La encarnizada guerra que libran ambas
organizaciones no solo permite visualizar que los episodios de violencia
desmedida se repetirán en los siguientes meses, sino que los campos de batalla
se irán extendiendo hacia el centro y occidente del país, particularmente por
la obtención de plazas tan importantes como Acapulco y Guadalajara, y algunos
señalan que lo ocurrido en Boca del Río antes de la reunión de procuradores y
magistrados de justicia forma parte de una estrategia encaminada a detener la
expansión de los Zetas sobre el territorio dominado por la organización del
Chapo Guzmán en la capital tapatía, donde ésta controla el mercado de las
metanfetaminas.
De ahí que la creación del operativo
conjunto Veracruz Seguro, anunciado el martes 4 de octubre en la ciudad de
México en presencia del gabinete federal de seguridad y del gobernador Javier
Duarte de Ochoa, en el que se contempla que las corporaciones de seguridad
locales y federales y de las fuerzas armadas sean dirigidas por un mando único
federal a cargo de la Secretaría de Marina-Armada de México, no constituya sino
la acción consecuente a raíz de la gravedad de las cosas.
En la misma semana se anunció un
operativo conjunto similar para el estado de Guerrero, particularmente para el
turístico puerto de Acapulco, con mando único a cargo de la Secretaría de
Seguridad Pública, para atemperar una situación totalmente fuera de control y
que ha hecho que miles de maestros no acudan a dar clases ante el temor de
morir en el intento.
Como lo dijo y repitió Javier Duarte en
su discurso y en todas las entrevistas que le hicieron en medios nacionales, lo
que parece apuntar a una clara referencia a su antecesor en el gobierno veracruzano,
lo novedoso no es que haya violencia, lo inédito es que haya voluntad para
combatirla. Y tiene razón: con Fidel Herrera siempre se impidió el ingreso de
las fuerzas federales a Veracruz, pese al gran crecimiento de la criminalidad,
al grado de que ha quedado en el imaginario colectivo la idea de que hubo un
pacto con las bandas.
El punto sobre el que pudo haber habido
negociación con las autoridades federales es en la salida del Procurador
Reynaldo Escobar Pérez, cuyas gravísimas pifias no solo han colocado en entredicho
la calidad de la gestión de la justicia en Veracruz, sino que pudo haber
inducido a que los resultados del operativo tengan una recepción negativa en
los medios de comunicación nacionales e internacionales. De ahí que la salida
de este funcionario, quien renunció por “motivos personales” el viernes pasado,
no fue sino la confirmación de algo que entre líneas había anunciado el
gobernador Duarte durante las entrevistas otorgadas a medios nacionales cuando
se formalizó el operativo Veracruz Seguro: “hasta hoy”, dijo, sigue siendo
Procurador, y nunca afirmó que seguiría siéndolo.
Percepción
negativa sobre seguridad
En medio de esta incorporación de
Veracruz a los operativos conjuntos que lleva a cabo el gobierno federal con
los gobiernos locales que lo solicitan cuando se incrementan los niveles de
violencia, la población del país sintió más inseguridad en septiembre que la
que sintió en el mes precedente, según datos del INEGI, debido a los descensos
en los componentes que dan cuenta de la seguridad personal.
Los veracruzanos tendrán que estar
preparados para las incomodidades derivadas de las acciones que emprendan los
gobiernos federal y estatal con el operativo “Veracruz Seguro”, si bien los
resultados pueden arrojar beneficios importantes en los niveles de seguridad.
Veracruz se ha unido, en efecto, al selecto grupo de territorios que han debido solicitar el apoyo federal: Baja California, Chihuahua, Frontera Sur, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Durango, Nuevo León y Tamaulipas. Que sea para bien.
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