Se supone que en 2011, Veracruz contará con buena parte del paquete de 700 escuelas de tiempo completo que el gobernador Javier Duarte de Ochoa anunció en su toma de protesta, teniendo como testigo nada menos que a Elba Esther Gordillo Morales, dirigente absoluta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
Este modelo, que permite a los alumnos permanecer desde las ocho de la mañana hasta las cuatro de la tarde en la escuela, lo que en teoría les haría vivir procesos extensivos e intensivos de aprendizaje, tiene muchos bemoles, desde los políticos hasta los presupuestales y, por supuesto, los estrictamente educativos.
Para nadie es un secreto que este modelo oneroso –lo que no necesariamente le quita virtudes–, ha sido la demanda más reiterada del SNTE y su lideresa.
Le representa a la organización sindical un fuerte incremento en su membrecía, habida cuenta de que si bien los niños deben permanecer toda la jornada, hay que multiplicar el número de los maestros, y es necesaria la contratación de personal adicional para atender servicios como el de alimentación.
Las penurias económicas del gobierno estatal, por otra parte, difícilmente permitirán invertir en estos primeros meses de 2011 en este modelo que, de entrada, demanda la adecuación de las instalaciones de las escuelas que sean incorporadas como de tiempo completo.
Por supuesto, la SEP podría estar en condiciones de afrontar la creación de más plazas magisteriales federales, pero no lo es todo.
Además de instalaciones adecuadas, que incluyan cocina y comedor entre otros espacios, las escuelas de tiempo completo deberán ser dotadas de insumos alimenticios para los estudiantes; materiales y equipamiento didácticos que hagan productivas sus largas estancias escolares, y otros gastos inherentes al proyecto.
A ese problema se enfrentará el gobierno veracruzano a través de la Secretaría de Educación (SEV), cuyo titular ha sido muy escueto al abordar el tema, sabedor de que por lo pronto el proyecto no pasará de ser sólo eso: un proyecto.
Lo cierto es que dentro de unos meses, la profesora Gordillo volteará hacia Veracruz para cobrar la factura, y entonces es posible que lleguen las prisas, pese a que es un proyecto que justamente requiere de mucha planeación, gestión y tiempo.
¿Esconder la mano y luego tirar la piedra?
El tema ha permanecido un poco tras bambalinas. Apenas se labra el Plan Veracruzano de Desarrollo, documento que en su capítulo de educación deberá contener datos más precisos sobre la operación de esta estrategia. Sin embargo, independientemente de su ubicación en dicho documento, las autoridades educativas debieran establecer los pasos previos para ello.
Habrá que ver si en el desglose del presupuesto asignado a la dependencia se contemplan recursos para empezar a adecuar planteles.
Por lo pronto, es de tomarse en consideración el pronunciamiento que, en este tenor, ha hecho público el Observatorio Veracruzano de la Educación.
De entrada, lo que salta a la vista es su cuestionamiento a la falta de suspicacia del sector educativo veracruzano sobre las bondades de este modelo.
Suspicacia que sí ha tenido el propio representante de Elba Esther Gordillo Morales en Veracruz, el dirigente de la sección 32 del SNTE, Gaudencio Hernández Burgos, quien expuso no sólo la enorme tarea que representa adecuar instalaciones y contratar más maestros, sino que no haya elementos para evaluar si las escuelas que ya operan realmente funcionan.
A principios de diciembre pasado, Hernández Burgos –recuerda este organismo independiente en su pronunciamiento– dijo que los resultados obtenidos en Veracruz no permiten contar con “un parámetro del que se pueda respaldar para saber si es viable o no la aplicación de una educación integral de tiempo completo, ya que se han tenido muchas carencias y necesidades”.
Y, en efecto, el titular de la Secretaría de Educación de Veracruz, Adolfo Mota Hernández, señaló en su momento que, antes de enfilarse hacia cualquier decisión respecto a la expansión del programa, se debería atender la evaluación de lo que ha significado su operación en la etapa piloto.
