejado sin mobiliario a los pobladores, también se han resentido graves pérdidas en la agricultura y la ganadería y, lo peor, ha sepultado a más de dos decenas de personas bajo toneladas de rocas, lodo y agua.

Aunque se alaba la efectividad del sistema estatal de protección civil, lo cierto es que en algunas regiones, particularmente en las áreas de San Rafael y Misantla, se reprocha a los gobiernos estatal y municipales la ausencia de alertas oportunas para que la población pusiera a buen resguardo sus pertenencias por los efectos de la tormenta tropical Fernand; de hecho, cuando se dieron cuenta los pobladores, la fuerza del agua y el lodo había borrado en horas de la madrugada años de esfuerzos en casas y negocios.

Muchos alcaldes ven con desdén sus obligaciones públicas y prefieren disfrutar los recursos del erario a unos meses de dejar las mieles del poder. En la mayoría de los municipios, sus habitantes tienen que vérselas solos para enfrentar los desastres y han optado por utilizar las redes sociales para avisarse mutuamente las previsiones meteorológicas, así como para llevar a cabo las acciones solidarias para defenderse de los efectos que dejan las lluvias.

Veracruz enfrenta, ciertamente, los efectos de la devastación que ha resentido la naturaleza. Durante décadas se han explotado sin control los bosques en las cuencas de los ríos, la mayoría de los cuales tienen saturados de tierra sus cauces y no ha habido una sola política pública de gran envergadura que permita no solo desazolvar a medias algunas áreas sino abrir las embocaduras de dichos ríos cuando salen al Golfo de México.

Para mayor desgracia, el Gobierno del Estado sigue sufriendo la grave escasez de recursos, derivada del expolio a que fueron sometidas las arcas públicas durante los más recientes gobiernos, particularmente el que encabezó Fidel Herrera Beltrán, quien no solo no dejó un quinto en la hacienda estatal sino, por el contrario, dejó una deuda prácticamente inmanejable que, a más de dos años, sigue teniendo atado de manos a la actual administración.

LA POLÍTICA, EL MAYOR DESASTRE

Tanto en la entidad como en el país, la politización de los asuntos prioritarios para nuestro desarrollo ha dado al traste con cualquier tentativa de progreso. La secuencia de los procesos electorales ha llevado a la simulación, a priorizar la compra de conciencias mediante la reserva de políticas y acciones indispensables pero políticamente riesgosas, a evitar la aplicación de la ley si con ello se logra la adhesión en las urnas de quienes la infringen, a utilizar alegremente los recursos públicos a favor del partido en el poder y del sometimiento de los partidos y dirigentes sociales que lo respaldan.

Así, no hay dinero que alcance para hacer lo que la entidad necesita. Tampoco, voluntad política para revertir los efectos de la naturaleza que se ceba con quienes la hemos destruido, para evitar los miles de desastres familiares, los duelos que se repiten con cada fenómeno meteorológico, el terror a perderlo todo tan pronto nos enteramos que una depresión tropical amenaza con chocar en nuestros litorales.

Y es que, a diferencia de hace algunas décadas, no hace falta el impacto frontal de un huracán en nuestro territorio para esperar lo peor. Una tempestad aislada o un aguacero duradero son suficientes para que los ríos y arroyos se desborden y se lleven nuestras pertenencias, destruyan nuestros sembradíos, acaben con nuestra ganadería, destruyan nuestros caminos y puentes, hagan inservibles nuestras escuelas o desaparezca moniliario y equipo de clínicas de por sí miserables e ineficientes.

¿QUÉ NOS DEPARA EL FONDEN?

Prácticamente, nada. Sin una contraloría social que permita ejercer una vigilancia puntual a la aplicación de los recursos derivados de la declaratoria de desastre natural, nunca se sabe si llegaron de la Federación, en qué monto y para qué acciones.

Por todos los rumbos de la entidad, decenas de miles de damnificados de huracanes como el Karl hace 3 años siguen preguntándose de qué manera se les iba a apoyar y han debido salir de sus desgracias sin ayuda de nadie; caminos y puentes destruidos siguen como banderas de la corrupción de los últimos años de gobierno, sin ser reparados; pequeños empresarios que han debido abandonar sus negocios y dedicarse a empleos mal pagados.

Para colmo, los funcionarios estatales, como los actuales, engañan con la monserga de que para la agricultura y la ganadería, las lluvias han sido benéficas; que se ha movilizado maquinaria para remediar los daños en caminos y puentes, aunque solo lo hagan en aquellos indispensables para la circulación estatal, pero no para los pequeños poblados que han regresado un siglo, a cuando no tenían vías de comunicación para sacar su producción y, en muchos casos, ni para el tránsito de personas.

