La educación básica obligatoria y gratuita incluirá –al término de la presente década– el nivel de educación media superior… el bachillerato.
Con ser un propósito extraordinario, que ya urgía, aunque fue pospuesto en varias ocasiones por las sucesivas bancadas del PAN en la Cámara de Diputados desde hace siete años, la reforma constitucional para asegurar la cobertura obligatoria a la educación media superior tendrá que ser de aplicación gradual y no estará exenta de problemas de índole diversa.
En efecto, ya de entrada las reformas a los artículos 3º y 31 de la Constitución incorporan obligaciones que el Legislativo ha debido condicionar al apoyo presupuestal de los tres niveles de gobierno en los próximos 10 años, al final de los cuales los más de dos millones de jóvenes que cada año quedan sin posibilidad de cursar la prepa lo podrán hacer.
Luego de resistir el aferrado freno panista en los últimos seis meses de 2010, preocupados porque ello significaría la obligación de destinar más recursos a la educación (y menos a la guerra calderonista), la prepa obligatoria deberá enfrentar otros dilemas.
En primer lugar, la propia resistencia de los panistas a otorgarle recursos para su aplicación en los años subsecuentes, pero junto con esto la reticencia de los gobiernos locales, muchos de los cuales deben fortalecer este nivel a través de las universidades públicas estatales, con las que mantienen, en varios casos, pleitos irreconciliables. Un ejemplo, la Universidad de Guadalajara.
En casos como el de Veracruz, el problema radicará en establecer qué subsistema (o en qué medida cada uno de ellos) contribuirá a ampliar la cobertura en este nivel, sobre todo porque, a diferencia de otras entidades, en la nuestra la dispersión de la población rural dificulta la atención educativa.
Veracruz tendrá que probar con modelos de educación a distancia por televisión y por internet. Puede hacerlo dando mayor peso a la inversión en el sistema de telebachillerato, en que incorpore modalidades mixtas que, al tiempo de exigir la presencia de los estudiantes en las aulas, fortalezcan sus contenidos con conocimientos innovadores y nuevas habilidades, mediante el uso de internet y de materiales didácticos interactivos, además de las clases en video.
Habrá que elevar paulatinamente las inversiones en infraestructura, tecnología y personal docente; establecer esquemas de corresponsabilidad entre niveles de gobierno y factores de la producción; establecer agresivos programas de becas, elevar el porcentaje de la inversión pública para educación a este nivel, entre otras acciones.
Otro factor que deberá atenderse lo postularon los diputados antes de aprobar las reformas: llevar a cabo un proceso de “transformación estructural y laboral de la educación media superior, y la revisión de planes, programas y materiales de estudio”.
Por lo pronto, el poder legislativo ordena que en el presupuesto federal, de los estados, del Distrito Federal y municipales, se incluyan los recursos necesarios para la construcción, ampliación y equipamiento de la infraestructura suficiente para la cobertura progresiva de los servicios de educación media superior.
En 2020 veremos qué tanto se logró avanzar en este tema.
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