Como no lo ha habido, este colectivo ha señalado lo siguiente:
“Como Observatorio Veracruzano de la Educación cuestionamos públicamente este estilo de toma de decisión y de uso de los recursos públicos, ya que no es posible que primero se tome la decisión y luego se busquen argumentos para justificarla”.
Y se pregunta:
“¿Qué pasará si los “resultados preliminares” de los que habla el Secretario Mota, apuntan a que las escuelas de tiempo completo no son la mejor política para las condiciones de la entidad? O bien, ¿con qué información y con qué racionalidad está tomando decisiones el Secretario de Educación?”
Es posible que dichos resultados ya estén en el escritorio del secretario de Educación, pero eso no garantiza que sean positivos. Habrá que someter al análisis de expertos educativos (algo que no es Mota Hernández) dichos resultados, en la hipótesis de que existan.
De ahí que el observatorio solicite la publicación del informe en el portal en internet de la SEV, toda vez que fue prometido que en enero pasado estaría concluido, así como la estrategia metodológica utilizada.
Y concluye:
“Como ciudadanos organizados, nos declaramos listos para entregar de manera formal a la Secretaría de Educación las propuestas de líneas de política que diseñamos como Observatorio; estamos seguros [de] que respetuosos de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz, el ejercicio de construcción del programa del sector educativo será mediante un proceso de planeación democrática y no mediante la imposición de intereses contrarios a la sociedad veracruzana”.
Algo deberá responder, sin que esconda la mano, el secretario de Educación de Veracruz, porque la inversión necesaria para la instauración del programa en 700 planteles representa una suma que requiere una justificación precisa, la certeza de que funcionará y que no se dilapidarán tan escasos recursos en un tema que sólo favorecería a una organización sindical, al menos en el caso de que no sirviera para otra cosa.
martes, 22 de febrero de 2011
lunes, 21 de febrero de 2011
Escuelas de tiempo completo: ¿esconder la mano y luego tirar la piedra?
Posicionamiento público del Observatorio Veracruzano de la Educación
Analizar los dichos públicos de las autoridades y construir posicionamientos ante ellos, es una de las actividades estratégicas del Observatorio Veracruzano de la Educación, con ello, hacemos nuestra aportación como ciudadanos para la construcción de un estado y país donde vivir sea un orgullo.
Reconocemos que la actual gestión gubernamental está en proceso de ubicación en las nuevas responsabilidades, pero también, que muchos de los funcionarios ya estaban laborando en áreas de toma de decisión en el sexenio antecedente, por ello, creemos oportuno realizar un primer posicionamiento público ante algunos dichos que consideramos no son producto de la inexperiencia, sino de un enfoque de gestión y concepción de los problemas que de no corregirse, puede anticiparse, impactarán de manera negativa en la calidad de los servicios, así como en las políticas que se implementen en este periodo gubernamental.
Por la naturaleza del Observatorio Veracruzano de la Educación, este posicionamiento se circunscribe a los dichos del Secretario de Educación, Lic. Adolfo Mota, en relación con una decisión que financiará con recursos públicos.
El 1 de diciembre de 2010, el Dr. Javier Duarte dio a conocer su propuesta educativa, en ella delineó como una de sus acciones inmediatas la incorporación de “700 escuelas de educación básica al modelo de Escuelas de Tiempo Completo”. Iniciativa que suponemos, fue elaborada por el equipo del Secretario Mota.
Esta iniciativa generó diversas reacciones, por ejemplo: el dirigente estatal de la Sección 32 del SNTE, Gaudencio Hernández Burgos, declaró (10/12/2010) “que las escuelas primero deben de contar con cocina, con los maestros suficientes para atender a los niños todo el día ya que es un horario corrido de 8 de la mañana a las 4 de la tarde…”, incluso remarcó que los resultados que se tienen en la entidad no permiten contar con “un parámetro del que se pueda respaldar para saber si es viable o no la aplicación de una educación integral de tiempo completo ya que se han tenido muchas carencias y necesidades”.