Lo más grave sucede cuando se han perdido vidas humanas. Es cierto que la nueva ley de estatal Protección Civil prevé la prohibición de construir desarrollos urbanos en áreas de riesgo e, incluso, contempla sanciones para quienes promuevan esos asentamientos o para las autoridades que, con la dotación de servicios públicos o el reconocimiento de la legalidad de los poblamientos, permitan el arraigo de miles de necesitados de vivienda en lugares donde corren permanente peligro de ser afectados por cualquier aguacero.

Por desgracia, no hay una política pública destinada a la creación de reservas territoriales seguras para propiciar asentamientos humanos legales y seguros, con posibilidad de dotarles de los servicios públicos indispensables sin necesidad de erogaciones multimillonarias. Si esto no ocurre en las grandes ciudades de la entidad, mucho menos en pequeños poblados y comunidades, donde el crecimiento demográfico ha obligado a miles de veracruzanos a levantar sus precarias viviendas en o bajo cerros que en cualquier momento pueden ser su sepultura, como en menos de un mes ha ocurrido en los municipios de Tuxpan, Yecuatla y Altotonga.

Lo más grave es que, con ello, Veracruz va perdiendo aliento. La ya de suyo pobre infraestructura urbana y de comunicaciones se va destruyendo y, en contrapartida, no hay obra nueva que permita tener la ilusión de que vamos progresando.

¿Cuándo se recuperará la normalidad en cientos de comunidades afectadas? El tiempo la sanará, junto con el esfuerzo de los afectados.

¿CÓMO MEDIR EL RETROCESO?

Al menos como ejercicio interno de evaluación, si no se quiere prodigar datos que sirvan para calificar su grado de ineficiencia, los gobiernos federal y estatales, incluso desde la base municipal, debieran construir indicadores que permitan determinar los efectos negativos de cada uno de los fenómenos destructivos, sean meteorológicos o de otra índole, que permitan definir políticas públicas orientadas a restablecer las condiciones básicas en materias tales como equipamiento urbano, infraestructura de comunicaciones, servicios públicos (agua, luz, drenaje, vialidad urbana), educación, salud, desarrollo económico y producción primaria, para restablecer en un tiempo perentorio los grados de bienestar de la población afectada.

Es común observar tanto a las instancias de gobierno como a las organizaciones filantrópicas y la sociedad civil, realizar acciones a tontas y a locas a favor de los damnificados, sin atacar adecuadamente aquellas áreas de mayor impacto, sea porque fueron los más afectados o porque se requieren para reactivar la economía.

Y es que la desgracia dura meses e, incluso, años. Los afectados por un desastre natural no son solo los que sufren la inundación de sus viviendas sino también aquellos que, sin haber tenido esa calamidad, se quedan sin empleo, no logran vender sus mercancías, tienen anegados sus sembradíos y perdieron la cosecha o se retrasará el corte de sus productos, o están intransitables sus pastizales y han perdido su ganado, y quienes vieron cómo el agua destruyó su comercio o su pequeña industria.

Pasan semanas e, incluso, meses, y muchos deben emigrar para obtener la alimentación de sus familias. El otorgamiento de despensas sirve de poco si no tienen estufa y enseres domésticos; las cocinas militares apaciguan el hambre en los momentos más críticos de la desgracia, pero no pueden dar el servicio más allá de la contingencia.

De poco sirve la acción de los consejos de protección civil si no se reactiva la economía, se restablecen las vías de comunicación, se otorgan créditos blandos para recuperar los negocios o los sembradíos, si no se llevan a cabo programas emergentes de empleo temporal para que circule el dinero y se recuperen las comunidades.

Además, la información sobre los efectos nocivos de las catástrofes naturales serviría para elaborar programas específicos de remediación, mediante la reorientación del gasto público originalmente destinado a otros programas, para atender la emergencia, no desde el punto de vista filantrópico de dar techo y comida en lo que dura la inundación, sino para que se logren levantar los veracruzanos afectados.

  

Mujer que sabe latín

Sara Ladrón de Guevara, primera Rectora de la UV.

La designación de la doctora Sara Ladrón de Guevara González como la próxima rectora de la Universidad Veracruzana marca varios hitos. Será la primera mujer al frente de una institución que, ya en su rectorado, cumplirá 69 años el próximo 11 de septiembre, es decir, casi siete décadas gobernada por hombres. 

