Algo tendrá que hacer el gobierno estatal, y pronto, para aclarar versiones que ponen en entredicho el manejo recto de los recursos públicos, particularmente aquellos que debían orientarse al pago de prestaciones que contaban con recursos federales etiquetados y, lo que es más delicado, los que fueron descontados vía nómina a trabajadores estatales, particularmente de la educación, y que no se destinaron a los pagos para los que habían sido retenidos.
El tema ha tomado visos de escándalo. En su columna Consenso, en Formato Siete, el periodista Manuel Rosete fue el primero en destapar hace varias semanas el malestar generalizado de trabajadores de la educación que empezaron a recibir requisiciones de pago de empresas con las que habían contratado créditos para adquisición de muebles e inmuebles, pese a que el cumplimiento de sus obligaciones estaba asegurado con el descuento de los montos correspondientes en los cheques de sus quincenas.
No fue así. El inescrupuloso manejo no sólo de fondos federales etiquetados sino también de los propios recursos de los trabajadores tuvo como desenlace el que cumplidos pagadores se convirtieran de pronto en morosos deudores, con las múltiples consecuencias jurídicas que ello significa.
Sin apoyo de sus dirigencias sindicales, los trabajadores estatales se movilizaron para exigir tanto explicaciones convincentes (a sabiendas de que no podrían obtenerlas) como el pago inmediato de las obligaciones omitidas, a salvo de las posibles afectaciones de orden financiero derivadas de intereses moratorios.
¿Se puede usted imaginar qué habría pasado si, al fallecimiento de un trabajador, la familia no pudiera demandar el pago del seguro correspondiente porque el gobierno estatal nunca hizo los pagos cuyos montos previamente descontó a su empleado?
¿Y qué pasa con quienes cuentan con que los montos del ahorro para retiro que le fueron descontados para depositarse en sus Afores no han tenido posibilidad de generar intereses porque nunca fueron depositados?
Si todo lo que dicen los trabajadores estatales es cierto, la gestión financiera gubernamental no sólo sería fraudulenta y objeto de sanción por acto delictuoso sino –sobre todo– inmoral, lo que merecería como sanción el repudio generalizado de los mexicanos.
De ahí que sea urgente que el gobierno saliente, desde el gobernador Fidel Herrera hasta el secretario de Finanzas y Planeación, aclaren, desmientan, expliquen, informen qué ha pasado con millones de pesos de los que nadie sabe, nadie supo.
Trabajadores de la educación, en pie de guerra
En ese contexto, es de poner atención al manifiesto del Sindicato de Trabajadores Normalistas y de la Educación en Veracruz (STENV), que dirige Víctor Manuel Domínguez Meza, porque detalla cómo han sucedido, según la versión de las organizaciones sindicales, estas maniobras de índole tan desastrosa.
Los trabajadores del STENV manifiestan su preocupación por la situación financiera que enfrenta Veracruz y expresan los aspectos que más les preocupa. La principal, la que se refiere a la situación financiera del Instituto de Pensiones del Estado (IPE), con el que el gobierno estatal que fenece mantiene una deuda multimillonaria.
Y es que lo preocupante, según la organización gremial, es que no sólo se trata del adeudo derivado de la aportación del gobierno del estado, principal aportador al sostenimiento de la institución, sino que se estaría ante un fuerte quebranto de sus finanzas si, como sucede en los demás casos, el gobierno ha dejado de transferir las cuotas de los trabajadores, retenidas vía nómina, y los montos provenientes de retenciones quincenales por concepto de amortización de préstamos a corto y mediano plazos.
En similar circunstancia estaría el Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz (SSTEEV), al que se adeuda más de 60 millones de pesos, considerando los pagos por aportaciones destinadas a póliza por defunción, Fondo de Beneficios Complementarios, préstamos y compra de enseres, y cuya falta de entrega ha obligado a la restricción de préstamos a que tienen derecho los trabajadores de la educación.
Y aquí salta un tema que es realmente preocupante, el que se refiere a las aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), que muestra un atraso de más de 12 meses.
Este ahorro se incrementa no sólo por las sucesivas aportaciones vía nómina de los trabajadores, sino también por los intereses generados con el paso del tiempo en los bancos que manejan estas cuentas. Los educadores se preguntan si, al depositar los montos no transferidos, el gobierno estatal también calculará los intereses que dejarían de percibir.
El otro tema es el de las retenciones para pago de diversos créditos contratados por los trabajadores con empresas financieras y aseguradoras para la adquisición de enseres, viviendas, automóviles, seguros y préstamos, y en los que –pese a habérseles descontados en sus cheques quincenales– resulta que ahora son deudores porque el dinero retenido fue utilizado para maldita sea la cosa.
Por ello, airadamente, reprochan:
“No hay razones de orden jurídico –y mucho menos ético– para que el dinero no se aplique a su destino original. Los adeudos al IPE, SSTEEV, SAR, a los Sindicatos, etc. no corresponden a partidas federales ni extraordinarias, es dinero que ya se descontó de los salarios de los trabajadores, y éstos ya están considerados en la Ley General de Egresos. ¿Dónde están esos recursos millonarios? ¿Por qué no llegan de inmediato a las arcas legalmente determinadas? ¿Quién dispone ese desvío que agravia a los trabajadores y desprestigia al Gobierno de Veracruz?”
Más valdría que el gobernador Fidel Herrera Beltrán aclarara esto lo más pronto posible.
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