En los últimos meses, al rector Raúl Arias Lovillo se le ha visto muy estresado.
Las penurias económicas por las que atraviesa la Universidad Veracruzana le han hecho utilizar los micrófonos, tanto propios como los que le proporcionan los medios de comunicación, para lanzar duras diatribas.
Sin restarle la más mínima razón a sus alegatos públicos, en los que por cierto ha estado ausente la más básica de las cortesías, lo cierto es que, buen académico, Arias Lovillo ha mostrado serias dificultades en materia de negociación para obtener fondos económicos adicionales.
Y eso lo tiene realmente consternado.
La lucha del rector universitario, sin embargo, semeja la emprendida por el Quijote contra los molinos de viento, lo que hace sospechar un móvil político más que una real intención de mejorar la situación financiera de la casa de estudios.
Por ejemplo, en lo que al gobierno estatal se refiere, sus demandas públicas han iniciado prácticamente una vez que su antiguo aliado, Fidel Herrera Beltrán, ha concluido su mandato.
Y ello, pese a que –según se desprende de sus declaraciones– fue durante dicha gestión cuando se afectaron los flujos de recursos federales, depositados por la SEP en la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan).
El más público de los diques construidos en la Sefiplan, y que ha mantenido en ascuas a miles de jóvenes veracruzanos, es el que ha detenido los recursos orientados al pago de los apoyos del Programa Nacional de Becas para Educación Superior (Pronabes).
Como éste, sin embargo, ha habido otros y con muchos más recursos en juego.
Por ello, en diversos foros nacionales (como los de ANUIES) e internacionales, en su calidad de presidente de la Organización Universitaria Interamericana (OUI), Arias Lovillo, además de exigir presupuestos multianuales, ha insistido en que los recursos del presupuesto federal les sean depositados directamente a las universidades.
En efecto, para nadie es un misterio que en todos los gobiernos estatales, las áreas administrativas (como la Sefiplan en Veracruz) utilizan recursos frescos como los enviados a la universidad pública, para apagar fuegos no precisamente fatuos, postergando su aplicación en los rubros para los que fueron etiquetados.
Como las vividas por la UV, prácticamente todas las dependencias y organismos públicos también experimentaron privaciones por esta práctica tan usual como ilegal.
Lo que parece extraño es que hasta ahora, en que ha entrado un nuevo inquilino en Palacio de Gobierno, Arias Lovillo haga más diáfana esta denuncia que, otrora, sólo mereció mensajes cifrados.
Y su discurso puede ser para dos destinatarios: Javier Duarte de Ochoa y su nueva estructura financiera y gubernamental, como para poner a tono el músculo político; y los propios universitarios, como una forma de cerrar filas en su favor y esconder sus torpezas en materia de gestión financiera.
Y si no lo creen, cheque lo que, en un artículo suyo publicado en diversos medios, Arias Lovillo señala:
“En este Consejo Universitario próximo, haremos nuevamente una reflexión a fondo del entorno político. Hay evidentes hechos que nos obligan a hacerlo. Hay esbozos unilaterales de que se está modulando una nueva relación con el gobierno local, que esperamos [sea] de comprensión y respeto”. (Continuará)
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