Aunque el insigne tlacotalpeño Gonzalo Aguirre Beltrán, rector de la UV de 1956 a 1963, es reconocido mundialmente como un estudioso de la antropología (no hay que olvidar que, a partir de su trabajo, empezó a tomarse como tema de estudio la negritud en México, la interculturalidad y las primeras políticas públicas en materia de educación indígena), en sentido estricto, Sara será la primera egresada de Antropología que toma las riendas de la casa de estudios. Aguirre Beltrán se recibió de médico cirujano y hasta trabajó como biólogo, mientras desarrollaba sus preocupaciones intelectuales más sentidas: el estudio de los pueblos negros e indígenas.

Sara, en efecto, pasará de la dirección del Museo de Antropología de Xalapa (MAX) a la rectoría, y sus estudios han sido la licenciatura en Antropología con especialidad en Arqueología en la UV, maestría en Historia del Arte y Arqueología en la Universidad de París I La Sorbona y doctorado en Antropología en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Desde mi punto de vista, otro hito ha generado la decisión de la Junta de Gobierno: ha nombrado a una universitaria cabal que nunca se mezcló en los grupos de poder que dominan el horizonte de su casa de estudios y fue respaldada por muchos académicos de a pie, esos que hacen posible la cátedra y, sobre todo, la investigación en la UV.

Sara Ladrón de Guevara, por tanto, podrá disponer libremente de su equipo de trabajo y todos esperan que lo haga pensando en el futuro académico de la Universidad Veracruzana.

¿POR QUÉ SARA LADRÓN DE GUEVARA?

En mis comentarios publicados el pasado 12 de agosto, cometí unas pifias pero rescaté un acierto. Al exponer cuál era mi previsión sobre a quiénes elegiría la Junta de Gobierno para la terna (si bien precisé que podrían ser cuatro o más, y fue quintilla), señalé:

“Según mi humilde pronóstico, la terna estaría conformada, además de (Víctor) Arredondo y (Porfirio) Carrillo, por una de las tres mujeres inscritas. Aunque muchos opinarían que esta sería la maestra Leticia Rodríguez Audirac, en lo personal considero que, por más méritos académicos, la elegida podría ser la doctora Sara Ladrón de Guevara, quien ya fue Secretaria Académica y goza de enorme prestigio en la antropología nacional.”

Hasta ahí mi comentario de aquella fecha. Una pifia se refiere a la inclusión de Víctor Arredondo, quien fuera descartado por la junta de Gobierno en medio de un gran escándalo mediático en el ámbito estatal. El acierto, considerar en esa lista a Sara Ladrón de Guevara (también a Porfirio Carrillo, pero no tenía mérito porque era natural que así fuera). Lo hice pensando en el grupo de los ocho restantes. Fallé también al descartar a la maestra Leticia Rodríguez Audirac, amén de Francisco Monfort Guillén y Manlio Fabio Casarín León. Así es esto del abarrote. 

Que la doctora xalapeña sea la primera rectora, además de incorporar a la UV a una tendencia de la que había estado alejada por décadas, permitirá un enfoque eminentemente académico al desarrollo universitario. Eso no quiere decir que la todavía directora del MAX no tenga capacidad política, sino que su desarrollo profesional se ha caracterizado por dedicarse a la investigación y a la administración académica.

La vida está llena de paralelismos. Tanto el rector que sale como la que viene tienen en común haber sido secretarios académicos en el rectorado de Víctor Arredondo. Fue Sara secretaria académica en el primer período y le dio paso a Raúl Arias Lovillo para la segunda gestión. Ahora le corresponderá a Raúl regresar la cortesía: le entregará la estafeta en la rectoría.

En la propuesta presentada ante la Junta de Gobierno, Sara plantea apegarse al Plan General de Desarrollo 2025, aprobado en 2008 por el Consejo Universitario General, y que considera como ejes un sistema universitario en red, innovación educativa, construcción de un sistema universitario de gestión por calidad, internacionalización como cultura académica, orientarse hacia una universidad sostenible, planeación y desarrollo sustentado en la academia, fortalecimiento de la planta académica, atención integral de los estudiantes y una gestión democrática y con transparencia.

Creo que la antropóloga tiene una gran oportunidad en sus manos y que sabrá aprovecharla. Por otra parte, con esta decisión, la UV puede vivir una transición de confort, lo que difícilmente hubiera ocurrido si la Junta de Gobierno se hubiera enfocado por quienes eran identificados como los respaldados por el rector.

LAS RELACIONES DE LA UV CON EL GOBIERNO

Un punto que, sin afectar la autonomía universitaria, ha sido mencionado con mucha insistencia por el gobernador Javier Duarte es el de la estrecha colaboración entre la estructura estatal y la universitaria. 

