Sabemos que hay de deudas a deudas, y una que siempre nos trae inquietos al punto de, en ocasiones, impedirnos conciliar el sueño, es la que tenemos pactada con alguna institución bancaria o con el fisco. Y es que si no cumplimos en tiempo y monto, se multiplica por obra y gracia de intereses moratorios y diversas sanciones a que nos hacemos acreedores.
Hay otras que están ahí y, en la mayoría de los casos, nunca nos significan intereses cuando nos retrasamos en su liquidación. Puede ser la renta, el agua, la luz, la limpia pública, el teléfono, las cuotas escolares, lo que nos fio el abarrotero, aquello que le debemos al fontanero o al albañil. Lo más que puede suceder es que nos corten un servicio o nos estén llamando por teléfono requiriendo el pago.
Sin embargo, en todos los casos, como buenos pagadores, siempre estamos con la angustia cuando vemos que hay una diferencia enorme entre lo que debemos y lo que nos ha caído en la cartera. No distinguimos entre una deuda y otra, a no ser cuando privilegiamos el pago de una y posponemos el de otra.
Lo anterior lo saco a colación por las declaraciones del secretario de Finanzas y Planeación, Tomás Ruiz González, quien ha salido al paso de las versiones de varios dirigentes políticos de la oposición en el sentido de que Veracruz es el estado más endeudado del país.
Y lo ha hecho con una fórmula matemática irrefutable: no se pueden sumar peras y manzanas.
Deudas son deudas
En efecto, cuando nos referimos al concepto de endeudamiento, no son lo mismo los compromisos pactados con instituciones fiduciarias a determinado plazo por sumas otorgadas a crédito, que aquellas deudas que se acumulan por la contratación de servicios, adquisiciones, asesorías, arrendamientos u obras de infraestructura.
Las primeras son las que se consideran deudas propiamente dichas y, según nos lo ha revelado, suman algo así como 10 mil millones de pesos que, en la comparación rápida que hizo ante los medios, es menor que la adquirida por otros gobiernos como los del Distrito Federal y el Estado de México (ambos, con mayor población que nosotros), y Coahuila, que tiene menos habitantes.
Lo demás, unos 16 mil millones de pesos, se deriva de adeudos vencidos o por vencer con particulares, sea por la construcción de un puente, una carretera o una escuela, o por la prestación de cualquier servicio. Estos compromisos entran en el rubro de pasivo circulante y se encuentran en proceso de pago, conforme se vayan cumpliendo las contraprestaciones pactadas.
Además, gracias a una revisión exhaustiva, dicha deuda ya ha disminuido en casi 10%; el secretario Ruiz ha informado que se ha logrado hacer una quita por mil 500 millones de pesos, por cuentas que no correspondían con las obras y los servicios que se atribuían.
Algunos malosos, en efecto, calculan alegremente el adeudo en una suma superior a los 35 mil millones. Nada tan alejado de la realidad. Incluso sumando lo que se debe por empréstitos bancarios y el pasivo circulante, apenas llegaría a 26 mil millones.
Lo preocupante es que la calificadora Fitch Ratings ajustó en marzo a la baja la calificación crediticia del estado no sólo por los adeudos financieros; también por el elevado nivel de pasivo circulante que, al 31 de diciembre, ascendía a 16 mil 325 millones de pesos. Y fue más allá: a los 10 mil millones contratados con bancos, la firma norteamericana incluyó 7 mil 250 millones de pesos de saldo insoluto de las emisiones bursátiles VRZ-CB06U y VRZCB06.
En lo que son peras o son manzanas, la realidad es que hay una fuerte presión sobre las finanzas gubernamentales, gracias a un desmedido uso de las posibilidades de endeudamiento con que prodigó el gobierno de Fidel Herrera, al incrementar desmesuradamente los pasivos no bancarios en los cuatro últimos años de su mandato, de 3 mil 323 millones en 2006 a 16 mil 325 millones de pesos en 2010.
Y ya nos duele mucho el bolsillo a los veracruzanos.
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