Por otro lado, el “dirigente de la sección 56 del Sindicato Nacional de Trabajadores al Servicio de la Educación (SNTE), Ernesto Callejas Briones, informó que en el 2011 se echará a andar un programa piloto para que jardines de niños sean de tiempo completo” y puntualizó “que está en total acuerdo porque en Veracruz las escuelas sean de tiempo completo ya que las exigencias laborales de los padres de familia así lo demandan” (21/12/2010).
Ante la postura de cautela de la sección 32, de total apoyo de la 56 y en un contexto de graves vacíos en la información de la denominada fase piloto del citado programa, el Gobernador del estado y su Secretario de Educación ratificaron públicamente este compromiso (21/12/2010), incluso el Secretario de Educación “aseguró que en enero del 2011 se tendrán los resultados preliminares del programa piloto escuelas de tiempo completo, con lo que se logrará conocer los alcances y logros de este sistema de enseñanza.”
Como Observatorio Veracruzano de la Educación cuestionamos públicamente este estilo de toma de decisión y de uso de los recursos públicos, ya que no es posible que primero se tome la decisión y luego se busquen argumentos para justificarla.
Nos preguntamos ¿qué pasará si los “resultados preliminares” de los que habla el Secretario Mota, apuntan a que las escuelas de tiempo completo no son la mejor política para las condiciones de la entidad? o bien, ¿con qué información y con qué racionalidad está tomando decisiones el Secretario de Educación? Por otro lado, solicitamos se haga público a través del portal de la Secretaría, el informe de los resultados preliminares del citado programa (la cual se aseguró estaría disponible en enero), así como la estrategia metodológica utilizada.
Como ciudadanos organizados, nos declaramos listos para entregar de manera formal a la Secretaría de Educación las propuestas de líneas de política que diseñamos como Observatorio, estamos seguros que respetuosos de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz, el ejercicio de construcción del Programa del sector educativo será mediante un proceso de planeación democrática y no mediante la imposición de intereses contrarios a la sociedad veracruzana.
Analizar los dichos públicos de las autoridades y construir posicionamientos ante ellos, es una de las actividades estratégicas del Observatorio Veracruzano de la Educación, con ello, hacemos nuestra aportación como ciudadanos para la construcción de un estado y país donde vivir sea un orgullo.
Reconocemos que la actual gestión gubernamental está en proceso de ubicación en las nuevas responsabilidades, pero también, que muchos de los funcionarios ya estaban laborando en áreas de toma de decisión en el sexenio antecedente, por ello, creemos oportuno realizar un primer posicionamiento público ante algunos dichos que consideramos no son producto de la inexperiencia, sino de un enfoque de gestión y concepción de los problemas que de no corregirse, puede anticiparse, impactarán de manera negativa en la calidad de los servicios, así como en las políticas que se implementen en este periodo gubernamental.
Por la naturaleza del Observatorio Veracruzano de la Educación, este posicionamiento se circunscribe a los dichos del Secretario de Educación, Lic. Adolfo Mota, en relación con una decisión que financiará con recursos públicos.
El 1 de diciembre de 2010, el Dr. Javier Duarte dio a conocer su propuesta educativa, en ella delineó como una de sus acciones inmediatas la incorporación de “700 escuelas de educación básica al modelo de Escuelas de Tiempo Completo”. Iniciativa que suponemos, fue elaborada por el equipo del Secretario Mota.
Esta iniciativa generó diversas reacciones, por ejemplo: el dirigente estatal de la Sección 32 del SNTE, Gaudencio Hernández Burgos, declaró (10/12/2010) “que las escuelas primero deben de contar con cocina, con los maestros suficientes para atender a los niños todo el día ya que es un horario corrido de 8 de la mañana a las 4 de la tarde…”, incluso remarcó que los resultados que se tienen en la entidad no permiten contar con “un parámetro del que se pueda respaldar para saber si es viable o no la aplicación de una educación integral de tiempo completo ya que se han tenido muchas carencias y necesidades”.