Ya lo comentaron quienes lo oyeron que el gobernador se ha referido a la colaboración que hubo entre el Gobierno del Estado y la UV, cuando estaban Miguel Alemán y Víctor Arredondo, y que al parecer no ha sido muy posible durante el rectorado de Raúl Arias Lovillo, quien convirtió a la casa de estudios en su Isla de Gilligan.

El mismo martes 27, desde San Rafael (a donde acudió con su esposa Karime Macías a evaluar los daños e instruir para atenuarlos), el gobernador Duarte se enteró de la decisión de la Junta de Gobierno y envió su pública felicitación a Sara Ladrón de Guevara.

 
Según el comunicado oficial, Duarte “dijo tener la certeza de que la doctora Ladrón de Guevara González hará un gran papel al frente de la Universidad Veracruzana, pues cuenta con una destacada trayectoria académica y profesional, y ha participado de forma activa en el desarrollo de la vida institucional de la UV en los últimos años. Señaló que en esta nueva etapa, el Gobierno de Veracruz y la Universidad Veracruzana mantendrán “una estrecha relación de trabajo y de éxitos” para que la UV se posicione como una universidad de excelencia”. 

Ambas instancias se necesitan, y la doctora Ladrón de Guevara seguramente lo sabe y lo sabrá potenciar, manteniendo a salvo la autonomía universitaria.

¿A quién quieren engañar en la UV?

 Es una verdadera lástima que el proceso de selección de rector de la Universidad Veracruzana esté marcado con una ominosa sombra de duda sobre la honestidad y la transparencia con que las autoridades universitarias se han comportado, en aras de imponer a un predilecto del grupo.

Me extraña del doctor Porfirio Carrillo Castilla, a quien conocí hace varios años, y cuya honestidad no dejaba lugar a suspicacias, cuando como científico estaba muy interesado en impulsar la difusión de la ciencia y la tecnología, no solo a través de los medios de comunicación universitaria, sino de aquellos que llegaban al gran púbico, con lo que se buscaba coadyuvar a la distribución social del conocimiento. 

Pero el cenáculo enrarece. 

El grupo de poder del que es cofrade, ya se ha visto, se empecina en colocarlo a como dé lugar, así se apliquen en su favor las estrategias del más torpe proselitismo, sin argumentos para convencer sino haciendo gala de procedimientos de coerción o de desvergonzada compra de conciencias, mediante el inefable recurso de otorgar prebendas académicas.

Que en el impulso de ese mecanismo haya sido identificado hace varios meses al diputado Enrique Levet Gorozpe, líder a su vez del sindicato del personal académico, no es cosa que sorprenda ni al más despistado analista. Con 16 años en las mieles del poder sindical, Papo Levet no ha sufrido siquiera una cuarta parte del repudio que, por eternizarse del mismo modo, recibió Eloína Vargas, quien falleciera con las bridas del SETSUV fuertemente jaladas por su mano poderosa.

En el proceso de auscultación que la Junta de Gobierno concluye esta semana, no ha faltado la cargada. Es deseable que los miembros de la Junta identifiquen maniobra tan burda y la neutralicen. 

Lo realmente lastimoso para la universidad y los universitarios (que nadie deja de serlo incluso después de partir de sus aulas) es que las actuales autoridades universitarias se prodiguen con un cinismo de antología y que en sus declaraciones no solo confirmen la especie sino traten como inocencias párvulas a las mentes brillantes que forman o son formadas en la casa de estudios.

Está por definirse la terna para rector

El viernes de esta semana, la comunidad universitaria y la opinión pública sabrán quiénes componen la terna que hará más adecuada la designación de rector. Y digo terna, si bien pueden ser dos  o cuatro. Lo cierto es que se estila que sea una terna.

¿Quiénes, de entre los 10 académicos que se registraron, tienen realmente posibilidades para ser rector? En principio, todos tienen derecho y posibilidades, pese a que se orquesta una ruidosa campaña en contra de Víctor Arredondo por el supuesto de que legalmente no tendría derecho, habida cuenta de que ya fue rector y fue reelecto, argumento jurídico que ya ha sido desechado pues, de otra manera, ni siquiera habría sido aceptado como candidato. 

Pero como se dice en toda competencia, habrá que elegir primero a tres y, al final, a uno.

Según mi humilde pronóstico, la terna estaría conformada, además de Arredondo y Carrillo, por una de las tres mujeres inscritas. Aunque muchos opinarían que esta sería la maestra Leticia Rodríguez Audirac, en lo personal considero que, por más méritos académicos, la elegida podría ser la doctora Sara Ladrón de Guevara, quien ya fue Secretaria Académica y goza de enorme prestigio en la antropología nacional.

Ya hablaremos después quién tendría más méritos entre aquellos por los que se decante la Junta de Gobierno.