Batallas electorales, crisis económica, guerra al crimen organizado… lo cierto es que ningún nivel de gobierno ha tomado en serio ni ha desplegado acciones significativas en materia digital, dilatando la atención de un tema que es crucial para el desarrollo nacional.
En materia digital, México se debate en la mediocridad, pese a ser vecino de una de las potencias en el uso y aprovechamiento de las tecnologías de información y comunicación (TIC), en ámbitos tan distintos como la economía, la educación, la salud, las comunicaciones y la innovación tecnológica.
Y eso que los Estados Unidos, inventores de internet, se ubican demasiado lejos de países como Corea del Sur y Japón, en ese orden, en el tema de la velocidad de banda ancha.
La alerta hecha recientemente por la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI) es preocupante y los señalamientos críticos que han acompañado el mensaje son verdaderamente incisivos.
Por un lado, lamenta la obsolescencia de nuestra infraestructura tecnológica, que se manifiesta en el hecho de que en México se considere como banda ancha una velocidad de 512 KB, medio megabyte por segundo (Mbps), cuando en Japón es superior a los 60 Mbps.
Por otro, acusa de mezquino al gobierno federal por el hecho de ofrecer solamente dos hilos de fibra óptica, todo lo cual orilla al estancamiento de nuestro país.
Este desarrollo trompicado de la infraestructura tecnológica está afectando directamente a sectores sociales, públicos y empresariales que han basado su desempeño en el uso de internet, desde la oferta de programas educativos a distancia hasta la oferta de servicios públicos, comercio electrónico y transparencia gubernamental, entre otros.
México, además, carece de una instancia que lidere la agenda digital, lo que ha hecho que todos los actores (industria, academia, sociedad y gobierno) actúen de manera desarticulada. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes no lo ha sido, ni lo será, sobre todo cuando hay indicios de que más bien ha entorpecido el desarrollo de este sector.
Por si esto fuera poco, el precio de las telecomunicaciones sigue siendo un obstáculo casi insalvable para la democratización del uso de las TIC.
Ello hace indispensable que los gobiernos locales le entren al toro para que comunidades de baja densidad poblacional dejen de ser marginadas por las empresas privadas, para las cuales no es negocio desplegar la señal de internet en territorios que además muestran muy bajo poder adquisitivo.
En México, existen 30.6 millones de internautas mayores de seis años de edad, de los cuales 25.6 millones viven en zonas urbanas, mientras que sólo cinco millones se localizan en zonas rurales.
Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el promedio de hogares con una conexión a internet es de sólo 18.4 por ciento, mientras que en los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) es de 62 por ciento.
Debido a limitaciones económicas y a los altos precios del servicio, el 32 por ciento de los 7.4 millones de hogares con computadora no cuenta con el servicio de internet.
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