Por otro lado, el “dirigente de la sección 56 del Sindicato Nacional de Trabajadores al Servicio de la Educación (SNTE), Ernesto Callejas Briones, informó que en el 2011 se echará a andar un programa piloto para que jardines de niños sean de tiempo completo” y puntualizó “que está en total acuerdo porque en Veracruz las escuelas sean de tiempo completo ya que las exigencias laborales de los padres de familia así lo demandan” (21/12/2010).
Ante la postura de cautela de la sección 32, de total apoyo de la 56 y en un contexto de graves vacíos en la información de la denominada fase piloto del citado programa, el Gobernador del estado y su Secretario de Educación ratificaron públicamente este compromiso (21/12/2010), incluso el Secretario de Educación “aseguró que en enero del 2011 se tendrán los resultados preliminares del programa piloto escuelas de tiempo completo, con lo que se logrará conocer los alcances y logros de este sistema de enseñanza.”
Como Observatorio Veracruzano de la Educación cuestionamos públicamente este estilo de toma de decisión y de uso de los recursos públicos, ya que no es posible que primero se tome la decisión y luego se busquen argumentos para justificarla.
Nos preguntamos ¿qué pasará si los “resultados preliminares” de los que habla el Secretario Mota, apuntan a que las escuelas de tiempo completo no son la mejor política para las condiciones de la entidad? o bien, ¿con qué información y con qué racionalidad está tomando decisiones el Secretario de Educación? Por otro lado, solicitamos se haga público a través del portal de la Secretaría, el informe de los resultados preliminares del citado programa (la cual se aseguró estaría disponible en enero), así como la estrategia metodológica utilizada.
Como ciudadanos organizados, nos declaramos listos para entregar de manera formal a la Secretaría de Educación las propuestas de líneas de política que diseñamos como Observatorio, estamos seguros que respetuosos de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz, el ejercicio de construcción del Programa del sector educativo será mediante un proceso de planeación democrática y no mediante la imposición de intereses contrarios a la sociedad veracruzana.
martes, 15 de febrero de 2011
Financiar educación privada, ¿solución?
Lo que no han logrado los empresarios del sector de alimentos, el presidente Felipe Calderón lo ha otorgado como concesión gratuita a los empresarios de la educación, gracias al decreto que permite deducir impuestos por gastos realizados en planteles escolares privados.
Para nadie es un misterio que desde el gobierno del también panista Vicente Fox, las escuelas privadas han hallado campo fértil para reproducirse como plaga por todo el territorio nacional, con propuestas que, en su mayoría, carecen de los estándares mínimos de calidad exigidos para lograr que México supere su lamentable atraso en materia formativa.
En cocheras o edificios inadecuados, con personal académico mal formado y peor pagado, con cuotas arancelarias que superan con mucho el costo del deplorable servicio que otorgan, miles de escuelas ‘patito’ se han asentado hasta en las más pequeñas ciudades del país para hacer el negocio de sus vidas.
Con la medida calderonista, a la que muchos ven el sello electoral, miles de causantes que tienen hijos, cónyuge o padres cursando desde preescolar hasta bachillerato, tendrán el incentivo de pagar en planteles privados porque podrán deducirlos de impuestos, lo que significa ni más ni menos un financiamiento indirecto del gobierno federal a los empresarios educativos, mientras la educación pública atraviesa una de sus más serias crisis y la más escandalosa indiferencia.
Calderón ha defendido esta medida aduciendo que el monto de lo que puede deducirse es equiparable a lo que su gobierno gastaría en educación pública. Menudo argumento.
En efecto, la reforma y adición el artículo 176 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) permitirá a las personas físicas deducir el pago de la educación pre-escolar (14 mil 200 pesos), primaria (12 mil 900), secundaria (19 mil 900), profesional técnico (17 mil 100) y bachillerato (24 mil 500 pesos), en su declaración fiscal del 2011, con retroactividad al primero de enero de 2010.
