Con la misma visión populista de quienes han apostado por la cantidad, desdeñan- do la calidad, al grado de no importarles si la cuerda se rompe llevándose a miles al precipicio, algunos analistas siguen proclamando que la Universidad Veracruzana debe abrir de par en par sus puertas en el próximo proceso de ingreso.
La estrujante propuesta, hecha pública incluso por quienes han estado en cargos universitarios y en su momento, por conveniencia, defendieron el proceso selectivo de ingreso, se asemeja –y se enlaza políticamente– a la que ha hecho de una oferta educativa dudosa una forma de hacer proselitismo electoral, a costa de estudiantes para quienes lo importante es el papel y no tanto el conocimiento.
Desde la tribuna que sea –el púlpito, la curul o el medio periodístico–, se lanzan propuestas de innegable sentido justiciero pero de torpe bagaje analítico.
La oferta de educación superior en Veracruz ha marcado una tendencia de crecimiento en los últimos años, con la creación de institutos y universidades tecnológicas y la aparición de la oferta educativa por internet, amén de la proliferación de instituciones privadas.
El problema es que socialmente nos seguimos comportando como en la mitad del siglo pasado.
Pese a los cambios en la estructura social y productiva de México y de Veracruz, quienes buscan un lugar en las instituciones de educación superior siguen enfocándose en profesiones que antaño aseguraban prestigio social y bonanza económica (abogado, médico, contador, odontólogo, pedagogo), pero que hoy sólo auguran desempleo.
De ahí que mientras el 60 por ciento de los demandantes a la UV se enfilan hacia esas opciones profesionales, a las que se unen las de comunicólogo o publirrelacionista, hay carreras cuyos egresados son demandados en las zonas industriales y de producción primaria que no llenan sus cupos.
Y no hablo de la UV sino de la oferta total de educación superior a nivel estatal, que es como deberíamos analizar el fenómeno de la oferta y la demanda educativas.
Proponer que la UV instale urgentemente enormes techados fabricados con materiales perecederos para contener a 30 mil jóvenes que buscan sus atributos académicos cada año, y contrate con urgencia a maestros improvisados para darles pinceladas de conocimientos académicos, resulta no sólo ocioso sino perverso.
¿Cómo hacer un cambio en las tendencias de demanda profesional para que la formación superior contribuya realmente al desarrollo nacional y se eviten tantos episodios de frustración entre miles de jóvenes que solicitan su ingreso a las únicas carreras que conocen?
Pues esa debiera ser una tarea del sector educativo estatal, inscrita como una de las políticas públicas en los próximos años.
Sergio Martínez Romo, de la UAM-Xochimilco, habló en Xalapa –en el 56 aniversario de la Facultad de Pedagogía– de la tendencia de la educación superior en el país en las últimas décadas y apuntó algo muy importante en este tema.
Por un lado, se refirió al crecimiento en la matrícula de educación superior en los años setenta, cuando se elevó en un 300 por ciento para llegar a una población de 800 mil estudiantes, obligando a improvisar instalaciones y personal académico en universidades públicas.
El fenómeno se vio acompañado de la creación de 97 institutos tecnológicos que recibieron una inversión comparativamente mayor a la aplicada en universidades, pero que no atrajeron mucho a los que demandaban su ingreso a la educación superior.
Sea por la situación económica o el mayor prestigio de las públicas, lo cierto es que según los datos manejados por Martínez Romo, de las dos mil instituciones de educación superior del país, casi el 75 por ciento son privadas, pese a lo cual el 70 por ciento de la matrícula la conservan las públicas.
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