Según Calderón, con ello se apoyará la economía de las familias y se facilitará la formalización de causantes, tomando en consideración que “es un incentivo muy poderoso para hacerlo".
Los recursos que se deduzcan no llegarán a las arcas federales sino que harán florecer negocios a los que, en contrapartida, el gobierno nacional no está en posibilidades (o en el interés) de evaluar en cuanto a la calidad de la educación que ofrecen.
Buena parte de los planteles privados evaden la vigilancia y certificación de las autoridades educativas estatales, pese a que tampoco cuentan con personal suficiente para hacerlo, tramitando sus registros de validez oficial de estudios (RVOE) en la instancia federal cuando no logran cumplir con los requerimientos locales.
La SEP, con inusitada benevolencia, reparte estos documentos como si otorgara patentes de corso que permiten a los particulares lucrar con los servicios educativos, sin que la dependencia esté en la posibilidad de vigilar que éstos se ofrezcan con los mínimos exigidos.
¿Cuál será el monto que, por esta vía, se transferirá a la educación privada? El propio secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, lo ha calculado entre 11 mil y 13 mil millones de pesos, para beneficiar –según sus cálculos– a 3.5 millones de niños y jóvenes (y adultos, por supuesto).
Para nadie es un misterio que desde el gobierno del también panista Vicente Fox, las escuelas privadas han hallado campo fértil para reproducirse como plaga por todo el territorio nacional, con propuestas que, en su mayoría, carecen de los estándares mínimos de calidad exigidos para lograr que México supere su lamentable atraso en materia formativa.En cocheras o edificios inadecuados, con personal académico mal formado y peor pagado, con cuotas arancelarias que superan con mucho el costo del deplorable servicio que otorgan, miles de escuelas ‘patito’ se han asentado hasta en las más pequeñas ciudades del país para hacer el negocio de sus vidas.
Con la medida calderonista, a la que muchos ven el sello electoral, miles de causantes que tienen hijos, cónyuge o padres cursando desde preescolar hasta bachillerato, tendrán el incentivo de pagar en planteles privados porque podrán deducirlos de impuestos, lo que significa ni más ni menos un financiamiento indirecto del gobierno federal a los empresarios educativos, mientras la educación pública atraviesa una de sus más serias crisis y la más escandalosa indiferencia.
Calderón ha defendido esta medida aduciendo que el monto de lo que puede deducirse es equiparable a lo que su gobierno gastaría en educación pública. Menudo argumento.
En efecto, la reforma y adición el artículo 176 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) permitirá a las personas físicas deducir el pago de la educación pre-escolar (14 mil 200 pesos), primaria (12 mil 900), secundaria (19 mil 900), profesional técnico (17 mil 100) y bachillerato (24 mil 500 pesos), en su declaración fiscal del 2011, con retroactividad al primero de enero de 2010.
Según Calderón, con ello se apoyará la economía de las familias y se facilitará la formalización de causantes, tomando en consideración que “es un incentivo muy poderoso para hacerlo".
Los recursos que se deduzcan no llegarán a las arcas federales sino que harán florecer negocios a los que, en contrapartida, el gobierno nacional no está en posibilidades (o en el interés) de evaluar en cuanto a la calidad de la educación que ofrecen.
Buena parte de los planteles privados evaden la vigilancia y certificación de las autoridades educativas estatales, pese a que tampoco cuentan con personal suficiente para hacerlo, tramitando sus registros de validez oficial de estudios (RVOE) en la instancia federal cuando no logran cumplir con los requerimientos locales.
La SEP, con inusitada benevolencia, reparte estos documentos como si otorgara patentes de corso que permiten a los particulares lucrar con los servicios educativos, sin que la dependencia esté en la posibilidad de vigilar que éstos se ofrezcan con los mínimos exigidos.
¿Cuál será el monto que, por esta vía, se transferirá a la educación privada? El propio secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, lo ha calculado entre 11 mil y 13 mil millones de pesos, para beneficiar –según sus cálculos– a 3.5 millones de niños y jóvenes (y adultos, por supuesto).
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